24 de abril de 2026
CRECE LA POLÉMICA
Caso Camioneros: un exdirector de ARCA denunció presiones de la cúpula para "blindar" a Moyano
Manuel Rodríguez, exjefe de la Regional Mar del Plata con 35 años de trayectoria en el organismo, se presentó ante la Justicia Federal para denunciar un esquema de coacciones y desplazamientos sistemáticos. Según el escrito, las autoridades nacionales de la agencia recaudadora habrían ordenado frenar las fiscalizaciones sobre los proveedores apócrifos del sindicato para evitar un conflicto político con el gremio.
La controversia en torno a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la investigación de un fraude millonario en el Sindicato de Camioneros ha escalado al plano penal. Tras el desplazamiento de los cuadros técnicos que lideraban las inspecciones en Mar del Plata, el contador Manuel Rodríguez —quien ocupó los cargos de director regional y asesor mayor del organismo— radicó una denuncia ante la Fiscalía Federal General para exponer lo que describe como una maniobra deliberada de la conducción nacional para obstaculizar el avance de las causas por evasión fiscal que salpican a la estructura de Hugo Moyano.
El eje de la denuncia apunta a una serie de órdenes directas y amenazas que habrían emanado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Rodríguez identifica al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana, como el responsable de impartir instrucciones telefónicas para detener la pesquisa sobre el Hotel 15 de Diciembre. De acuerdo con el testimonio judicial, ante la negativa de los funcionarios locales de convalidar una orden que consideraban ilegal, se activó una purga administrativa que alcanzó a media docena de jefes de área en menos de siete meses, incluyendo a los recientemente desplazados Gustavo Capdeville y Diego González.
El relato de Rodríguez aporta detalles sobre la metodología de las presiones. El denunciante sostiene que el actual titular de la Regional, Pablo Catracchia, habría advertido explícitamente a los inspectores sobre las consecuencias de avanzar con la descarga de las fiscalizaciones en el sistema. Esta situación, enmarcada en presuntos delitos de coacción, abuso de autoridad y encubrimiento, tendría un trasfondo de conveniencia política: evitar tensiones con el gremio de Camioneros en un contexto de negociaciones paritarias, bajo la premisa de que la administración central "no quiere problemas" con el sector de Moyano.
Frente a estas acusaciones, la conducción de ARCA ha intentado encuadrar los movimientos de personal dentro de una reestructuración habitual basada en criterios de mérito y oportunidad. Desde el organismo argumentan que la fiscalización sobre el sindicato no corresponde a la jurisdicción de Mar del Plata, sino a la Subdirección de Operaciones Impositivas Metropolitanas, y que la mayoría de los proveedores bajo sospecha ya han sido incluidos en la base de contribuyentes no confiables. No obstante, la denuncia de Rodríguez aclara que lo que se investigaba en la ciudad no era al gremio de forma directa, sino a la red de proveedores apócrifos que operaban localmente, una tarea que sí compete a la regional bonaerense.
El impacto económico de la maniobra refuerza la gravedad del planteo judicial. La facturación fraudulenta detectada superaría los 13.000 millones de pesos, lo que representa una evasión estimada en 4.550 millones de pesos solo en concepto de Impuesto a las Ganancias. En su escrito, Rodríguez enfatiza que, lejos de ser un conflicto "entre privados" como sugiere la defensa oficial del organismo, se trata de un perjuicio directo a las arcas del Estado. El denunciante, que tras su desplazamiento fue enviado al área de Capacitación, solicitó que la Justicia investigue si estos relevos de funcionarios con puntajes de excelencia técnica constituyen un mecanismo de impunidad para proteger los intereses financieros del sindicato.