La Tecla Mar del Plata
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A más de cuatro años de la ordenanza que obligó a establecer un esquema claro de compensaciones urbanísticas, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon sigue sin contar con una regulación definitiva mientras continúan ingresando pedidos de cambios en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) con contraprestaciones para el Municipio.
El último plazo para la presentación del anteproyecto que debía ordenar el sistema ya expiró. La fecha límite había sido fijada para el 10 de febrero, tras una prórroga de 180 días aprobada por el oficialismo junto a bloques aliados. Sin embargo, el vencimiento coincidió con el feriado por el aniversario de la fundación de Mar del Plata, jornada sin actividad administrativa en el ámbito municipal.
A casi un mes de ese límite, no hubo novedades sobre la presentación del texto prometido ni señales de que se haya activado la Comisión Especial de Compensaciones Urbanísticas creada para analizar el tema. En ese contexto, dentro del Concejo crece la idea de que el tratamiento volverá a postergarse.
El retraso no es menor. La ordenanza que ordenaba establecer un marco para definir las contraprestaciones que deben afrontar los desarrolladores cuando obtienen beneficios urbanísticos fue sancionada hace cuatro años, pero el mecanismo para reglamentarla aún no llegó al recinto.
Mientras tanto, el andamiaje administrativo sigue funcionando. En las últimas horas volvió a ingresar al Concejo un proyecto vinculado a modificaciones en indicadores urbanísticos y cambios de uso del suelo dentro del COT impulsados por el Departamento Ejecutivo.
El expediente presentado corresponde a la firma Molas y Asociados Fiduciaria, que solicitó modificar el uso del suelo en un predio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery al 5000 para desarrollar un paseo comercial.
Como contraprestación urbanística, la iniciativa plantea la realización de obras de ampliación del alumbrado público en el denominado “sector 1” de esa misma avenida. El pedido se fundamenta en la aplicación de los artículos 46 y 51 de la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, normativa que habilita este tipo de acuerdos entre el sector privado y el Estado cuando se otorgan beneficios urbanísticos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el vacío normativo que persiste en el distrito. Sin una regulación específica que establezca criterios y parámetros para calcular las compensaciones, cada expediente queda sujeto a evaluaciones puntuales, lo que para algunos sectores abre interrogantes sobre la transparencia y el equilibrio de las contraprestaciones.
Así, mientras el Concejo todavía no logra avanzar con el marco regulatorio prometido, continúan tramitándose proyectos que implican excepciones urbanísticas y acuerdos de compensación, en un escenario donde la definición de fondo sigue sin aparecer.