La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Las sombras políticas detrás del debate por el desarrollo inmobiliario costero
El archivo de una denuncia penal reactiva las críticas sectoriales por la aprobación de megaemprendimientos exceptuados en Mar del Plata.
La filtración de la resolución firmada por el fiscal David Bruna, quien dispuso el archivo de la investigación penal por presunta usurpación de títulos contra el arquitecto Ricardo Rodríguez, abrió un complejo debate político en la Municipalidad de General Pueyrredon y en el sector de la construcción. El hecho de que un documento de acceso restringido dentro del fuero penal fuera difundido públicamente antes de la notificación formal a las partes denunciantes generó cuestionamientos sobre el manejo de la información en los tribunales locales.
De acuerdo con las lecturas políticas y sectoriales que constan en las presentaciones del caso, este archivo dista de ser un sobreseimiento definitivo. Fuentes ligadas al conflicto interpretan que la decisión judicial representa una salida técnica para disminuir la tensión institucional. Según se desprende del dictamen, la fiscalía habría encuadrado la conducta de Rodríguez como una "consultoría" privada, derivando el diferendo hacia los tribunales administrativos del Colegio de Arquitectos del Distrito IX.
El impacto sobre la planificación urbana
Esta consideración técnica sobre la tarea de Rodríguez es cuestionada por los denunciantes debido a la envergadura del proyecto en juego. El documento técnico bajo análisis no constituye un dictamen accesorio, sino el andamiaje sobre el cual un grupo de desarrolladores privados aspira a edificar una torre de 35 pisos en la calle Alem 2500.
El informe técnico-legal objetado busca justificar la aplicación de indicadores urbanísticos excepcionales para un predio situado en el Distrito Residencial 7 (R7), una zona tipificada por el planeamiento local para viviendas unifamiliares de baja densidad. Según los cuestionamientos elevados al municipio, la intervención de Rodríguez habría operado como una pieza clave para adecuar los límites de la planificación comunal en beneficio de proyectos de gran escala.
Respecto a la situación profesional del arquitecto, los registros oficiales del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires consignan que Rodríguez arrastra una suspensión matricular ininterrumpida desde el 2 de abril de 2011. Con base en este documento, las denuncias sectoriales sostienen la hipótesis de que el exfuncionario habría ejercido activamente la profesión y refrendado complejos informes de ordenamiento territorial durante los últimos quince años sin poseer la habilitación legal correspondiente.
Vínculos y roles bajo la lupa sectorial
Los antecedentes institucionales del arquitecto forman parte del eje de la discusión: Rodríguez se desempeñó como Director de Ordenamiento Territorial del municipio durante la gestión de Jorge González al frente de la actual Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano. Para los denunciantes, este histórico paso por la función pública explicaría su conocimiento de los resortes internos de control y su familiaridad con las áreas que hoy deben convalidar o rechazar las excepciones en los expedientes de edificación.
Asimismo, las objeciones presentadas por sectores de la oposición y actores civiles apuntan a la reiteración de un elenco de profesionales en los proyectos vinculados a las firmas inversoras de Florencia Miconi (IMASA) y el estudio de Jerónimo Mariani. Según las hipótesis del sector denunciante, este entramado operaría bajo una división de tareas específica:
Estudios ambientales: Se señala la intervención sistemática de María Müller —esposa del secretario González— en la confección de los informes ambientales indispensables para el visado de las obras.
Articulación jurídica: El patrocinio legal y técnico de las propuestas quedaría bajo la firma compartida de Rodríguez y del abogado Juan Martín Colombo, un tándem cuyas rúbricas conjuntas figuran en otras polémicas tramitaciones, como el expediente habitacional de los Jardines de Chauvin.
Conflicto de intereses en la entidad colegiada
El nudo político de la controversia se concentra en las firmas que acompañan estos informes de excepción. Rodríguez comparte el patrocinio técnico de la propuesta con el abogado Juan Martín Colombo. La doble función de Colombo añade un elemento de discusión institucional: además de estructurar el andamiaje jurídico de estos desarrollos inmobiliarios, se desempeña como asesor legal del propio Colegio de Arquitectos del Distrito IX.
Esta duplicidad de funciones es leída por sectores críticos como la causa de la postura adoptada por la entidad colegiada, la cual omitió presentarse como particular damnificado en la causa penal, a pesar de haber ratificado formalmente ante la justicia que Rodríguez carecía de matrícula activa.
Por su parte, ante la consulta de La Tecla Mar del Plata, desde el interior el Colegio de Arquitectos se defendió una postura de limitaciones normativas, argumentando la existencia de vacíos legales en los tribunales de disciplina que impedirían sancionar a profesionales que ya se encuentran suspendidos de forma voluntaria o por falta de pago. Para la conducción de la entidad, la responsabilidad primaria de control recae sobre el Estado municipal, al que apuntan por no exigir las acreditaciones de matriculación vigentes al momento de convalidar los legajos de obras particulares.