HACIA EL 15 DE MARZO
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Lo que la semana nos dejó
El preocupante estado de la flota de la comuna, la polémica por una excepción a un hotel, la política de la memoria cuestionada, el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición 2024 y el PJ se encamina hacia las urnas, entre lo más importante de la semana de la mano de La Tecla.
Las mujeres del poder: cuatro miradas sobre liderazgo y desigualdad
En el marco del Día Internacional de la Mujer, La Tecla conversó con referentes de Mar del Plata de la política, la universidad y el mundo empresarial para conocer qué significa ocupar lugares de conducción, qué obstáculos continúan vigentes y qué mensaje dejan para las nuevas generaciones.
Las entrevistadas fueron Marina Sánchez Herrero, Vilma Baragiola, Carla Ardanaz y Mirta Moreno, quienes reflexionaron sobre el rol de las mujeres en ámbitos de decisión, las desigualdades que aún persisten y la importancia de animarse a disputar espacios de liderazgo.
Marina Sánchez Herrero:
Mamá, abogada y docente. Es vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También ocupó cargos como vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNMDP. Fue consejera en representación de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde también se desempeñó como vicepresidenta. Además, fue vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Entre 2021 y 2025 fue presidenta del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.
-¿Qué significa ser mujer en espacios de poder?
-Ser mujer en espacios de poder implica asumir que el ejercicio de la autoridad solo adquiere legitimidad cuando está acompañado de responsabilidad ética, vocación pública y conciencia histórica. Cada mujer que accede a un lugar de decisión representa, en algún sentido, una ampliación del horizonte democrático, porque hace visible que la conducción institucional debe nutrirse de pluralidad, de trayectorias diversas y de nuevas sensibilidades frente a los problemas comunes.
En esa línea, Victoria Ocampo sostenía que “el verdadero privilegio es poder servir”, una idea profundamente vigente para quienes entendemos que el poder no es afirmación personal, sino construcción colectiva. En el ámbito universitario, esto supone también fortalecer instituciones capaces de escuchar, de integrar y de proyectar el futuro.
-¿Qué desafíos enfrentan hoy las mujeres en el siglo XXI?
-Los desafíos actuales no se limitan únicamente al acceso formal a determinados lugares, porque incluso allí donde existen avances normativos persisten formas culturales de desigualdad más silenciosas y profundas. Muchas mujeres continúan enfrentando mayores exigencias de validación, evaluaciones más severas sobre sus trayectorias y una demanda constante de demostrar legitimidad en ámbitos donde, en otros, esa legitimidad suele presumirse.
Simone de Beauvoir advirtió que “nunca se olvida que basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados”. Esa reflexión conserva plena actualidad: el desafío sigue siendo consolidar una cultura democrática donde la igualdad sea un principio arraigado y no una conquista siempre vulnerable. Pero, además, hay un reto más profundo: construir sociedades capaces de valorar a cada persona por su aporte humano, intelectual y ético, y no por categorías previas.
-¿Qué mensaje te gustaría dejar en el marco del Día de la Mujer?
-El Día de la Mujer constituye una oportunidad para renovar una reflexión colectiva sobre la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de seguir construyendo instituciones más inclusivas y conscientes de su responsabilidad histórica.
En el ámbito universitario, esto adquiere una dimensión particular, porque la universidad no solo transmite conocimiento: también forma ciudadanía, valores y horizontes de convivencia.
Por eso, más que una conmemoración, esta fecha debe invitarnos a profundizar una cultura del respeto, de la igualdad de oportunidades y del reconocimiento mutuo, entendiendo que una sociedad se fortalece cuando amplía derechos y escucha voces diversas.
Vilma Baragiola
Política con amplia trayectoria en la ciudad y referente del radicalismo local. Es concejal por la UCR–Nuevos Aires y cuenta con varios períodos previos como edil. Entre 2005 y 2009 fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el radicalismo. También fue secretaria de Desarrollo Social, cargo que ocupó en tres oportunidades. Además, se desempeñó como parlamentaria del Mercosur.
-¿Qué significa ser mujer en espacios de poder?
-La significación de ser mujer en espacios de poder realmente tiene que ver con la necesidad de demostrar permanentemente que ese lugar que has logrado está vinculado con la capacitación que tenés, con el trabajo que realizás, con los hechos que lográs y, básicamente, con la representación —en el caso de la política— que tenés sobre la sociedad de la cual sos parte.
Por supuesto que cuesta mucho más que a los varones. Es notoria la exigencia que se le impone a la mujer para poder ocupar un espacio de poder, lo compleja que es la realidad para lograr ese lugar. Y cuando comparás la presencia, el logro y los hechos realizados, te das cuenta de que muchas veces a la mujer le llevó muchísimo más tiempo llegar a ese espacio de poder, teniendo que demostrar permanentemente su capacidad, incluso dejando de lado tiempos de crianza de su familia, porque la presencia era exigida para que nadie tuviera dudas de que realmente tenía la capacidad para poder llevar adelante el cargo que se le había otorgado o el cargo que había logrado por sus propios méritos.
-¿Qué desafíos enfrentan hoy las mujeres en el siglo XXI?
-Yo creo que el desafío que enfrenta hoy la mujer en el siglo veintiuno es el mismo desafío que viene enfrentando desde hace añares y añares: a igual cargo, igual salario. Aunque parezca mentira, aún hoy seguimos dando la discusión sobre la diferencia que existe al ocupar un mismo cargo que un varón y que el salario sea menor.
Las exigencias que tiene la mujer son totalmente diferentes a las que se le exige al varón, como ya lo dije anteriormente, pero en lo que hace a lo económico es sustancialmente distinto lo que cobra una mujer respecto de lo que puede cobrar un varón. Y este es uno de los desafíos que vienen. Así que, por lo tanto, entiendo yo que es la lucha que hay que dar.
-¿Qué mensaje te gustaría dejar en el marco del Día de la Mujer?
-El mensaje que me gustaría dejar para este día tan particular de conmemoración, el Día de la Mujer, es que sigan dando la pelea. Tenemos la capacidad, tenemos la fuerza y tenemos la enorme posibilidad de conducir un país, de conducir una provincia o un distrito, y de tener realmente representación en el ámbito social y en el ámbito profesional. Pero lo tenemos que intentar, nos tenemos que animar.
Yo muchas veces veo que muchas mujeres con muchísima capacitación no se animan, no tienen la seguridad necesaria para poder cumplir con el objetivo. Y me parece que, si hubiera más mujeres conduciendo, seguramente existiría más igualdad en la sociedad en la que vivimos.
La mujer le da eso a la sociedad, le da esa posibilidad de lograr otra sensibilidad en el mundo en el que vivimos. La verdad es que no veo bien la imposibilidad que tenemos muchas veces las mujeres de poder ocupar un cargo de mando, un cargo de decisión, sobre todo cuando hay mucho varón que, por el mero hecho de ser mujer, te impide la posibilidad de llegar al objetivo.
Carla Ardanaz
Empresaria marplatense. Es una de las propietarias de la agencia Ya! Publicidad. En el ámbito público, se desempeñó como ministra de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Luis en 2007. A nivel local, entre diciembre de 2019 y junio de 2021 fue directora de Comercio del municipio de General Pueyrredon. Posteriormente asumió como vicepresidenta del EMTUR de Mar del Plata, cargo que ocupó desde fines de 2021 hasta fines de 2023.
-¿Qué significa ser mujer en espacios de poder?
-Cuando el lugar se gana por capacidad y entrega, no veo la diferencia. Creo que se ganó mucho terreno y hoy las mujeres ejercen el poder en igualdad de condiciones. Estoy convencida de que tener una mujer al frente de un proyecto o de un equipo le suma un plus.
-¿Qué desafíos enfrentan hoy las mujeres en el siglo XXI?
-Las mujeres nos cuestionamos más que los hombres los múltiples roles (trabajo, familia, desarrollo personal, amigos) y tenemos que priorizar la energía y el tiempo, dejando de lado la culpa. Si le sacamos drama, somos mejores.
-¿Qué mensaje te gustaría dejar en el marco del Día de la Mujer?
-No tenemos límites.
Mirta Moreno
Es empresaria y presidenta de HDQUÍMICA, empresa que desde hace más de 20 años se dedica a la industria del Oil & Gas. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata y desde 2005 se desempeña en la firma, donde fue formándose y enfrentando los distintos desafíos que atravesó la empresa a lo largo de los años.
-¿Qué significa ser mujer en espacios de poder?
-Es importante que las mujeres, después de tantos años de lucha, puedan ocupar espacios donde se toman decisiones importantes, ya sea desde la Justicia, la política o desde las empresas. Es importante aportar la perspectiva de una mujer para la toma de decisiones.
Sin caer en posturas feministas, las mujeres por lo general tienen más incorporada la idea de escuchar, incluir opiniones y construir consensos. Utilizan más el estilo de liderazgo participativo.
-¿Qué desafíos enfrentan hoy las mujeres en el siglo XXI?
-Creo que el mayor desafío que las mujeres enfrentan en este siglo es el de las responsabilidades domésticas y el de llevar adelante los desafíos laborales.
-¿Qué mensaje te gustaría dejar en el marco del Día de la Mujer?
-En el Día Internacional de la Mujer me gustaría alentar a todas aquellas mujeres que tengan sueños a que vayan tras ellos y afronten los desafíos, ya que todo se puede lograr. Solo hay que poner metas y luego trabajar, desde el lugar que ocupemos, para llegar a ellas.
El preocupante estado de la flota municipal y el laberinto administrativo de General Pueyrredon
l verano ha quedado atrás en Mar del Plata, pero la resaca de una gestión logística deficiente empieza a emerger con el inicio de marzo. Aquella flota municipal que supo nutrirse de los golpes al narcotráfico para tapar baches operativos hoy se encuentra en una encrucijada donde el deterioro mecánico se combina con la opacidad administrativa. Lo que hace cinco meses se presentó como una redistribución de responsabilidades, en la que cada dependencia y ente descentralizado pasó a manejar su propia flota, ha derivado en un escenario de fragmentación donde el control parece haberse esfumado.
El dato más alarmante, y que golpea directamente la autoridad moral del municipio ante los contribuyentes, es la situación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Resulta una paradoja política difícil de digerir que la misma administración que exige y sanciona a los ciudadanos por el cumplimiento de esta norma mantenga a la gran mayoría de sus propios vehículos circulando al margen de la ley. Sin la oblea reglamentaria, las unidades municipales no solo operan en la ilegalidad, sino que representan un riesgo latente para el personal y para terceros. Este incumplimiento no es una mera omisión burocrática, sino el síntoma de un estado de abandono que ya no se puede ocultar bajo el discurso de la emergencia.
A esta irregularidad normativa se suma una crisis de mantenimiento que roza lo absurdo en términos económicos. Según ha trascendido, el estado de conservación de muchos móviles es tan deplorable que las pólizas de seguro vigentes cubren montos significativamente inferiores a lo que costaría ponerlos en condiciones funcionales. En términos llanos: el municipio tiene autos asegurados por valores de desguace mientras intenta utilizarlos para tareas de seguridad, salud o servicios urbanos. Esta descapitalización silenciosa convierte a la flota en un lastre financiero, donde la reparación de una camioneta o un camión se vuelve una misión imposible ante presupuestos que no contemplan la realidad de un parque automotor agotado por el uso intensivo y la falta de una política de mantenimiento centralizada.
Mientras la gestión interna se desmorona en compartimentos estancos, el frente judicial vuelve a presionar. Aquellos vehículos "judicializados" que llegaron como un alivio tras las causas de narcocriminalidad están dejando de ser una certeza. La Justicia continúa solicitando la devolución de estas unidades para avanzar en los procesos legales o para su restitución, dejando a la Comuna en una posición de extrema vulnerabilidad. Si el municipio no logra regularizar y mantener sus propios activos, y simultáneamente pierde las herramientas prestadas por los juzgados federales, el riesgo de una parálisis operativa en áreas sensibles es inminente.
El desafío de General Pueyrredon ya no es solo conseguir vehículos, sino demostrar que es capaz de gestionarlos con la transparencia y la rigurosidad que exige el manejo de los bienes públicos, antes de que el patrimonio municipal termine convertido definitivamente en un cementerio de chatarra a la vista de todos.
Escándalo en el PJ local: denuncian a La Cámpora por cerrar la sede
La temperatura política en el Partido Justicialista de General Pueyrredon alcanzó su punto de ebullición este martes, transformando la cuenta regresiva hacia las elecciones del 15 de marzo en un escenario de confrontación directa. Lo que comenzó como una disputa de modelos y alineamientos entre el kicillofismo y La Cámpora derivó en una denuncia de gravedad institucional: las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de Mar del Plata - Batán denunciaron públicamente que sectores vinculados a la organización liderada por Fernanda Raverta procedieron, de manera deliberada, a cambiar la cerradura de la sede partidaria para impedir el acceso.
El comunicado, que lleva la firma del secretario general Juan Domingo Novero, no escatima en calificativos para describir la maniobra. Desde la estructura sindical calificaron el hecho como un acto de "extrema gravedad institucional" y una "clara expresión de sectarismo". Según el documento, la acción es un gesto que las 62 Organizaciones consideran ajeno a la tradición democrática y al espíritu frentista que debería primar en el movimiento peronista, especialmente en un distrito clave de la Quinta Sección Electoral.
Este conflicto estalla en un momento crítico. Mientras la Lista 4, encabezada por Daniel Di Bártolo y apadrinada por el ravertismo, intenta consolidar su fuerza a través de una intensa campaña que incluye desde el uso de "uber electorales" hasta mensajes grabados por la propia Raverta, la oposición interna nucleada en la Lista 6 ve en este episodio la confirmación de un estilo de conducción excluyente. La nómina liderada por Adriana Donzelli, que aglutina al peronismo tradicional, a los gremios moyanistas y al sector referenciado en el gobernador Axel Kicillof, ha insistido en la necesidad de recuperar una "casa abierta y plural", concepto que hoy resuena con más fuerza tras la denuncia del lock-out en la sede de General Pueyrredon.
Para el brazo gremial del peronismo, el intento de "apropiarse" de un espacio físico que pertenece al conjunto de la militancia no es solo un hecho aislado, sino una maniobra que debilita al partido de cara a la sociedad. En el texto difundido, se advierte que este tipo de prácticas alejan al peronismo de las necesidades del pueblo y subraya que las diferencias políticas deben resolverse siempre dentro de los ámbitos orgánicos, respetando las autoridades constituidas por el voto de los afiliados.
La elección del 15 de marzo, donde más de 31.000 afiliados están habilitados para votar en la Escuela Técnica N°3, ya no solo se percibe como una disputa por el control administrativo del PJ. Se ha convertido en un plebiscito sobre las formas políticas: por un lado, la estructura verticalista que hoy es cuestionada por cerrar las puertas de la sede; por el otro, una coalición que busca descentralizar el poder interno. Con el "bastón de mariscal" en juego de cara a 2027, el peronismo marplatense llega a las urnas en un clima de desconfianza y con sus puertas —literal y simbólicamente— bajo llave.
Guerra de expedientes: la "desideologización" del recinto choca con la agenda de la memoria
El escenario político en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon ha ingresado en una fase de alta intensidad simbólica. Este martes 10 de marzo de 2026, el concejal Julián Bussetti, titular de la bancada del PRO, formalizó una iniciativa que promete alterar el orden protocolar de las sesiones y, fundamentalmente, reabrir una discusión de fondo sobre la neutralidad institucional y las políticas de memoria. El expediente presentado busca dejar sin efecto el Decreto 1825/2015, una norma que desde hace más de una década dispone la proyección del video "Historias de Abuelas – La identidad no se impone" en cada actividad participativa convocada por el cuerpo legislativo.
En los fundamentos de su propuesta, Bussetti argumenta que el Concejo Deliberante debe garantizar un marco de pluralismo y convivencia democrática, evitando la identificación permanente con una organización o causa específica en detrimento de otras. Según el texto del proyecto, la obligatoriedad de este material audiovisual introduce un sesgo que colisiona con el principio de neutralidad que debe regir al cuerpo. El edil sostiene que la selección de una institución por sobre otras deja de lado reclamos igualmente legítimos, citando como ejemplos la causa de los Veteranos y Héroes de Malvinas o las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Asimismo, el proyecto advierte sobre el riesgo de una "banalización" de las causas sociales producto de una "reiteración ritualizada" de contenidos.
En lugar de la proyección de "Historias de Abuelas", el oficialismo propone una reforma al artículo 74 del Reglamento Interno para jerarquizar los símbolos nacionales. La modificación impulsada establece que será estrictamente obligatorio entonar el Himno Nacional Argentino y realizar el izado de la bandera nacional al comienzo de cada sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria. Para Bussetti y sus pares de bloque que acompañan la firma, estos símbolos constituyen elementos de unión que trascienden las diferencias partidarias e ideológicas, aportando la solemnidad que la función pública requiere.
Esta presentación no surge en un vacío político, sino que se encadena con una serie de fricciones que han dejado expuestas las disputas en el recinto y las costuras del interbloque oficialista. Apenas una semana atrás, la comisión de Educación fue el epicentro de un fuerte cruce por la incorporación de leyendas alusivas a los 50 años del golpe en la papelería oficial. En aquella instancia, mientras el PRO y La Libertad Avanza (LLA) manifestaban reparos metodológicos frente a lo que consideraban una imposición de consignas y solicitaron modificaciones, la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires (UCR+NA) se plegó a la postura de la oposición, permitiendo que la iniciativa avanzara.
La tensión interna sumó un nuevo capítulo hoy mismo, de forma simultánea a la movida del PRO, cuando el bloque de la UCR+NA ingresó otro expediente de carga histórica: un proyecto para declarar de valor institucional la Comunicación Nº 1 de 1984, el primer pedido de informes local sobre las inhumaciones N.N. durante la dictadura. Esta divergencia de agendas dentro de la misma coalición de gobierno sugiere que el tratamiento del proyecto de Bussetti no será un trámite sencillo. Mientras un sector del oficialismo busca "desideologizar" el protocolo apelando a los símbolos patrios, otro sector —el radicalismo— parece decidido a reivindicar el rol histórico de la institución en el proceso de justicia y reparación.
Asimismo, la llegada de este nuevo expediente a las comisiones internas promete elevar el tono de la confrontación con los bloques opositores. Desde dichos sectores ya se han manifestado posturas críticas ante lo que consideran un retroceso en los consensos democráticos básicos alcanzados por la ciudad.
Con el 24 de marzo en el horizonte cercano, el Concejo Deliberante se encamina a un debate donde las formas, los símbolos y la interpretación de la historia reciente volverán a ocupar el centro de la escena. Así, se probará la capacidad de las fuerzas políticas para encontrar puntos de equilibrio en un año marcado por la carga emocional y política de las cinco décadas del quiebre institucional de 1976.
Se desató la polémica en el HCD por una excepción para un hotel que ya funciona en el sur de la ciudad
Las excepciones urbanísticas volvieron al centro de la escena en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon y, otra vez, con polémica. La comisión de Obras y Planeamiento aprobó por unanimidad un cambio de uso de suelo para permitir la instalación de un hotel en el barrio Acantilados, aunque el establecimiento ya fue inaugurado y funciona desde comienzos de enero.
El hotel boutique Locus Solus fue inaugurado el 7 de enero de este año y se promociona en redes sociales para hospedarse, con tarifas que rondan los 360 dólares por noche. El edificio era una vivienda familiar conocida en el barrio como “la casa inclinada”, que en 2023 comenzó su reconversión en hotel: se sumó un piso para habitaciones y se excavó para incorporar otras junto con un spa.
Además, el emprendimiento se instaló en un sector de Acantilados donde vecinos señalan la falta de servicios básicos como agua corriente y cloacas, lo que también generó cuestionamientos sobre la llegada de desarrollos de este tipo.
El expediente fue tratado en la comisión que preside el concejal del PRO Fernando Muro y contó con el acompañamiento de todos los bloques: PRO, La Libertad Avanza, Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro. La iniciativa autoriza a Julieta Lepore a afectar con el uso “hotel” un predio ubicado en Corbeta Uruguay 10.279.
El terreno, de 1.558 metros cuadrados, se encuentra dentro del distrito residencial R7 del Código de Ordenamiento Territorial (COT), donde el uso hotelero está prohibido. Por ese motivo, el trámite llegó al Concejo a través de un recurso a las normas de uso de suelo para habilitar de manera excepcional la actividad.
El proyecto contempla un establecimiento de tres niveles con habitaciones, áreas de servicio y espacios destinados al bienestar de los huéspedes. Entre las instalaciones previstas se incluyen hall de acceso, desayunador, cocina, gimnasio, pileta y un sector de spa con sauna húmedo, sauna seco, sala de masajes y área de relajación.
El expediente había sido enviado al Concejo por el secretario de Obras y Planeamiento, Jorge González, el 9 de diciembre de 2025, apenas un día antes de la asunción de los nuevos concejales.
Durante el debate en la comisión también se mencionó la posibilidad de revisar el Código de Ordenamiento Territorial para que algunos usos que hoy requieren excepciones puedan contemplarse de manera regular. Tras su aprobación en Obras, el expediente deberá continuar su tratamiento en la comisión de Legislación, presidida por el radical Ariel Bordaisco.
En el tratamiento del expediente también quedó en evidencia que, al menos en este caso, la grieta política se diluyó. Oficialismo y oposición acompañaron por unanimidad la excepción urbanística, incluso cuando el emprendimiento ya había sido inaugurado y estaba en funcionamiento. Una postal que vuelve a repetirse en el Concejo: proyectos que primero se concretan en la práctica y luego reciben la aprobación política, en un escenario donde nadie parece dispuesto a pagar el costo de frenar lo que ya está en marcha.
Controversia por la torre de 35 pisos: entre la denuncia penal y el debate por el planeamiento urbano
La disputa por la construcción de una torre de 127 metros de altura en la zona de Playa Varese ha ingresado en una fase de definiciones legales que trasciende la mera objeción vecinal. Luego de que la Cámara de Apelaciones levantara la medida cautelar que frenaba el avance administrativo de la obra, las entidades Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation han reconfigurado su estrategia, trasladando el eje del conflicto hacia la presunta nulidad de los procesos técnicos que sustentan la autorización municipal.
La novedad más significativa en el expediente es la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía N° 7 contra el arquitecto Ricardo Rodríguez, uno de los firmantes de la fundamentación urbanística del proyecto. Según la documentación aportada por los demandantes, Rodríguez no contaría con matrícula habilitante en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2011.
Desde la perspectiva legal de las organizaciones, este no es un dato menor: la fundamentación urbanística es un requisito sine qua non para solicitar excepciones al Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). De confirmarse la usurpación de título, el trámite administrativo original podría ser declarado nulo, arrastrando consigo la validez de las ordenanzas posteriores que otorgaron indicadores especiales a la fiduciaria Paisajes Urbanos.
Más allá de la situación profesional de los firmantes, el cuerpo del reclamo se centra en la magnitud del proyecto. El diseño contempla una superficie de 30.000 metros cuadrados, una cifra que contrasta drásticamente con los 5.800 metros cuadrados permitidos por la normativa vigente para ese sector.
Este excedente constructivo es el que permitiría la elevación de la torre hasta los 35 pisos, generando —según proyecciones técnicas— un cono de sombra de 463 metros que alcanzaría tanto la arena de Playa Varese como diversas manzanas del barrio Stella Maris. A este escenario se suma una impugnación a la declaración de impacto ambiental: los demandantes señalan la existencia de vínculos personales entre la profesional que realizó el estudio y funcionarios del gabinete municipal, lo que pondría en tela de juicio la imparcialidad del control estatal.
En contraposición, las firmas IMASA y el estudio Mariani, Pérez Maraviglia y Cañadas defienden la legitimidad y la necesidad del proyecto. Sostienen que la propuesta ha cumplido con todas las instancias administrativas y representa una inversión estratégica para Mar del Plata. Para los desarrolladores, el proyecto se encuadra en una visión de "modernización" de la costa, argumentando que la integración de chalets patrimoniales con edificios de alta gama es una fórmula probada para dinamizar la economía local y generar empleo. Bajo esta óptica, el desarrollo no vulnera la ciudad, sino que la "reinventa", ofreciendo un estándar de construcción que atrae inversiones y revaloriza el entorno urbano.
Actualmente, la resolución de fondo permanece en manos del juez Simón Isaach, en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1. Si bien la ausencia de una cautelar permite al municipio y a la empresa avanzar con las gestiones previas a la construcción, el desenlace de la causa penal por la matrícula profesional y el juicio principal marcarán un hito en la jurisprudencia local.
El caso de "La Robla" se ha convertido en el termómetro de una tensión mayor en General Pueyrredon: la búsqueda de un equilibrio entre el fomento a la inversión privada y la seguridad jurídica de los procedimientos técnicos, en un contexto donde el paisaje costero es entendido como un bien público a preservar.
El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición 2024 de General Pueyrredon pero multó a Montenegro
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Rendición de Cuentas 2024 de la Municipalidad de General Pueyrredon, aunque el fallo incluyó multas, cargos patrimoniales y advertencias dirigidas a varios funcionarios de la gestión municipal.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, convalidó por unanimidad la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024 tanto de la administración central como del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), uno de los organismos descentralizados del distrito
.
Sin embargo, el organismo de control provincial también dispuso sanciones económicas de $340.000 para el intendente de licencia Guillermo Montenegro y para el secretario Legal, Técnico y de Hacienda Mauro Martinelli. A su vez, aplicó amonestaciones al secretario de Seguridad Rodrigo Gonçalvez y al tesorero municipal Mauricio Mingo.
El fallo también estableció cargos patrimoniales que deberán afrontar distintos funcionarios por montos que superan los $500.000. Uno de ellos, por $352.310,72, fue formulado de manera solidaria contra Montenegro y el delegado municipal de Sierra de los Padres y La Peregrina, Julio César Romero.
Además, se dispuso otro cargo por $164.477,75 contra el entonces jefe comunal, el ahora subsecretario de Asuntos Estratégicos, Santiago Bonifatti, por las funciones que ejercía, y el propio Martinelli.
El organismo de control también dejó reservas sobre distintos aspectos administrativos, cuyo análisis se postergó para futuras revisiones. Entre los funcionarios alcanzados por esas observaciones figuran Montenegro, Martinelli, Bonifatti, la que fue presidenta del Concejo Deliberante en el 2024, Marina Sánchez Herrero y exintegrantes del gabinete municipal.
En paralelo, el fallo ordenó a los funcionarios sancionados depositar los montos correspondientes en cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en un plazo de 90 días, aunque la resolución podrá ser apelada dentro de los 15 días previstos por la normativa vigente.
La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°3, ubicada en la calle 14 de Julio, será este domingo el escenario de una batalla que dice poco sobre el futuro de la ciudad y mucho sobre las miserias del poder doméstico. De 8 a 18 horas, el peronismo marplatense intentará dirimir una conducción que llega astillada por la sospecha. En el búnker de la Lista 6, denominada “Peronismo Derecho al Futuro”, el clima es de una tensa calma que bordea la paranoia. Allí, la figura de Gustavo Pulti se ha vuelto un enigma indescifrable para sus propios aliados. El ex intendente, pieza del armado que encabeza Adriana Donzelli y que cuenta con el sello del gobernador Axel Kicillof, se comporta como un invitado que ya tiene un pie fuera de la fiesta.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, convalidó por unanimidad la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024 tanto de la administración central como del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), uno de los organismos descentralizados del distrito
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Sin embargo, el organismo de control provincial también dispuso sanciones económicas de $340.000 para el intendente de licencia Guillermo Montenegro y para el secretario Legal, Técnico y de Hacienda Mauro Martinelli. A su vez, aplicó amonestaciones al secretario de Seguridad Rodrigo Gonçalvez y al tesorero municipal Mauricio Mingo.
El fallo también estableció cargos patrimoniales que deberán afrontar distintos funcionarios por montos que superan los $500.000. Uno de ellos, por $352.310,72, fue formulado de manera solidaria contra Montenegro y el delegado municipal de Sierra de los Padres y La Peregrina, Julio César Romero.
Además, se dispuso otro cargo por $164.477,75 contra el entonces jefe comunal, el ahora subsecretario de Asuntos Estratégicos, Santiago Bonifatti, por las funciones que ejercía, y el propio Martinelli.
El organismo de control también dejó reservas sobre distintos aspectos administrativos, cuyo análisis se postergó para futuras revisiones. Entre los funcionarios alcanzados por esas observaciones figuran Montenegro, Martinelli, Bonifatti, la que fue presidenta del Concejo Deliberante en el 2024, Marina Sánchez Herrero y exintegrantes del gabinete municipal.
En paralelo, el fallo ordenó a los funcionarios sancionados depositar los montos correspondientes en cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en un plazo de 90 días, aunque la resolución podrá ser apelada dentro de los 15 días previstos por la normativa vigente.
El peronismo marplatense va a las urnas entre el olor a nafta y el fantasma de la traición