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Justicia bonaerense: el plan conjunto para redefinir el mapa judicial
En la provincia de Buenos Aires los tres poderes del Estado afinan sintonía para elaborar un diagnóstico consensuado con el objetivo de establecer prioridades a resolver. El planteo de la Corte, la tarea legislativa y el rol del Ejecutivo para avanzar en respuestas sobre un área sensible.
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La Justicia en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento clave mientras la política intensa resolver dilemas internos para tomar decisiones que aporten a mejoras integrales y de fondo. Los tres poderes retomaron actividad en un organismo creado hace ocho años para consensuar lineamientos generales de acción sobre el armado de la estructura judicial en el territorio.
La Comisión Permanente del Mapa Judicial retomó sus reuniones y comienza a delinear pautas de trabajo para realizar sugerencias a la Legislatura. El cuerpo se encarga de analizar el funcionamiento del Poder Judicial, proponer cambios en su organización territorial y funcional, elaborar proyectos legislativos y avanzar en un diagnóstico integral. A su vez, debe intervenir en futuras reformas vinculadas a la creación de juzgados, fiscalías y otras dependencias judiciales.
La composición reúne a representantes de los tres poderes del Estado y de instituciones vinculadas con la administración de justicia. La misma está integrada por un miembro de la Suprema Corte, un representante de la Procuración General, un representante del Ministerio de Justicia, otro del Ministerio de Economía y el titular del Colegio de Abogados. También deben participar seis legisladores provinciales: tres senadores y tres diputados, tanto del oficialismo como de la oposición.
En el último encuentro participaron el cortesano Sergio Torres; el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena; el Procurador General, Julio Conte Grand; los subsecretarios de Política Criminal y de Justicia, Lisandro Pellegrini e Inti Pérez Aznar; entre otros. Por el poder legislativo estaban las diputadas Maite Alvado y Lucía Iañez, ambas del oficialismo, y de la oposición Gustavo Cuervo. Si bien había representes del Senado, todavía la Cámara alta no designó a legisladores para esa tarea. En tanto, la ausencia de miembros de La Libertad Avanza y PRO es llamativa.
La Tecla pudo conocer que en las reuniones que ocurrieron las partes acordaron trabajar en dictaminen -que no es vinculante- para llevar a la Legislatura sobre las iniciativas presentadas que proponen crear nuevos juzgados. Tanto desde la Corte como la Procuración dejaron planteadas su preocupación sobre la conformación actual del mapa judicial bonaerense. De hecho, entró en discusión si era necesario crear nuevos departamentos judiciales o sumar estructura a los que ya están en funcionamiento y poseen faltantes.
“Se habló de que en algunas ocasiones se creaban juzgados sin tener en cuenta muchos aspectos centrales”, dijo una voz al tanto de los debates a este medio. En ese sentido, detalló que con la creación de varios Juzgados de Familias ahora evalúan que faltan defensores y fiscales para que cumplan tareas. Por ese motivo, adelantó que “la idea es resolver faltantes urgentes y darle prioridad a los Juzgados de Familia”.
Otra fuente consultada al respecto explicó -en la misma línea- que la tarea que poseen es la de “hacer un diagnóstico común para primero ordenar los proyectos presentados de creación de juzgados y luego establecer un orden de prioridad para su aprobación”. Entonces, dio a conocer que “vamos a tratar los que están y hacer la presentación de un informe ante todos los legisladores”.
La idea de elaborar un informe trae aparejado, entre otros aspectos, unificar datos de la Procuración y del Ministerio de Justicia sobre los índices de litigiosidad y otras estadísticas sobre las actuaciones y necesidades de cada región bonaerense. Con la Comisión de Mapa en marcha se estima que habrá más reuniones para poder llegar a septiembre -a priori- con avances que permiten pensar en una presentación ante legisladores. En principio hay 16 proyectos con estado parlamentario para crear Juzgados y varios responden al fuero de Familia.
En las reuniones que ya se hicieron, trascendió también que desde la Corte hicieron saber su perspectiva de que se avance en la autarquía, tal como lo proponen en el proyecto dado a conocer en abril. En ese marco, dejaron sobre la mesa un pedido para crear una figura que le permita al Poder Judicial poder ingresar proyectos a la Legislatura ya que por el momento no lo pueden hacer directamente como sí lo hacen los otros dos poderes.
La Comisión Permanente del Mapa Judicial fue creada en 2018 bajo la administración de María Eugenia Vidal como una herramienta destinada a revisar la organización de su sistema judicial. Por medio de la Ley 15.044, tiene el objetivo de impulsar reformas estructurales en el Poder Judicial y garantizar una mejor prestación del servicio de justicia en todo el territorio bonaerense.
Una de las principales tareas que tiene es la de impulsar, de manera progresiva, la implementación de la autarquía. Para ello podrá elaborar anteproyectos de ley y proponer todas las acciones que considere necesarias para avanzar hacia un esquema de mayor autonomía administrativa y financiera.
Entre otros puntos, está habilitada para solicitar informes a organismos públicos, convocar a especialistas e invitar a instituciones públicas o privadas a participar de sus reuniones cuando los temas debatidos así lo requieran. También podrá requerir opiniones técnicas sobre asuntos vinculados con sus funciones y adoptar todas las medidas que considere adecuadas para cumplir con su misión. No obstante, sus opiniones sobre la creación o transformación de juzgados, tribunales o fiscalías tienen carácter consultivo y no resultan obligatorias para la Legislatura ni para el Poder Ejecutivo.
La Comisión Permanente del Mapa Judicial retomó sus reuniones y comienza a delinear pautas de trabajo para realizar sugerencias a la Legislatura. El cuerpo se encarga de analizar el funcionamiento del Poder Judicial, proponer cambios en su organización territorial y funcional, elaborar proyectos legislativos y avanzar en un diagnóstico integral. A su vez, debe intervenir en futuras reformas vinculadas a la creación de juzgados, fiscalías y otras dependencias judiciales.
La composición reúne a representantes de los tres poderes del Estado y de instituciones vinculadas con la administración de justicia. La misma está integrada por un miembro de la Suprema Corte, un representante de la Procuración General, un representante del Ministerio de Justicia, otro del Ministerio de Economía y el titular del Colegio de Abogados. También deben participar seis legisladores provinciales: tres senadores y tres diputados, tanto del oficialismo como de la oposición.
En el último encuentro participaron el cortesano Sergio Torres; el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena; el Procurador General, Julio Conte Grand; los subsecretarios de Política Criminal y de Justicia, Lisandro Pellegrini e Inti Pérez Aznar; entre otros. Por el poder legislativo estaban las diputadas Maite Alvado y Lucía Iañez, ambas del oficialismo, y de la oposición Gustavo Cuervo. Si bien había representes del Senado, todavía la Cámara alta no designó a legisladores para esa tarea. En tanto, la ausencia de miembros de La Libertad Avanza y PRO es llamativa.
La Tecla pudo conocer que en las reuniones que ocurrieron las partes acordaron trabajar en dictaminen -que no es vinculante- para llevar a la Legislatura sobre las iniciativas presentadas que proponen crear nuevos juzgados. Tanto desde la Corte como la Procuración dejaron planteadas su preocupación sobre la conformación actual del mapa judicial bonaerense. De hecho, entró en discusión si era necesario crear nuevos departamentos judiciales o sumar estructura a los que ya están en funcionamiento y poseen faltantes.
“Se habló de que en algunas ocasiones se creaban juzgados sin tener en cuenta muchos aspectos centrales”, dijo una voz al tanto de los debates a este medio. En ese sentido, detalló que con la creación de varios Juzgados de Familias ahora evalúan que faltan defensores y fiscales para que cumplan tareas. Por ese motivo, adelantó que “la idea es resolver faltantes urgentes y darle prioridad a los Juzgados de Familia”.
Otra fuente consultada al respecto explicó -en la misma línea- que la tarea que poseen es la de “hacer un diagnóstico común para primero ordenar los proyectos presentados de creación de juzgados y luego establecer un orden de prioridad para su aprobación”. Entonces, dio a conocer que “vamos a tratar los que están y hacer la presentación de un informe ante todos los legisladores”.
La idea de elaborar un informe trae aparejado, entre otros aspectos, unificar datos de la Procuración y del Ministerio de Justicia sobre los índices de litigiosidad y otras estadísticas sobre las actuaciones y necesidades de cada región bonaerense. Con la Comisión de Mapa en marcha se estima que habrá más reuniones para poder llegar a septiembre -a priori- con avances que permiten pensar en una presentación ante legisladores. En principio hay 16 proyectos con estado parlamentario para crear Juzgados y varios responden al fuero de Familia.
En las reuniones que ya se hicieron, trascendió también que desde la Corte hicieron saber su perspectiva de que se avance en la autarquía, tal como lo proponen en el proyecto dado a conocer en abril. En ese marco, dejaron sobre la mesa un pedido para crear una figura que le permita al Poder Judicial poder ingresar proyectos a la Legislatura ya que por el momento no lo pueden hacer directamente como sí lo hacen los otros dos poderes.
La Comisión Permanente del Mapa Judicial fue creada en 2018 bajo la administración de María Eugenia Vidal como una herramienta destinada a revisar la organización de su sistema judicial. Por medio de la Ley 15.044, tiene el objetivo de impulsar reformas estructurales en el Poder Judicial y garantizar una mejor prestación del servicio de justicia en todo el territorio bonaerense.
Una de las principales tareas que tiene es la de impulsar, de manera progresiva, la implementación de la autarquía. Para ello podrá elaborar anteproyectos de ley y proponer todas las acciones que considere necesarias para avanzar hacia un esquema de mayor autonomía administrativa y financiera.
Entre otros puntos, está habilitada para solicitar informes a organismos públicos, convocar a especialistas e invitar a instituciones públicas o privadas a participar de sus reuniones cuando los temas debatidos así lo requieran. También podrá requerir opiniones técnicas sobre asuntos vinculados con sus funciones y adoptar todas las medidas que considere adecuadas para cumplir con su misión. No obstante, sus opiniones sobre la creación o transformación de juzgados, tribunales o fiscalías tienen carácter consultivo y no resultan obligatorias para la Legislatura ni para el Poder Ejecutivo.