La publicación del Decreto 566/2026 por parte del gobierno de Javier Milei consolidó un duro revés político y económico para Mar del Plata. Las expectativas que se habían depositado en la capacidad de intercesión del subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, se desvanecieron frente a la firmeza del Palacio de Hacienda, que decidió dejar al complejo pesquero al margen del nuevo esquema de alivio fiscal. Esta determinación caló hondo en la principal terminal marítima del país, donde la desazón empresarial y el alerta gremial comienzan a configurar un escenario de alta tensión política.
Para el entramado productivo marplatense, la continuidad del esquema impositivo vigente desde noviembre de 2021 representa un freno directo a la competitividad. Actualmente, los principales rubros exportables sostienen alícuotas que la industria considera asfixiantes: el langostino entero en cajas de hasta dos kilos tributa un 6 por ciento de derechos de exportación, mientras que sus colas pagan el 3 por ciento. En el caso de la merluza hubbsi, el corazón de la actividad en las plantas de procesado locales, el filete congelado en envases mayores a un kilo soporta un 3 por ciento de retenciones, pero la variante congelada a bordo trepa hasta el 7 por ciento. Por su parte, el tubo limpio de pota en envases de hasta un kilo se mantiene gravado con un 5 por ciento.
La medida oficializada por la administración nacional expone una paradoja difícil de asimilar en los muelles locales. Durante el año 2025, la pesca argentina logró generar 2.010 millones de dólares en divisas, consolidando el segundo mejor registro histórico de la industria en materia de exportaciones. Sin embargo, este derrame de dólares hacia las arcas del Banco Central no se tradujo en un desahogo para los actores del sector. Los márgenes operativos locales se encuentran severamente comprimidos debido a una escalada de costos internos y un frente internacional adverso, caracterizado por la baja de los precios internacionales. Los buques pesqueros operan con insumos dolarizados, afrontan un costo de combustible que ha escalado significativamente y deben sostener el mantenimiento de las unidades extractivas bajo la presión de una brecha cambiaria que complejiza el financiamiento ordinario de las operaciones.
El descontento en el ecosistema portuario de Mar del Plata no tardó en replicarse en sintonía con los reclamos de las principales cámaras del sector. Desde Intercámaras de la Industria Pesquera señalaron con claridad que la actividad no solicita subsidios ni un trato de privilegio, sino igualdad de condiciones frente a competidores internacionales cuyas naciones no gravan las exportaciones. Asimismo, el malestar empresarial fue sintetizado por referentes como Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP, quien manifestó su desconcierto ante los fundamentos de una política económica que opta por marginar sistemáticamente a una industria estratégica para el desarrollo y el empleo de los puertos bonaerenses. En una ciudad como Mar del Plata, donde la pesca funciona como un termómetro social indispensable, la decisión centralista vuelve a reabrir el debate sobre la desconexión entre la macroeconomía nacional y las realidades de las economías regionales.
