6 de agosto de 2026
DEBATE LEGISLATIVO
Abad planteó reparos a los cambios en tierras, ambiente y geopolítica
Durante el debate en la Cámara alta, el senador marplatense Maximiliano Abad respaldó la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, pero alertó sobre los riesgos para la soberanía nacional, los retrocesos en protección ambiental y el impacto de tensar los lazos diplomáticos con Brasil.
En el marco de las complejas negociaciones en el Senado de la Nación en torno al paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo en la Ley de Propiedad Privada, el senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, fijó una postura crítica frente a diversos ejes centrales del dictamen. Durante su intervención en el recinto, el legislador marplatense objetó la estrategia oficialista de condensar en un mismo texto materias de diversa índole normativa y advirtió que la modernización económica no debe realizarse a expensas de la soberanía sobre los recursos estratégicos ni de los estándares de protección ambiental constitucionalmente garantizados.
Abad comenzó su discurso cuestionando la metodología empleada en el trámite legislativo, remarcando que el devenir del debate dio la razón a quienes sostenían la necesidad de abordar cada problemática por separado. Al respecto, señaló que la dinámica de "marchas y contramarchas de proyectos y capítulos que sacaron antes del dictamen, capítulos que sacaron post dictamen y las modificaciones que se produjeron" dejó al descubierto las inconsistencias de una discusión acelerada que incluyó temas tan heterogéneos como manejo del fuego, expropiaciones, desalojos, tierras rurales y registro inmobiliario.
Si bien el dirigente radical enfatizó su compromiso con la inviolabilidad de la propiedad privada al afirmar que “defender la propiedad privada es determinante, para garantizar seguridad jurídica, para generar condiciones para la inversión”, aclaró tajantemente que sostener ese principio a rajatabla “no implica acompañar cualquier disposición que se incorpore bajo ese título en una ley que contiene muchos capítulos y absolutamente diferentes”. En esa línea, al analizar el debate sobre la Ley de Tierras, el legislador sostuvo que el proyecto original “limitaba la soberanía” y “podía poner en riesgo la seguridad nacional” sin garantizar el fortalecimiento productivo del campo argentino.
A juicio del representante bonaerense, si bien la normativa actual en materia de tierras es “absolutamente perfectible”, una reforma integral de tal envergadura de ninguna manera puede reducirse a “eliminar límites y eliminar controles”. En su argumentación, enmarcó la discusión en un escenario global signado por disputas geopolíticas, disrupciones en las cadenas de suministro, cambio climático y una transición tecnológica que dispara la demanda de energía y minerales críticos, dimensiones donde la soberanía resulta inseparable de la seguridad económica. “Defender la soberanía en pleno siglo XXI no es cerrar la economía de un Estado, es garantizar y sostener la capacidad estratégica de poder decidir sobre los recursos que hacen al futuro de nuestro país”, aseveró Abad.
Otro de los focos de mayor severidad en el discurso de Abad estuvo centrado en las modificaciones planteadas a la Ley de Manejo del Fuego, las cuales suprimen la protección posterior a los incendios para bosques implantados, humedales, zonas naturales y predios agropecuarios. El senador fundamentó su rechazo en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la doctrina de la Corte Suprema sobre el principio de no regresión ambiental, el cual prohíbe dictar normas que disminuyan los niveles de tutela vigentes. Al respecto, aseveró estar convencido de que este capítulo “está viciado de inconstitucionalidad que va a ser materia de discusión judicial”, concluyendo que este punto termina debilitando, en lugar de fortalecer, la estabilidad jurídica pretendida.
En contraposición, Abad valoró las modificaciones introducidas durante la discusión en comisión en materia de expropiaciones, desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble, calificándolas como cambios positivos que dotaron de mayor equilibrio al texto inicial. Asimismo, ponderó la decisión de resguardar el marco legal de la Ley de Barrios Populares para evitar desalojos intempestivos que hubieran sumido en la incertidumbre a miles de familias. Para dimensionar el problema habitacional, recordó que en la provincia de Buenos Aires conviven más de 2,7 millones de personas en asentamientos precarios, una cifra equivalente al 67 % de los hogares de la provincia de Córdoba, lo que requiere un abordaje articulado entre la Nación, las provincias y los municipios.
Por último, reflexionó sobre el objetivo de la ley y del SuperRigi. Así, sostuvo que el capital extranjero no se atrae únicamente mediante flexibilizaciones normativas o beneficios extraordinarios, sino a través de la solidez institucional y una política exterior previsible. “Las inversiones van a venir si en nuestro país hay estabilidad, hay instituciones fuertes y sólidas, si en nuestro país tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo”, remarcó. En ese plano, emitió un directo llamado de atención al Poder Ejecutivo para reorientar el vínculo diplomático con Brasil, principal socio comercial del país, alertando que tener dañada esa relación bilateral resta posibilidades concretas de desarrollo e inserción internacional para la Argentina.