Tras un tratamiento que marcó un fuerte consenso político, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio luz verde a una profunda reforma de las normativas que regulan el transporte público de pasajeros en el distrito. La iniciativa, que modifica las reglas de juego para taxis y remises, busca sacar al sistema de un estancamiento normativo de décadas y dotarlo de las herramientas necesarias para convivir con los desafíos que plantea la movilidad urbana actual.
El impulsor del proyecto, el concejal Ariel Bordaisco, presidente del bloque de la UCR + Nuevos Aires, defendió la necesidad de este cambio estructural en el recinto al señalar que “lo que se aprobó hoy es un logro concreto para mejorar la experiencia de viaje de miles de vecinos”. Para el legislador local, el marco legal previo había quedado completamente disociado del comportamiento cotidiano de la comunidad. En ese sentido, enfatizó que “durante muchos años seguimos regulando una realidad que ya no existía; no podemos seguir legislando para el pasado mientras los ciudadanos viven en el futuro. Hoy la ciudad decidió actualizar normas que fueron pensadas hace décadas y poner en el centro de la discusión a los usuarios”.
La nueva ordenanza, nacida del expediente 1260/26, introduce cambios operativos inmediatos que apuntan a mejorar la competitividad del sector tradicional frente a las plataformas digitales de transporte. A partir de su promulgación, los choferes contarán con mayor flexibilidad en los horarios de prestación del servicio y se extenderá la vida útil permitida para los vehículos, aliviando la presión económica sobre los propietarios en el contexto actual. Además, el texto abre la puerta a la innovación comercial, permitiendo que las agencias e individuos implementen esquemas de promociones y descuentos en las tarifas, una opción inédita para este segmento.
La tecnología ocupa un rol central en la reforma. La normativa obliga e incentiva la adopción de aplicaciones digitales para la contratación de viajes, a la par que establece la incorporación obligatoria de sistemas de geolocalización. Este último punto responde a una demanda histórica de la ciudadanía y de los propios trabajadores, ya que el seguimiento en tiempo real funcionará como un mecanismo de prevención del delito y auxilio rápido ante emergencias.
Lejos de plantear la discusión como una disputa entre el viejo y el nuevo modelo de transporte, el debate legislativo se orientó hacia la convivencia sistémica. Sobre este eje, Bordaisco fue categórico al afirmar que “la modernización no consiste en enfrentar sectores. Regular lo que ya ocurre y brindar más herramientas a taxis y remises significa generar reglas claras, más seguridad y mejores opciones para los vecinos. Modernizar es integrar, no excluir”.
Con esta aprobación unánime, Mar del Plata y Batán reconfiguran su matriz de transporte público con la expectativa de reducir el transporte informal y elevar el estándar de calidad del servicio, consolidando un marco jurídico flexible que pueda asimilar las transformaciones culturales y tecnológicas venideras.
