Dos informes del CEPA muestran un deterioro simultáneo de las cuentas públicas y de la actividad. En junio volvieron a caer las transferencias a las provincias, el IVA y Ganancias, mientras el gasto nacional acumula un fuerte recorte frente a 2023, con impacto en salud, educación, obra pública y desarrollo social.

Se agrava el ajuste: caen la coparticipación, el consumo y el gasto público nacional

La desaceleración de la inflación todavía no logra traducirse en una recuperación sostenida de la actividad económica. Al menos así lo reflejan dos nuevos informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que muestran un escenario de contracción tanto en la recaudación que reciben las provincias como en la ejecución del gasto nacional. El cuadro combina una caída del consumo, menores recursos coparticipables y un ajuste que atraviesa buena parte de las áreas del Estado.

Por un lado, el informe sobre transferencias automáticas señala que en junio los Recursos de Origen Nacional (RON) enviados a las provincias registraron una caída real interanual del 4,3%, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió un 8,5% en términos reales. Se trata de una dinámica que, según el CEPA, consolida la tendencia negativa observada durante el primer semestre de 2026.

El deterioro está estrechamente vinculado a la evolución de los principales tributos que integran la masa coparticipable. La recaudación del IVA cayó 4,3% interanual en términos reales y acumuló nueve bajas en los últimos doce meses, un comportamiento que el informe asocia con la debilidad del mercado interno y del consumo. A su vez, el Impuesto a las Ganancias retrocedió 14,4% real respecto de junio del año pasado.

La situación impacta especialmente sobre las finanzas provinciales porque, en promedio, los recursos tributarios nacionales representan el 54% de los ingresos de las jurisdicciones, de los cuales el 44,8% corresponde a la coparticipación. En junio, todas las provincias registraron caídas reales tanto en los Recursos de Origen Nacional como en la Coparticipación Federal, aunque con distinta intensidad.

En paralelo, el informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional muestra que el gasto total ejecutado durante el primer semestre de 2026 se ubicó 34% por debajo, en términos reales, del nivel registrado en igual período de 2023. Incluso frente a junio de 2025 también se verificó una baja del 4%, lo que confirma la continuidad de la política de ajuste fiscal.

Los recortes alcanzan a buena parte de las funciones del Estado. En comparación con 2023, los servicios económicos exhiben una reducción del 72%, mientras que los servicios sociales retroceden más del 27%. Dentro de estos últimos sobresalen las caídas en Vivienda y Urbanismo (-99%), Agua Potable y Alcantarillado (-92%), Promoción y Asistencia Social (-76%) y Educación y Cultura (-50%).

El ajuste también se refleja en organismos y programas específicos. Según el CEPA, la ANSES redujo su ejecución un 15% frente a 2023; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cayó 75%; el CONICET retrocedió 35%; el programa de Promoción de la Investigación e Innovación disminuyó 88%; mientras que Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante el período analizado.

En materia de infraestructura, el panorama es aún más severo. El informe describe una ejecución "extremadamente baja" en transporte y obra pública, con programas de infraestructura municipal, obras viales, rutas y desarrollo urbano que presentan reducciones de entre el 84% y el 100% respecto de 2023. También se verifican fuertes recortes en las transferencias financieras a provincias y municipios, incluido el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, cuya ejecución aparece en cero.

Una de las pocas excepciones al esquema general de ajuste es la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuya ejecución presupuestaria aumentó un 17% en términos reales respecto de 2023. Al mismo tiempo, los servicios de la deuda pública representan el 13% del gasto total ejecutado durante el primer semestre, incrementando su peso relativo dentro de la estructura presupuestaria nacional.

En conjunto, ambos informes delinean una coyuntura caracterizada por menores ingresos tributarios, debilitamiento del consumo, caída de las transferencias automáticas a las provincias y una continuidad del ajuste sobre el gasto público. Para el CEPA, la combinación de estos factores configura un escenario en el que las restricciones fiscales conviven con una economía que todavía no muestra señales consistentes de recuperación.

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