23 de abril de 2026
CLIMA CALIENTE
"No es burocracia, es corrupción": la rebelión de los afiliados contra la cúpula de IOMA
Tras el paso de Homero Giles por Mar del Plata, la tensión con los afiliados autoconvocados alcanzó un punto de no retorno. Lejos de la retórica oficial que habla de "trámites demorados", los beneficiarios denuncian una estructura de abandono que trasciende lo burocrático para instalarse en el terreno de la corrupción y la responsabilidad penal del gobierno bonaerense.
El conflicto que mantiene en vilo a los afiliados de IOMA en Mar del Plata ha dejado de ser una simple puja por prestaciones médicas para transformarse en una descarnada batalla por el sentido de la gestión pública. Tras la reciente y accidentada visita del presidente del organismo, Homero Giles, a la ciudad, la respuesta de los beneficiarios no se limitó a una réplica administrativa, sino que escaló hacia una impugnación moral y política de todo el sistema sanitario provincial. Para quienes hoy exigen respuestas en las calles, lo que sucede en la obra social no es el resultado de una crisis económica o de la impericia de un empleado de mostrador; es, por el contrario, un mecanismo de gestión que ha naturalizado el sufrimiento como herramienta de ahorro fiscal.
El posicionamiento de los autoconvocados marplatenses es tajante: IOMA no está fallando por error, sino que está decidiendo por diseño. Esta distinción no es menor en términos políticos. Al sostener que el sistema funciona exactamente como fue pensado, los afiliados desplazan el eje del debate desde la "ineficiencia" hacia la "intencionalidad". Denuncian que la demora de un año para una videoendoscopía o la interrupción de un tratamiento oncológico no son baches en la cadena de suministros, sino sentencias dictadas desde los despachos de La Plata. En este esquema, la prevención desaparece y el diagnóstico temprano se convierte en una quimera burocrática que llega, la mayoría de las veces, cuando el daño ya es irreversible.
La irritación social en Mar del Plata se ha visto alimentada por lo que los afiliados perciben como una burla a sus necesidades básicas. Mientras las clínicas locales cierran convenios y los insumos más elementales escasean, la gestión de Giles es señalada por priorizar una agenda de "bienestar militante" —talleres, actividades recreativas y la contratación de figuras sin formación técnica— por sobre la urgencia médica. Esta asimetría en el gasto no solo profundiza el malestar, sino que fundamenta la acusación de malversación de caudales públicos que ya camina por los tribunales. Para los denunciantes, no hay mayor prueba de corrupción que ver cómo los fondos que deberían garantizar una cirugía se diluyen en estructuras de adoctrinamiento o en la proliferación de policonsultorios de dudosa transparencia.
El escenario actual posiciona a Mar del Plata como el epicentro de una resistencia que ya no espera nada de la Defensoría del Pueblo bonaerense ni de los organismos de control tradicionales, a los que consideran cooptados por la lealtad partidaria. La decisión de llevar el conflicto al plano penal, apuntando directamente contra el gobernador Axel Kicillof y Homero Giles bajo figuras como la asociación ilícita, marca un quiebre definitivo. Los afiliados han dejado de verse como pacientes en espera para reconocerse como víctimas de un sistema que, bajo el rótulo de la burocracia, oculta una profunda desatención que, en sus casos más extremos, termina costando vidas. La política sanitaria de la provincia se enfrenta así a su crisis más severa: la de haber perdido la confianza de quienes, mes a mes, sostienen el sistema con sus aportes.