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A 13 años de los cambios de indicadores en Alem, buscan saber qué pasó con los fondos para La Loma y Playa Grande
Un proyecto de comunicación presentado en el Concejo solicita al Ejecutivo un detalle de las obras autorizadas desde 2012, las compensaciones devengadas y cobradas y el destino que tuvieron esos recursos.
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La oposición volvió a poner bajo la lupa una de las normas que modificó el desarrollo urbano del sector de Alem. A través de un proyecto de comunicación presentado en el Concejo Deliberante, principalmente por representantes vinculados al kicillofismo local, se reclama al Departamento Ejecutivo información detallada sobre el cumplimiento de la Ordenanza Nº 21.040 y, especialmente, sobre el destino de los recursos generados por la compensación urbanística creada en 2012.
La iniciativa apunta a reconstruir qué ocurrió durante los más de 13 años transcurridos desde la sanción de la norma: cuántas obras se autorizaron en las parcelas alcanzadas por los cambios de zonificación, cuánto dinero debía ingresar al Municipio en concepto de compensación, cuánto se cobró efectivamente y qué obras se financiaron con esos recursos.
La Ordenanza Nº 21.040, sancionada el 11 de octubre de 2012, introdujo modificaciones en la zonificación y en las condiciones de edificabilidad de un sector comprendido, entre otras calles, por Leandro N. Alem, General Roca, Almafuerte, Bernardo de Irigoyen y Primera Junta.
Uno de los cambios centrales alcanzó a las parcelas frentistas a Alem, entre General Roca y Almafuerte, que dejaron de pertenecer al distrito Residencial Siete (R7) para pasar al distrito Central Alem (CA). A su vez, determinadas parcelas comprendidas entre Alem, Almafuerte, Bernardo de Irigoyen y Primera Junta fueron incorporadas al distrito Residencial Cuatro (R4).
De acuerdo con los considerandos del proyecto opositor, esas modificaciones implicaron “un incremento de la capacidad edificatoria, poblacional y del plano límite en el sector”. Precisamente por ese cambio, la propia ordenanza estableció una compensación urbanística para las obras que se desarrollaran en las parcelas alcanzadas.
El artículo 9º fijó una contribución a cargo de los solicitantes de las obras, con un monto análogo al correspondiente a la Tasa de Servicios Técnicos de la Construcción. Pero el punto que ahora vuelve al centro de la escena es el destino específico que debía tener ese dinero.
Según la norma, los recursos debían dirigirse a dos objetivos: la puesta en valor del Portal y el muro perimetral externo del Cementerio de La Loma, declarado de interés patrimonial, y las obras de infraestructura y equipamiento del espacio público del barrio Playa Grande.
Con ese antecedente, el proyecto busca determinar si durante estos 13 años el mecanismo funcionó efectivamente como estaba previsto. En los fundamentos se plantea que “resulta necesario conocer el grado de cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas por la Ordenanza Nº 21.040”, tanto en relación con la percepción de las compensaciones como con su aplicación concreta.
El pedido de informes es amplio. Entre otros puntos, solicita conocer la cantidad total de expedientes de obra iniciados desde la entrada en vigencia de la ordenanza en los distritos CA y R4, cuántos fueron aprobados o habilitados y su evolución discriminada por año.
También se pide individualizar cada obra, con datos como domicilio, nomenclatura catastral, expediente, fecha de aprobación, destino, superficie, cantidad de unidades funcionales, altura, cantidad de plantas y desarrollador o propietario. Pero uno de los datos centrales será el monto correspondiente a la compensación urbanística de cada emprendimiento.
La oposición pretende además conocer cuántos expedientes estuvieron efectivamente alcanzados por el pago, cuánto dinero se devengó desde 2012 y cuánto fue efectivamente cobrado por el Municipio, en ambos casos con una discriminación anual.
El proyecto también pone la lupa sobre el circuito administrativo de esos recursos. En concreto, pide saber “qué procedimiento administrativo, tributario y/o contable utiliza el Municipio para determinar, liquidar, registrar y percibir la compensación urbanística”, además de identificar en qué cuenta, partida, fondo o registro contable fueron imputados los fondos.
El destino final de la recaudación aparece como uno de los principales interrogantes. El Ejecutivo deberá informar si los recursos tenían una afectación específica y, en caso afirmativo, cuál fue la normativa o instrumento administrativo que la estableció.
En particular, se reclama precisar cuánto dinero fue destinado a la puesta en valor del Portal y el muro perimetral del Cementerio de La Loma. El pedido incluye monto presupuestado, comprometido, devengado y pagado, además del año de ejecución y la obra realizada.
También se solicita un detalle de las intervenciones concretadas desde 2012: fechas de inicio y finalización, trabajos realizados, contratista o modalidad de ejecución y monto de cada obra.
El requerimiento alcanza incluso a los fondos que pudieran haber quedado en el camino. El proyecto pregunta si existen recursos provenientes de las compensaciones que todavía se encuentren “pendientes de afectación, ejecución, transferencia, utilización o rendición” y, en ese caso, cuál es su monto actualizado.
Otro de los puntos busca detectar posibles diferencias entre lo que debía cobrarse y lo que finalmente ingresó a las arcas municipales. Por eso se solicita informar si existen expedientes en los que la compensación no haya sido liquidada, permanezca impaga, haya sido abonada parcialmente o haya sufrido algún tipo de exención, reducción o modificación.
La iniciativa también reclama conocer si el Departamento Ejecutivo realizó desde 2012 algún informe de evaluación o balance sobre el impacto de la ordenanza. Allí se incluyen los efectos de los cambios de zonificación, el desarrollo edilicio del sector, la recaudación obtenida y la ejecución de las obras comprometidas.
El objetivo final es obtener una suerte de fotografía de los 13 años de vigencia de la norma. El pedido solicita que el Ejecutivo informe “cuál es el grado de cumplimiento actual del artículo 9º”, con el monto total de compensaciones devengadas, lo efectivamente recaudado, cuánto se destinó al Cementerio de La Loma y cuánto a Playa Grande, además de las obras ejecutadas y las que permanecen pendientes.
El proyecto también reclama que la información sea remitida en formato digital y, cuando sea posible, mediante planillas de datos abiertas para facilitar su análisis por parte del Concejo Deliberante.
Así, una ordenanza que hace más de una década habilitó cambios en los indicadores urbanos de uno de los sectores de mayor desarrollo inmobiliario de Mar del Plata vuelve al centro de la discusión política. Esta vez, el interrogante planteado por la oposición no apunta solamente a cuánto se construyó desde 2012, sino a cuánto dinero generó ese cambio urbanístico, cuánto terminó cobrando el Municipio y qué ocurrió con los recursos que tenían un destino específico.