25 de junio de 2026
RECLAMOS
La puja por las licitaciones del calamar llega al Concejo Deliberante
Un proyecto de la UCR + Nuevos Aires busca que el cuerpo legislativo exprese su rechazo a la resolución del Consejo Federal Pesquero que otorga ventajas en el puntaje a las terminales patagónicas sobre las bonaerenses, en medio de una controversia que ya sumó demandas en la Justicia Federal y reclamos de la Provincia.
El debate en torno a la administración de los recursos pesqueros y el impacto de las normativas nacionales en las economías regionales sumó un nuevo capítulo institucional en el partido de General Pueyrredon. A través de un expediente ingresado formalmente este jueves 25 de junio, la concejal Vilma Baragiola, perteneciente al bloque Unión Cívica Radical (UCR) + Nuevos Aires, presentó una iniciativa legislativa para fijar posición frente a la controversia desatada por las condiciones del nuevo proceso licitatorio para la captura de calamar de la especie Illex argentinus. El documento propone un andamiaje normativo compuesto por un proyecto de Resolución y otro de Comunicación tendientes a objetar las reglas fijadas por el organismo nacional.
El núcleo del conflicto gira en torno a la Resolución Nº 6/2026 dictada por el Consejo Federal Pesquero (CFP), mediante la cual se dispuso la apertura de una licitación pública destinada a incorporar hasta dieciocho nuevos buques poteros a la flota pesquera comercial. Según los fundamentos expuestos en el expediente legislativo local, el principal motivo de preocupación radica en el Anexo V de dicha normativa, el cual establece un sistema de calificación y ponderación territorial que asigna puntajes diferenciales según la provincia donde se radiquen los proyectos o se efectúen los desembarques de la captura. El esquema en cuestión otorga hasta treinta puntos a las propuestas vinculadas a la Provincia de Tierra del Fuego, mientras que para las iniciativas radicadas en la Provincia de Buenos Aires el tope establecido se reduce a únicamente diez puntos. Distintos actores sectoriales sostienen que esta diferencia de criterios genera una situación de marcada desigualdad competitiva que desfavorece al Puerto de Mar del Plata y altera de forma directa el principio de igualdad de oportunidades entre las terminales portuarias del país.
Esta disparidad en los criterios de adjudicación disparó tensiones que ya exceden el ámbito legislativo local y se traducen en acciones legales y administrativas coordinadas. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) junto a la Federación FECOOAPORT, entidad que nuclea a las empresas de servicios portuarios de Mar del Plata, promovieron una acción judicial ante el Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad, en los autos caratulados como causa número 15.838/2026. La presentación judicial solicita expresamente que se deje sin efecto la resolución del Consejo Federal Pesquero por considerarla contraria a los intereses marítimos locales y violatoria de principios constitucionales y laborales del sector.
En sintonía con este reclamo, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires también manifestó formalmente su rechazo a la medida y avanzó con gestiones orientadas a su revisión, bajo la premisa de que toda ampliación del esfuerzo pesquero debe encontrarse debidamente respaldada por estudios científicos y respetar los lineamientos de sustentabilidad, racionalidad económica y participación federal fijados por la Ley Federal de Pesca Nº 24.922.
La propuesta legislativa de la UCR + Nuevos Aires busca consolidar un respaldo político e institucional a los reclamos del sector productivo marplatense, definido en el texto como el principal complejo pesquero del país y un dinamizador estratégico de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en áreas como la captura, el procesamiento, la logística, los servicios portuarios y la construcción naval. Así, en su tramo de Resolución, el proyecto plantea que el cuerpo exprese su rechazo formal a la Resolución Nº 6/2026 del CFP por sus eventuales consecuencias negativas sobre el empleo y la producción local, manifieste su honda preocupación por los criterios de evaluación vigentes y brinde un acompañamiento institucional a las acciones judiciales y gremiales en curso.
En paralelo, el apartado de Comunicación solicita formalmente al Consejo Federal Pesquero la suspensión inmediata de los efectos de la licitación hasta tanto se garantice la difusión pública de los estudios técnicos, científicos y ambientales que la fundamentan, exigiendo además una reconfiguración de los parámetros territoriales para asegurar condiciones equitativas. El texto prevé que las copias de esta declaración sean remitidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, al Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y a las organizaciones empresariales y sindicales involucradas en la controversia.