A medio siglo del golpe, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon expone fracturas internas en torno a las políticas de memoria, con iniciativas que reabren el debate sobre el rol institucional frente al pasado y tensan los consensos construidos desde el retorno democrático.
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A cincuenta años del quiebre institucional que alteró para siempre el tejido social de la Argentina, Mar del Plata amanece este 24 de marzo de 2026 sumergida en una profunda disputa simbólica que trasciende el homenaje para convertirse en un crudo debate sobre la identidad política de sus instituciones. La ciudad, que para el imaginario nacional de la década del setenta funcionaba como un oasis turístico, escondía tras su fachada de balnearios una maquinaria represiva que, según los registros reconstruidos por organismos de derechos humanos, dejó un saldo de al menos 456 personas desaparecidas.
La atmósfera previa al golpe de 1976 ya estaba viciada por una violencia extrema; desde 1974, grupos de ultraderecha como la Concentración Nacional Universitaria (CNU) habían sembrado el terror en los ámbitos estudiantiles y obreros. Hitos como el asesinato de Silvia Filler en 1971 o la sangrienta noche del cinco por uno, tras la muerte del jefe de la CNU, marcaron el prólogo de una represión que luego se volvería sistemática. En aquella jornada trágica de represalia fueron ejecutados tres miembros de la familia Videla, el dirigente estudiantil Enrique “Pacho” Elizagaray y el médico del Hospital Regional, Bernardo Goldemberg, anticipando el nivel de ferocidad que se institucionalizaría a partir del 24 de marzo.
Aquel miércoles de 1976, la ciudad vivió una jornada que la prensa de la época calificó como tranquila, aunque las radios y canales de televisión ya habían sido ocupados por fuerzas militares y solo transmitían comunicados oficiales y marchas, con la cínica excepción de un partido amistoso de la selección de fútbol contra Polonia. El entonces intendente socialista, Luis Nuncio Fabrizio, asistió a su despacho por la mañana, acompañado por los ex jefes comunales Teodoro Bronzini y Jorge Lombardo, solo para recibir la orden del general de brigada Adolfo Sigward de renunciar en un plazo de veinticuatro horas.
La intervención militar no tardó en desplegarse en puntos neurálgicos como el Cuartel de Bomberos y la Unidad Regional IV, donde el coronel Pedro Barda estableció su centro de operaciones. Mientras los diarios informaban sobre detenciones en averiguación de antecedentes de figuras como el abogado Norberto Centeno o dirigentes sindicales como Osvaldo Demattei y Carlos Rohner, en la clandestinidad comenzaba el horror.
La represión en General Pueyrredon tuvo la particularidad de coordinar las tres fuerzas armadas con grupos civiles, golpeando con saña a obreros del pescado, canteristas, estudiantes y abogados laboralistas, muchos de los cuales fueron secuestrados en la fatídica Noche de las Corbatas. Centros clandestinos de detención como la Base Naval, la ESIM, la Prefectura y La Cueva en el aeropuerto se convirtieron en los eslabones de una estructura de muerte que desarticuló la militancia local.
Con el retorno de la democracia, el Concejo Deliberante de Mar del Plata buscó ser punta de lanza en la reconstrucción de la verdad. Apenas un mes después de la asunción de las autoridades en 1983, el cuerpo deliberativo sancionó, el 10 de enero de 1984, la Comunicación Nº 1. Este documento, impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y aprobado por unanimidad, fue un acto de coraje institucional en un momento de extrema fragilidad política. A través de él, se solicitó formalmente al Departamento Ejecutivo información sobre las inhumaciones de personas no identificadas (N.N.) realizadas en los cementerios del partido entre 1976 y 1983, además de requerir antecedentes judiciales para esclarecer la situación de los desaparecidos. Este antecedente histórico vuelve hoy al centro de la escena legislativa, ya que el radicalismo ha presentado un proyecto para declararlo de valor institucional y democrático, buscando reivindicar aquel compromiso temprano con la justicia en un contexto donde los consensos parecen resquebrajarse.
No obstante, la política de la memoria en 2026 enfrenta hoy una grieta profunda dentro del propio oficialismo local. El interbloque que sostiene la gestión municipal muestra fisuras evidentes: concejales del PRO y de La Libertad Avanza (LLA) han presentado una iniciativa para derogar el Decreto 1825/2015, que impone proyectar un video de las Abuelas de Plaza de Mayo al inicio de cada sesión. El argumento esgrimido por estos sectores apunta a una supuesta "desideologización del recinto", proponiendo reemplazar el material audiovisual por el izado de la bandera y la entonación del Himno Nacional, bajo la premisa de que los símbolos patrios representan una unión que trasciende las diferencias partidarias. Sin embargo, esta postura no fue acompañada por los ediles de la UCR+Nuevos Aires, quienes evitaron firmar el proyecto, marcando una distancia ética y política con sus socios de coalición. Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar, calificando la movida como un retroceso negacionista que intenta invisibilizar la lucha de los organismos de derechos humanos en un aniversario tan significativo como el de los cincuenta años.
La tensión también se trasladó a detalles aparentemente menores pero cargados de simbolismo, como la inclusión de la leyenda "A 50 años de la última dictadura. Memoria, Verdad y Justicia. Democracia siempre" en la papelería oficial. Lo que debería haber sido un trámite de consenso derivó en fuertes cruces donde bloques oficialistas cuestionaron la terminología, logrando finalmente un despacho unánime tras reducir la frase a "Democracia siempre", lo que para muchos sectores sociales representa una dilución del mensaje histórico.
En este clima de confrontación, la Comisión de Labor Deliberativa decidió postergar la sesión especial que tradicionalmente se realiza el 24 de marzo, trasladándola al jueves 26. Esta decisión fue repudiada por los organismos de derechos humanos en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, donde reafirmaron que la memoria no admite feriados ni conveniencias logísticas.
Mientras la ciudad se prepara para la movilización que recorrerá las avenidas Luro, Colón e Independencia, el Concejo Deliberante queda como el escenario de una batalla cultural donde se dirime si los cincuenta años del golpe serán recordados como un compromiso irrenunciable con la verdad o como un trámite protocolar que algunos sectores buscan clausurar. En General Pueyrredon, las demandas de los familiares siguen siendo las mismas de hace décadas: justicia real y el fin de la persecución política, en una ciudad que aún lucha por integrar sus cicatrices a su vida cotidiana.
