14 de agosto de 2026
CONCEJO DELIBERANTE
La Libertad Avanza presiona a Kicillof con el bloqueo de celulares en las cárceles
El bloque libertario en Mar del Plata presentó un proyecto para exigir que la Provincia adhiera al protocolo nacional de inhabilitación de telefonía en penales, en una movida que busca exhibir las divergencias en materia de seguridad.
En pleno tramo central de 2026 y con las elecciones ejecutivas del próximo año en el horizonte, el tablero político acelera la definición de sus estrategias y el reordenamiento de sus banderas. En ese contexto, la seguridad se instaló como la superficie de contacto privilegiada para confrontar modelos de gestión, y convirtió al Concejo Deliberante en la primera línea de combate donde se escenifica la tensión entre la administración nacional y la conducción bonaerense.
Así, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en Mar del Plata movió sus fichas con el ingreso del expediente 1677/26. El proyecto de comunicación, respaldado con la firma de sus cuatro integrantes, insta al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a adherir al procedimiento de detección y bloqueo de dispositivos móviles en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La iniciativa legislativa busca articular el sistema carcelario provincial con el esquema fijado por la Nación mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad y la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Dichas normas establecen los protocolos para que las empresas prestadoras procedan al bloqueo automático del código IMEI, la identidad IMSI y la línea telefónica de cualquier aparato que se active dentro de las áreas de detención.
Detrás del argumento técnico reside una clara intencionalidad política. Al poner en el centro del debate las estafas, extorsiones y la coordinación de bandas comandadas desde los pabellones, la fuerza oficialista a nivel nacional busca colocar a la gestión provincial ante una encrucijada pública. El texto redactado por los ediles marplatenses alude explícitamente a los recientes operativos contra extorsiones virtuales en la Unidad Penal N°15 de Batán para sostener que la continuidad de las comunicaciones no autorizadas impacta directamente en la seguridad de los vecinos de la región.
Desde la óptica táctica del espacio libertario, la presentación cumple una función dual. Por un lado, permite territorializar el discurso de combate contra la delincuencia y alinear la agenda parlamentaria local con las políticas del Gobierno nacional. Por el otro, expone las demoras o resistencias del gobernador Axel Kicillof para acoplarse a las normativas impulsadas desde la Nación, forzando al oficialismo provincial a justificar las razones por las cuales aún no se implementa esta herramienta de neutralización tecnológica en las penitenciarías bonaerenses.
El recorrido del expediente recién empieza, pero ya anticipa intensas discusiones en las comisiones del recinto.