13 de febrero de 2026
AHOGO FINANCIERO
Desde Mar del Plata, las pymes pesqueras reclaman por la parálisis en los reintegros del IVA
La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca elevó un nuevo reclamo ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Advierten que las demoras de ARCA en la devolución de créditos fiscales generan un impacto crítico en el capital de trabajo de las empresas.
La competitividad del sector pesquero en Mar del Plata atraviesa un escenario de creciente tensión administrativa y financiera. Las pequeñas y medianas empresas nucleadas en la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) volvieron a poner sobre la mesa una problemática que, lejos de solucionarse, parece haberse cristalizado como un obstáculo estructural para la exportación: el retraso sistemático en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El pedido de intervención fue dirigido directamente al subsecretario del área, Juan Antonio López Cazorla, a quien se le solicitó que medie ante las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para agilizar un flujo de fondos que resulta vital para el sostenimiento operativo de los frigoríficos.
El conflicto no es nuevo, pero ha ganado temperatura debido al volumen de capital que hoy permanece inmovilizado en las arcas del Estado. De acuerdo con los planteos del sector, el desfasaje entre las normativas vigentes y la práctica cotidiana del ente recaudador es alarmante. Mientras que el marco regulatorio actual establece plazos de pocos días hábiles para la acreditación de los pagos una vez aceptada la solicitud, la realidad muestra deudas que en muchos casos arrastran varios meses de demora. Esta situación genera una paradoja económica para los industriales locales: el mismo sistema que incentiva la generación de divisas a través de la venta al exterior termina castigando la liquidez de las empresas al retenerles créditos fiscales de manera indefinida.
La preocupación de los empresarios radica en la asimetría financiera que deben afrontar. Por un lado, el sector cumple con sus obligaciones impositivas y derechos de exportación en tiempo y forma; por el otro, los fondos que el Estado debe reintegrar se licúan ante una actualización administrativa que no logra compensar los índices de inflación ni los elevados costos del financiamiento bancario. Para muchas pymes, la imposibilidad de recuperar este capital en tiempo real anula cualquier margen de rentabilidad y las obliga a recurrir a préstamos externos con tasas que triplican o cuadruplican los intereses que el fisco reconoce por las demoras.
El reciente contacto con López Cazorla busca dar continuidad a un reclamo que ya había sido planteado formalmente en el último trimestre del año pasado. En aquel entonces, la cámara había alertado sobre el riesgo económico que implicaba tener cientos de millones de pesos frenados por la burocracia estatal. En febrero de 2026, la situación afecta principalmente a aquellas firmas que vuelcan la totalidad de su producción al mercado internacional, ya que carecen de la posibilidad de compensar esos saldos con ventas en el mercado interno.
En el sector prevalece una sensación de vulnerabilidad frente al rigor del sistema de fiscalización. Existe un consenso silencioso sobre la presión que ejerce el organismo recaudador, donde cualquier mínima inconsistencia formal es utilizada como argumento para dilatar los pagos, mientras que los plazos obligatorios para el Estado parecen ser meramente orientativos. Para la industria pesquera, la resolución de este cuello de botella no es solo una cuestión de justicia administrativa, sino una condición necesaria para evitar el cese de actividades en un eslabón clave de la economía regional.