La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
El pliego de transporte volvió al HCD, se adjudicó Playa Redonda a una empresa vinculada a un condenado por corrupción, se realizó la segunda sesión ordinaria del Concejo, desalojaron La Saladita y se demarcó Playa Paradise, entre lo más importante de la semana.
Pliego de transporte: la comisión definió cronograma y metodología de trabajo
La comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante retomó este lunes el tratamiento del pliego que definirá el futuro del transporte público en Mar del Plata, y finalmente volvió el debate sobre el expediente que había quedado pendiente desde 2025. Tras intensos cruces, finalmente se decidió que los concejales tendrán un plazo de 15 días para presentar preguntas por escrito al Ejecutivo, y que un funcionario designado vendrá a la comisión para responderlas. Posteriormente, se convocará a distintos actores —como gremios, sociedades de fomento, usuarios y especialistas— para exponer y aportar al debate.
El presidente de la comisión, Guido García, recordó que “el expediente se comenzó a tratar el 7 de noviembre de 2025” y destacó que “es un expediente muy voluminoso y sabemos que el contexto que estamos empezando a debatir este pliego está presionando”. Señaló además que la situación crítica se aceleró por “la guerra en Medio Oriente y el aumento del combustible”, que repercute no solo en la ciudad sino “a nivel nacional”. Durante la reunión surgieron cruces sobre la metodología. El concejal de Unión por la Patria, Pablo Obeid, propuso armar una comisión especial "para que participen todos los concejales” y evitar “el cuarto fracaso” en la aprobación del pliego. La propuesta no logró consenso.
Mientras que la edil de UCR-Nuevos Aires, Vilma Baragiola, respondió: “El lugar que debe tratarse es esta comisión. Todos los bloques están representados aquí”. Y agregó que: “En 20 años la mayoría de nosotros no va a estar” y señaló que por eso es necesario hacer “el mejor pliego”. Por su parte, el presidente del bloque de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Horacio Taccone, destacó que “para poder resolver problemas los tenemos que asumir” y criticó que “el transporte público está funcionando mal”. Diego García (Unión por la Patria) señaló que “los usuarios no utilizan el servicio porque es caro y malo” y que “no se pueden pensar recorridos sin infraestructura urbana adecuada”. Noelia Álvarez Ríos (La Libertad Avanza), usuaria frecuente del transporte, planteó que “hay que mirarlo con la mirada de los usuarios”. Marcelo Cardoso (PRO) bromeó: “Quiero vivir 20 años más. Nos quiere matar a todos”, en referencia a las proyecciones a 2050 de Baragiola. “No nos podemos permitir un debate cerrado. Debemos incorporar distintas miradas”, agregó el edil amarillo.
Los cruces continuaron sobre la participación de funcionarios: Taccone había propuesto citarlosdirectamente para despejar dudas, pero desde el oficialismo se decidió que primero se presenten todas las preguntas por escrito. Ricardo Liceaga Viñas (UCR) sostuvo: “No tiene sentido que los funcionarios lleguen si no tenemos las respuestas a las preguntas”. Finalmente, se acordó que una vez respondidas las inquietudes por escrito, el funcionario designado del Ejecutivo explicará los detalles del pliego. Luego se convocará a otros sectores para exponer y aportar a la discusión.
Playa Redonda: quedó en manos de una firma vinculada a un condenado por corrupción
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) adjudicó la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda a la empresa Santiago de Compostela 1943 S.A., vinculada al publicista necochense Roberto Fiocca, condenado en la megacausa del Astillero Río Santiago. La concesión tendrá una duración de 20 años, con opción a prórroga de hasta seis años, y la firma se comprometió a invertir más de $2.500 millones en obras e infraestructura. El proceso licitatorio atravesó un primer llamado fallido, en el que las ofertas fueron desestimadas, y un segundo llamado donde compitieron nuevamente dos empresas. Santiago de Compostela 1943 S.A. se impuso con 84 puntos frente a 77 de su competidora. Como parte del acuerdo, el canon anual de $90 millones no se cobrará durante los primeros 24 meses, período durante el cual se desarrollarán las obras previstas en el pliego. Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 14,7 de la ruta 11, tiene 45.510 metros cuadrados y un sector apto para baño. El pliego permite actividades comerciales de distinto tipo, siempre que cumplan con criterios de innovación y calidad, y prohíbe expresamente locales bailables, recitales y grandes construcciones hoteleras.
Fiocca, quien presidía la firma hasta 2024, pasó el mando a su esposa, Liliana Yolanda Albano, y mantiene vínculos históricos con la política provincial y el peronismo bonaerense. Su condena se remonta a un desvío de más de 16 millones de pesos de fondos públicos mediante contratos falsos y sueldos irregulares en el Astillero Río Santiago, investigación que comenzó por una denuncia vecinal en Coronel Pringles. Con esta adjudicación, Playa Redonda se convierte en una de las últimas UTF de Chapadmalal bajo explotación comercial privada, generando expectativas sobre el impacto de la inversión prometida y cuestionamientos por la figura del empresario detrás de la firma.
Allanaron la feria de la Bristol y Montenegro se adjudicó el operativo
Un operativo de control se realizó este miércoles por la mañana en la feria de la Rambla de Mar del Plata, conocida como “la saladita” de la Bristol, donde se allanaron más de 70 puestos y se secuestró mercadería en el marco de una causa por presuntas infracciones a la ley de marcas. Durante el procedimiento, se incautaron bolsones con distintos productos, en su mayoría indumentaria, y se desplegó un importante operativo en una de las zonas de mayor circulación turística de la ciudad. Horas después, el actual senador provincial e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, se refirió al tema en redes sociales y se adjudicó el resultado del operativo.
A través de su cuenta de X, el dirigente vinculó los allanamientos con la denuncia penal que presentaron, destacando el avance sobre la venta ilegal y la comercialización de productos falsificados.
El mensaje fue interpretado como un intento de capitalizar políticamente el procedimiento, en un contexto donde la problemática de la venta informal en espacios públicos continúa sin una solución de fondo. La feria de la Bristol funciona desde hace años en ese sector de la rambla y concentra a decenas de vendedores, siendo uno de los puntos más visibles del comercio informal en la ciudad.
Por el momento, no se informaron sanciones concretas contra los feriantes ni medidas adicionales tras los allanamientos, mientras el episodio vuelve a poner en agenda el debate sobre el uso y la regulación del espacio público en Mar del Plata.
La Justicia frenó el avance del shopping Plaza Rumencó y dejó expuesto al Municipio
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Marcelo Fernández, dictó una medida cautelar que ordena frenar “cualquier tipo de intervención material” en el predio de avenida Jorge Newbery 5035, donde se proyecta el shopping Plaza Rumencó. La resolución exige que la empresa Molas y Asociados Fiduciaria SA se abstenga de avanzar con trabajos y que el Municipio garantice el cese inmediato de las actividades en el lugar.
El fallo no solo responde a un planteo de vecinos por movimientos de suelo y deforestación, sino que deja al descubierto una situación incómoda para el gobierno local, ya que el proyecto avanzaba sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito obligatorio según la Ley 11.723 para cualquier emprendimiento con potencial impacto ambiental.
En su resolución, el juez fue claro al señalar que permitir la continuidad de las tareas en estas condiciones resulta incompatible con el principio de prevención ambiental. Advirtió además que las intervenciones denunciadas podrían generar un daño “actual o inminente”, con consecuencias de difícil o imposible recomposición, lo que justifica una intervención urgente de la Justicia.
Desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informaron que el estudio de impacto ambiental fue presentado en noviembre del año pasado y que el proceso administrativo para la obtención de la DIA sigue en curso. Sin embargo, ese argumento no alcanzó para convalidar el inicio de las obras, lo que abre interrogantes sobre los controles y la supervisión del propio Municipio.
El conflicto también tiene su derivación política en el Concejo Deliberante, donde el expediente enviado por el Ejecutivo aún no comenzó a tratarse. La falta de definiciones legislativas y los avances en el terreno ahora cuestionados por la Justicia profundizan las dudas sobre el manejo del proyecto y exponen tensiones entre desarrollo urbano, intereses privados y regulación estatal.
Con la obra frenada y bajo la lupa judicial, el futuro del shopping Plaza Rumencó queda atado no solo a la resolución ambiental pendiente, sino también al costo político que empieza a escalar para la gestión local en un tema sensible para vecinos y ambientalistas.
Chicanas y fracturas: IOMA y Mogotes marcaron el pulso de la sesión
El recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon se transformó este jueves en un escenario de catarsis política donde la gestión local y la provincial midieron fuerzas a través de expedientes que, aunque administrativos en los papeles, funcionaron como proyectiles ideológicos. La jornada estuvo marcada por dos ejes sensibles: el colapso prestacional de IOMA y el conflicto por la administración del Complejo Punta Mogotes. Sin embargo, lo que debió ser un debate de soluciones derivó en un festival de "caranchismo político", término utilizado por el oficialismo para describir la postura opositora, y en una exposición descarnada de la fractura que hoy divide al peronismo marplatense.
El primer round se libró en torno a IOMA. Desde la Coalición Cívica, el diagnóstico fue lapidario al calificar a los afiliados como "rehenes de un sistema que no les ofrece la cobertura que ellos abonan mes a mes". La denuncia sobre la "compulsividad" de la obra social y su derrotero judicial —que genera un "costo doble para el Estado" entre honorarios y prestaciones tardías— fue el puntal para exigir informes y la presencia de la titular regional, Celeste Lazo. La respuesta de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF), alineada con el gobernador Axel Kicillof, intentó diluir la responsabilidad provincial integrando el conflicto a la crisis macroeconómica nacional. "La salud está en jaque" , argumentaron, cuestionando la "mirada corta" de limitar la discusión a Mar del Plata cuando, según su visión, el modelo económico impacta directamente en la atención de los vecinos.
Fue en este punto donde la interna peronista mostró sus primeras grietas. Mientras AM-MDF buscaba "poner el cuerpo en comisión" para hablar de PAMI, la ley de discapacidad y el plan remediar, sus supuestos aliados de Unión por la Patria (UP) les soltaron la mano. La Cámpora, a través de sus concejales, rechazó la moción de sus socios kicillofistas argumentando que era mejor tratar los temas en las comisiones que los camporistas mismos presiden. Al final, los proyectos de resolución y comunicación que expresaban preocupación y pedían informes sobre IOMA fueron aprobados por mayoría oficialista, con el voto negativo de todo el arco opositor, incluido el sector que responde a Kicillof, que quedó atrapado en una defensa dialéctica de la Provincia que no encontró eco en sus pares peronistas. El debate por Punta Mogotes elevó la temperatura y las bajezas retóricas. La Unión Cívica Radical + Nuevos Aires (UCR+NA) defendió la decisión del intendente, en uso de licencia, Guillermo Montenegro de judicializar el reclamo para recuperar la administración del complejo, tras 34 años de un centralismo provincial que "lacera la autonomía municipal". El PRO justificó el camino de los tribunales alegando que el diálogo con La Plata es una vía muerta: "Hace tres años preguntamos cuánto debe el municipio y la respuesta todavía la seguimos esperando". Por su parte, el kicillofismo local, en la voz de AM-MDF, reveló una gestión paralela fallida, mencionando "WhatsApps sin respuestas" del ministro Carlos Bianco al intendente interino Agustín Neme. "A nadie se le pueden caer los anillos por conversar" , dispararon, calificando la negativa al diálogo como una actitud "infantil e inmadura" propia de un "nenito de tres o cuatro años caprichoso".
La réplica de UP volvió a exponer la desconfianza interna de la oposición. El bloque camporista cuestionó la estrategia de AM-MDF de pedir diálogo vía proyecto legislativo: "Es medio raro pedir el diálogo a través de un proyecto del Concejo y pensar que eso va a suceder". Esta desunión dejó al sector alineado con el gobernador en una soledad política absoluta. El cierre de la sesión estuvo dominado por el "toqueteo" y la chicana personal. Desde la UCR+Nuevos Aires, se acusó a AM–MDF de "proyectar" y de "negar la única verdad de la realidad" para no hacerse cargo de votar en contra de la autonomía municipal. La respuesta del sector kicillofista fue una estocada a la coherencia del interbloque oficialista: "Mejor no revisemos mucho porque andamos abajo de los calzones de Milei en el Senado, abajo de los calzones de Montenegro en Mar del Plata y cuando lleguen las elecciones nos ponemos otra camiseta". Ante tal nivel de virulencia, el Frente Renovador (FR) clausuró el debate con una sentencia que sobrevoló el recinto como una verdad incómoda: tras cuatro horas de sesión, "no resolvimos muchos problemas de los vecinos". Mientras los despachos de mayoría para recuperar Mogotes se aprobaban con el rechazo de una oposición fragmentada, la sensación compartida fue que la gestión municipal y la provincial siguen viajando por carriles paralelos, unidos únicamente por el debate en el recinto y el silencio del no-diálogo.
El auge y ocaso de “La Saladita” de Mar del Plata
“La Saladita” de Mar del Plata que arrancó como salida laboral en plena tormenta social, se convirtió en un circuito comercial paralelo que movía millones sin control y terminó bajo las topadoras, en un operativo inédito con más de 170 puestos demolidos, miles de productos secuestrados y una causa federal en marcha. Tras más de dos décadas de idas y vueltas legales, la feria de la Bristol pasó de símbolo de supervivencia a pieza incómoda del paisaje urbano, mientras el Municipio ahora quedaría en posición de avanzar con una licitación largamente postergada. La historia se remonta a fines de los ‘90, cuando la crisis del último tramo del menemismo empujó a miles a la informalidad. En una Mar del Plata golpeada por el desempleo, el Concejo Deliberante habilitó en 1999 —durante la gestión del radical Elio Aprile— un espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización, limitada en el tiempo, buscaba contener una emergencia social que desbordaba.
El experimento creció rápido. Lo que comenzó con artesanías derivó en un paseo cada vez más nutrido, donde con el correr de los años la indumentaria apócrifa ganó terreno. Los permisos, siempre transitorios, se extendieron entre 2003 y 2009, entre las intendencias del radical Daniel Katz y el vecinalista Gustavo Pulti, pero nunca terminaron de encuadrarse: faltó reglamentación, controles y un esquema claro de funcionamiento. Aun así, la feria siguió. Desde 2010 en adelante, el predio funcionó directamente sin respaldo normativo. Para entonces, ya no era solo un refugio económico: había mutado en un engranaje aceitado, con lógica propia. La conducción sindical —ligada históricamente al Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara)— concentró la administración, mientras el número de puestos crecía y la operatoria se consolidaba al margen de cualquier regulación formal.
Detrás del crecimiento de la feria, el rol del Sivara fue clave. Durante años, la referencia central fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero logró ordenar —y también capitalizar— la actividad en la Bristol, en articulación con la estructura nacional del gremio que conducía su hermano, José. Bajo su órbita, lo que había surgido como una salida colectiva fue mutando hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio. Tras la muerte de Lencina en 2022, se abrió una etapa de transición marcada por internas y reacomodamientos. La conducción quedó primero en manos de Alberto Greco y luego bajo un proceso de normalización impulsado por el sindicato a nivel nacional, que derivó en la designación de Juan Domingo Olmedo. Finalmente, a fines de 2025, Walter Rivero asumió como principal referente local, quedando al frente de una estructura ya consolidada pero cada vez más cuestionada, tanto por su operatoria como por su situación legal. El salto definitivo en la tensión llegó en 2021, cuando el gobierno de Guillermo Montenegro envió al Concejo un proyecto para reemplazar la feria por una nueva Unidad Turística Fiscal, el “Paseo de Compras Bristol”. La iniciativa apuntaba a ordenar el espacio y concesionarlo, bajo la promesa de “jerarquizar” el sector. Fue aprobada en 2022, pero quedó en pausa.
La disputa escaló a la Justicia. Denuncias por infracción a la Ley de Marcas, investigaciones federales y cruces políticos reactivaron el conflicto. La causa tomó volumen con el avance de medidas de prueba durante 2024 y 2025, hasta desembocar en la intervención ordenada por el juez Santiago Inchausti. El desenlace fue abrupto. El 15 de abril, un despliegue conjunto de fuerzas federales, provinciales y municipales arrasó con la estructura montada durante años. Prefectura decomisó unos 8 mil productos valuados en alrededor de 500 millones de pesos, en el marco de seis allanamientos que también alcanzaron domicilios y locales vinculados al sindicato. La detención —y posterior liberación— de Rivero desarticuló cualquier intento de reacción. Según la investigación, la feria operaba con cobros informales que podían alcanzar cifras millonarias por puesto, sin registros fiscales. Durante el allanamiento, varios de los vendedores senegaleses protagonizaron escenas de tensión y desconcierto —algunos, según testigos, “pegaban saltos asustados” ante la magnitud del despliegue— por temor a posibles consecuencias migratorias, en medio de un procedimiento que terminó de desarticular la estructura que los contenía. En medio del operativo, de forma curiosa, el intendente interino Agustín Neme respaldó la decisión política de su antecesor que señaló que lo sucedido “es el resultado de una decisión clara de Guillermo Montenegro: no mirar para otro lado”. “Hubo denuncias, informes técnicos y un trabajo sostenido para terminar con una situación ilegal que llevaba años perjudicando a vecinos, turistas y comerciantes que sí hacen las cosas bien”, sostuvo. Y remató: “Orden, legalidad y reglas claras. Ese es el camino”.
Así, lo que nació como respuesta a la crisis terminó convertido en un problema estructural que la política decidió cortar de raíz. Con el terreno despejado y el marco judicial activado, en el Municipio ya se proyectaría el próximo paso: avanzar con la licitación de la UTF, donde —según trascendidos— asoman interesados capitales locales y foráneos. La postal final es elocuente: donde durante más de 25 años hubo pasillos, toldos y venta informal, hoy queda un espacio vacío que vuelve a foja cero. Entre la necesidad que la vio nacer y el negocio que la transformó, “La Saladita” cerró su ciclo.
Chapadmalal: una línea de ribera que delimita soberanía y tensiones políticas en la costa sur
Lo que formalmente se presentó como un procedimiento técnico administrativo para fijar la línea de ribera en el sector sur de General Pueyrredon, terminó por cristalizar una de las fracturas políticas más profundas en la gestión del territorio costero. La intervención de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) en el predio conocido como “Paradise”, en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada de Chapadmalal, marcó un punto de inflexión. El acto, que contó con la presencia de la Fiscalía de Estado y expertos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), no solo definió geográficamente dónde termina el dominio público y dónde comienza la propiedad susceptible de explotación, sino que dejó en evidencia un vacío institucional que podría acarrear consecuencias legales de nulidad absoluta para el Municipio de General Pueyrredon.
La jornada estuvo marcada por una ausencia que, en términos políticos, fue leída como una toma de posición: ningún funcionario del gobierno municipal, ni representantes de la firma Desarrolladora Homs S.A. —adjudicataria de la concesión—, asistieron al lugar pese a haber sido debidamente notificados. Esta falta de representación municipal, que incluyó a carteras clave como el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), encargado de las UTF, y la Secretaría de Obras, deja al descubierto la tensión creciente entre la administración local y la gestión provincial de Axel Kicillof. Mientras la Provincia busca imponer un control estricto sobre el dominio público hídrico basándose en criterios geomorfológicos y ambientales, el Municipio de General Pueyrredon ha sostenido un esquema de desarrollo que las asambleas vecinales califican de irregular y diseñado a medida de intereses privados.
El fondo del conflicto es jurídico y administrativo, pero sus ramificaciones son puramente políticas. La demarcación técnica utilizó el borde de los acantilados como referencia, estableciendo una restricción de 150 metros hacia la Ruta 11 donde la Ley 12.257 prohíbe cualquier tipo de edificación o loteo. Este nuevo mapa colisiona de frente con los planos que el municipio adjuntó en los pliegos de licitación, los cuales, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Estado en 2025, contenían información que extendía el límite de la parcela casi hasta el oleaje, omitiendo además los retiros obligatorios respecto al Arroyo Seco y la propia banquina de la ruta provincial.
La revelación más crítica que surge de este proceso es la presunta inexistencia de mensuras y designaciones catastrales para las UTF de la zona. Políticamente, esto abre un interrogante sobre la transparencia de la administración pública: se han otorgado concesiones y votado ordenanzas sobre tierras que no figuran inscriptas formalmente en Catastro. Para el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur y las asambleas locales, esto no representa un error administrativo menor, sino un "vicio de nulidad absoluta". El argumento vecinal es contundente: si los límites no están definidos legalmente, cualquier acto administrativo que disponga de ellos carece de validez jurídica, lo que coloca a los funcionarios municipales y concejales en una posición de vulnerabilidad ante posibles acusaciones de asociación ilícita o incumplimiento de los deberes.
El escenario futuro para Chapadmalal se perfila ahora bajo una densa sombra judicial. La intervención de la ADA ha fijado un "punto cero" que obligará a revisar no solo la situación de Playa Dorada, sino de todo el frente costero administrado por el municipio.
Con la línea de ribera oficialmente trazada bajo criterios provinciales, el proyecto de urbanización y explotación privada proyectado por Desarrolladora Homs S.A. queda en un limbo legal. El desafío para la política marplatense será explicar cómo se avanzó en procesos licitatorios sin las garantías básicas de ordenamiento territorial, mientras la comunidad local, revitalizada por lo que consideran un "día histórico", se prepara para defender en los tribunales lo que la técnica ya marcó sobre la arena y el acantilado.
El presidente de la comisión, Guido García, recordó que “el expediente se comenzó a tratar el 7 de noviembre de 2025” y destacó que “es un expediente muy voluminoso y sabemos que el contexto que estamos empezando a debatir este pliego está presionando”. Señaló además que la situación crítica se aceleró por “la guerra en Medio Oriente y el aumento del combustible”, que repercute no solo en la ciudad sino “a nivel nacional”.
Los cruces continuaron sobre la participación de funcionarios: Taccone había propuesto citarlosdirectamente para despejar dudas, pero desde el oficialismo se decidió que primero se presenten todas las preguntas por escrito. Ricardo Liceaga Viñas (UCR) sostuvo: “No tiene sentido que los funcionarios lleguen si no tenemos las respuestas a las preguntas”.
Finalmente, se acordó que una vez respondidas las inquietudes por escrito, el funcionario designado del Ejecutivo explicará los detalles del pliego. Luego se convocará a otros sectores para exponer y aportar a la discusión.
Playa Redonda: quedó en manos de una firma vinculada a un condenado por corrupción
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) adjudicó la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda a la empresa Santiago de Compostela 1943 S.A., vinculada al publicista necochense Roberto Fiocca, condenado en la megacausa del Astillero Río Santiago. La concesión tendrá una duración de 20 años, con opción a prórroga de hasta seis años, y la firma se comprometió a invertir más de $2.500 millones en obras e infraestructura.
Playa Redonda: quedó en manos de una firma vinculada a un condenado por corrupción
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) adjudicó la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda a la empresa Santiago de Compostela 1943 S.A., vinculada al publicista necochense Roberto Fiocca, condenado en la megacausa del Astillero Río Santiago. La concesión tendrá una duración de 20 años, con opción a prórroga de hasta seis años, y la firma se comprometió a invertir más de $2.500 millones en obras e infraestructura.
El proceso licitatorio atravesó un primer llamado fallido, en el que las ofertas fueron desestimadas, y un segundo llamado donde compitieron nuevamente dos empresas. Santiago de Compostela 1943 S.A. se impuso con 84 puntos frente a 77 de su competidora. Como parte del acuerdo, el canon anual de $90 millones no se cobrará durante los primeros 24 meses, período durante el cual se desarrollarán las obras previstas en el pliego.
Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 14,7 de la ruta 11, tiene 45.510 metros cuadrados y un sector apto para baño. El pliego permite actividades comerciales de distinto tipo, siempre que cumplan con criterios de innovación y calidad, y prohíbe expresamente locales bailables, recitales y grandes construcciones hoteleras.
Fiocca, quien presidía la firma hasta 2024, pasó el mando a su esposa, Liliana Yolanda Albano, y mantiene vínculos históricos con la política provincial y el peronismo bonaerense. Su condena se remonta a un desvío de más de 16 millones de pesos de fondos públicos mediante contratos falsos y sueldos irregulares en el Astillero Río Santiago, investigación que comenzó por una denuncia vecinal en Coronel Pringles.
Fiocca, quien presidía la firma hasta 2024, pasó el mando a su esposa, Liliana Yolanda Albano, y mantiene vínculos históricos con la política provincial y el peronismo bonaerense. Su condena se remonta a un desvío de más de 16 millones de pesos de fondos públicos mediante contratos falsos y sueldos irregulares en el Astillero Río Santiago, investigación que comenzó por una denuncia vecinal en Coronel Pringles.
Con esta adjudicación, Playa Redonda se convierte en una de las últimas UTF de Chapadmalal bajo explotación comercial privada, generando expectativas sobre el impacto de la inversión prometida y cuestionamientos por la figura del empresario detrás de la firma.
Allanaron la feria de la Bristol y Montenegro se adjudicó el operativo
Allanaron la feria de la Bristol y Montenegro se adjudicó el operativo
Un operativo de control se realizó este miércoles por la mañana en la feria de la Rambla de Mar del Plata, conocida como “la saladita” de la Bristol, donde se allanaron más de 70 puestos y se secuestró mercadería en el marco de una causa por presuntas infracciones a la ley de marcas.
Durante el procedimiento, se incautaron bolsones con distintos productos, en su mayoría indumentaria, y se desplegó un importante operativo en una de las zonas de mayor circulación turística de la ciudad.
Horas después, el actual senador provincial e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, se refirió al tema en redes sociales y se adjudicó el resultado del operativo.
A través de su cuenta de X, el dirigente vinculó los allanamientos con la denuncia penal que presentaron, destacando el avance sobre la venta ilegal y la comercialización de productos falsificados.
El mensaje fue interpretado como un intento de capitalizar políticamente el procedimiento, en un contexto donde la problemática de la venta informal en espacios públicos continúa sin una solución de fondo.
La feria de la Bristol funciona desde hace años en ese sector de la rambla y concentra a decenas de vendedores, siendo uno de los puntos más visibles del comercio informal en la ciudad.
Por el momento, no se informaron sanciones concretas contra los feriantes ni medidas adicionales tras los allanamientos, mientras el episodio vuelve a poner en agenda el debate sobre el uso y la regulación del espacio público en Mar del Plata.
La Justicia frenó el avance del shopping Plaza Rumencó y dejó expuesto al Municipio
La Justicia frenó el avance del shopping Plaza Rumencó y dejó expuesto al Municipio
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Marcelo Fernández, dictó una medida cautelar que ordena frenar “cualquier tipo de intervención material” en el predio de avenida Jorge Newbery 5035, donde se proyecta el shopping Plaza Rumencó. La resolución exige que la empresa Molas y Asociados Fiduciaria SA se abstenga de avanzar con trabajos y que el Municipio garantice el cese inmediato de las actividades en el lugar.
El fallo no solo responde a un planteo de vecinos por movimientos de suelo y deforestación, sino que deja al descubierto una situación incómoda para el gobierno local, ya que el proyecto avanzaba sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito obligatorio según la Ley 11.723 para cualquier emprendimiento con potencial impacto ambiental.
En su resolución, el juez fue claro al señalar que permitir la continuidad de las tareas en estas condiciones resulta incompatible con el principio de prevención ambiental. Advirtió además que las intervenciones denunciadas podrían generar un daño “actual o inminente”, con consecuencias de difícil o imposible recomposición, lo que justifica una intervención urgente de la Justicia.
Desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informaron que el estudio de impacto ambiental fue presentado en noviembre del año pasado y que el proceso administrativo para la obtención de la DIA sigue en curso. Sin embargo, ese argumento no alcanzó para convalidar el inicio de las obras, lo que abre interrogantes sobre los controles y la supervisión del propio Municipio.
El conflicto también tiene su derivación política en el Concejo Deliberante, donde el expediente enviado por el Ejecutivo aún no comenzó a tratarse. La falta de definiciones legislativas y los avances en el terreno ahora cuestionados por la Justicia profundizan las dudas sobre el manejo del proyecto y exponen tensiones entre desarrollo urbano, intereses privados y regulación estatal.
Con la obra frenada y bajo la lupa judicial, el futuro del shopping Plaza Rumencó queda atado no solo a la resolución ambiental pendiente, sino también al costo político que empieza a escalar para la gestión local en un tema sensible para vecinos y ambientalistas.
Chicanas y fracturas: IOMA y Mogotes marcaron el pulso de la sesión
El recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon se transformó este jueves en un escenario de catarsis política donde la gestión local y la provincial midieron fuerzas a través de expedientes que, aunque administrativos en los papeles, funcionaron como proyectiles ideológicos. La jornada estuvo marcada por dos ejes sensibles: el colapso prestacional de IOMA y el conflicto por la administración del Complejo Punta Mogotes. Sin embargo, lo que debió ser un debate de soluciones derivó en un festival de "caranchismo político", término utilizado por el oficialismo para describir la postura opositora, y en una exposición descarnada de la fractura que hoy divide al peronismo marplatense.
El primer round se libró en torno a IOMA. Desde la Coalición Cívica, el diagnóstico fue lapidario al calificar a los afiliados como "rehenes de un sistema que no les ofrece la cobertura que ellos abonan mes a mes". La denuncia sobre la "compulsividad" de la obra social y su derrotero judicial —que genera un "costo doble para el Estado" entre honorarios y prestaciones tardías— fue el puntal para exigir informes y la presencia de la titular regional, Celeste Lazo. La respuesta de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF), alineada con el gobernador Axel Kicillof, intentó diluir la responsabilidad provincial integrando el conflicto a la crisis macroeconómica nacional. "La salud está en jaque" , argumentaron, cuestionando la "mirada corta" de limitar la discusión a Mar del Plata cuando, según su visión, el modelo económico impacta directamente en la atención de los vecinos.
Fue en este punto donde la interna peronista mostró sus primeras grietas. Mientras AM-MDF buscaba "poner el cuerpo en comisión" para hablar de PAMI, la ley de discapacidad y el plan remediar, sus supuestos aliados de Unión por la Patria (UP) les soltaron la mano. La Cámpora, a través de sus concejales, rechazó la moción de sus socios kicillofistas argumentando que era mejor tratar los temas en las comisiones que los camporistas mismos presiden. Al final, los proyectos de resolución y comunicación que expresaban preocupación y pedían informes sobre IOMA fueron aprobados por mayoría oficialista, con el voto negativo de todo el arco opositor, incluido el sector que responde a Kicillof, que quedó atrapado en una defensa dialéctica de la Provincia que no encontró eco en sus pares peronistas.
Fue en este punto donde la interna peronista mostró sus primeras grietas. Mientras AM-MDF buscaba "poner el cuerpo en comisión" para hablar de PAMI, la ley de discapacidad y el plan remediar, sus supuestos aliados de Unión por la Patria (UP) les soltaron la mano. La Cámpora, a través de sus concejales, rechazó la moción de sus socios kicillofistas argumentando que era mejor tratar los temas en las comisiones que los camporistas mismos presiden. Al final, los proyectos de resolución y comunicación que expresaban preocupación y pedían informes sobre IOMA fueron aprobados por mayoría oficialista, con el voto negativo de todo el arco opositor, incluido el sector que responde a Kicillof, que quedó atrapado en una defensa dialéctica de la Provincia que no encontró eco en sus pares peronistas.
El debate por Punta Mogotes elevó la temperatura y las bajezas retóricas. La Unión Cívica Radical + Nuevos Aires (UCR+NA) defendió la decisión del intendente, en uso de licencia, Guillermo Montenegro de judicializar el reclamo para recuperar la administración del complejo, tras 34 años de un centralismo provincial que "lacera la autonomía municipal". El PRO justificó el camino de los tribunales alegando que el diálogo con La Plata es una vía muerta: "Hace tres años preguntamos cuánto debe el municipio y la respuesta todavía la seguimos esperando". Por su parte, el kicillofismo local, en la voz de AM-MDF, reveló una gestión paralela fallida, mencionando "WhatsApps sin respuestas" del ministro Carlos Bianco al intendente interino Agustín Neme. "A nadie se le pueden caer los anillos por conversar" , dispararon, calificando la negativa al diálogo como una actitud "infantil e inmadura" propia de un "nenito de tres o cuatro años caprichoso".
La réplica de UP volvió a exponer la desconfianza interna de la oposición. El bloque camporista cuestionó la estrategia de AM-MDF de pedir diálogo vía proyecto legislativo: "Es medio raro pedir el diálogo a través de un proyecto del Concejo y pensar que eso va a suceder". Esta desunión dejó al sector alineado con el gobernador en una soledad política absoluta.
La réplica de UP volvió a exponer la desconfianza interna de la oposición. El bloque camporista cuestionó la estrategia de AM-MDF de pedir diálogo vía proyecto legislativo: "Es medio raro pedir el diálogo a través de un proyecto del Concejo y pensar que eso va a suceder". Esta desunión dejó al sector alineado con el gobernador en una soledad política absoluta.
El cierre de la sesión estuvo dominado por el "toqueteo" y la chicana personal. Desde la UCR+Nuevos Aires, se acusó a AM–MDF de "proyectar" y de "negar la única verdad de la realidad" para no hacerse cargo de votar en contra de la autonomía municipal. La respuesta del sector kicillofista fue una estocada a la coherencia del interbloque oficialista: "Mejor no revisemos mucho porque andamos abajo de los calzones de Milei en el Senado, abajo de los calzones de Montenegro en Mar del Plata y cuando lleguen las elecciones nos ponemos otra camiseta".
Ante tal nivel de virulencia, el Frente Renovador (FR) clausuró el debate con una sentencia que sobrevoló el recinto como una verdad incómoda: tras cuatro horas de sesión, "no resolvimos muchos problemas de los vecinos". Mientras los despachos de mayoría para recuperar Mogotes se aprobaban con el rechazo de una oposición fragmentada, la sensación compartida fue que la gestión municipal y la provincial siguen viajando por carriles paralelos, unidos únicamente por el debate en el recinto y el silencio del no-diálogo.
El auge y ocaso de “La Saladita” de Mar del Plata
“La Saladita” de Mar del Plata que arrancó como salida laboral en plena tormenta social, se convirtió en un circuito comercial paralelo que movía millones sin control y terminó bajo las topadoras, en un operativo inédito con más de 170 puestos demolidos, miles de productos secuestrados y una causa federal en marcha. Tras más de dos décadas de idas y vueltas legales, la feria de la Bristol pasó de símbolo de supervivencia a pieza incómoda del paisaje urbano, mientras el Municipio ahora quedaría en posición de avanzar con una licitación largamente postergada.
“La Saladita” de Mar del Plata que arrancó como salida laboral en plena tormenta social, se convirtió en un circuito comercial paralelo que movía millones sin control y terminó bajo las topadoras, en un operativo inédito con más de 170 puestos demolidos, miles de productos secuestrados y una causa federal en marcha. Tras más de dos décadas de idas y vueltas legales, la feria de la Bristol pasó de símbolo de supervivencia a pieza incómoda del paisaje urbano, mientras el Municipio ahora quedaría en posición de avanzar con una licitación largamente postergada.
La historia se remonta a fines de los ‘90, cuando la crisis del último tramo del menemismo empujó a miles a la informalidad. En una Mar del Plata golpeada por el desempleo, el Concejo Deliberante habilitó en 1999 —durante la gestión del radical Elio Aprile— un espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización, limitada en el tiempo, buscaba contener una emergencia social que desbordaba.
El experimento creció rápido. Lo que comenzó con artesanías derivó en un paseo cada vez más nutrido, donde con el correr de los años la indumentaria apócrifa ganó terreno. Los permisos, siempre transitorios, se extendieron entre 2003 y 2009, entre las intendencias del radical Daniel Katz y el vecinalista Gustavo Pulti, pero nunca terminaron de encuadrarse: faltó reglamentación, controles y un esquema claro de funcionamiento. Aun así, la feria siguió.
El experimento creció rápido. Lo que comenzó con artesanías derivó en un paseo cada vez más nutrido, donde con el correr de los años la indumentaria apócrifa ganó terreno. Los permisos, siempre transitorios, se extendieron entre 2003 y 2009, entre las intendencias del radical Daniel Katz y el vecinalista Gustavo Pulti, pero nunca terminaron de encuadrarse: faltó reglamentación, controles y un esquema claro de funcionamiento. Aun así, la feria siguió.
Desde 2010 en adelante, el predio funcionó directamente sin respaldo normativo. Para entonces, ya no era solo un refugio económico: había mutado en un engranaje aceitado, con lógica propia. La conducción sindical —ligada históricamente al Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara)— concentró la administración, mientras el número de puestos crecía y la operatoria se consolidaba al margen de cualquier regulación formal.
Detrás del crecimiento de la feria, el rol del Sivara fue clave. Durante años, la referencia central fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero logró ordenar —y también capitalizar— la actividad en la Bristol, en articulación con la estructura nacional del gremio que conducía su hermano, José. Bajo su órbita, lo que había surgido como una salida colectiva fue mutando hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio.
Detrás del crecimiento de la feria, el rol del Sivara fue clave. Durante años, la referencia central fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero logró ordenar —y también capitalizar— la actividad en la Bristol, en articulación con la estructura nacional del gremio que conducía su hermano, José. Bajo su órbita, lo que había surgido como una salida colectiva fue mutando hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio.
Tras la muerte de Lencina en 2022, se abrió una etapa de transición marcada por internas y reacomodamientos. La conducción quedó primero en manos de Alberto Greco y luego bajo un proceso de normalización impulsado por el sindicato a nivel nacional, que derivó en la designación de Juan Domingo Olmedo. Finalmente, a fines de 2025, Walter Rivero asumió como principal referente local, quedando al frente de una estructura ya consolidada pero cada vez más cuestionada, tanto por su operatoria como por su situación legal.
El salto definitivo en la tensión llegó en 2021, cuando el gobierno de Guillermo Montenegro envió al Concejo un proyecto para reemplazar la feria por una nueva Unidad Turística Fiscal, el “Paseo de Compras Bristol”. La iniciativa apuntaba a ordenar el espacio y concesionarlo, bajo la promesa de “jerarquizar” el sector. Fue aprobada en 2022, pero quedó en pausa.
La disputa escaló a la Justicia. Denuncias por infracción a la Ley de Marcas, investigaciones federales y cruces políticos reactivaron el conflicto. La causa tomó volumen con el avance de medidas de prueba durante 2024 y 2025, hasta desembocar en la intervención ordenada por el juez Santiago Inchausti.
La disputa escaló a la Justicia. Denuncias por infracción a la Ley de Marcas, investigaciones federales y cruces políticos reactivaron el conflicto. La causa tomó volumen con el avance de medidas de prueba durante 2024 y 2025, hasta desembocar en la intervención ordenada por el juez Santiago Inchausti.
El desenlace fue abrupto. El 15 de abril, un despliegue conjunto de fuerzas federales, provinciales y municipales arrasó con la estructura montada durante años. Prefectura decomisó unos 8 mil productos valuados en alrededor de 500 millones de pesos, en el marco de seis allanamientos que también alcanzaron domicilios y locales vinculados al sindicato.
La detención —y posterior liberación— de Rivero desarticuló cualquier intento de reacción. Según la investigación, la feria operaba con cobros informales que podían alcanzar cifras millonarias por puesto, sin registros fiscales.
Durante el allanamiento, varios de los vendedores senegaleses protagonizaron escenas de tensión y desconcierto —algunos, según testigos, “pegaban saltos asustados” ante la magnitud del despliegue— por temor a posibles consecuencias migratorias, en medio de un procedimiento que terminó de desarticular la estructura que los contenía.
En medio del operativo, de forma curiosa, el intendente interino Agustín Neme respaldó la decisión política de su antecesor que señaló que lo sucedido “es el resultado de una decisión clara de Guillermo Montenegro: no mirar para otro lado”. “Hubo denuncias, informes técnicos y un trabajo sostenido para terminar con una situación ilegal que llevaba años perjudicando a vecinos, turistas y comerciantes que sí hacen las cosas bien”, sostuvo. Y remató: “Orden, legalidad y reglas claras. Ese es el camino”.
Así, lo que nació como respuesta a la crisis terminó convertido en un problema estructural que la política decidió cortar de raíz. Con el terreno despejado y el marco judicial activado, en el Municipio ya se proyectaría el próximo paso: avanzar con la licitación de la UTF, donde —según trascendidos— asoman interesados capitales locales y foráneos.
Así, lo que nació como respuesta a la crisis terminó convertido en un problema estructural que la política decidió cortar de raíz. Con el terreno despejado y el marco judicial activado, en el Municipio ya se proyectaría el próximo paso: avanzar con la licitación de la UTF, donde —según trascendidos— asoman interesados capitales locales y foráneos.
La postal final es elocuente: donde durante más de 25 años hubo pasillos, toldos y venta informal, hoy queda un espacio vacío que vuelve a foja cero. Entre la necesidad que la vio nacer y el negocio que la transformó, “La Saladita” cerró su ciclo.
Chapadmalal: una línea de ribera que delimita soberanía y tensiones políticas en la costa sur
Chapadmalal: una línea de ribera que delimita soberanía y tensiones políticas en la costa sur
Lo que formalmente se presentó como un procedimiento técnico administrativo para fijar la línea de ribera en el sector sur de General Pueyrredon, terminó por cristalizar una de las fracturas políticas más profundas en la gestión del territorio costero. La intervención de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) en el predio conocido como “Paradise”, en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada de Chapadmalal, marcó un punto de inflexión. El acto, que contó con la presencia de la Fiscalía de Estado y expertos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), no solo definió geográficamente dónde termina el dominio público y dónde comienza la propiedad susceptible de explotación, sino que dejó en evidencia un vacío institucional que podría acarrear consecuencias legales de nulidad absoluta para el Municipio de General Pueyrredon.
La jornada estuvo marcada por una ausencia que, en términos políticos, fue leída como una toma de posición: ningún funcionario del gobierno municipal, ni representantes de la firma Desarrolladora Homs S.A. —adjudicataria de la concesión—, asistieron al lugar pese a haber sido debidamente notificados. Esta falta de representación municipal, que incluyó a carteras clave como el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), encargado de las UTF, y la Secretaría de Obras, deja al descubierto la tensión creciente entre la administración local y la gestión provincial de Axel Kicillof. Mientras la Provincia busca imponer un control estricto sobre el dominio público hídrico basándose en criterios geomorfológicos y ambientales, el Municipio de General Pueyrredon ha sostenido un esquema de desarrollo que las asambleas vecinales califican de irregular y diseñado a medida de intereses privados.
El fondo del conflicto es jurídico y administrativo, pero sus ramificaciones son puramente políticas. La demarcación técnica utilizó el borde de los acantilados como referencia, estableciendo una restricción de 150 metros hacia la Ruta 11 donde la Ley 12.257 prohíbe cualquier tipo de edificación o loteo. Este nuevo mapa colisiona de frente con los planos que el municipio adjuntó en los pliegos de licitación, los cuales, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Estado en 2025, contenían información que extendía el límite de la parcela casi hasta el oleaje, omitiendo además los retiros obligatorios respecto al Arroyo Seco y la propia banquina de la ruta provincial.
La jornada estuvo marcada por una ausencia que, en términos políticos, fue leída como una toma de posición: ningún funcionario del gobierno municipal, ni representantes de la firma Desarrolladora Homs S.A. —adjudicataria de la concesión—, asistieron al lugar pese a haber sido debidamente notificados. Esta falta de representación municipal, que incluyó a carteras clave como el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), encargado de las UTF, y la Secretaría de Obras, deja al descubierto la tensión creciente entre la administración local y la gestión provincial de Axel Kicillof. Mientras la Provincia busca imponer un control estricto sobre el dominio público hídrico basándose en criterios geomorfológicos y ambientales, el Municipio de General Pueyrredon ha sostenido un esquema de desarrollo que las asambleas vecinales califican de irregular y diseñado a medida de intereses privados.
El fondo del conflicto es jurídico y administrativo, pero sus ramificaciones son puramente políticas. La demarcación técnica utilizó el borde de los acantilados como referencia, estableciendo una restricción de 150 metros hacia la Ruta 11 donde la Ley 12.257 prohíbe cualquier tipo de edificación o loteo. Este nuevo mapa colisiona de frente con los planos que el municipio adjuntó en los pliegos de licitación, los cuales, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Estado en 2025, contenían información que extendía el límite de la parcela casi hasta el oleaje, omitiendo además los retiros obligatorios respecto al Arroyo Seco y la propia banquina de la ruta provincial.
La revelación más crítica que surge de este proceso es la presunta inexistencia de mensuras y designaciones catastrales para las UTF de la zona. Políticamente, esto abre un interrogante sobre la transparencia de la administración pública: se han otorgado concesiones y votado ordenanzas sobre tierras que no figuran inscriptas formalmente en Catastro. Para el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur y las asambleas locales, esto no representa un error administrativo menor, sino un "vicio de nulidad absoluta". El argumento vecinal es contundente: si los límites no están definidos legalmente, cualquier acto administrativo que disponga de ellos carece de validez jurídica, lo que coloca a los funcionarios municipales y concejales en una posición de vulnerabilidad ante posibles acusaciones de asociación ilícita o incumplimiento de los deberes.
El escenario futuro para Chapadmalal se perfila ahora bajo una densa sombra judicial. La intervención de la ADA ha fijado un "punto cero" que obligará a revisar no solo la situación de Playa Dorada, sino de todo el frente costero administrado por el municipio.
Con la línea de ribera oficialmente trazada bajo criterios provinciales, el proyecto de urbanización y explotación privada proyectado por Desarrolladora Homs S.A. queda en un limbo legal. El desafío para la política marplatense será explicar cómo se avanzó en procesos licitatorios sin las garantías básicas de ordenamiento territorial, mientras la comunidad local, revitalizada por lo que consideran un "día histórico", se prepara para defender en los tribunales lo que la técnica ya marcó sobre la arena y el acantilado.