La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
15 de julio de 2026
La Justicia Federal habilitó la demanda contra el Consejo Federal Pesquero y abre un frente por los permisos
Tras el dictamen favorable de la Fiscalía, el organismo nacional deberá responder en un plazo de cinco días el planteo impulsado por FECOOPORT y el SUPA. El expediente comenzó a avanzar en los tribunales y pone en discusión el esquema de puntajes que, según las entidades portuarias, deja en desventaja a Mar del Plata frente a otros puertos del sur del país.
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La disputa por la nueva licitación de permisos pesqueros sumó un capítulo clave y ahora tendrá un escenario distinto: los tribunales federales de Mar del Plata. Luego del dictamen del fiscal federal Daniel Adler, que consideró habilitada la vía judicial para analizar el planteo de inconstitucionalidad impulsado por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOPORT) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), el Juzgado Federal dio traslado de la demanda al Consejo Federal Pesquero (CFP), que contará con cinco días para contestarla.
La decisión representa el primer avance concreto de una presentación que busca revisar judicialmente la Resolución 6/2026 del CFP, especialmente el apartado del Anexo V que establece un sistema de puntajes diferenciales según el puerto donde se desembarquen las capturas, criterio que, según los demandantes, coloca a Mar del Plata en una posición de desventaja frente a otras provincias patagónicas.
En su dictamen, el fiscal entendió que existen elementos suficientes para habilitar el tratamiento del caso. "Considero que la vía se encuentra habilitada", concluyó Adler al analizar la presentación realizada por FECOOPORT y el SUPA.
La resolución judicial no implica todavía un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, pero sí abre formalmente el proceso y obliga al Consejo Federal Pesquero a defender la legalidad del esquema de evaluación establecido para otorgar los nuevos permisos de pesca.
La demanda sostiene que el sistema de puntuación beneficia a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, mientras asigna la menor valoración a la provincia de Buenos Aires, generando —afirman— una alteración artificial de las condiciones de competencia para acceder a las nuevas autorizaciones pesqueras.
En ese sentido, el dictamen fiscal también deja planteados varios interrogantes sobre la reglamentación aprobada por el Consejo Federal Pesquero. Al comparar la Resolución 6/2026 con la Ley Federal de Pesca, Adler advirtió que "cabría interrogarse si el criterio incorporado por la reglamentación impugnada, consistente en asignar una mayor puntuación en función del porcentaje de desembarques realizados en determinadas provincias, constituye una mera reglamentación de las pautas legales o si, por el contrario, importaría la incorporación de un parámetro de selección cualitativamente diferente".
Más adelante, el fiscal fue un paso más al señalar que la cuestión "adquiere relevancia institucional", ya que el Consejo Federal Pesquero tendría facultades para reglamentar las condiciones de otorgamiento de permisos, "mas no para redefinir los objetivos perseguidos por la propia ley mediante la introducción de políticas públicas ajenas a las finalidades expresamente contempladas en ella".
El dictamen también remarca que la Ley Federal de Pesca está orientada a la administración del recurso pesquero y no prevé expresamente competencias para implementar políticas de promoción territorial o redistribución regional mediante incentivos regulatorios. Incluso advierte que el mecanismo elegido para favorecer determinados puertos "podría suscitar interrogantes acerca de su adecuación al marco legal vigente y a los límites propios de la potestad reglamentaria".
Con el traslado ya dispuesto, el Consejo Federal Pesquero deberá responder los argumentos de la demanda y comenzará una discusión judicial que promete convertirse en una de las causas más relevantes para el futuro del sector pesquero. La resolución definitiva podría determinar si el sistema de puntajes establecido para distribuir los nuevos permisos se ajusta a la Ley Federal de Pesca o si, como sostienen las entidades marplatenses, introduce un criterio que perjudica al principal complejo pesquero e industrial del país.