El recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon volvió a convertirse en el escenario de un reclamo estructural que devela las profundas asimetrías y la falta de planificación en el crecimiento urbano de la zona norte de Mar del Plata. Durante la 4° sesión pública Ordinaria del 111° periodo legislativo, la activación de la Banca 25 le dio voz al padecimiento crónico de los habitantes del barrio 2 de Abril, una comunidad que asiste con desesperación al avance del agua sobre sus viviendas, un fenómeno que los damnificados vinculan directamente con el desarrollo desregulado de urbanizaciones cerradas en la periferia.
La exposición de la vecina que ocupó la banca sitúa el conflicto mucho más allá de una simple contingencia climática, transformándolo en una abierta denuncia por la desidia oficial que golpea a los sectores más vulnerables. Con crudeza, la mujer resumió el desamparo de la zona con una frase contundente: “Venimos a pedir auxilio”. En su alocución, describió el estado de alerta permanente en el que viven las familias cada vez que el cielo amenaza con tormentas, señalando que la situación “afecta nuestra salud, física y mental. Nuestra dignidad”. El testimonio incluyó postales cotidianas desgarradoras que evidencian el avasallamiento a los derechos más básicos, detallando lo que implica “levantarse en pijama para ponerle el criquet al auto para no perder nuestra única movilidad” y lamentando que, bajo estas condiciones de abandono, “no podemos descansar, tenemos que estar alertas para saber qué podemos rescatar”.
Lejos de conformarse con las respuestas paliativas y de contingencia que suelen ensayarse desde el Municipio ante cada emergencia, la vecins plantó una postura firme y política frente a las distintas bancadas del cuerpo legislativo. Advirtió de manera tajante que la comunidad no busca parches asistenciales, afirmando que “no queremos asistencia pasajera. Bolsones de comida ya es degradante para algunas familias”, cuando lo único que se está exigiendo es el derecho a habitar un territorio seguro. El eje de la denuncia apuntó al corazón del problema de infraestructura y a la falta de controles eficientes sobre las obras de los countries linderos, que alteran el escurrimiento natural de las aguas. Para el barrio 2 de Abril, la solución no pasa meramente por la aplicación de multas administrativas a los desarrolladores inmobiliarios, sino por obras de fondo; por eso la vecina sentenció que, “más allá de las sanciones, que drene el agua del Arroyo La Tapera es la única solución”.
El impacto del testimonio caló hondo en el debate legislativo y fue capitalizado por un bloque de la oposición para arremeter contra la gestión local. El concejal Diego García, de Unión por la Patria (UP), se hizo eco del reclamo y manifestó que “faltaba escuchar a los vecinos, un relato conmovedor”, al tiempo que expuso el letargo institucional que arrastra el deliberativo local al recordar que “hace mucho tiempo habían pedido la banca”. El edil cargó contra la falta de respuestas del oficialismo y remarcó la gravedad del paso del tiempo sin soluciones reales, subrayando que “hace años presentamos expedientes y desde entonces sucedieron tres inundaciones” en el mismo sector, sin que se tomarán medidas para evitarlo.
Este nuevo capítulo de la problemática del norte marplatense vuelve a poner bajo la lupa un modelo de ciudad que prioriza la rentabilidad del suelo para proyectos privados por encima de la seguridad hídrica de los barrios preexistentes. El cierre de la discusión en el recinto dejó una dura advertencia para el funcionariado político respecto a sus responsabilidades ejecutivas. Con el foco puesto en la inoperancia estatal que ahoga a los vecinos del 2 de Abril, se concluyó bajo la premisa de que la política está estrictamente para resolver problemas y el funcionario que no lo haga, que deje su lugar de manera inmediata.
