La crisis de la pesca, el debate por la Zona Fría y el futuro de Punta Mogotes, de la Unidad Turística Chapadmalal y del Bristol Center marcaron agenda de los últimos días. Además, las comisiones del Concejo volvieron a sesionar sin tratar el pliego de transporte, las fuerzas oficialistas acentúan sus diferencias, mientras el PRO se reordena y la UCR palpita sus elecciones partidarias. Todo eso y más al mejor estilo de La Tecla Mar del Plata.

La cara oculta de “La Feliz”: 71 barrios populares y más de 13 mil familias viven en la informalidad

Autódromo, La Herradura y Las Heras encabezan el listado de barrios populares en el distrito. El fenómeno creció principalmente en el oeste y sur de la ciudad. Los datos oficiales revelan una problemática estructural que atraviesa gestiones de distintos signos políticos.

Mientras en la política marplatense las discusiones pasan por internas, reemplazos y armado de poder rumbo a 2027, hay una realidad que sigue creciendo lejos de las fotos y los discursos oficiales: la expansión de los barrios populares en General Pueyrredon.

Los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) vuelven a poner sobre la mesa una problemática estructural que atraviesa gobiernos de todos los colores políticos. En el distrito ya se contabilizan 71 asentamientos donde viven 13.449 familias, muchas de ellas sin acceso regular a servicios básicos, con tenencia precaria de la tierra y escasa presencia estatal.

El mapa de la informalidad urbana refleja además una ciudad partida. Los asentamientos se concentran principalmente en el oeste y sur marplatense, aunque el fenómeno se extiende prácticamente a todo el partido, incluso en zonas alejadas del casco urbano.

Entre los barrios con mayor cantidad de hogares aparecen Autódromo, con 1.320 viviendas registradas, La Herradura con 1.199, Las Heras con 968, Parque Independencia con 693 y Nuevo Golf con 561. Sectores donde el crecimiento poblacional avanzó mucho más rápido que la planificación urbana.

A nivel nacional, el RENABAP identifica 5.687 barrios populares. Detrás de la cifra se repite un patrón conocido: urbanización pendiente, infraestructura insuficiente y familias que siguen esperando respuestas estructurales.

Pero el relevamiento también deja un dato político incómodo. Según la década de conformación de los asentamientos en General Pueyrredon, el 73,24% surgió durante gobiernos democráticos.

Los años noventa encabezan el crecimiento con el 29,58% de los barrios registrados. Le siguen los años ochenta con el 23,94%, mientras que las décadas del 2000 y 2010 representan el 8,45% y el 11,27% respectivamente.

El dato expone una problemática que excede a una sola gestión y que se arrastra desde hace décadas. Porque mientras la dirigencia debate cargos, alianzas y posicionamientos electorales, miles de familias siguen viviendo en barrios que existen en la práctica, pero muchas veces no en la planificación urbana ni en las prioridades políticas.

Movilidad Urbana se reunió sin tratar el pliego de transporte ni la regulación de las apps

La comisión retomó la actividad legislativa, aunque dejó afuera los expedientes vinculados a la licitación de colectivos y la regulación de aplicaciones de transporte.

Mientras el sistema de transporte público de Mar del Plata atraviesa una nueva etapa de tensión, con paros, aumentos y emergencias prorrogadas, el debate político parece haber entrado en pausa. Este lunes volvió la actividad legislativa en el Concejo Deliberante, aunque con una sola comisión convocada: Movilidad Urbana.

La comisión presidida por el edil de la Coalición Cívica, Guido Garcia, tuvo apenas cinco expedientes en tratamiento y sin los temas que vienen marcando la agenda del transporte local: ni el nuevo pliego para los colectivos ni los proyectos vinculados a las aplicaciones de transporte estuvieron sobre la mesa.

El dato no es menor. El expediente 1729/25, que representa el tercer intento del Ejecutivo para avanzar con la licitación pública nacional e internacional del servicio de transporte urbano de pasajeros, permanece sin tratamiento desde el pasado 27 de abril. En el medio hubo de todo: un paro de colectivos que se extendió durante casi cuatro días, la delegación de facultades al intendente interino Agustín Neme para actualizar la tarifa y un nuevo aumento del boleto, que quedó fijado en $1922.

Pero además del incremento tarifario, el Ejecutivo avanzó con otra medida clave. A través del decreto 1003/2026, se prorrogó por un año más el estado de emergencia del sistema de transporte. Se trata de la quinta emergencia consecutiva desde 2021, una herramienta que el oficialismo sostiene como necesaria para garantizar el funcionamiento del servicio.

Cuando la Comuna impulsó esa nueva prórroga, se argumentó que el sistema venía funcionando “con una oferta de servicio por encima de la demanda de pasajeros”. Sin embargo, la realidad cotidiana parece ir por otro carril: usuarios continúan denunciando demoras, frecuencias reducidas y recorridos insuficientes en distintos barrios de la ciudad.

En ese escenario, dentro del Concejo ya empiezan a surgir dudas sobre el futuro inmediato del pliego. ¿Entró en una etapa de enfriamiento político? ¿O el oficialismo prepara una reactivación del debate cuando baje la tensión del conflicto?

Algo similar ocurre con las aplicaciones de transporte. Durante el último tiempo se presentaron distintos proyectos para regularizar plataformas como Uber y Cabify. Hay iniciativas históricas impulsadas por la Coalición Cívica, propuestas elaboradas por la Asociación Civil Conductores Unidos, planteos del sector taxista e incluso un proyecto del bloque UCR-Nuevos Aires para modernizar taxis y remises.

Sin embargo, tras las exposiciones de representantes de distintos sectores realizadas hace más de un mes, el debate quedó congelado. Sin fechas, sin definiciones y, por ahora, sin señales políticas claras de avance.

Ruta 226: el consorcio ganador incluye a un empresario vinculado a la causa “Cuadernos”

El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la ruta a cuatro empresas por los próximos 20 años. Entre ellas aparece Coarco, la firma del empresario marplatense Patricio Gerbi, quien se presentó como "arrepentido" en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La medida incluye el peaje El Dorado y dejó afuera a Aubasa, que denunció irregularidades en el proceso.

El Gobierno nacional avanzó finalmente con uno de los procesos de privatización más sensibles para la región y adjudicó por los próximos 20 años la concesión de la Ruta Nacional 226, una de las principales vías de conexión entre Mar del Plata y el centro bonaerense. La medida, oficializada a través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, no solo reconfigura el esquema vial en la zona sino que también vuelve a poner en escena a viejos actores del negocio de los peajes y deja afuera a la empresa estatal bonaerense Aubasa, que denunció falta de transparencia y habló de un posible “negociado”.

La concesión quedó en manos de una unión transitoria conformada por las firmas Coarco SA, Concret Nor SA, Marcalba SA y Pose SA, que se impuso con una oferta tarifaria de $997 sin IVA. El corredor adjudicado integra el tramo “Sur-Atlántico-Acceso Sur” de la Red Federal de Concesiones e incluye desde las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas hasta la Ruta 226, que nace en Mar del Plata y atraviesa ciudades estratégicas como Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría hasta empalmar con Bolívar.

La decisión representa otro paso en el proceso de desguace de la estatal Corredores Viales SA impulsado por el gobierno de Javier Milei bajo el paraguas de la Ley Bases. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la adjudicación y aseguró que se trata de “más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios y con inversión 100% privada”.

Pero en Mar del Plata el impacto del nuevo esquema tiene nombres propios, antecedentes y polémicas. Uno de los protagonistas es Coarco, la firma vinculada al empresario marplatense Patricio Gerbi, un "arrepentido" de la “Causa Cuadernos”, el expediente que investiga presuntas coimas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Gerbi continúa procesado y en los últimos meses la Justicia rechazó un pedido suyo para evitar el juicio oral mediante una probation y una oferta de reparación económica. Además, el empresario ya había participado de concesiones anteriores sobre la Ruta 226 durante los años noventa y principios de los 2000 mediante sociedades como Camino del Abra SA y Rutas al Sur.

La adjudicación también incluye el control del peaje El Dorado, ubicado en el acceso a Mar del Plata, y una serie de obras obligatorias y de mantenimiento que aparecen como una de las principales promesas del nuevo esquema privado. Entre ellas figura la construcción de una pasarela peatonal en la zona de Sierra de los Padres, a la altura del kilómetro 16, aunque el propio pliego prevé que recién estaría terminada hacia el final del segundo año de concesión.

Además, la nueva concesionaria deberá ejecutar tareas de bacheo, señalización horizontal, corte de pasto y reacondicionamiento general de la traza. También tendrá que hacerse cargo de la iluminación en sectores considerados críticos, como la rotonda de avenida Luro y Ruta 2, los accesos a Colinas Verdes y el entorno del mercado Procosud.

Sin embargo, el pliego también deja expuestas varias limitaciones. Para el tramo entre Mar del Plata y Balcarce apenas se exige que exista un vehículo de patrullaje para asistir emergencias “con la mayor celeridad posible”, en una ruta históricamente cuestionada por el estado de sus banquinas, la falta de iluminación y la cantidad de accidentes.

El esquema tarifario es otro de los puntos que genera interrogantes. Aunque la oferta ganadora fue de $997 sin IVA, la licitación había fijado para el subtramo Atlántico una tarifa tope superior a los $3300 para vehículos particulares. La resolución oficial no aclara si el monto adjudicado corresponde a una tarifa por tramo, por kilómetro o bajo otro criterio técnico, mientras que el valor definitivo quedará sujeto a futuras actualizaciones previstas en el contrato.

La otra gran historia detrás de la adjudicación es la exclusión de Autopistas de Buenos Aires S.A., la empresa controlada por la Provincia de Buenos Aires y actual concesionaria de la Ruta 2. Aubasa había intentado competir por la explotación de la 226, pero fue apartada del proceso licitatorio, lo que motivó fuertes cuestionamientos del gobierno bonaerense, que denunció opacidad en el procedimiento y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo.

Así, mientras Nación celebra el desembarco del capital privado sobre corredores estratégicos, en Mar del Plata vuelve a abrirse un viejo debate: si la privatización garantizará finalmente obras y mejoras reales o si la Ruta 226 volverá a quedar atrapada entre peajes caros, mantenimiento mínimo y promesas que tardan años en llegar.

El PRO empezó a pensar el 2027 y Mar del Plata apareció en el mapa

Jorge Macri empezó a marcar la cancha de cara al próximo turno ejecutivo y dejó una frase que resonó en General Pueyrredon. El jefe de Gobierno porteño defendió la identidad del partido amarillo y aseguró que distritos como "La Feliz" podrían competir con sello propio en las elecciones del año que viene.

Mientras el tablero político todavía acomoda las fichas de las legislativas, en el PRO ya empezaron a aparecer señales de cara al 2027. Y una de las más fuertes llegó desde la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejó en claro que el partido amarillo no piensa resignar identidad propia frente al avance de Javier Milei y hasta deslizó que en distritos clave —entre ellos Mar del Plata— podría haber candidato propio en la pelea ejecutiva.

“El PRO sin duda tiene un lugar en la política argentina”, afirmó Jorge Macri durante una entrevista en Radio Mitre, en la que buscó mostrar músculo territorial y político. Allí recordó que el espacio gobierna tres distritos y numerosas intendencias en todo el país, al tiempo que reivindicó las banderas históricas del macrismo: institucionalidad, baja de impuestos y oposición al kirchnerismo.

“Nacimos a la política con el kirchnerismo enfrente (...) así que vamos a hacer todo lo posible para que eso no vuelva”, sostuvo el dirigente porteño.

Sin embargo, la frase que más resonó en territorio marplatense fue otra. Al hablar sobre el escenario electoral de 2027, Jorge Macri aseguró: “A mí me gustaría que el PRO tenga candidato, pero habrá que ver, hay que esperar”, y luego confirmó que la Ciudad irá con identidad propia “al igual que Entre Ríos, Chubut y Mar del Plata”.

La mención no pasó desapercibida. Sobre todo porque en General Pueyrredon el PRO y LLA vienen construyendo una convivencia política cada vez más estrecha. En las elecciones de 2025 compartieron boleta bajo el sello libertario con Guillermo Montenegro como candidato a senador provincial y terminaron repartiendo entre amarillos y violetas las cinco bancas obtenidas.

La sociedad política también se trasladó a la gestión local. Actualmente, áreas sensibles como OSSE y el EMTURyC cuentan con representación libertaria, mientras que La Libertad Avanza acompañó iniciativas clave y polémicas para el oficialismo, como la aprobación de la rendición de cuentas deficitaria.

Pero las declaraciones de Jorge Macri parecen abrir otra ventana dentro del PRO: la posibilidad de recuperar autonomía política y volver a competir con sello propio en distritos donde hoy el acuerdo con los libertarios parece consolidado.

Por ahora nadie habla abiertamente de ruptura. De hecho, el propio Jorge Macri evitó cerrar la puerta a una eventual alianza con La Libertad Avanza. “La gente de provincia del PRO no lo descarta, pero tiene que haber voluntad de todas las partes”, señaló al recordar que en 2023 la división entre ambos espacios facilitó la reelección de Axel Kicillof.

Aun así, las señales empiezan a aparecer. Y en Mar del Plata la pregunta ya sobrevuela el escenario político: ¿el PRO y La Libertad Avanza seguirán compartiendo proyecto en 2027 o los amarillos volverán a jugar con candidato propio para disputar la intendencia?

Por ahora no hay respuesta definitiva. Pero las palabras de Jorge Macri dejaron algo claro: dentro del PRO ya comenzaron a imaginar un futuro donde el partido vuelva a plantarse con identidad propia. Y en “La Feliz”, ese debate también parece haber empezado.

Los radicales eligen su nueva conducción en medio de la apatía y la crisis económica

La UCR de General Pueyrredon irá a las urnas el 7 de junio con dos listas en competencia en un contexto de desinterés militante y dificultades económicas que podría impactar en la participación.

En un contexto atravesado por la crisis económica, la apatía militante y el desinterés general que golpea a buena parte del electorado, la Unión Cívica Radical de General Pueyrredon se encamina a una elección interna clave. Con dos listas en competencia, el próximo 7 de junio los “boinas blancas” irán a las urnas para definir la conducción del comité local.

Mientras a nivel provincial la UCR logró cerrar una lista de unidad entre los principales sectores —abadismo, possismo, salvadorismo y Evolución— evitando la interna, en Mar del Plata y Batán el escenario fue exactamente el contrario: no hubo acuerdo y el partido se divide en dos espacios que competirán mano a mano.

El acuerdo bonaerense dejó como nuevo presidente del Comité Provincia al exdiputado provincial Emiliano Balbín, pero ese entendimiento no logró bajar al territorio marplatense, donde las negociaciones se rompieron y la disputa quedó planteada sin retorno inmediato.

En este marco, el oficialismo local llevará como candidato a presidente del comité al concejal de UCR + Nuevos Aires y ex titular del EMDER, Ricardo Liceaga Viñas, acompañado por la edil Vilma Baragiola como vicepresidenta primera. Del otro lado, la Lista 22 impulsará al abogado Fernando “Pipi” Herrera, junto a Jimena Nespral como candidata a vicepresidenta.

La interna no solo definirá nombres, sino también el reordenamiento del radicalismo local, que hoy tiene como referencia institucional a Gustavo “Tato” Serebrinsky, actual presidente del partido y secretario de Descentralización y Participación Ciudadana.

En ese clima, ambos sectores ya comenzaron a activar la maquinaria electoral para intentar movilizar a un padrón radical que llega fragmentado y con bajo nivel de participación, en medio de un escenario social marcado por la preocupación económica y el alejamiento de la militancia tradicional.

Desde los dos espacios reconocen que la clave será salir a buscar el voto “uno por uno”, en una elección que aparece atravesada por la falta de entusiasmo y por un contexto general que complica la movilización partidaria. A eso se suma un dato no menor: la elección se da a pocos días del inicio del Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, un evento que suele impactar en la agenda pública y que, según admiten en off, puede afectar aún más la participación.

Con este panorama, la UCR local no solo definirá su conducción interna, sino también el equilibrio de poder hacia el armado político de 2027, en una interna que promete exponer las tensiones acumuladas dentro del radicalismo marplatense.

La pulseada por Punta Mogotes

La Provincia proyecta licitar los balnearios y luego transferir el complejo, pero el Municipio pide frenar el proceso en la Justicia y avanzar antes con la municipalización del predio.

El conflicto por el control del complejo Punta Mogotes no da respiro. Entre demandas cruzadas, proyectos de modernización y viejas deudas que parecen interminables, la pulseada entre el Municipio y la Provincia se juega en múltiples tableros. El anuncio de la licitación del complejo y el futuro traspaso a la Comuna, una vez finalizadas las obras, generó aún más tensión.

El punto de inflexión del conflicto se produjo con la presentación judicial impulsada por Guillermo Montenegro en 2024, quien intentó avanzar con el pago de la deuda histórica de la Administración Punta Mogotes (APM), estimada en alrededor de 14 millones de pesos, con el objetivo de destrabar la situación institucional y reclamar la restitución del complejo a la órbita municipal.

En el medio se desató una disputa judicial entre el Gobierno bonaerense y la Comuna, con distintas instancias y dos fallos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que ratificaron que el juicio por la “consagración de pago” debe tramitarse en los tribunales marplatenses. En paralelo, la Provincia avanzó con el Concurso de Ideas para renovar el complejo, mientras en el Concejo Deliberante se presentaron distintos reclamos por la municipalización y pedidos para frenar el concurso y cualquier avance del Gobierno bonaerense sobre Punta Mogotes.

Luego, el anuncio realizado por el gobierno de Axel Kicillof cayó como un bombazo en Mar del Plata. Augusto Costa, ministro de Producción, confirmó que se avanzará con la elaboración de los pliegos para licitar las 24 unidades balnearias del complejo, un predio estratégico de 930 mil metros cuadrados y 2,5 kilómetros de frente costero que se convirtió en el principal eje de disputa entre La Plata y el Municipio.

El esquema proyectado por el Ejecutivo bonaerense contempla un proceso por etapas: prórroga de las concesiones vigentes —que vencen entre junio y septiembre—, llamado a licitación pública, adjudicación de nuevas concesiones con obras de infraestructura y, finalmente, la transferencia del complejo a la órbita municipal una vez ejecutadas las mejoras previstas. Desde la Provincia remarcaron que la intervención busca garantizar un “proceso ordenado de modernización y puesta en valor”.

Sin embargo, lejos de bajar la tensión, la iniciativa profundizó el enfrentamiento político. En el Municipio interpretaron el anuncio como una maniobra para consolidar el control provincial durante años y condicionar el futuro del predio.

En ese marco, la comuna presentó una nueva medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, con el objetivo de frenar cualquier avance sobre la licitación. El planteo solicita impedir “cualquier innovación sobre la situación material y jurídica del predio” hasta que se resuelva el fondo de la causa, donde el Municipio reclama la restitución del complejo tras el intento de pago de la deuda.

En su presentación, el Ejecutivo local advierte que el esquema provincial podría derivar en un proceso sin fin de obras, prórrogas y nuevas concesiones. “Bastaría con que el pliego licitatorio prevea obras durante toda la duración del contrato para que la transferencia nunca opere”, sostiene el planteo judicial, que apunta a evitar lo que define como un “bucle jurídico” que demoraría la devolución del complejo.

El conflicto tiene su raíz en una estructura institucional creada hace más de cuatro décadas. La APM, constituida en 1984 mediante la Ley Provincial 10.233, surgió como un esquema transitorio entre la Provincia y el Municipio, pero terminó consolidándose como un ente de gestión compartida con predominio bonaerense.

El punto de mayor fricción se dio después del anuncio formal de la licitación y futura municipalización, cuando la Provincia convocó a una mesa de trabajo conjunta que incluyó a representantes del gobierno bonaerense, organismos técnicos y autoridades del complejo. El intendente interino, Agustín Neme, fue invitado, pero no participó, lo que profundizó el cruce político y alimentó las acusaciones cruzadas.

Desde el Gobierno bonaerense, en tanto, defendieron el esquema y señalaron que el objetivo es ordenar el proceso de concesiones y garantizar inversiones de infraestructura que hoy no están aseguradas. Además, remarcaron que la participación municipal está prevista en distintas instancias del procedimiento.

Mientras tanto, el futuro de Punta Mogotes vuelve a quedar atrapado entre los tribunales y la política. Con concesiones próximas a vencer, una licitación en marcha y una disputa judicial en expansión, el complejo costero más importante se mantiene en el centro de una pelea que, lejos de cerrarse, parece sumar nuevos capítulos.

Entre dudas legales, pedidos de informes y una indirecta por Mogotes, avanzó el Acueducto Oeste en Obras

El expediente para retomar parte de la obra a través de un nuevo acuerdo entre OSSE y Coarco, empresa ligada a un "arrepentido" de la causa "Cuadernos", fue aprobado por unanimidad en la comisión, aunque la oposición reclamó informes a la Secretaría Legal y Técnica y cuestionó que el Municipio absorba fondos que debía aportar Nación. La oposición no bloqueó el proyecto, pero pidió mayores precisiones técnicas y legales.

La comisión de Obras del Concejo Deliberante avanzó este martes con uno de los expedientes más sensibles en materia de infraestructura para Mar del Plata: la reactivación parcial de la segunda etapa del Acueducto Oeste. El proyecto obtuvo despacho y seguirá su recorrido legislativo, aunque el debate dejó expuestas dudas legales, cuestionamientos sobre el financiamiento y pedidos opositores para que el Municipio reclame judicialmente los fondos nacionales que quedaron congelados tras la llegada del gobierno de Javier Milei.

El expediente, impulsado por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), busca autorizar una adenda contractual con la empresa Coarco SA para retomar parte de los trabajos que habían quedado paralizados luego de la disolución del Enohsa y el freno a la obra pública nacional.

Durante la discusión, el presidente de la comisión, el concejal del PRO Fernando Muro, defendió la continuidad de la iniciativa y remarcó la importancia estratégica de la obra. “Es necesaria para todos los que tienen que ver con el sur de la ciudad. Se van a beneficiar 86 mil vecinos con el servicio de agua corriente”, sostuvo.

Muro reconoció además que el proyecto sufrió retrasos y explicó que OSSE reformuló el esquema económico para sostener los trabajos. Según detalló, el nuevo acuerdo prevé que la financiación sea afrontada íntegramente por la empresa municipal, mientras que la contratista absorberá parte de los pagos mediante certificados financiados con cheques diferidos a 360 días.

Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes interrogantes sobre la legalidad y el alcance de la reformulación. El concejal de Unión por la Patria, Pablo Obeid, aclaró que el bloque no cuestiona la necesidad de la obra, aunque advirtió sobre inconsistencias jurídicas y financieras. “Nosotros tenemos dudas, unas cuantas, respecto de la legalidad del procedimiento, no tanto de la importancia de la obra”, planteó.

El edil recordó que la licitación original, adjudicada en 2022, contemplaba un financiamiento del 79% por parte del Estado nacional y el 21% restante por OSSE. En ese marco, cuestionó que el Municipio avance ahora absorbiendo el costo que originalmente correspondía a Nación.

“Independientemente de la voluntad del actual presidente de no seguir financiando nueva obra pública, el Estado está obligado a la continuidad jurídica”, señaló Obeid, quien insistió en que la administración local no debería resignar esos recursos y reclamarle a Javier Milei.

En esa línea, el concejal kirchnerista reclamó que el Municipio avance con acciones legales contra el gobierno nacional para exigir el cumplimiento del convenio firmado en 2022. “Así como en otros casos se judicializa con otras órbitas de otros ejecutivos provinciales, se tiene que accionar y no resignar ese 79%, porque hay un convenio vigente”, sostuvo, en una referencia indirecta a la disputa política entre Provincia y Municipio por Punta Mogotes.

Según expuso Obeid durante el debate, el expediente presenta diferencias entre los montos informados y deja dudas respecto de si la reformulación permitirá completar siquiera los 11 pozos contemplados en esta nueva etapa.

Mientras tanto, el presidente del bloque del PRO, Julián Bussetti, propuso avanzar con el despacho y solicitar informes complementarios para despejar las dudas planteadas por la oposición. “Lo que propongo es aprobarlo y pedir todos los informes para evacuar las dudas que me parecen pertinentes”, expresó, en referencia a pedidos dirigidos a la Secretaría Legal y Técnica.

En el mismo sentido, Obeid confirmó que Unión por la Patria acompañaría el avance administrativo del expediente sin bloquearlo. “Estamos de acuerdo con no frenarlo”, afirmó, aunque reiteró la necesidad de contar con mayores precisiones técnicas y legales.

También desde el Frente Renovador y Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro coincidieron en remarcar la importancia de la obra, aunque advirtieron que persisten “muchas dudas en el expediente”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión de Obras, aunque con pedidos de informes complementarios a la Secretaría Legal y Técnica para aclarar aspectos vinculados al financiamiento, la continuidad contractual y el alcance real de la obra.

Detrás de la discusión técnica también sobrevuela otra polémica que no apareció de manera explícita en el debate: el rol de Coarco SA, la empresa adjudicataria vinculada al empresario marplatense Patricio Gerbi, arrepentido en la causa “Cuadernos”, el expediente judicial que investiga presuntas coimas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. En los últimos meses, además, la Justicia rechazó un pedido de probation presentado por Gerbi para evitar el juicio oral.

El expediente continuará ahora su tratamiento en las comisiones de Legislación (Bordaisco-UCR+NA) y Hacienda (Cardoso-Pro), en medio de un debate político que ya excede la cuestión técnica y vuelve a poner sobre la mesa el impacto del freno a la obra pública nacional en Mar del Plata.

Punta Mogotes: internas, tecnicismos y un empate que frenó al oficialismo en el Concejo Deliberante

Entre acusaciones, advertencias y una fractura táctica con los aliados libertarios, el interbloque oficialista y la oposición chocaron nuevamente. Mientras tanto la Justicia le pidió tanto a la Provincia como a la Administración del ente que respondan e informen, en un plazo de cinco días, respecto a una medida cautelar que presentó el Municipio "para dar previsibilidad sobre el futuro del complejo".

El conflicto institucional y judicial entre el Municipio de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires por la transferencia del Complejo Turístico Punta Mogotes sumó este martes un capítulo de alta tensión en el plano legislativo local. Con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense como telón de fondo —que el pasado 23 de abril rechazó un recurso extraordinario de la Fiscalía de Estado provincial—, la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante se transformó en un escenario de duros cruces, paradojas administrativas y un sorpresivo desenlace político que dejó en evidencia las fisuras entre el oficialismo marplatense y sus aliados habituales.

El primer foco de conflicto se encendió con el tratamiento del expediente 1126/26, impulsado por el bloque de la UCR + Nuevos Aires. El proyecto solicita informes sobre el Masterplan realizado en 2023 en el complejo balneario. La concejal Gabriela Azcoitia abrió el debate cuestionando el convenio firmado con la Universidad Atlántida con fondos del Consejo Federal de Inversiones, lanzando un dardo directo a la gestión provincial: “Me gustaría agregar a este pedido saber qué pasó finalmente con el master plan que se ha firmado con la Universidad de Atlántida y por qué lo realizó la Universidad de Atlántida y no la Universidad Nacional de Mar del Plata, teniendo su facultad de arquitectura”.

La respuesta de la oposición no tardó en llegar y apuntó a una contradicción estructural del oficialismo. Desde Unión por la Patria, se solicitó el archivo del expediente argumentando que la información requerida ya está en manos de la propia comuna, dado que el consorcio de Punta Mogotes está integrado por tres miembros, uno de los cuales representa directamente al Ejecutivo Municipal. “Toda esa información la tiene el delegado designado por el municipio. Con lo cual es medio extraño pedirle a un funcionario municipal del propio espacio político información que es pública y que está registrada en todas las actas”, fustigó Obeid, rematando con ironía que “es medio extraño pedirle información a uno mismo porque el municipio es parte de ese consorcio”.

Ante el punto expuesto por la oposición, el presidente del bloque del PRO, Julián Bussetti, ensayó una defensa tras consultar con sus asesores. Si bien reconoció que el representante municipal en el consorcio votó en contra de dichas medidas en su momento, insistió en avanzar: “Podríamos pedir un informe, parece redundante, pero antes de archivar el proyecto me gustaría tener esa información”. Finalmente, la presidenta de la comisión, Noelia Álvarez Ríos, de La Libertad Avanza, intervino para evitar el archivo definitivo, logrando que el expediente permanezca en comisión bajo la promesa de reconfigurar los destinatarios del pedido de informes en una mesa de diálogo con el autor del proyecto.

Sin embargo, el plato fuerte de la jornada llegó con el tratamiento del expediente 1352/26, presentado por el corazón del oficialismo local —PRO, UCR+NA y la Coalición Cívica—, pero que llamativamente no contó con el acompañamiento inicial de sus aliados de La Libertad Avanza. La iniciativa original, redactada a finales de abril, buscaba que el Concejo Deliberante peticionara a la Provincia la suspensión provisoria del concurso de ideas para la renovación arquitectónica del complejo balneario. Bussetti intentó imprimirle velocidad al tratamiento dándole un tinte netamente ideológico: “Creo que esto es una manifestación política, en este caso no habría que pedir ningún informe, simplemente estamos de acuerdo o no con lo que se plantea en el proyecto, nosotros estamos para acompañar”.

Nuevamente, el bloque de Unión por la Patria expuso inconsistencias técnicas en la redacción, señalando que el concurso de ideas provincial ya había concluido y sus premios ya habían sido otorgados. “Pedir la suspensión de algo que ya está hecho es medio extraño”. Frente a esto, la concejal libertaria Álvarez Ríos aclaró que existía una modificación ingresada el 7 de mayo por el propio autor del proyecto, Ariel Martínez Bordaisco, que cambiaba la lógica del reclamo para solicitar la suspensión de la "ejecución" del concurso y no del concurso en sí mismo. La aclaración no conformó a Obeid, quien retrucó que, al tratarse de una convocatoria de ideas de carácter no vinculante, “el proceso está terminado, no hay nada en ejecución”.

El debate escaló rápidamente hacia las visiones de fondo sobre la soberanía del espacio público marplatense. Bussetti defendió la postura del Palacio Municipal advirtiendo sobre las intenciones de la administración provincial de avanzar con proyectos a largo plazo sobre tierras locales. “Lo que nosotros planteamos es que lo devuelvan, si es que es nuestro, y que lo lleve a cabo ese proceso el municipio de General Pueyrredon”, sentenció el edil del PRO. En la misma sintonía, Azcoitia reforzó la postura oficialista argumentando que el objetivo prioritario es evitar que la Provincia tome medidas de mediano o largo plazo “hasta tanto la justicia defina la situación del complejo Punta Mogotes”.

En este punto del debate, la discusión sumó la voz de AM–MDF. En medio de las conocidas tensiones e internas que el vecinalismo mantiene con el ravertismo a nivel provincial, el bloque opositor vecinal optó por alinearse con el criterio técnico de UP en el plano local. “Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Obeid, el sentido que así como está redactada la comunicación, sería necesario archivarla, no quedaría otra alternativa”, sugiriendo al oficialismo mantener el proyecto en comisión para reformularlo en términos que resulten “por lo menos aprobables”.

Ante el escenario de parálisis y la evidente falta de votos para aprobar el texto completo, Bussetti intentó una última maniobra táctica: desguazar el proyecto. Propuso dejar el polémico artículo 1 —referente al concurso de ideas— en comisión para seguir trabajándolo , pero someter a votación inmediata el resto del articulado, el cual exige formalmente a la Provincia la transferencia definitiva de la administración de Punta Mogotes a la órbita comunal.

La propuesta de votación dividida derivó en un veredicto imprevisto que expuso ruidos en el frente oficialista. Al momento de votar el desglose, los bloques quedaron empatados en tres votos por lado. La definición quedó en manos de la presidenta de la comisión, Noelia Álvarez Ríos, quien en un movimiento sorpresivo decidió usar su voto calificado para mantener la totalidad del expediente en comisión, frenando el apuro del interbloque oficialista.

Para aplacar el malestar de sus aliados, la concejal de La Libertad Avanza justificó su postura argumentando razones de prolijidad legislativa, aunque dejó en claro su alineamiento político de fondo de cara al futuro. “Considero que como mi voto es el que define, que hay que dejarlo en comisión para que salga un proyecto más ordenado, no porque no esté a favor de la comunicación. De hecho, en la próxima comisión adelanto mi voto que va a ser positivo”, argumentó Álvarez Ríos. Con los dos expedientes bajo llave en el ámbito de la comisión, el Concejo Deliberante postergó la definición formal, dejando expuesto un escenario donde las chicanas técnicas y las estrategias de bloque continúan empantanando la discusión por el destino final de Punta Mogotes.

Camping Municipal: la comisión de Apertura ya está lista para la licitación

Mientras crecen los trascendidos que señalan al complejo de entretenimiento MUTE como el principal interesado en quedarse con la concesión, el Ente Municipal de Turismo y Cultura oficializó la composición del cuerpo técnico encargado de evaluar las ofertas del predio.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredon avanzó de forma definitiva en el plano administrativo para concretar la adjudicación del Camping Municipal, un predio estratégico que entra en una etapa clave de su proceso licitatorio. A través de una reciente resolución, la presidencia del organismo formalizó la creación de la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas que se encargará de fiscalizar la compulsa pública dispuesta para este espacio. El dato saliente del armado burocrático es que este mismo equipo de profesionales tendrá bajo su órbita el análisis de las propuestas para otra licitación paralela, la de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Acevedo. De este modo, se centralizan las decisiones técnicas de dos de los expedientes costeros más relevantes de la agenda pública local.

Sin embargo, la mirada política y empresarial de Mar del Plata está puesta fundamentalmente sobre el futuro del Camping Municipal, un sector que arrastra una carga de fuertes rumores en los pasillos oficiales. Según trascendidos, la licitación ya tendría un destinatario perfilado y las versiones apuntan hacia los empresarios que gestionan MUTE, el reconocido y masivo complejo de espectáculos y entretenimiento del sur de la ciudad.

Esta inminente licitación marca el cierre definitivo de una etapa para el predio, que hasta el momento se encontraba bajo la órbita de la Asociación Scouts de Argentina. La entidad civil detentaba la custodia del lugar como depositario formal bajo los lineamientos de la Ordenanza N° 25196, manteniendo el campamentismo y la educación al aire libre como la actividad principal y eje social del predio. En los últimos años, se habían tejido diversas promesas institucionales para formalizar una continuidad real y de largo plazo que permitiera a los scouts hacerse cargo plenamente de la gestión del predio. No obstante, aquellos compromisos del plano político quedaron estrictamente en promesas. Esta situación habría generado un profundo malestar y un clima de desazón en las filas de la organización scout, que lamenta la pérdida definitiva de un recurso valioso para sus actividades comunitarias y formativas.

En lo estrictamente institucional, el decreto de conformación de la junta evaluadora se encuadró en el marco de las Ordenanzas N° 26851 y N° 26681, resolviendo que la comisión compartirá integrantes para el tratamiento de los expedientes del Camping y de la UTF Acevedo. La nómina de técnicos que llevarán adelante el control de apertura del pliego incluye a la arquitecta Cecilia Biasucci y a María Noé Gómez por el área técnica; a los licenciados en Turismo Paulina Costanzo y Daniel Lefrou; a la abogada Guillermina Bertolotti en conjunto con la doctora Soledad Gaillour en materia legal; y al contador Marcelo Ricardo Tovar junto a las doctoras Carolina Muzzio y María Clara Dal Pozzi en el plano económico y de control del Departamento de Unidades Turísticas Fiscales. Con este equipo técnico ya operativo, el municipio activa la cuenta regresiva para definir el destino de las tierras costeras y convalidar el rumbo de una licitación cruzada por las versiones comerciales.

El Bristol Center y el día que las ideologías cambiaron de vereda en el Concejo Deliberante

El debate por la parálisis de más de 50 años del emblemático complejo marplatense reabrió las discusiones en la comisión de Obras. En un llamativo giro político, el oficialismo del libre mercado pide la intervención estratégica del Estado mientras la oposición cuestiona el auxilio público. Sin embargo, detrás de las intenciones de rescate urbanístico, asoma la duda de si el verdadero motor del proyecto no será, en realidad, abrirle la puerta a un millonario negocio de publicidad en la fachada más cotizada de la ciudad.

La fisonomía urbana de Mar del Plata convive desde hace medio siglo con una cicatriz de hormigón que se resiste al paso del tiempo y a las sucesivas gestiones políticas. El Complejo Bristol Center, emplazado en la manzana más cara y neurálgica del microcentro, frente a la Rambla y al Casino, volvió a encender el debate legislativo en el Concejo Deliberante. En la comisión de Obras se dio el primer tratamiento al expediente 1347/26, un proyecto de comunicación impulsado por el concejal oficialista Guido García (Coalición Cívica que solicita informes detallados sobre la situación del inmueble. Sin embargo, más allá de la urgencia urbanística de un gigante dormido desde 1976, la jornada dejó al descubierto una flagrante paradoja ideológica donde los roles tradicionales de la política local parecieron invertirse por completo.

Guido García pertenece a un espacio político que, en el mapa de alianzas actual, sintoniza con los lineamientos de La Libertad Avanza en el Gobierno Nacional, caracterizados por la premisa del achicamiento del Estado, la desregulación y la preeminencia de la iniciativa privada. No obstante, fue el propio García quien se puso al hombro la necesidad de que el Estado municipal actúe como un componedor activo e intervenga mediante un régimen urbanístico especial para rescatar el complejo. El edil argumentó que la ciudad no puede "naturalizar" una postal de abandono que avergüenza a los marplatenses y confunde a los turistas. Su propuesta no es punitiva, ya que los intentos de sanción previos naufragaron incluso en la Suprema Corte de Justicia, sino que busca generar incentivos: un marco normativo excepcional que permita la instalación de pantallas digitales y soportes publicitarios en la fachada para que el consorcio administrador pueda recaudar fondos y reactivar las obras.

No obstante, es precisamente este punto el que enciende las alarmas en los pasillos del deliberativo: ¿es el rescate edilicio el fin último o el marco normativo excepcional es solo la llave para habilitar un fenomenal negocio publicitario en la manzana más vista de la costa? La sospecha de que el expediente sea, en el fondo, un traje a medida para la comercialización de cartelería a gran escala —disfrazado de sensibilidad urbanística— sobrevuela una discusión que va más allá de la arquitectura. Para García, el Estado debe desplegar herramientas de facilitación administrativa en pos del bien común y la estética de una zona clave, que pronto se complementará con la instalación del monumento a Juan Manuel Fangio en la plazoleta de enfrente.

En la vereda opuesta, la respuesta sembró la sorpresa. Pablo Obeid, concejal de Unión por la Patria, militante de La Cámpora y representante de un esquema político que históricamente concibe al Estado como el regulador central de la economía y el garante absoluto de las dinámicas sociales, adoptó una postura de estricta cautela liberal. Si bien Obeid acompañó el pedido de informes para conocer la situación dominial y legal del edificio, se mostró marcadamente escéptico respecto a que el municipio deba intervenir, por medio de herramientas financieras, para resolver una situación que afecta a la ciudad.

Esta disputa de visiones contrapuestas adquiere mayor densidad cuando se repasa la "historia pesada" de la manzana 169. Allí se inauguró en 1888 el mítico Bristol Hotel, el epicentro dorado de la aristocracia argentina donde veraneaban presidentes como Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre, y cuyo acta fundacional firmó el propio heredero al trono ruso, Nicolás Romanov. Tras su demolición y el remate de su mobiliario en 1944, el empresario David Graiver proyectó a principios de los setenta el Bristol Center: un coloso de vanguardia con tres torres que tocarían las nubes, cines, pileta de agua de mar y centros comerciales. El proyecto, avalado por la dictadura de Onganía, quedó trunco en 1976 con solo dos torres sin terminar y una maraña judicial y societaria interna que atomizó el poder del consorcio. Hoy en día, el complejo funciona parcialmente con un apart hotel, locales comerciales y cocheras subterráneas, pero su esqueleto inconcluso sigue siendo una herida abierta en la vidriera de la ciudad.

Tras un intenso intercambio, la mayoría oficialista impuso condiciones y el expediente quedó en comisión, pero con el compromiso de avanzar formalmente en una triple vía de pedidos de informes para destrabar el nudo interpretativo. Los artículos 1, 3 y 5 serán girados a la Secretaría de Obras para evaluar la seguridad estructural y las factibilidades técnicas; el artículo 4 se remitirá a la Secretaría Legal y Técnica para analizar el marco regulatorio de la publicidad en bienes en desuso; y el artículo 2 interpelará directamente a la administración del Bristol Center para determinar las responsabilidades internas del consorcio y testear su predisposición ante un eventual régimen especial.

La política marplatense se hamaca así entre el pragmatismo de un oficialismo que ensaya una intervención estatal heterodoxa para embellecer la costa, y una oposición tradicionalmente estatista que, paradójicamente, hoy prefiere resguardar los recursos y las prioridades del Estado frente a una ciudad que los necesita. En todo caso, el riesgo latente es que el municipio termine legitimando un negocio de cartelería de espaldas a la comunidad, dejando el gigante de hormigón exactamente igual, pero ahora cubierto de anuncios.

Avanza la creación de una nueva Sala Federal para descomprimir la Justicia en Mar del Plata

El proyecto impulsado por el senador nacional Maximiliano Abad obtuvo dictamen favorable en comisiones en el Senado y busca reforzar el funcionamiento de la Cámara de Apelaciones marplatense, que hoy opera con solo dos jueces y miles de expedientes acumulados.

La situación de la Justicia Federal en Mar del Plata volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial. En una plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado nacional, obtuvo dictamen favorable el proyecto impulsado por el senador marplatense Maximiliano Abad para crear una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones local.

La iniciativa busca ampliar la estructura de un tribunal que hoy concentra apelaciones de ocho juzgados federales y que, según se expuso en el Senado, atraviesa una situación crítica por la acumulación de expedientes y la falta de actualización de su funcionamiento.

Durante el debate participó el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, quien respaldó el proyecto y lanzó una fuerte advertencia sobre el estado del sistema judicial federal en la región.

“Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo Tazza ante los senadores nacionales. Además, explicó que la complejidad de la situación responde no solo al crecimiento poblacional de la jurisdicción, que abarca cerca del 37% del territorio bonaerense, sino también a la diversidad de causas que atiende el fuero federal.

“El panorama actual se complejiza no solo por el crecimiento poblacional de la jurisdicción —que abarca cerca del 37% del territorio bonaerense— sino también por la diversidad de materias que atiende el fuero, incluyendo cuestiones penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de las tareas administrativas propias del tribunal”, expresó.

En esa línea, recordó que “la Cámara se creó en 1992” y que actualmente “funciona con dos jueces”. Por eso, remarcó que “contar con una nueva Sala es algo muy necesario”, al tiempo que agradeció las gestiones de Abad y el acompañamiento unánime de los senadores que firmaron el dictamen.

Por su parte, Abad defendió la necesidad de avanzar rápidamente con la reforma y alertó sobre la sobrecarga que atraviesa la jurisdicción federal de Mar del Plata, Dolores, Azul y Necochea.

“El desmedido incremento de causas en la justicia federal de la jurisdicción de los Juzgados Federales existentes en la ciudad de Mar del Plata, Dolores, Azul y del Juzgado Federal de Necochea ha generado una situación de sobrecarga y riesgo de colapso, poniendo en riesgo el correcto cumplimiento de la labor jurisdiccional”, afirmó el senador.

Además, celebró el avance parlamentario del expediente y sostuvo: “Celebro que haya dictamen favorable. Es un paso muy importante para responder a una demanda concreta de la sociedad: una justicia no solamente justa, sino también rápida”.

El proyecto, identificado como Expediente 1064/24, propone la creación de una segunda Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, denominada Sala II, junto con dos nuevas secretarías y una estructura propia de jueces, funcionarios y personal administrativo.

Actualmente, el tribunal atiende a más de dos millones de habitantes y registra altos niveles de litigiosidad. Según los datos expuestos durante el plenario, en 2023 se resolvieron más de 7.400 causas y las proyecciones indican que podrían superarse los 10 mil expedientes anuales.

“Este volumen de trabajo, que no fue acompañado por un crecimiento en la estructura del tribunal, hace imprescindible avanzar rápidamente en su ampliación para garantizar mayor eficiencia, celeridad y seguridad jurídica”, agregó Abad.

Con el dictamen favorable en comisiones, la iniciativa quedó ahora en condiciones de llegar al recinto del Senado para su tratamiento definitivo.

Punta Mogotes: impulsan una torre de 15 pisos y reabren el debate por las excepciones

El Ejecutivo elevó al HCD un expediente para habilitar indicadores urbanísticos especiales para desarrollar un complejo multifamiliar en el barrio. La iniciativa del Fideicomiso Meridies Mar propone una torre en William Morris al 1010 y deberá atravesar el debate legislativo por exceder los parámetros urbanísticos permitidos en la zona. El desarrollador pidió más altura a cambio de reducir la superficie ocupada en planta.

El debate por las construcciones en altura sobre la costa marplatense volvió a colarse en el Concejo Deliberante. Esta vez, a partir de un expediente impulsado por el propio Ejecutivo municipal para habilitar un edificio de 15 pisos en el barrio Punta Mogotes, una zona donde las edificaciones suelen mantenerse bastante por debajo de esa altura.

La iniciativa fue presentada por el gobierno del interinato de Agustin Neme y busca autorizar al Fideicomiso Meridies Mar a adoptar indicadores urbanísticos especiales para desarrollar un complejo multifamiliar en William Morris 1010, a metros de la costa.

El proyecto ingresó esta semana al Concejo Deliberante y deberá atravesar el recorrido legislativo en las distintas comisiones internas. Sin embargo, el oficialismo cuenta con mayoría, un dato que suele resultar clave en este tipo de expedientes vinculados a excepciones urbanísticas.

La propuesta contempla un edificio de perímetro libre con un subsuelo para 18 cocheras, planta baja con acceso, gimnasio, SUM y otros módulos de estacionamiento. Entre el primer y el decimocuarto piso se distribuirían departamentos de dos y tres ambientes, mientras que en el piso quince se proyecta un quincho con terraza y vistas al mar.

El punto central del expediente pasa por la altura. Según surge de la documentación oficial, el desarrollo cumple con distintos indicadores urbanísticos e incluso presenta remanentes en algunos parámetros. Sobre esa base, el privado pidió una compensación que le permita construir más pisos de los autorizados actualmente en el sector.

“Se entiende atendible el diseño propuesto, liberando superficie en planta y tomando mayor altura en un sector que posibilita excelentes visuales y posee una tendencia a la ocupación en altura”, argumentaron desde el Municipio al defender el proyecto.

Además, desde el Ejecutivo señalaron que “el volumen edilicio verifica el cono de sombra y libera superficie de parcela mejorando las condiciones ambientales de la manzana”.

Sin embargo, la iniciativa ya asoma como un nuevo foco de discusión urbanística. En esa zona de la costa, especialmente sobre avenida De los Trabajadores, las construcciones suelen ajustarse a alturas cercanas a los nueve pisos establecidos por la normativa vigente para el distrito R3.

El expediente también vuelve a poner sobre la mesa el debate por las compensaciones urbanísticas. El proyecto prevé un aporte económico en el marco de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, aunque —como ocurre con otros desarrollos similares— todavía no existe una ordenanza específica que determine claramente el destino de esos fondos.

En este caso, el texto elevado por el Ejecutivo apenas establece que la compensación será destinada a “infraestructuras y/o mejoras del espacio público”, dejando abierta la discusión sobre cómo y dónde se aplicarán esos recursos.

Otro elemento que rodea al proyecto tiene que ver con el escenario político y territorial en el que se ubica. Punta Mogotes continúa siendo una zona atravesada por tensiones entre el Municipio y la Provincia, especialmente por el control y la administración del complejo de balnearios. Y aunque el expediente no se vincula directamente con ese conflicto, cualquier transformación urbanística en el sector promete impacto sobre una de las áreas más sensibles del frente costero marplatense.

Mientras tanto, el expediente ya empezó su recorrido en el Concejo y promete volver a encender la discusión sobre el modelo de crecimiento urbano que se impulsa para la costa de Mar del Plata.

Zona Fría: el PRO se desmarcó, LLA faltó y el Concejo encendió la alarma por el gas

La comisión de Industria aprobó un despacho contra la reforma del régimen. El bloque amarillo acompañó la iniciativa, mientras La Libertad Avanza no asistió al debate y crece la tensión política en Mar del Plata.

Mientras en el Congreso de la Nación se busca avanzar con la reforma del Régimen de Zona Fría impulsada por el gobierno de Javier Milei, en Mar del Plata el rechazo político a la iniciativa volvió a tomar fuerza y dejó una postal con alto voltaje político: el acompañamiento del oficialismo local a una resolución crítica contra el recorte y el faltazo del bloque libertario en el debate.

La Comisión de Industria del Concejo Deliberante aprobó este miércoles un despacho unificado para expresar preocupación ante el proyecto nacional que busca reducir el alcance del beneficio tarifario para usuarios residenciales de gas. La reunión fue encabezada por el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, y se realizó prácticamente en simultáneo con la discusión que mantenía la Cámara de Diputados de la Nación.

La resolución reunió el respaldo de Unión por la Patria, UCR+NA, Frente Renovador, Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, incluido el PRO, que se diferenció del rumbo que impulsa la administración libertaria en torno a un tema sensible para la ciudad. El acompañamiento amarillo no pasó desapercibido, sobre todo en medio del alineamiento político que viene mostrando el oficialismo local con varias de las medidas nacionales de Milei.

En ese contexto, las intervenciones de las concejalas Florencia Ranellucci (Pro) y Vilma Baragiola (UCR+Nuevos Aires) marcaron el tono del debate y dejaron en claro que, al menos en este tema, la defensa de la permanencia de Mar del Plata dentro del régimen aparece por encima de las diferencias partidarias.

“Nuestras convicciones no cambian. A los temas de Mar del Plata los defendemos. Levantamos la voz”, sostuvo Ranellucci durante la comisión. Y agregó: “La Zona Fría es un beneficio para todos nuestros vecinos y eso está por encima de cuestiones políticas”.

Por su parte, Baragiola advirtió que el recorte impulsado por el Gobierno nacional “va a perjudicar a una gran cantidad de vecinos de la ciudad” y alertó sobre el impacto que también tendría en la economía local. “Sacarle el 50% de lo que es el descuento de la garrafa y el 30% de lo que es el descuento de tarifas de gas va a perjudicar a una gran cantidad de vecinos de la ciudad”, afirmó.

La dirigente radical además vinculó la discusión con la realidad climática de la ciudad y defendió la lógica del esquema diferencial. “Se pensó que a climas más fríos, más necesidad del descuento. Es básico”, remarcó. También cuestionó los criterios de segmentación que analiza el Ejecutivo nacional al señalar que muchos jubilados y sectores medios podrían quedar afuera del beneficio pese a sus dificultades económicas.

Sin embargo, la principal nota política de la jornada estuvo en las sillas vacías de La Libertad Avanza. El presidente del bloque libertario y representante del espacio en la comisión, Rolando Demaio, pegó el faltazo y no asistió al tratamiento del expediente. Tampoco concurrió otro edil libertario en su reemplazo, por lo que el espacio directamente no participó del debate.

La ausencia fue cuestionada por distintos concejales durante la reunión. “No dan la cara, ni siquiera vinieron a dar el debate sobre un tema que impacta en miles de hogares marplatenses”, lanzó Cheppi.

El referente del Frente Renovador también puso el foco en la situación energética de la ciudad y recordó que todavía existen problemas estructurales vinculados al acceso al gas. “Estamos hablando de una ciudad donde el invierno pasado hubo cortes de gas en pleno julio y donde miles de familias hacen un esfuerzo enorme para calefaccionarse. No se puede pretender que encima paguen más caro el gas”, sostuvo.

En la misma línea, el edil de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro Gustavo Pulti recordó que el Concejo Deliberante ya se había pronunciado en otras oportunidades para sostener el beneficio para General Pueyrredon.

Desde Unión por la Patria, Pablo Obeid vinculó el posible recorte con el deterioro económico que atraviesan miles de familias. “Qué caro está saliendo el experimento Milei en varios órdenes. En el caso de Mar del Plata, esto va a afectar a más de 260.000 hogares”, advirtió.

El proyecto que impulsa el Gobierno nacional busca volver prácticamente al esquema original del Régimen de Zona Fría previo a la ampliación de 2021, dejando afuera a gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluida Mar del Plata.

Mientras el oficialismo nacional negocia voto por voto en Diputados, en la ciudad el rechazo político y social sigue creciendo ante el temor de que las facturas de gas sufran fuertes aumentos en pleno invierno.

Régimen de Incentivos a la Construcción: ¿motor de desarrollo o atajo para las excepciones?

El Ejecutivo municipal ya envió al Concejo un proyecto para extender por 18 meses más la ordenanza 25.113, creada durante la pandemia. La posible prórroga vuelve a abrir el debate sobre los beneficios urbanísticos y el crecimiento de las excepciones en la ciudad.

El Régimen de Incentivos a la Construcción vuelve a quedar en el centro de la discusión política y urbanística de General Pueyrredon. Con un nuevo expediente ya ingresado al Concejo Deliberante, el Ejecutivo municipal busca extender por 18 meses más la vigencia de la ordenanza 25.113, una herramienta creada en pandemia que, con el correr de los años, pasó de ser una medida excepcional a convertirse en uno de los pilares del modelo de desarrollo impulsado por la gestión de Guillermo Montenegro y ahora continuado por el interinato de Agustín Neme.

La iniciativa, que actualmente vence el próximo 14 de junio, fue diseñada en 2021 junto a la ordenanza 25.114 para sostener al sector de la construcción en medio de la crisis sanitaria. El esquema permitió ampliar indicadores urbanísticos y otorgar beneficios especiales a proyectos privados afectados por la parálisis económica de aquel momento.

Sin embargo, lo que nació como un mecanismo transitorio hoy vuelve a abrir un interrogante de fondo: ¿el Régimen de Incentivos a la Construcción se consolidó como motor de desarrollo o terminó funcionando como una vía para flexibilizar excepciones urbanísticas?

El debate no es nuevo. A lo largo de las sucesivas prórrogas, el programa habilitó incrementos promocionales para distritos de densidad alta y media contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial. En los hechos, esto derivó en mayores capacidades constructivas, cambios en alturas permitidas y una fuerte expansión de expedientes vinculados a emprendimientos privados.

Desde sectores opositores vienen señalando que el régimen terminó moldeando la planificación urbana en función de proyectos puntuales más que de un esquema integral de ciudad. Además, cuestionan que nunca se haya puesto en marcha la ordenanza 25.115, pensada como mecanismo de compensación urbanística frente a los beneficios otorgados a desarrolladores.

Mientras el empresariado inmobiliario empuja para sostener el esquema y el oficialismo busca darle continuidad hasta diciembre de 2027, el Concejo Deliberante volverá a convertirse en escenario de una pulseada que combina desarrollo, negocios y modelo urbano.

Con nuevos expedientes ingresando cada año y una ciudad que sigue creciendo bajo reglas flexibilizadas, la discusión ya excede la coyuntura económica: el foco ahora está puesto en definir qué tipo de planificación urbana quiere Mar del Plata y cuál será el límite de las excepciones.

Muro se empieza a probar el “traje de candidato” y busca diferenciarse de la “vieja política”
El concejal del PRO salió fuerte en redes tras defender los cambios a la Ordenanza 14.000 y buscó marcar diferencias con el exintendente Gustavo Pulti. En el oficialismo ya empiezan a aparecer señales de posicionamiento electoral rumbo al 2027.

La carrera hacia las elecciones ejecutivas del 2027 empezó a asomar, lentamente, en el recinto del Concejo Deliberante y también en las redes sociales, donde algunos dirigentes ya empiezan a mostrar señales de posicionamiento. Entre ellos aparece el concejal del PRO, Fernando Muro, quien comenzó a tomar medidas para calzarse el traje de candidato y exhibirse como una cara “nueva” frente a figuras históricas de la política marplatense como el edil de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti.

El debate por la modificación de la Ordenanza 14.000, impulsada por el oficialismo, terminó dejando mucho más que una discusión técnica sobre gastronomía y entretenimiento. También mostró el primer round discursivo entre quienes buscan representar una renovación y quienes cargan con años de gestión encima.

Muro fue la “voz cantante” del oficialismo durante el tratamiento del expediente en la comisión de Industria y, tras la reunión, salió a marcar posición con una fuerte publicación en X apuntando directamente contra la mirada que representa el exjefe comunal.

“Hace 20 años la realidad de la gastronomía y el entretenimiento era otra. Seguir discutiendo con reglas de esa época es impedir que Mar del Plata avance mientras el mundo cambia”, lanzó el edil amarillo, en un mensaje que en los pasillos del Palacio Municipal leyeron como una diferenciación explícita con el universo político que encarna Pulti.

El concejal del PRO profundizó además el discurso proinversión y alineado con el perfil aperturista que intenta sostener el oficialismo local. “No podemos lamentarnos por el desempleo y al mismo tiempo seguir poniendo trabas y exigencias absurdas al privado que invierte, arriesga y genera trabajo”, sostuvo.

Luego explicó que “la modificación de la Ordenanza 14.000 apunta a actualizar y ordenar una actividad que en Mar del Plata involucra a más de 700 locales, impulsa el consumo y sostiene miles de puestos de trabajo marplatenses”.

“Porque queremos seguir siendo la Ciudad del Sí: sí a más oportunidades, sí a una ciudad con movimiento todo el año y sí a seguir creciendo”, concluyó.

En ese escenario, mientras Muro intenta mostrarse como parte de una nueva generación política vinculada al discurso de modernización y flexibilización, Pulti vuelve a quedar parado del lado de la “vieja política”, asociado a debates regulatorios y a una lógica más intervencionista que el oficialismo busca confrontar.

Aunque falta para el armado fuerte de candidaturas, en el Concejo ya empiezan a aparecer movimientos, mensajes y posicionamientos que dejan entrever quiénes quieren pedir pista rumbo al 2027.

UT Chapadmalal: entre trascendidos sobre despidos y el avance hacia la privatización del complejo

Tras la difusión de resoluciones internas que dispondrían el pase a disponibilidad de la planta permanente y la baja de contratados, gremios estatales denuncian un inminente vaciamiento de la Unidad Turística Chapadmalal. Desde el Ejecutivo nacional ratifican la intención de concesionar el predio al sector privado, aunque aún no se oficializaron los pliegos de licitación.

La emblemática Unidad Turística Chapadmalal se encuentra en el centro de un creciente conflicto político y gremial tras conocerse medidas administrativas que, según denuncias sindicales, representarían la antesala del cese definitivo de actividades para la totalidad de su personal. De acuerdo con trascendidos y documentos internos que comenzaron a circular en las últimas horas, la Jefatura de Gabinete de la Nación habría determinado el pase a disponibilidad de los trabajadores de planta permanente y la no renovación de los contratos vigentes, una decisión que afectaría a un total de 58 empleados que actualmente realizan tareas de mantenimiento y custodia en el complejo costero.

La medida, que según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sería notificada formalmente en los próximos días, se enmarca en los planes del Gobierno nacional de avanzar hacia la privatización o concesión de los históricos hoteles de turismo social. Si bien las resoluciones administrativas llevarían la firma del secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, Federico Sicilia, el esquema se habría activado a partir de una solicitud de la Secretaría de Turismo y Ambiente, conducida por Daniel Scioli, orientada a la reestructuración del área mediante la supresión organizativa tanto de Chapadmalal como de su contraparte cordobesa, la Unidad Turística Embalse.

De confirmarse el alcance de la normativa en el Boletín Oficial, el personal de planta permanente ingresaría en la situación de disponibilidad que prevé la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Este mecanismo legal establece que los agentes afectados por reestructuraciones del Estado disponen de un plazo de entre seis y doce meses —según su antigüedad— para ser reubicados en otras dependencias. Cumplido ese período sin una asignación de funciones, la desvinculación de la Administración Pública Nacional se torna automática, abriendo el derecho al cobro de las indemnizaciones correspondientes. En paralelo, los representantes gremiales advierten que los trabajadores bajo régimen de contratación anual podrían ver interrumpidas sus prestaciones de manera anticipada.

Desde la perspectiva sindical, la medida es interpretada como un paso irreversible hacia el desmantelamiento operativo del predio. Desde ATE Mar del Plata manifestaron su preocupación al señalar que, en experiencias previas de reestructuración ministerial, los pases a disponibilidad funcionaron en la práctica como despidos encubiertos, debido a las restricciones existentes en otros organismos nacionales para absorber dicho personal. Ante este panorama, los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa y a asambleas de urgencia dentro del propio complejo para definir las medidas de fuerza y las acciones legales a seguir.

Por su parte, el Gobierno nacional ha mantenido una postura firme respecto al rumbo estratégico que pretende imprimirle a los complejos turísticos estatales. En recientes informes presentados ante el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la iniciativa de entregar las instalaciones en concesión a firmas privadas por un plazo proyectado de 30 años. Desde el Ejecutivo argumentan que el esquema de gestión privada permitirá atraer inversiones indispensables para la restauración estructural del predio, elevar los estándares de calidad de los servicios y revertir el déficit fiscal que generaba el sostenimiento estatal de los hoteles tras su cierre operativo inicial en 2025.

A pesar de la claridad en el rumbo político trazado por la administración central, las autoridades admiten que el proceso aún se encuentra en una etapa de evaluación técnica y legal, por lo que todavía no se han publicado los pliegos definitivos ni se ha iniciado la correspondiente licitación pública. La falta de definiciones normativas precisas mantiene la situación en un terreno de fuerte incertidumbre, donde coexisten las expectativas oficiales de una modernización integral del espacio con el rechazo de sectores gremiales y políticos locales, quienes alertan sobre la pérdida de los puestos de trabajo y el cese definitivo de las políticas de turismo social en la región.

Los gremios portuarios advierten que las medidas de Milei amenazan el corazón económico de Mar del Plata

En una masiva muestra de unidad en la sede de la CGT, el arco sindical portuario denunció que el intento oficial de traspasar cuotas de captura a los buques congeladores busca concentrar el negocio en holdings extranjeros. Alertan por la pérdida masiva de empleo en tierra, la quita de personal de seguridad en los barcos y la falta absoluta de interlocución con el Gobierno Nacional.

La sede de la CGT Regional Mar del Plata se convirtió en el escenario de un potente reclamo de advertencia de supervivencia comunitaria. Con una mesa que sentó a la totalidad de las organizaciones sindicales del sector marítimo y portuario, la dirigencia gremial trazó un diagnóstico alarmante sobre el impacto de las políticas desregulatorias del Gobierno Nacional de Javier Milei. El eje del conflicto se desplaza de la fallida discusión legislativa de la Ley Bases hacia los despachos del Consejo Federal Pesquero, donde los sindicatos denuncian un intento silencioso pero letal: el traspaso de las cuotas de captura desde la flota fresquera —la que descarga en los muelles locales y dinamiza el trabajo en las plantas de fileteado— hacia los grandes buques congeladores que procesan en alta mar.

“Van a destruir la industria pesquera”

El encargado de abrir el fuego político fue José Luis Rocha, secretario general de la CGT Regional, quien desarmó cualquier intento de sectorizar el conflicto. “Lo que están haciendo desde el Gobierno Nacional con cada una de las medidas es en contra de los y las trabajadoras, en contra de la industria. Acá no van a afectar solamente a los marineros, a los compañeros de SOIP, a los estibadores; acá el gobierno está atentando contra la actividad portuaria de nuestra ciudad”, disparó el dirigente, poniendo sobre la mesa la magnitud del daño proyectado para la matriz productiva local. Para Rocha, el cálculo es matemático y brutal: “Si a nosotros nos dejan sin actividad portuaria, nos están sacando el 30% de la economía o más de nuestra ciudad. Si el gobierno lleva adelante las medidas que está tomando, no vamos a tener ni lanchitas amarillas para ir a sacarnos fotos al puerto. Van a destruir la industria pesquera”.

“Buscan rifar la pesca, quedarse con la cuota y traspasarla a las multinacionales”

La mecánica de esta reconfiguración pesquera que impulsa el Ejecutivo nacional fue detallada por Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE). Según el referente marítimo, los planes de desregulación que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, no logró plasmar en la ley original ahora intentan filtrarse por vías administrativas y de control. “El proyecto de traspaso de cuota de los pesqueros a los congeladores todavía sigue vivo, está arriba de la mesa, está paralizado”. En este marco, indicó que al no lograr su objetivo por medio de la Ley Bases, el avance “viene por el Consejo Federal Pesquero”, y subrayó: “nos va a afectar a la pesca en su conjunto, a la actividad fresquera en particular, que es de lo que vive Mar del Plata”.

Al ser consultado sobre el trasfondo de estas decisiones sobre una industria que genera más de 2.000 millones de dólares en exportaciones, el titular del SIMAPE no dudó en calificar la estrategia como “netamente política: es concentrar la pesca en pocos para después rifarla, quedarse con la cuota y traspasarla a las multinacionales”. Además, Trueba dejó en evidencia un cambio de época institucional que agrava la incertidumbre: “Todo es grave porque nadie nos escucha. Antes tenías un canal de diálogo, tenías un problema de estos y llegabas a la Nación, pero hoy no tenés a nadie, no tenés un interlocutor válido”.

“Si se cae el puerto, nos caemos todos”

El impacto social de este modelo de exclusión extractiva encuentra su correlato más dramático en la tierra y en el esquema de estiba. Carlos Mezzamico, secretario general del Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA), apeló a la memoria histórica del puerto local para ilustrar el peligro de extinción que corre la flota menor. “¿Cuántas lanchitas teníamos? Arriba de 200, quedan 15. Con el sector fresquero va a pasar exactamente lo mismo, porque es transferencia de permisos de pesca para los barcos mayores”, alertó Mezzamico, describiendo un proceso de concentración que dejaría los muelles marplatenses vacíos de operaciones manuales.

El líder de los estibadores remarcó que la desaparición de la flota fresquera es un golpe directo al corazón de una ciudad estructuralmente castigada por la falta de empleo. “Si pasa eso, Mar del Plata ya es un caos. Ya es la ciudad con el principal índice de desocupación. Si se cae el puerto, nos caemos todos. Entonces acá no solo tenemos que estar los gremios, tiene que estar la comunidad entera peleando por esto. Es un gobierno al que no le interesa el trabajo, le interesa la producción y va por los negocios, se sienta con los grandes capitales”. Respecto a la falta de respuestas oficiales, Mezzamico fue categórico sobre los pasos a seguir: “No nos queda nada. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que nos reciban, de una manera o de otra”.

“Sería la muerte del trabajos en tierra”

Esa "muerte" operativa de la que hablan los gremios del agua repercute de inmediato en los miles de puestos de trabajo de las plantas de procesamiento en tierra, un eslabón clave dominado por el empleo femenino y el comercio de cercanía de la zona portuaria. Marcela Ibarola, secretaria gremial del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), describió un escenario que ya arrastra un fuerte deterioro previo pero que asoma al abismo definitivo. “Nosotros venimos padeciendo hace mucho tiempo la crisis del sector: pérdida de puestos de trabajo, empresas que cierran. Esto sería el desenlace final, o sea, la muerte total del trabajador en tierra, que es una economía que queda dentro de la ciudad, que hace la rueda para que los comercios funcionen”, advirtió la dirigente. Según los registros del SOIP, la sangría laboral no es una hipótesis a futuro, sino una realidad cuantificable: “En los últimos tres años se han perdido entre 600 y 700 puestos de trabajo de trabajadores efectivos. El resto son trabajadores precarizados, que son la mayoría. Hoy la zona del puerto es una desidia, muchos comercios ya cerraron”.

“No vamos a permitir que conviertan al mar en un cementerio”

El panorama de conflictividad sumó un elemento aún más sensible: la seguridad de las tripulaciones. Cristian Guillén, delegado del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca, denunció que las políticas de reducción de costos que promueve el oficialismo nacional avanzan sobre las normativas de seguridad a bordo, intentando recortar las dotaciones obligatorias de guardia en los buques. “Los embates del gobierno no son solamente contra la industria, están siendo sobre la soberanía; quieren entregar el recurso a un holding extranjero de dos o tres grandes monopolios. Pero también se están metiendo con la seguridad de los embarcados. Quieren derogar personal fundamental de guardia de los buques”, denunció con vehemencia. Guillén ligó esta flexibilización con el riesgo de vida en el mar de manera directa: “Atrás de cada compañero que sale a navegar hay una familia que queda esperando, y no vamos a permitir que un gobierno que viene a avasallarnos convierta al mar en un cementerio. De una manera u otra, no van a pasar”. En su cierre, el delegado sintetizó el reclamo de unidad regional frente a lo que consideran un industricidio planificado: “Hoy nos mostramos todos juntos. Mar del Plata es pesca: no tenemos turismo, no tenemos tejido y si nos quedamos sin pesca, nos quedamos sin nada”.

Incentivos sí, regulación no: siguen sin aparecer las compensaciones urbanísticas

El Ejecutivo envió un proyecto para extender por 18 meses una de las ordenanzas del Régimen de Incentivos a la Construcción, mientras sigue sin aparecer la regulación definitiva sobre compensaciones urbanísticas.

Mientras el Ejecutivo busca volver a prorrogar una de las ordenanzas clave del Régimen de Incentivos a la Construcción, en el Concejo Deliberante sigue sin aparecer una definición de fondo sobre las compensaciones urbanísticas, un tema que lleva más de cuatro años dando vueltas entre anuncios, prórrogas y silencios oficiales.

El gobierno municipal elevó un proyecto para extender por otros 18 meses la vigencia de la Ordenanza 25.113, una de las herramientas centrales del esquema de incentivos urbanísticos impulsado por la Comuna. Sin embargo, el intento de sostener el régimen vuelve a poner sobre la mesa una discusión que sigue sin resolverse: cómo se calculan, controlan y transparentan las contraprestaciones que realizan los privados a cambio de excepciones urbanísticas.

La situación no es menor. A pesar de que en 2021 se aprobó la creación de una Comisión Especial de Compensaciones Urbanísticas que debía elaborar un marco regulatorio definitivo, el expediente continúa atrapado entre prórrogas y demoras. Y mientras tanto, los pedidos de modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial (COT) siguen llegando al Concejo con convenios y acuerdos particulares que se analizan expediente por expediente.

El último plazo para presentar el anteproyecto venció el 10 de febrero pasado, luego de una extensión de 180 días aprobada por el oficialismo y sus aliados. La fecha, además, coincidió con el feriado por el aniversario de Mar del Plata. Desde entonces, no hubo novedades sobre la entrega del texto, ni señales de una nueva convocatoria de la comisión, ni certezas sobre si habrá otra prórroga. En los pasillos del oficialismo la explicación es tan breve como repetida: “No hay novedades de arriba”.

La falta de definiciones alimenta cuestionamientos sobre el funcionamiento del esquema actual. Sin una normativa general que establezca criterios claros para calcular las compensaciones urbanísticas, cada expediente termina negociándose de manera individual, un mecanismo que desde distintos sectores observan con recelo por la discrecionalidad que puede generar.

El escenario deja abierto otro interrogante político: si el oficialismo avanzará nuevamente con una extensión de plazos para evitar que caiga la discusión de fondo o si finalmente aparecerá el esperado anteproyecto que lleva más de cuatro años de demora. Por ahora, las compensaciones urbanísticas siguen siendo una deuda pendiente en el Concejo Deliberante, aunque los expedientes y las excepciones nunca dejaron de avanzar.

Entre aulas inundadas y memorándums: se realizará una audiencia por la educación municipal

El encuentro será el próximo martes 26 de mayo, a las 11, en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense. El STM denunció problemas edilicios, riesgos laborales y cuestionó la polémica disposición firmada por Fernando Rizzi.

El conflicto en torno a las condiciones operativas y laborales del Sistema Educativo Municipal de General Pueyrredon sumará un nuevo capítulo el próximo martes 26 de mayo, cuando se realice una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro fue convocado tras la presentación impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que solicitó la intervención de la cartera laboral frente a la “crítica situación” que atraviesan las escuelas comunales.

La audiencia está prevista para las 11 y reunirá a representantes del STM con autoridades de la Secretaría de Educación municipal, conducida por el radical Fernando Rizzi. Según planteó el gremio, el reclamo incluye denuncias por graves deficiencias edilicias, problemas vinculados al servicio alimentario escolar y condiciones laborales que afectan tanto a docentes como a auxiliares.

Desde el sindicato adelantaron además que, una vez finalizado el encuentro, brindarán detalles sobre el desarrollo de la audiencia, las respuestas obtenidas por parte del área educativa y las posibles medidas a impulsar “para garantizar condiciones laborales seguras y una educación pública municipal digna y de calidad”.

El detonante que aceleró la presentación ante el Ministerio fue la reciente emisión del Memorándum N° 5/2026 de la Secretaría de Educación. La disposición ratificó que, aun ante suspensiones de clases por alertas meteorológicas o sanitarias, el personal directivo, docente, administrativo y auxiliar debe asistir obligatoriamente a los establecimientos para garantizar el cuidado de los edificios y coordinar tareas de limpieza.

La medida desató una fuerte polémica política y gremial. Desde el STM sostuvieron que la resolución resulta “arbitraria” y advirtieron que vulnera el marco de protección laboral vigente, además de romper la simetría con las normativas aplicadas en las escuelas provinciales y privadas bajo el Decreto Provincial N° 2299/11.

En la presentación elevada al Ejecutivo municipal, el gremio remarcó que el Municipio tiene el deber de “minimizar los riesgos latentes en pos de proteger la integridad física del trabajador, alumnos y personal docente y no docente”. Además, cuestionaron la contradicción entre el memorándum y las propias recomendaciones oficiales emitidas durante los últimos temporales.

“Resulta llamativo que el Memo de referencia se publique después que, a raíz del alerta meteorológico del 8 de mayo desde la Dirección General de Escuelas, el Intendente de Gral. Pueyrredón y Defensa Civil pidieron expresamente evitar la circulación por la vía pública en vista de los riesgos existentes”, señalaron desde el sindicato.

Más allá de la discusión por la presencialidad en jornadas de emergencia climática, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa el deterioro estructural de las escuelas municipales. El relevamiento técnico presentado por el STM describe un escenario de fuerte vulnerabilidad edilicia y advierte sobre reiteradas suspensiones de clases por problemas de infraestructura.

“El deterioro en los edificios escolares es grave y produce en reiteradas ocasiones la suspensión de clases o la anulación de salones para su uso porque se llueven, se caen trozos de mampostería o tienen paredes electrificadas”, denunciaron desde la conducción gremial.

El próximo martes, en la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense, ambas partes volverán a verse las caras en un conflicto que ya escaló del plano administrativo al político y sindical, y que mantiene bajo tensión al sistema educativo municipal de General Pueyrredon.

Debate por Zona Fría: desde LLA salieron a defender y a explicar la reforma

La Libertad Avanza en Mar del Plata difundió un comunicado para dar a conocer y respaldar la reforma al régimen. Aseguraron que el nuevo esquema busca focalizar subsidios y “cuidar los recursos del Estado”.

Luego de la media sanción del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría, desde La Libertad Avanza en Mar del Plata difundieron una gacetilla en la que salieron a explicar y defender los cambios propuestos al esquema de subsidios energéticos, en medio de críticas de distintos sectores políticos y sociales.

En el documento, los libertarios señalaron que la reforma apunta a corregir lo que consideran un sistema “regresivo, deficitario e injusto”, al sostener que el actual esquema “no es sustentable” porque se financia con aportes de todos los usuarios del país y, en parte, con recursos del Tesoro nacional.

En ese sentido, remarcaron que el proyecto prevé que “dejarán de recibir el subsidio de Zona Fría más de 1.69 millones de hogares de la zona fría ampliada con ingresos de más de 4.1 millones de pesos”, mientras que “seguimos brindando el subsidio a más de 1.8 millones de hogares de esa zona, que necesitan subsidios del Estado”, destacando la focalización del beneficio.

Asimismo, explicaron que en la Zona Fría original el subsidio “se aplicará sobre lo que realmente consumen los usuarios, y no sobre toda la factura”, con el objetivo de evitar distorsiones en la estructura tarifaria y orientar la ayuda estatal al consumo efectivo.

Desde La Libertad Avanza también plantearon que el esquema vigente genera un impacto cruzado en otros usuarios del país, al afirmar que “esto significa cargar a los usuarios de menores recursos con más impuestos para financiar un subsidio a personas con capacidad de pago”, en línea con el argumento central del proyecto oficial.

DECLARACIONES

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Ante una convocatoria de más de 300 personas, el senador nacional de la UCR exhibió un fuerte músculo político rodeado de referentes radicales, del PRO y diversos sectores de la comunidad. Con duras críticas al kicillofismo, el legislador propuso reformas estructurales e institucionales para transformar la Provincia de Buenos Aires.

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