El inicio de la actividad legislativa en General Pueyrredon trae consigo una cuenta pendiente y que promete agitar las aguas en las comisiones del Concejo Deliberante. El Departamento Ejecutivo elevó un proyecto de ordenanza para reconocer una deuda de $24.800.000 a favor de la firma IT Consult S.A., proveedora del servicio de telemedicina. Lo que en términos técnicos se denomina un “legítimo abono” —un mecanismo para autorizar pagos fuera de término— es, en la práctica, un nuevo capítulo en la cuestionada política sanitaria de la Secretaría de Salud que conduce Viviana Bernabei.
La génesis de este expediente roza lo insólito para una prestación que se promociona bajo las banderas de la modernización y la agilidad tecnológica. Según el mensaje de elevación firmado por el Ejecutivo, la factura de diciembre de 2025 fue cargada en el portal municipal bajo una denominación errónea: en lugar de figurar como "Factura B", fue ingresada como "CEO". El error fue detectado por la División Gestión de Facturación, pero el intercambio de correos electrónicos con la empresa para subsanar la falla se dilató hasta el 21 de enero, fecha en que venció el plazo de la Contaduría General para el cierre del ejercicio. Ahora, la demora administrativa obliga a los concejales a convalidar un gasto que, aunque devengado, quedó atrapado en el limbo de la burocracia municipal.
Esta irregularidad administrativa se da en un contexto donde el servicio de telemedicina ya venía acumulando críticas por su costo y efectividad. El contrato con IT Consult S.A., adjudicado en mayo de 2025 por un total de 297,6 millones de pesos tras un polémico proceso licitatorio donde fue la única oferta válida, fue presentado como la solución definitiva a las esperas en las guardias. Sin embargo, los datos que la propia gestión de Bernabei difundió durante el año pasado revelaron una realidad incómoda: el 81% de los usuarios atendidos por la plataforma no tiene obra social, lo que confirma que la aplicación SALUD MGP se ha convertido en el último recurso de una población que no encuentra respuestas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
La tensión entre la inversión digital y el abandono territorial sigue siendo el eje del conflicto político. Mientras el oficialismo destaca la accesibilidad de la videollamada las 24 horas, en los barrios la realidad es otra. Durante el 2025, el sistema de salud local fue escenario de movilizaciones vecinales y reclamos por falta de médicos en guardias clave como las de Playa Serena o el CAPS N°2. El episodio de la factura mal cargada no hace más que alimentar las sospechas de quienes sostienen que la gestión de salud ha priorizado el marketing tecnológico sobre la inversión estructural en el personal y los insumos de las salas periféricas, que siguen operando con turnos escasos y edificios deteriorados.
Con el expediente ya en el Concejo, el debate no se limitará a un ajuste contable de fin de año. La discusión reflotará las dudas sobre la transparencia y la eficacia de una tercerización millonaria en un municipio que, mientras intenta mostrarse moderno a través de una pantalla, no logra garantizar la atención básica en sus barrios más necesitados. En este marco, se espera que se multipliquen los pedidos de informes a una Secretaría de Salud cuya figura principal, Viviana Bernabei, enfrenta un desgaste acelerado tras años de interpelaciones frustradas y un sistema que, a pesar de los parches digitales, parece seguir crujiendo.
