El desmantelamiento de la feria "La Saladita” de la Bristol abrió un frente judicial que ahora suma un nuevo capítulo: el Municipio formalizó una denuncia penal para que se investigue cómo funcionó durante años ese circuito informal y quiénes se beneficiaban económicamente.
La presentación fue realizada por el intendente interino Agustín Neme ante la fiscalía, con el pedido de medidas urgentes. El eje está puesto en determinar si detrás de la actividad existió una estructura organizada que recaudaba dinero en un espacio público sin respaldo legal.
Según surge del escrito, la feria operó durante unos 25 años en la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol con permisos precarios ya vencidos. En paralelo, se habría desarrollado un esquema de cobros a feriantes sin facturación ni registros formales. Testimonios incorporados dan cuenta de pagos mensuales en efectivo que, según la temporada, oscilarían entre $800.000 y $1.500.000, con casos que treparían a $3.000.000.
De acuerdo con la denuncia, el dinero era retirado por personas que actuaban como intermediarios y llevaban anotaciones informales, sin emitir comprobantes. Para el Ejecutivo, la gravedad radica en que esos cobros se habrían realizado sobre un predio municipal, donde ningún privado tenía autorización para percibir ingresos.
La causa también toma elementos de la investigación federal en curso. Allí se detectaron presuntas infracciones a la Ley de Marcas, con el secuestro de miles de productos apócrifos, además de movimientos económicos relevantes y posibles irregularidades en el origen de la mercadería.
En paralelo, se mencionan transferencias bancarias vinculadas a la actividad y un volumen de dinero en efectivo que refuerza la hipótesis de una operatoria estructurada.
El propio Neme expuso la decisión en redes sociales. “Lo que está pasando en la Bristol no es un operativo más: es la continuidad de una decisión”, sostuvo. Y agregó: “Durante más de 25 años funcionó un sistema ilegal donde se cobraba por usar lo que es de todos. Plata en negro, sin reglas”.
En esa línea, remarcó: “Por eso hicimos una denuncia penal: para desarticular esta mafia, identificar a los responsables y terminar con este negocio”. Y concluyó: “Vamos a ir hasta el fondo”.
El Municipio también ofreció como prueba publicaciones periodísticas y testimonios difundidos en redes sociales, mientras la fiscalía deberá definir los próximos pasos de la investigación. Así, tras la demolición de más de 170 puestos, el foco se traslada ahora a reconstruir cómo operó el entramado económico detrás de La Saladita.
