La Tecla Mar del Plata
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El conflicto por la ampliación de la flota potera sumó un nuevo capítulo judicial. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Federación de Cooperativas y Empresas de Servicios Portuarios (Fecooaport) solicitaron a la Justicia Federal que deje sin efecto la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), al considerar que perjudica a Mar del Plata y favorece a los puertos del sur del país.
La medida cuestionada habilita un proceso licitatorio para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus). Sin embargo, desde los sectores portuarios marplatenses sostienen que los criterios establecidos para evaluar los proyectos generan una desventaja para la ciudad.
A través de un documento difundido en las últimas horas, las entidades señalaron que la resolución "establece un régimen de evaluación de proyectos y un sistema de ponderación territorial que deja a Mar del Plata sin posibilidad de competir con los puertos del sur del país".
En esa línea, cuestionaron la legalidad y constitucionalidad de la decisión adoptada por el organismo nacional. "La decisión adoptada presenta graves objeciones desde el punto de vista de su legalidad, razonabilidad y constitucionalidad, al advertirse deficiencias sustanciales en los antecedentes científicos que sustentan la medida, irregularidades procedimentales, afectaciones al federalismo de concertación previsto por la Ley N°24.922 y una manifiesta contradicción con principios consagrados por la Constitución que afectan los derechos y patrimonios de los empresarios y trabajadores marplatenses", afirmaron.
Según indicaron, la presentación que se encuentra en el Juzgado Federal Nro.4, busca frenar la aplicación de la Resolución 6/2026 y abrir una discusión sobre los criterios utilizados para asignar los nuevos permisos vinculados a la explotación del recurso.
Además, los firmantes expresaron su respaldo a la acción impulsada ante la Justicia Federal para "dejar sin efecto la Resolución Nro. 6/2026 del Consejo Federal Pesquero" y avanzar en un planteo de inconstitucionalidad contra una medida que, según entienden, afecta los intereses económicos y laborales vinculados a la actividad portuaria marplatense.
La controversia se suma a un reclamo de distintos sectores productivos de Mar del Plata, que vienen cuestionando la concentración de inversiones y beneficios pesqueros en los puertos patagónicos en detrimento de la principal terminal pesquera bonaerense.