Los primeros siete días de febrero tuvieron mucha actividad política en la ciudad. El retorno de las comisiones en el Concejo Deliberante, que iniciaron el tratamiento del Presupuesto 2026, la disputa por Mogotes sumó capítulos, la polémica que rodea la concesión del José María Minella tuvo impacto en el Palacio Municipal, el convenio por el alumbrado público con EDEA aún está en tratativas, la crítica situación del sistema educativo local. Todo eso y más al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.

Terreno frente al mar en la mira: la oposición cuestiona la subasta impulsada por el gobierno de Milei

La venta del lote ubicado en la calle Jujuy, lindero al Instituto Unzué, forma parte del paquete de bienes que el gobierno nacional busca subastar para recaudar dólares. Desde el kicillofismo impulsan un proyecto de resolución para que el HCD manifieste su rechazo y que el Municipio intervenga ante la AABE.

La decisión del gobierno nacional de avanzar con la subasta de terrenos costeros en Mar del Plata volvió a encender alertas en la política local. En las últimas horas, el proceso para desprenderse de un lote ubicado frente al mar, en la calle Jujuy al 154, sumó rechazos desde el Concejo Deliberante, donde advierten sobre el impacto urbano, ambiental y patrimonial de la operación impulsada por la gestión de Javier Milei.

La venta del inmueble se enmarca en la política nacional de reducción del Estado y generación de divisas a través de la enajenación de bienes públicos. La medida alcanza a distintos activos en todo el país y que correrían el mismo destino los hoteles de Chapadmalal o el predio conocido como la “Canchita de los Bomberos”. En este caso, se trata de un terreno de 453,55 metros cuadrados que forma parte del paquete de más de 300 inmuebles que la Nación busca subastar.

La subasta fue publicada en el sistema oficial de compras y contrataciones “Comprar”, donde los interesados podrán presentar ofertas durante todo febrero. La apertura de sobres está prevista para los primeros días de marzo y el precio base fue fijado en 249.491,53 dólares. Según informó el Ejecutivo nacional, los fondos obtenidos serán destinados al Fondo Nacional del Menor y la Familia.

Frente a este escenario, el bloque de Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro presentó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante manifieste su oposición formal a la venta y solicite la intervención del Municipio ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Desde el espacio sostienen que no se trata de una operación inmobiliaria común, sino de un sector con valor estratégico para la ciudad.

Desde la bancada remarcaron que Mar del Plata presenta un déficit estructural de espacios verdes y superficies absorbentes, una situación que se profundiza con cada nuevo avance sobre el suelo costero. En ese sentido, cuestionaron que, en lugar de promover áreas públicas de ese tipo, el Estado nacional habilite la posibilidad de impermeabilizar un nuevo lote frente al mar, lo que “agrava los problemas de escurrimiento pluvial, anegamientos e inundaciones”.

La resolución presentada expresa “su enérgico rechazo” a la subasta del inmueble y declara “la necesidad de intervención” del Gobierno municipal ante las autoridades nacionales. El terreno en cuestión se encuentra lindero al Instituto Saturnino Unzué, declarado Monumento Histórico Nacional, y forma parte de un entorno que cuenta con protección patrimonial.

Para el bloque impulsor del proyecto, “se trata de un entorno de protección patrimonial, un bien estratégico del entorno patrimonial, cuya enajenación afecta la integridad, el paisaje y la función urbana del bien protegido”. Además, recordaron que el Plan de Acción elaborado en el marco de la Plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo advierte sobre la escasez de espacios verdes en la ciudad y los riesgos de seguir reduciendo superficies absorbentes.

“Esta es precisamente la razón por la cual no pueden reducirse los espacios verdes en Mar del Plata, como se pretende con la venta de este terreno”, sostuvieron desde el espacio político, al tiempo que alertaron que “avanzar en la venta de terrenos estratégicos, especialmente en zonas costeras consolidadas, va en sentido contrario a los lineamientos técnicos de planificación urbana sostenible y debilita la capacidad ambiental de la ciudad frente al cambio climático”.

El proyecto también reclama que no se avance con la subasta sin estudios previos de impacto ambiental y patrimonial. En ese punto, el texto del expediente señala de manera explícita que “no se avance en la venta del inmueble sin la realización previa de estudio de impacto ambiental y patrimonial, con participación de la autoridad local competente y en resguardo del interés público de la ciudad”.

Desde AM-MDF remarcaron que la comuna posee competencias indelegables en materia de planeamiento urbano, ambiente, paisaje y espacio público, y advirtieron que decisiones de este tipo requieren instancias de participación ciudadana y mecanismos transparentes, especialmente cuando se trata de bienes públicos ubicados en zonas sensibles de la costa.

Compensaciones urbanísticas: el reloj corre y asoma la chance de otra prórroga

Con el 10 de febrero como fecha tope, todavía no habría movimientos concretos para el ingreso del anteproyecto que debe regular los aportes de los grandes desarrolladores. La falta de actividad legislativa alimenta la posibilidad de una nueva postergación.
El calendario aprieta y el margen político parece reducirse al mínimo. Al comenzar febrero, en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon quedarían apenas unos días para que el Ejecutivo haga ingresar el anteproyecto destinado a regular las compensaciones urbanísticas, el esquema que define los aportes que deben realizar los grandes desarrolladores cuando acceden a excepciones al Código de Ordenamiento Territorial.

El plazo formal vencería el próximo 10 de febrero de 2026, fecha que coincide con un nuevo aniversario de Mar del Plata. Ese día concluiría la prórroga de 180 días que fue aprobada en su momento con los votos del oficialismo y bloques aliados. Sin embargo, hasta ahora no se registrarían señales concretas de avance ni movimientos que anticipen el ingreso del texto prometido.

La falta de actividad legislativa refuerza las dudas. Las comisiones aún no habrían comenzado a reunirse y, en ese contexto, todo indicaría que el tema tampoco sería abordado en el corto plazo. El escenario alimenta la hipótesis de una nueva postergación, más que la de una definición inminente.

La discusión, además, llegaría con retraso acumulado. La ordenanza que obligaba a establecer un régimen claro de compensaciones fue sancionada hace ya cuatro años, pero el anteproyecto sigue sin aparecer. Con los plazos prácticamente consumidos, el debate parecería haber dejado de ser técnico para pasar a ser estrictamente político: avanzar o volver a estirar los tiempos.

El contexto general suma presión. Mientras las compensaciones urbanísticas continúan sin un marco actualizado, el Régimen de Incentivos a la Construcción permanece vigente hasta septiembre de 2027, habilitando beneficios y excepciones sin un esquema definitivo de contraprestaciones económicas para el Municipio.

Con los días contados, cualquier demora adicional en el Concejo achicaría aún más la posibilidad de un debate profundo. Si el anteproyecto no ingresa en lo inmediato, el panorama empezaría a inclinarse hacia una salida conocida: otra prórroga o una resolución apresurada, sin discusión de fondo.

Concejo Deliberante: ¿la nueva conformación será un actor testimonial del desarrollo urbano?

Con el tramo final del verano, el Concejo Deliberante se apresta a retomar una práctica que le resulta familiar: la concesión de excepciones urbanísticas. Esta vez, el foco está puesto en un inmueble de estilo académico, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Belgrano y catalogado como Patrimonio Histórico, que podría quedar a merced de un canje por una probable “compensación”. En ese marco, el oficialismo vuelve a poner a prueba su mayoría automática, en un escenario atravesado por la presión y la voracidad del negocio inmobiliario.

Con la llegada de febrero, asoma en el horizonte marplatense el verdadero deporte de riesgo de la ciudad: la gestión del espacio público y la preservación de su identidad. El escenario de la próxima batalla no será la arena, sino el recinto del Concejo Deliberante, donde una desarrolladora porteña haría desembarcar una nota capaz de encender las alarmas de un patrimonio que, una vez más, se percibe acorralado por el cemento. El objetivo es el inmueble de Hipólito Yrigoyen 1910, aquella emblemática esquina que supo albergar a la Farmacia Garagnani y la Mueblería Roberts y que hoy se mantiene como uno de los escasos y elegantes testimonios del estilo académico que aún respiran en la ciudad. Protegido por la ordenanza 10.075, por medio de la 13.254, el edificio no es solo una estructura de dos pisos y subsuelo; es un fragmento de la memoria urbana que el Código de Preservación Patrimonial debería blindar, pero que la aritmética política actual parece dispuesta a subastar.

La propuesta que aterrizaría en los despachos oficiales tiene el tinte de una ironía pesada: solicitar la desafectación del inmueble para emplazar una plaza seca que funcionaría como “compensación” por otro desarrollo inmobiliario en la ciudad. Así, se trataría de una lógica de canje donde la identidad histórica se entrega a cambio de un parche diseñado para lavar la cara de un negocio mayor. No es la primera vez que este gigante de piedra enfrenta la embestida de la rentabilidad a corto plazo. En el pasado se intentó sin éxito quitarle el traje de protección patrimonial. Sin embargo, lo que antes encontró un freno, hoy se topa con un escenario político sensiblemente más dócil para los intereses privados.

El oficialismo de General Pueyrredon llega a este inicio de sesiones con un capital de catorce voluntades que, sobre el papel, funcionan con la precisión de una escribanía. Entre los cinco escaños del PRO, los cuatro de la Unión Cívica Radical+Nuevos Aires (UCR+NA), el voto de la Coalición Cívica - ARI (CC–ARI) y los cuatro apoyos de La Libertad Avanza (LLA), el número mágico de la mayoría está garantizado. La duda que flota en el aire no es matemática, sino ética y política. ¿Se encamina el interbloque oficialista hacia un rol puramente testimonial donde la protección del patrimonio sea apenas un estorbo burocrático para el "progreso" y desarrollo privado? La tendencia de los últimos períodos legislativos, signada por la aprobación sistemática de expedientes de excepción, ¿seguirá siendo la regla?

Para sumar una dosis de picante al caldo de cultivo, la figura de Agustín Neme como intendente interino no pasa desapercibida. Neme ha sabido ser una de las voces más estridentes a la hora de defender el padrinazgo privado sobre los espacios públicos, una postura que ve en el mercado inmobiliario al único arquitecto válido para el futuro de la ciudad. Con este escenario, la pregunta es si el oficialismo tendrá la audacia de imponer su visión sobre el Patrimonio Histórico o si, por el contrario, guardará las formas ante una sociedad que empieza a cansarse de ver cómo sus hitos arquitectónicos desaparecen entre grúas y "compensaciones" de dudoso valor público.

Párrafo aparte merece la incógnita que rodea a un sector de la oposición: ¿qué posición adoptará Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF)? Durante la intendencia de Gustavo Pulti, y cuando Martín Aiello —hoy presidente del partido— se desempeñaba como concejal y secretario adjunto de La Bancaria, se intentó sin éxito desafectar el inmueble de su condición de Patrimonio Histórico. Aquella avanzada no prosperó y, en medio de manejos que desde la conducción nacional del gremio no habrían resultado del todo claros, la central de La Bancaria en Buenos Aires decidió intervenir y quedarse con la propiedad. Ese mismo inmueble es el que ahora la desarrolladora porteña estaría escriturando, tras haber sido adquirido a la conducción nacional del sindicato. Con Pulti nuevamente sentado en una banca del Concejo Deliberante, la pregunta vuelve a escena: ¿acompañará el bloque vecinal una eventual desafectación? ¿Votará en contra, quedando atrapado en una contradicción política? ¿U optará por la tibia y cómoda abstención?

El debate por el inmueble de Yrigoyen 1910 será el termómetro de lo que vendrá. Si el Concejo cede ante la desarrolladora porteña, quedará claro que las ordenanzas de preservación son apenas sugerencias decorativas y que cualquier edificio, por más académico y elegante que sea, tiene un precio de liquidación si se ofrece a cambio una plaza de consuelo. Mientras la temporada se despide, la política local se prepara para demostrar si su lealtad está con la historia de los marplatenses o con la planilla de Excel de los desarrolladores.

Presupuesto 2026: el Ejecutivo activa el blindaje legal con el llamado a audiencias públicas

A través de dos decretos publicados este lunes, se formalizó la convocatoria para el 25 de febrero en el Concejo Deliberante. Con el foco puesto en OSSE y la Administración Central, la movida busca neutralizar posibles frenos judiciales y pavimentar el camino hacia una aprobación que el oficialismo se encaminaría a consolidar con su mayoría propia.

La hoja de ruta para el ejercicio financiero 2026 en General Pueyrredon ha sumado su capítulo administrativo más determinante. Tras el ingreso de los expedientes al Concejo Deliberante a fines de enero, el Boletín Oficial oficializó este 2 de febrero los decretos 203/26 y 204/26, mediante los cuales el Departamento Ejecutivo convoca a las audiencias públicas informativas para el tratamiento del Presupuesto de Gastos, el Cálculo de Recursos y las ordenanzas Fiscal e Impositiva. La cita, programada para el miércoles 25 de febrero a las 10 de la mañana en el recinto del Concejo Deliberante, no es un simple formalismo de transparencia; representa un movimiento táctico diseñado para blindar la arquitectura fiscal del gobierno local frente a cualquier eventual cuestionamiento en los tribunales.

El dato más significativo surge del decreto vinculado a Obras Sanitarias (OSSE). El texto reconoce de manera explícita que la convocatoria se realiza bajo el paraguas preventivo de una sentencia de primera instancia en la causa iniciada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC). Si bien el municipio aclara que dicho pronunciamiento no se encuentra firme ni implica un reconocimiento de los hechos, la decisión de abrir el presupuesto de OSSE a la consulta pública demuestra una voluntad de "curarse en salud". Ante un escenario donde el servicio sanitario y el reglamento general de la empresa estatal suelen ser focos de conflicto por sus actualizaciones tarifarias, el Ejecutivo prefiere agotar las instancias de participación ciudadana para evitar que un futuro amparo pueda empantanar el flujo de recursos de la prestataria.

En paralelo, la convocatoria para la Administración Central y los entes descentralizados unifica el debate sobre el ambicioso —y a la vez austero— presupuesto consolidado de 521.996 millones de pesos. Al programar ambas audiencias para el mismo día y hora, el oficialismo busca concentrar la discusión pública y acelerar los tiempos legislativos. El debate en el recinto del Concejo Deliberante funcionará como el termómetro final antes de que los expedientes pasen a la votación definitiva. Allí, la gestión local pondría a prueba la solidez del interbloque conformado por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, una alianza que, en los papeles, le otorgaría los 14 votos necesarios para garantizar la gobernabilidad financiera sin depender de las objeciones de una oposición que no articula un frente unido.

Esta etapa participativa llega en un momento donde la lupa está puesta en la reingeniería de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU) y el traslado del alumbrado público a la boleta de la empresa EDEA. Los decretos conocidos hoy confirman que la estrategia para el 2026 es el equilibrio fiscal a rajatabla, siguiendo la sintonía del modelo nacional, aunque ello implique un crecimiento nominal del gasto que queda relegado frente a la dinámica inflacionaria. Con la fecha del 25 de febrero ya marcada en el calendario, el oficialismo se encaminaría a cerrar la temporada estival con sus herramientas de gestión aprobadas, apostando a que la participación en las audiencias sea el último peldaño administrativo antes de convertir sus proyectos en leyes locales efectivas.

Reforma Laboral: la mirada local del proyecto de ley

La iniciativa impulsada por Milei para modificar el régimen laboral comenzará a tratarse en el Congreso. Ante ese escenario, legisladores marplatenses, el gobierno local y la CGT fijaron su postura.

Con la convocatoria del presidente Javier Milei a sesiones ordinarias del Congreso
Nacional, el tratamiento por la Reforma Laboral es inminente. En este marco, tras la
presentación del proyecto por parte del Ejecutivo nacional en diciembre, esta iniciativa ha generado debates y polémicas que prometen extenderse durante su paso por Senadores y Diputados. Ante este contexto, Mar del Plata no quedó exenta de las diferencias políticas, técnicas y hasta ideológicas que rodean la propuesta. Con representantes en ambas cámaras como el diputado nacional, Alejandro Carrancio, de La Libertad Avanza (LLA) y
el senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, la ciudad costera es un escenario de disputa por el impacto y las consecuencias que tendría la implementación de este proyecto.

En diálogo con La Tecla, Carrancio defendió la reforma laboral, una iniciativa que sostuvo fue reclamada por el sector empresario y que “es un proyecto que protege varias cuestiones: principalmente protege el empleo”. En tanto, Abad planteó una mirada más matizada al señalar que “pienso que la necesidad de una reforma laboral nadie la discute. Lo que genera diferencias es el sentido y los propósitos de una reforma en la economía del siglo XXI”.

Más allá de las posiciones de los representantes marplatenses en el Congreso, el debate atraviesa de lleno a la ciudad, un distrito históricamente marcado por altos niveles de desempleo, una problemática que preocupa de manera persistente a los trabajadores locales. Si bien los últimos informes laborales del INDEC muestran a la ciudad lejos del triste podio en materia de desocupación, la crisis económica, la apertura de importaciones, el atraso cambiario y el recorte de la obra pública podrían volver a empujar al alza los índices de desempleo.

En ese sentido, el exsecretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, remarcó que “la ciudad logró bajar los índices de desocupación al mínimo histórico. Eso es un logro de la ciudad en su conjunto, del sector público y del sector privado, y de la gestión”. Luego indicó que la reforma resulta “fundamental para Mar del Plata, porque tiene un sector privado muy fuerte”.

Luego, Muro sostuvo que “no es una opción la reforma laboral, es una necesidad que tiene y necesita nuestra economía”. Y agregó: “El ajuste en el trabajo ya lo hizo el mercado, dejando a 10 millones afuera de cualquier tipo de beneficio social: ni jubilación, ni obra social, ni seguro, ni nada; sin ART, sin nada”.

En la ciudad, las protestas contra la reforma laboral encabezadas por la CGT y las dos CTA se hicieron sentir con una importante movilización el 18 de diciembre. En la jornada no solo participaron las centrales obreras locales, sino también movimientos sociales, agrupaciones políticas y ciudadanos autoconvocados que se manifestaron en el centro marplatense. Durante la protesta, los manifestantes apuntaron que Milei “viene destrozando la industria”. En ese marco, denunciaron que el proyecto representa un retroceso de 50 años en la legislación laboral y alertaron especialmente sobre las limitaciones que se pretenden imponer al derecho a huelga, pilar fundamental de la organización gremial.

El secretario adjunto de la CGT Mar del Plata-Batán, Miguel Guglielmotti, advirtió que la reforma laboral “va a afectar a los marplatenses como a todos los trabajadores de la
República Argentina en sus condiciones laborales”. “Va a fomentar mucho más la precariedad laboral y claramente esto va a llevar a una situación muy compleja en una ciudad que hace más de 10 años viene atravesando serios problemas laborales, encabezando los índices de desocupación y precarización laboral de la República Argentina”, apuntó el exconcejal peronista. Guglielmotti también señaló que “los cambios propuestos impactan directamente en aspectos centrales como las vacaciones, las horas extras, las indemnizaciones y las condiciones de despido, debilitando la estabilidad laboral y empeorando la calidad del empleo”. Además, afirmó que “la evidencia empírica enseña que ninguna reforma laboral resulta instrumento idóneo para crear empleo. El actual proyecto tampoco lo será, sino que debilitará la posición de los que hoy tienen trabajo”.

Después, el sindicalista cargó contra el rumbo del gobierno de Mieli: “El modelo económico en curso deprime el mercado interno con salarios y jubilaciones pisadas, liberaliza las importaciones, con lo cual viene generando un verdadero industricidio y retrae el acceso al crédito, de tal modo que, de no modificar estas variables económicas y este rumbo, ningún
empleador contratará trabajadores por más baratos que sean”.

Con un debate que expone miradas opuestas, la reforma laboral va a empezar a avanzar en el Congreso Nacional mientras en Mar del Plata reaviva una discusión histórica sobre empleo, derechos y desarrollo productivo. En una ciudad atravesada por ciclos de desocupación y precarización, el proyecto vuelve a colocar al trabajo en el centro de la agenda política, en un contexto económico que combina expectativas, tensiones y fuerte incertidumbre.

“La educación no es un gasto”: el STM cuestionó los dichos de Recalt

La secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, rechazó el planteo rechazó el planteo de traspasar el sistema educativo municipal a la órbita provincial por parte del presidente del HCD y sostuvo que el problema es el incumplimiento del acuerdo de financiamiento por parte de Nación.

En la antesala del debate por el Presupuesto 2026, el sistema educativo municipal quedó en el centro de la escena tras las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, quien puso en discusión su sostenimiento financiero y deslizó la posibilidad de un traspaso a la órbita provincial.

En una entrevista por streaming, Recalt sostuvo que “planteamos servicios que no se dan en ningún otro municipio y no nos encontramos en la situación de coparticipación necesaria para afrontar estos servicios”. En esa línea, remarcó que “Mar del Plata aporta a la Provincia un gran porcentaje y recibe poco”, en referencia al CUD, y consideró “razonable” evaluar “el pase del sistema a Provincia o su sostenimiento con más coparticipación”.

Las afirmaciones no tardaron en generar respuesta. La secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Alejandra Ayek, salió al cruce y advirtió que los dichos del titular del HCD evidencian “un desconocimiento” sobre el rol que cumple el sistema educativo municipal en General Pueyrredon y que “la educación no es un gasto”.

La dirigente sindical remarcó que se trata de “un sistema que tiene más de sesenta años, que ha sido defendido por todas las gestiones políticas que han sucedido y que se fue sosteniendo en el transcurso del tiempo”. En ese sentido, recordó que “durante muchísimos años de gobiernos radicales se creó infraestructura, nuevos cargos y se peleó la subvención de los cargos por parte de la Provincia”.

En relación al planteo económico de Recalt, Ayek fue contundente: “Él habla de problemas de dinero y habla de gasto. Primero, la educación no es un gasto. Y el problema de dinero tiene que ver con un acuerdo firmado, un acuerdo tripartito desde el año 2009, en el que Nación y Provincia financian, o deben financiar, el sistema educativo municipal”.

Según explicó, ese convenio no se estaría cumpliendo en la actualidad. “Lo que tendría que hacer es comunicarse con el Gobierno nacional, del color político al que él pertenece, para reclamarle, porque Nación le debe al Municipio lo correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025 de ese acuerdo tripartito”, señaló. Y agregó que “la Provincia envía los fondos para la subvención de los cargos, aunque seguramente también debe estar debiendo algún dinero o mandándolo en cómodas cuotas”.

Ayek rechazó de plano cualquier intento de desentenderse del sistema educativo municipal. “No se trata de sacarse el sistema de encima. En muchísimos barrios aporta el único jardín o la única escuela para que los chicos estén escolarizados”, sostuvo. Además, destacó el rol de las escuelas de formación profesional y de los institutos superiores, de donde “salen profesionales que incluso trabajan en la Municipalidad”.

El sistema educativo municipal de General Pueyrredon es el más grande del país: cuenta con 33 jardines, 17 primarias, 17 secundarias, una escuela técnica, dos bachilleratos para adultos, 10 escuelas de formación profesional y cuatro institutos terciarios, con una matrícula aproximada de 25 mil alumnos y cerca de 3 mil trabajadores docentes y no docentes. “Es el único sistema completo”, enfatizó Ayek.

“Sí, es gigante, pero esa responsabilidad es parte del acuerdo firmado entre Provincia y Nación, que quedó plasmado en un decreto presidencial”, insistió. Y concluyó: “Los legisladores, como el presidente del Concejo, lo que tendrían que estar peleando hoy es que ese decreto se convierta en ley, para que Nación y Provincia cumplan religiosamente con el financiamiento del sistema”.

Por el momento, desde el sector docente descartaron medidas inmediatas, aunque aclararon que comenzaron a expresarse públicamente para defender el sistema. También anticiparon una presentación en el Concejo Deliberante y no descartaron avanzar con nuevas acciones. “Tanto los docentes municipales como las comunidades educativas defendemos el sistema, lo vamos a defender y haremos todo lo posible para que esto no se produzca”, advirtió Ayek.

Punta Mogotes: la Provincia desafía la parálisis judicial y juega su última carta en la Corte Suprema

En plena temporada estival, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acelera la puesta en marcha del Concurso de Ideas para renovar el complejo balneario, ignorando las objeciones locales. Mientras el municipio de General Pueyrredon se aferra a una cautelar que frena el proyecto, la Fiscalía de Estado busca desplazar a la justicia marplatense y llevar el conflicto al máximo tribunal de la Nación.

En este febrero de 2026, la disputa por el control del complejo costero más emblemático de Mar del Plata atraviesa su momento de mayor tensión política y procesal. Lo que comenzó como un reclamo administrativo del municipio para recuperar la gestión del predio tras décadas de administración compartida, se ha transformado en una guerra de trincheras jurídica donde la Provincia de Buenos Aires ha decidido no retroceder ni un centímetro. A pesar de la vigencia de una medida cautelar dictada en octubre pasado por el juez local Simón Isacch, que ordenaba suspender cualquier avance sobre el futuro del complejo, el Ejecutivo provincial ha optado por una estrategia de hechos consumados: avanzar con la arquitectura del proyecto mientras intenta, por vía judicial, "patear el tablero" y sacar la causa de la jurisdicción marplatense.

La señal más clara de esta voluntad política se dio en diciembre, cuando el Ministerio de Producción bonaerense, junto a la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia (CAUBA), sellaron un nuevo convenio para reactivar el Concurso de Ideas. Para la administración provincial, la puesta en valor de las 24 unidades balnearias y su sistema de lagunas es una prioridad que no puede quedar supeditada a lo que consideran una "maniobra dilatoria" de la comuna. El argumento oficial sostiene que el concurso tiene un carácter profesional y urbanístico que trasciende la disputa por la caja o la administración, buscando dotar al sector de una mirada contemporánea y sostenible frente al inminente vencimiento de las concesiones actuales. Sin embargo, para el Palacio Municipal, este movimiento representa un desacato implícito a la orden judicial que buscaba preservar el statu quo mientras se discute el fondo del litigio.

En los tribunales, la batalla es aún más encarnizada. La Provincia ha desplegado una sofisticada ingeniería legal para anular la intervención de la justicia de Mar del Plata, que hasta ahora ha fallado mayoritariamente a favor de los intereses municipales. El último dato relevante del expediente revela la interposición de un Recurso Extraordinario Federal ante la Suprema Corte provincial. Con esta pieza, la Fiscalía de Estado busca que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien intervenga en el conflicto. La tesis de la Provincia es que el juez Isacch carece de competencia material y territorial; sostienen que, al tratarse de un conflicto derivado de convenios de deuda y administración de un ente interjurisdiccional, la causa debería tramitar en los tribunales de La Plata y bajo normas de derecho privado, y no en el fuero contencioso administrativo local.

El trasfondo de esta pelea de jurisdicciones es el depósito de poco más de 14 millones de pesos realizado por el municipio en agosto de 2024, una cifra que, según la intendencia, cancela la deuda histórica y habilita la recuperación del predio. Mientras la Corte provincial analiza ahora si mantiene o levanta la cautelar que frena el concurso de ideas, la Provincia apuesta a agotar todas las instancias para demostrar que la actuación del juez local es "arbitraria" y violatoria de la garantía del juez natural. Así, mientras los profesionales de la arquitectura se preparan para imaginar el "nuevo" Punta Mogotes, la realidad del complejo sigue atrapada en un laberinto de recursos extraordinarios y quejas federales, donde la política bonaerense intenta ganar por prepotencia de trabajo lo que la justicia local, por ahora, le ha prohibido tocar.

¿Es sostenible el sistema educativo municipal?: una radiografía de deudas, desorden normativo y asfixia financiera

Con un presupuesto proyectado de 55.000 millones de pesos para 2026, el sistema de enseñanza de General Pueyrredon enfrenta un colapso estructural derivado de la expansión sin financiamiento, el incumplimiento de convenios históricos y una masa salarial que devora los fondos. Hoy, la mitad de los cargos docentes carece de reconocimiento provincial, mientras el municipio utiliza casi la totalidad del Fondo de Financiamiento Educativo nacional exclusivamente para el pago de haberes.

El sistema educativo municipal de General Pueyrredon, una estructura que nació hace seis décadas para cubrir vacíos de oferta en barrios periféricos, se ha transformado en un gigante administrativo cuya sostenibilidad financiera se encuentra hoy en niveles críticos. Lo que comenzó como una red de jardines de infantes y escuelas de artes y oficios ha derivado en un esquema de 84 establecimientos que hoy compite, y en muchos casos se superpone, con la oferta de la provincia de Buenos Aires. Esta expansión, lejos de ser planificada bajo criterios de equilibrio fiscal, se aceleró en los últimos quince años mediante la creación de escuelas secundarias bajo presión gremial y social, pero sin el respaldo presupuestario necesario para cubrir los cargos generados.

El punto de inflexión se sitúa en el convenio tripartito firmado en 2009, donde la Nación y la Provincia se comprometieron a financiar el 100% de la masa salarial del sistema municipal. Sin embargo, aquel acuerdo contenía una cláusula restrictiva —la quinta— que prohibía taxativamente la creación de nuevos cargos o servicios sin autorización previa. El incumplimiento de esta disposición fue sistemático: desde 2010 se crearon más de 600 cargos y se abrieron nuevos establecimientos de forma unilateral. Como consecuencia, el financiamiento externo, que originalmente cubría la totalidad de los sueldos, cayó progresivamente hasta representar apenas un 60% en 2019 y continúa en caída. Hoy, se estima que solo el 50% de los cargos actuales cuenta con el reconocimiento y la subvención de la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

Esta brecha financiera ha obligado al municipio a absorber una masa salarial creciente con recursos propios y mediante el uso discrecional del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Mientras que en otros distritos estos fondos nacionales se distribuyen proporcionalmente para el mantenimiento edilicio de todas las escuelas del partido, en General Pueyrredon el 95% de ese recurso se destina a cubrir sueldos municipales. La situación se agrava en el contexto actual, donde la interrupción de los flujos de fondos nacionales y la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) han dejado al Ejecutivo local frente a la obligación de costear bonificaciones salariales y suplementos que no están validados por la normativa provincial.

El desorden administrativo también se refleja en la liquidación de haberes. Existen componentes salariales, como la bonificación del "Código 59" —que representa entre un 30% y un 35% del sueldo— o suplementos por ruralidad en zonas que no cuentan con dicho reconocimiento oficial, que generan un perjuicio económico doble. Por un lado, desfinancian las arcas municipales al no ser reintegrados por Provincia; por otro, generan una distorsión en el Instituto de Previsión Social (IPS), ya que el organismo deberá afrontar jubilaciones basadas en conceptos que no fueron debidamente convalidados ni financiados por los aportes correspondientes. Esta falta de adecuación a la Ley Provincial de Educación 13.688 ha provocado que, tras auditorías oficiales, se retiraran subvenciones en lugar de ampliarlas.

En términos de infraestructura y servicio, el sistema presenta una paradoja territorial. En muchos barrios donde la escuela municipal era la única opción hace décadas, hoy existe una escuela provincial a escasas cuadras, duplicando el servicio y los costos operativos. No obstante, las familias siguen optando por la oferta municipal debido a una percepción de mejor mantenimiento edilicio, sostenido precisamente por la concentración del presupuesto local en estos 50 edificios en detrimento de las casi 300 escuelas provinciales del distrito. A pesar de esto, el colapso financiero ya se traduce en pagos de haberes desdoblados y una creciente dificultad para cubrir vacantes docentes en áreas críticas como Geografía o maestros de grado, en un contexto de caída de la calidad académica y éxodo de profesionales del sistema.

Para 2026, los 55.000 millones de pesos asignados a Educación representan aproximadamente el 10,5% del presupuesto total del municipio. Sin embargo, la cifra es engañosa en términos de inversión real: sin el flujo de Nación y con una estructura de cargos excedente, el presupuesto se encamina a ser una planilla de sueldos sin capacidad de transformación pedagógica o tecnológica. La viabilidad del sistema depende hoy de una regularización normativa que parece lejana: la provincialización total de las escuelas o la adecuación estricta a los parámetros de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP). Sin un ordenamiento de los cargos creados fuera de convenio y una revisión de las bonificaciones no autorizadas, el sistema educativo municipal corre el riesgo de dejar de ser un "orgullo" local para convertirse en el principal factor de insolvencia de la administración pública marplatense.

El mapa del Presupuesto 2026: cómo se repartieron los recursos entre las áreas del Ejecutivo

Aunque todas las secretarías recibieron aumentos, el esquema de la “ley de leyes” local expone prioridades claras dentro del interinato. Legal, Técnica y Hacienda concentra el gasto y le siguen Educación y Salud.

La presentación del Presupuesto municipal 2026 dejó un mapa claro sobre la distribución de recursos dentro del Ejecutivo local del gobierno interino de Agustin Neme. Si bien todas las áreas registran incrementos respecto de lo presupuestado para 2025, el reparto no fue uniforme y marca prioridades definidas en la estructura del gasto.

La Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda vuelve a ocupar el centro de la escena presupuestaria. Con una partida de $237.947.655.000, concentra por lejos el mayor volumen de recursos del Ejecutivo, consolidándose como el área con mayor peso en la administración municipal y la principal beneficiaria en términos absolutos.

Detrás aparecen las áreas vinculadas a políticas públicas sensibles. Educación contará en 2026 con $55.024.414.000, mientras que Salud dispondrá de $53.508.373.000, dos de las partidas más relevantes del esquema general. En ambos casos, los aumentos interanuales se ubican en torno al 30 %, en línea con el promedio del presupuesto.

La Secretaría de Seguridad se posiciona apenas por debajo, con $52.097.519.000, aunque se destaca por haber registrado uno de los mayores incrementos porcentuales frente a 2025. Desarrollo Social, en tanto, suma $35.342.298.000, manteniéndose como uno de los ejes del gasto social del Municipio.

En un segundo escalón se ubican las áreas de gestión territorial y económica. Participación Ciudadana contará con $18.149.947.000, Obras con $15.588.509.000 y Desarrollo Local con $11.448.774.000, con subas más moderadas pero sostenidas en relación al ejercicio anterior.

El presupuesto asignado al Intendente asciende a $2.422.317.000, mientras que el Concejo Deliberante dispondrá de $9.281.964.000 para el funcionamiento legislativo durante este año.

En el caso de los entes descentralizados, el EMSUR figura con $38.059.880.000 y el EMVIAL 38.435.043.000, el EMDER con $18.744.530.000 y el EMTURyC con $26.905.935.000, completando un esquema de gastos que muestra aumentos generalizados pero con claras diferencias en el peso relativo de cada área.

Los gremios coparon el centro y llamaron a “pelear en la calle”

Las centrales obreras locales realizaron un plenario frente a la Catedral, cuestionaron el impacto de la iniciativa del Gobierno nacional y anunciaron acciones sostenidas en el espacio público, con la instalación de un gazebo informativo en la Peatonal.

La jornada del miércoles arrancó con movimiento desde temprano en el centro de Mar del Plata. Las centrales obreras locales realizaron un plenario sindical en la Peatonal San Martín, frente a la Catedral, para manifestarse en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei y anunciar un plan de lucha en la ciudad.

Del encuentro participaron representantes de la mayoría de los gremios locales, entre ellos el Sindicato de Trabajadores Municipales, SIMAPE, ATE y Luz y Fuerza, además de vecinos que se acercaron a acompañar la convocatoria. También estuvieron presentes los concejales de Unión por la Patria Mariana Cuesta, Diego García y Valeria Crespo.

El primero en tomar la palabra y oficiar como “maestro de ceremonias” fue el secretario adjunto de la CGT Mar del Plata, Miguel Guglielmotti, quien explicó que el plan de lucha se desarrollará en la calle, con la instalación de un gazebo frente a la Catedral, que será sostenido por los distintos sindicatos, todos los días y en diferentes turnos, con el objetivo de informar y concientizar sobre el proyecto.

En ese marco, Guglielmotti advirtió que la Reforma Laboral “precariza, profundiza el ajuste en una ciudad de Mar del Plata, que viene atravesada por problemas laborales desde hace muchísimos años, encabezando los índices de desocupación, encabezando los índices de informalidad laboral, que cada vez crecen más”.

“Esta reforma laboral, no solo atenta contra las vacaciones, contra nuestros salarios, contra nuestros convenios colectivos de trabajo, contra nuestras vacaciones, sino que también apunta a ese tema, a la precarización laboral”, agregó el dirigente sindical, quien luego indicó que distintos gremios presentes podían detallar el impacto específico en cada sector.

Más adelante, el exconcejal también puso el foco en el costo fiscal del proyecto y sostuvo que “el alto costo fiscal que esta reforma laboral tiene es altísimo, no solo desfinanciando la Seguridad Social, sino también desfinanciando el tema del equilibrio de las cuentas públicas”. En ese sentido, remarcó que el costo que tendría la iniciativa “representaría seis presupuestos de financiamiento universitarios” y sentenció: “Nuestro profundo rechazo a esta reforma laboral regresiva”.

Luego fue el turno del abogado laboralista Fernando Forio, quien alertó sobre el camino elegido por las centrales sindicales para enfrentar el proyecto. “Como abogados entendemos que ya se ha especificado todo lo regresiva y los rasgos anticonstitucionales que tiene esta reforma, pero queremos alertar de que el camino, como lo hemos hablado con la gente de las tres centrales, es pelear esta reforma acá en la calle”, sostuvo.

En esa línea, Forio fue contundente al señalar: “No podemos pensar que desde la justicia y con declaraciones de inconstitucionalidad se va a poder frenar, porque lamentablemente la vemos difícil”, y agregó que es “muy peligroso dejar la pelea de esta reforma en manos de la justicia que tenemos hoy”, al hacer referencia a la actual composición de la Corte Suprema.

El abogado explicó además que la iniciativa tiene “una doble finalidad” y que está “encarada en abaratar los despidos a través de la quita de las indemnizaciones”. “¿Y cuál es la perspectiva que lleva a abaratar los despidos? Dos cuestiones: una es que los trabajadores sean los que paguen esta crisis económica y estos cierres profundos que se van produciendo todos los días en la ciudad y en el país, y segundo es tener trabajadores con mucho temor a ser despedidos”, planteó.

Finalmente, Forio advirtió que se trata de “la reforma más regresiva desde que se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo en el año 74” y llamó a sostener el plan de lucha ante el inminente tratamiento legislativo. “Está en manos de la clase trabajadora que es la que mueve el país”, concluyó.

Presupuesto 2026: cronograma definido, sin funcionarios y con cruces en Hacienda

En la comisión se estableció el esquema de trabajo para analizar los números municipales, pero la ausencia de funcionarios desató cuestionamientos. El oficialismo defendió un presupuesto “previsible”, mientras que la oposición criticó la metodología y las prioridades de gasto.

El tratamiento del Presupuesto municipal 2026 empezó a tomar forma en el Concejo Deliberante, pero no sin tensiones. En la comisión de Hacienda, Cuentas y Presupuesto se estableció el cronograma de trabajo para analizar los números de la administración central, los entes descentralizados y OSSE, en una primera reunión que dejó cruces entre el oficialismo y la oposición.

Según lo resuelto en la comisión que preside Marcelo Cardoso (PRO), los expedientes presupuestarios volverán a ser abordados la semana próxima y se fijó como fecha límite el 9 de febrero para que los bloques envíen por escrito las preguntas destinadas al Ejecutivo. A diferencia de lo que ocurrió históricamente, esta vez no habrá funcionarios municipales presentes para exponer o defender los proyectos.

La decisión generó cuestionamientos inmediatos desde los bloques de Unión por la Patria y Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, que pusieron el foco en la ausencia del Ejecutivo en el debate. Al explicar la metodología, Cardoso sostuvo que las consultas deberán presentarse por escrito y con firma de los presidentes de bloque. “Otros presidentes eligieron otras metodologías, en este caso entendemos que esto garantiza y sistematiza las respuestas”, argumentó.

La jefa del bloque de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, fue directa al consultar si ningún funcionario concurrirá a la comisión. Ante la confirmación, cuestionó con dureza la modalidad elegida y afirmó que “es la metodología de no dar la cara”. En ese sentido, enumeró diferencias con las cifras oficiales y señaló: “Es lógico si anuncian un aumento del 11% y desde la oposición decimos que es el triple. Además mantienen la tasa vial más alta de la provincia y crean una nueva tasa que le va a llegar con la factura de la luz”.

Desde el oficialismo respondió Fernando Muro, concejal del Pro y exsecretario de Desarrollo e Inversión Público Privada, quien defendió el trabajo técnico del área económica y celebró la presentación de “un presupuesto equilibrado y previsible”. “Es uno de los presupuestos más previsibles que hemos tenido, se ha ido mejorando en la técnica presupuestaria”, sostuvo, y aseguró que “nadie se va a sorprender cuando llegue la factura”.

Muro remarcó que la proyección no promete obras que no se van a ejecutar, mantiene sin cambios la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene y respeta las premisas de austeridad que la gestión viene sosteniendo desde hace seis años. Además, defendió la incorporación de un Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), con reducción de tasas para empresas extranjeras que busquen radicarse en la ciudad.

Desde Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, Eva Ayala cuestionó la ausencia de funcionarios y aseguró que “no hay voceros porque no hay plan”. También puso el foco en las prioridades del gasto y marcó que el presupuesto prevé destinar ocho veces más recursos a la recolección de residuos que a la obra pública. “De eso queremos conversar”, afirmó, al tiempo que consultó si el convenio con EDEA para el cobro de la tasa de alumbrado tendrá algún costo para el Municipio.

El cierre del intercambio llegó con la intervención del jefe del bloque Pro, Julián Bussetti, quien apuntó contra Acción Marplatense y sostuvo que más allá de los discursos actuales, es necesario revisar la gestión pasada. “Gobernaron la ciudad diez años y la apagaron”, lanzó.

Con el calendario ya definido y el mecanismo de consultas en marcha, el Presupuesto 2026 avanza en comisión en un clima de debate político, sin funcionarios en el recinto y con posiciones cada vez más marcadas entre oficialismo y oposición.

Se viene el cónclave de la UCR, criticas por los premios Estrellas del Mar y el PJ en disputa

El radicalismo realizará un encuentro el 20 de febrero en Mar del Plata con dirigentes locales y de otras provincias, en una señal política que empieza a proyectarse hacia 2027. En medio del ajuste municipal, la gala de la premiación abrió una nueva polémica en el área que tiene al frente al exkirchnerista devenido en libertario. En General Pueyrredon, el kicillofismo y el kirchnerismo se encaminan a una pelea abierta por el Partido Justicialista.
El radicalismo se da cita en Mar del Plata y empieza a pensar el 2027

La Unión Cívica Radical volverá a mostrarse activa en Mar del Plata con un encuentro que reunirá a dirigentes y militantes locales, junto a referentes de otras provincias, en una señal política que mira más allá del corto plazo y empieza a proyectarse hacia 2027.

La convocatoria será el viernes 20 de febrero, a partir de las 18.30, en el Club Talleres, ubicado en Magallanes 3878. El encuentro funcionará como un espacio de debate, organización y fortalecimiento partidario, en un contexto en el que el radicalismo busca reordenarse y reafirmar su identidad.

En el material de difusión del evento, desde la UCR señalan: “Nos volvemos a encontrar para debatir, organizarnos y fortalecer la militancia en Mar del Plata”, y remarcan que “el radicalismo sigue vivo cuando se encuentra”. El mensaje también subraya la mirada a futuro del partido: “Porque la UCR tiene historia, presente y futuro” y “porque creemos en la política como herramienta de transformación”.

La organización del cónclave está a cargo de Gustavo “Tato” Serebrinsky, presidente del Comité de la UCR Mar del Plata y actual secretario de Participación Ciudadana y Descentralización, quien impulsa la iniciativa como parte de un proceso de reconstrucción y fortalecimiento del espacio en la ciudad.

Con presencia de boinas blancas de distintos puntos de la ciudad y del país, el encuentro aparece como una postal del radicalismo en movimiento, con la mira puesta en recomponer estructuras, ampliar la base militante y empezar a delinear el escenario político de los próximos años.

Crecen las críticas contra Juárez que descartó una sede gratuita y los Estrella de Mar se mudan al Hotel Provincial

La confirmación del Hotel Provincial NH como sede de la entrega de los Premios Estrella de Mar volvió a poner a Diego Juárez, presidente del EMTURyC, en el centro de las críticas. La decisión llamó la atención porque el evento se realizará allí pese a que el Teatro Tronador BNA había ofrecido el espacio de manera gratuita al Municipio.

La ceremonia, prevista para el lunes 9, abrió más interrogantes que certezas. No hubo explicaciones oficiales sobre por qué se desechó la alternativa sin costo ni tampoco aclaraciones acerca de si la gala implicará erogaciones para la Comuna o para el ente organizador, en un contexto de ajuste, suba de tasas y discursos oficiales alineados con el “gasto cero”.

Desde el entorno del EMTURyC trascendió que existía un compromiso previo con el hotel que no podía cancelarse. Sin embargo, el silencio público reforzó el malestar político y profundizó los cuestionamientos hacia Juárez, a quien algunos sectores describen como exkirchnerista devenido en libertario, hoy alejado de los lineamientos más duros del oficialismo local.

En ese marco, aparecen críticas que apuntan a que no se estaría respetando el “máximo violeta” de austeridad, mientras otras voces van más allá y señalan que Juárez habría comenzado a “cortar solo”, priorizando vínculos y decisiones propias en un área sensible, lo que alimenta versiones sobre intereses y negocios por fuera de la lógica del ajuste que se pregona.

General Pueyrredon se prepara para una interna entre kicillofismo y kirchnerismo, a la que ahora se suma un tercer

El peronismo bonaerense sigue sin encontrar, en este 2026, una conducción clara que ordene a todos los sectores. La disputa por el control del Partido Justicialista es el reflejo de un escenario fragmentado, donde ningún dirigente logra reunir el consenso suficiente para erigirse como jefe indiscutido. La discusión por la sucesión de Máximo Kirchner expone tensiones que atraviesan incluso al Movimiento Derecho al Futuro, con posturas enfrentadas sobre el rol que debería asumir Axel Kicillof.

Mientras un sector considera que el gobernador no debería aceptar la propuesta del líder de La Cámpora, otros entienden que ese paso es necesario para habilitar una etapa posterior de reordenamiento. Sin avances concretos en las negociaciones y con reuniones formales que aún no se terminan de confirmar, empieza a ganar peso la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a tallar en la discusión, como figura capaz de destrabar —o profundizar— el conflicto interno.

En General Pueyrredon, el panorama apunta a una interna abierta entre el kicillofismo y el kirchnerismo. De un lado, el espacio alineado con Axel Kicillof y con un perfil marcadamente antirraverista impulsa la figura de Adriana Donzelli, que ya comenzó a moverse en clave interna con actividades públicas y armado territorial. Del otro, el kirchnerismo duro, referenciado en Fernanda Raverta, se ordena detrás de Daniel Di Bártolo. Como si el tablero no estuviera lo suficientemente cargado, volvió a aparecer “Manino” Iriart, decidido a reinsertarse en la disputa del PJ, aunque entre algunos compañeros deslizan, con ironía, que su objetivo pasa más por una pelea personal que por un proyecto colectivo.

La orden interna que bajó el Municipio: sin horas extras y con más presión sobre las áreas

Desde el Ejecutivo municipal comenzó a trasladar puertas adentro una nueva directiva de ajuste que podría impactar en el funcionamiento diario de las áreas. En las últimas horas, los secretarios del gabinete empezaron a recibir y bajar línea sobre un esquema de horas extras cero que se vendría para los empleados municipales, una medida que apunta a contener el gasto en personal en un contexto de cuentas tensas y revisión permanente de partidas.

La decisión obliga a cada dependencia a reorganizar tareas, servicios y cronogramas con el plantel habitual, sin recurrir a extensiones horarias ni refuerzos salariales. Si bien desde el Ejecutivo no hubo comunicación pública, el mensaje interno fue claro y generó preocupación en sectores del personal, que advierten sobre el impacto en áreas sensibles y en la carga laboral cotidiana, mientras el ajuste empieza a sentirse con mayor fuerza en la estructura municipal.

En Ayacucho, el peronismo avanzaría hacia una lista de unidad

Mientras avanza el calendario electoral y se acercan los plazos para el cierre de listas en la provincia, el Partido Justicialista de Ayacucho transita un escenario distinto al de otros distritos. En ese marco, las distintas líneas internas del peronismo local avanzarían hacia una lista de unidad, con el objetivo de evitar una interna y mostrar una señal de orden político en medio de un contexto provincial atravesado por tensiones y disputas de poder.

Según trascendió, el acuerdo tendría como figura principal a Darío “el Turco” David, quien encabezaría la nómina como primer candidato a congresal del PJ de Ayacucho. De concretarse, la lista de consenso buscaría consolidar un armado amplio, contener a los distintos sectores y fortalecer la estructura partidaria local, mientras el justicialismo provincial define su propio tablero de cara a lo que viene.

David fue intendente de Ayacucho entre 2003 y 2011 y presidió el Partido Justicialista local durante 18 años, convirtiéndose en una de las principales referencias del peronismo en el distrito y en una figura clave del armado político territorial.

La Justicia Federal cita a funcionarios marplatenses por la polémica concesión del Estadio Minella

El avance de la investigación por presunto lavado de activos en la financiera Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo institucional para la gestión municipal: el Secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, y el titular del EMDER, Sebastián D’Andrea, deberán declarar ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora el próximo 24 de febrero.

La investigación que vincula los movimientos de la financiera Sur Finanzas con el mundo del fútbol y la política marplatense ha escalado un peldaño determinante en la Justicia Federal. Tras los procedimientos realizados en diciembre pasado, que la administración local calificó inicialmente como "trámites menores", el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora dispuso el llamado a declaración testimonial de dos piezas clave del gabinete municipal: el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Sebastián D’Andrea. Ambos funcionarios deberán comparecer el 24 de febrero para brindar explicaciones sobre el proceso que derivó en la entrega de la administración del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas a la firma Minella Stadium SA.

El foco de la Justicia apunta a la estrecha relación entre la estructura financiera investigada y los actores que facilitaron el desembarco de la concesionaria en Mar del Plata. En el centro de la escena aparece Eduardo Spinosa, exdirigente del Club Atlético Banfield, de la ciudad homónima, y figura clave en la apertura de sobres de la licitación local. Spinosa, señalado como el nexo con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia, es el hilo conductor que une a la financiera bajo sospecha con el pliego de licitación municipal, el cual exigía explícitamente a los oferentes contar con avales o vínculos directos con la entidad madre del fútbol nacional.

La Justicia Federal no solo busca desentrañar el entramado político, sino que ha ordenado una pericia técnica y financiera de alta complejidad sobre la operatoria de Sur Finanzas. El dictamen judicial solicita determinar si existieron desvíos de fondos no declarados en los balances de los clubes involucrados y si los contratos de "sponsorización" de la financiera se correspondieron con prestaciones reales o si, por el contrario, funcionaron como una pantalla para maniobras ilícitas. En este sentido, la auditoría buscará evidencias de "activaciones publicitarias efectivas" frente a los montos millonarios abonados, comparando además las tasas de interés pactadas en préstamos y descuentos de cheques con los valores vigentes en el mercado financiero de aquel momento.

En el ámbito local, esta citación judicial agudiza la tensión que ya se respiraba en torno a la concesión. Desde que se hicieron públicos los primeros requerimientos de documentación en las dependencias municipales, sectores opositores han presionado por el acceso total a los expedientes, denunciando una falta de transparencia en la adjudicación. La situación se volvió aún más sensible en las últimas semanas, luego de que Minella Stadium SA comenzara a exigir cánones operativos a los clubes locales —como Aldosivi y Alvarado—, ignorando ordenanzas vigentes que protegen a las instituciones de la ciudad, mientras el avance de las obras edilicias prometidas para el estadio sigue sumergido en prórrogas administrativas.

El llamado a testimoniar de Martinelli y D’Andrea marca el fin de la etapa de "colaboración documental" para dar paso a una instancia de responsabilidad institucional. Mientras la AFA, a través de sus asesores legales, intenta despegarse de la causa argumentando que se trata de un conflicto estrictamente financiero de un tercero, la trama marplatense queda expuesta a la verificación de si el patrimonio público de la ciudad fue entregado a un consorcio cuya arquitectura financiera hoy está siendo diseccionada por un presunto perjuicio patrimonial y lavado de activos. El testimonio de los funcionarios ante el juez Federico Villena será determinante para conocer cuánto sabía el municipio sobre el origen y la solidez de los fondos que hoy manejan el principal escenario deportivo de la región.

El convenio entre el Municipio y EDEA por el alumbrado público enfrenta un complejo escenario

Aunque el Ejecutivo incluyó el nuevo sistema de cobro en sus proyecciones para 2026, la realidad administrativa muestra un escenario de negociaciones abiertas y dificultades técnicas. Los detalles de facturación y la zonificación mantienen el convenio en una etapa de definición.

El debate por el Presupuesto 2026 en el Concejo Deliberante ha puesto sobre la mesa una de las cartas más fuertes de la gestión interina: el traspaso del alumbrado público a la boleta de EDEA. Sin embargo, lo que en los despachos oficiales se presenta como un paso administrativo lógico para alcanzar el 90% de cobrabilidad, en la práctica se ha convertido en un complejo rompecabezas técnico que aún no encuentra todas sus piezas. La intención política de desenganchar el servicio de la Tasa de Seguridad Urbana (TSU) choca con una realidad operativa que obliga a la prudencia, lejos de los anuncios de rápida implementación que se deslizaron inicialmente.

Según pudo saber La Tecla Mar del Plata, el proceso se encuentra actualmente en un estado de "tratativas" constantes para determinar la viabilidad real de su puesta en marcha. A pesar de que los montos y los objetivos de recambio LED ya forman parte del discurso público, fuentes cercanas le confirmaron a este medio que hasta el momento no se ha firmado ningún documento que selle el acuerdo entre la comuna y la prestataria eléctrica. La negociación sigue abierta y, según admiten, la implementación está lejos de ser sencilla, lo que dilata los plazos previstos en el organigrama municipal.

El nudo del conflicto radica en la ingeniería necesaria para amalgamar dos sistemas de facturación que poseen lógicas distintas: los equipos técnicos están abocados al debate de los modelos de cálculo y la definición precisa de las zonas, pero el mayor escollo aparece en el impacto que esta carga tendrá sobre el sistema informático y administrativo de EDEA. Esta complejidad técnica es la que fundamenta la advertencia de que, incluso con una aprobación rápida en el cuerpo legislativo, la puesta en cobro de la nueva tasa no será automática ni mucho menos instantánea.

Esta brecha entre la necesidad de fondos frescos para la repotenciación del sistema lumínico y la factibilidad técnica del convenio marca el pulso de la política local en este inicio de año. Mientras el oficialismo confía en que la herramienta será el motor de la gestión urbana, el escenario de "negociación permanente" sugiere que el camino administrativo será más sinuoso de lo esperado. Por ahora, el ambicioso plan de recaudación sigue dependiendo de una aprobación y de una firma que, entre cálculos de zona y sistemas de facturación, todavía se hace esperar.

Cruces, disputas de modelos y chicanas por la herencia en un debut caliente en el Concejo

La comisión de Hacienda puso en marcha el tratamiento de la hoja de ruta económica de General Pueyrredon para el presente año. En una jornada marcada por la confrontación de modelos y el rol del Estado, el oficialismo defendió la inversión privada y la "transparencia" en las tasas, mientras que la oposición cuestionó la falta de diálogo directo con los funcionarios y denunció un "ajuste encubierto" detrás de la nueva factura de luz.

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon vivió este miércoles una jornada que anticipa un ciclo legislativo de alta intensidad política. Bajo la presidencia de Marcelo Cardoso (PRO), la comisión de Hacienda dio el puntapié inicial al tratamiento del Presupuesto 2026 y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. Lo que comenzó como un trámite administrativo para convalidar prórrogas y pagos de deudas de arrastre, derivó rápidamente en una batalla discursiva de más de una hora donde se pusieron de manifiesto dos visiones de ciudad diametralmente opuestas.

La concejal Eva Ayala (AM-MDF) abrió el fuego cuestionando no solo las cifras, sino la metodología del debate. Para la edil, el presupuesto es la oportunidad de discutir una agenda de soluciones que, a su criterio, hoy está ausente. Así, lamentó la falta de un intercambio presencial con los secretarios de cada área, criticando que las respuestas lleguen por escrito y calificando la estrategia oficialista como una "psicosis manipuladora" que busca evitar los problemas urgentes de los vecinos mediante el desvío de la atención hacia gestiones pasadas.

Desde la vereda del oficialismo, y con el acompañamiento silencioso de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Muro recogió el guante con una defensa cerrada del sector privado como único motor de cambio. El concejal del PRO marcó una frontera ideológica clara al rechazar la idea de un Estado que deba "transformar la vida" de las personas, sosteniendo que es el sistema capitalista de acumulación el que realmente genera valor. En esta línea, destacó que Mar del Plata ostenta un 90% de empleo privado y defendió la incorporación del Régimen de Incentivo a las Inversiones en el presupuesto, asegurando que la política oficial es "sacarle la pata de la cabeza" al sector privado.

El clima de tensión aumentó cuando Mariana Cuesta (UP) puso el foco en la fragilidad financiera del municipio. Con ironía, cuestionó el discurso "libertario" del oficialismo frente a la realidad de las cuentas públicas, mencionando las sanciones del Tribunal de Cuentas por el déficit en la gestión de Santiago Bonifatti al frente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y el uso de la Tasa Vial para cubrir sueldos municipales. La edil no ahorró críticas hacia la nueva modalidad de cobro del alumbrado público, advirtiendo sobre el impacto que tendrá en las facturas de EDEA y acusando a los funcionarios de "dejar solos" a los concejales en la defensa de una medida impopular.

La respuesta técnica y política llegó de la mano de Julián Bussetti. El presidente del bloque del PRO calificó el nuevo esquema de cobro de alumbrado como un acto de "justicia tributaria", argumentando que es más equitativo que cada vecino pague según el servicio recibido. Sin embargo, el momento más álgido fue cuando el edil oficialista apeló a la memoria histórica para fustigar a Acción Marplatense, recordando la deuda con proveedores y el incremento de la planta de personal heredada de la gestión de Gustavo Pulti, quien no asistió a la comisión. Según Bussetti, el municipio hoy es más autosuficiente, cubriendo el 63% de sus gastos con recursos propios frente al 45% de hace una década, a pesar de "las deudas que la Provincia y la Nación mantienen con la ciudad" en materia educativa.

La nota discordante en el interbloque oficialista la dio Florencia Ranellucci (PRO). Con un tono dubitativo y apelando a un guion ya agotado minutos antes por sus compañeros de bancada, la edil amarilla pareció intervenir más por necesidad de figurar que por aporte conceptual. Con un discurso en el que evidenció ser la cara más frágil del bloque, Ranellucci se mostró visiblemente incómoda con los términos técnicos de la oposición, tildando de "palabras raras" a conceptos como "psicosis" y "manipulación". Su intervención, plagada de titubeos, se limitó a repetir críticas, sin lograr profundizar en la defensa técnica del presupuesto actual y dejando en evidencia una falta de peso político para sostener el debate en los términos que la sesión exigía.

Por último, y tras una serie de réplicas donde Ayala acusó al oficialismo de que "se les están quemando los papeles" y amenazas de “recurrir a expedientes de 2013”, los proyectos del Presupuesto y las Fiscales permanecieron en comisión.

El debate apenas comienza, pero las cartas ya están sobre la mesa: un oficialismo que se abraza a la austeridad y al mercado como salvavidas, y una oposición que denuncia un Estado ausente detrás de un dibujo contable que, aseguran, terminará recayendo en el bolsillo de los contribuyentes.

La Defensoría del Pueblo de la Nación puso la lupa sobre el acceso al arroyo Corrientes

El organismo nacional confirmó una investigación por la falta de acceso y transitabilidad en la ribera del arroyo Corrientes, tras una denuncia de ambientalistas. La actuación apunta al margen sur del arroyo, donde denuncian la existencia de obstáculos que impiden el libre tránsito y el acceso público.

Los reclamos contra el avance privado sobre las playas del sur de Mar del Plata volvieron a quedar en el centro de la escena. Se trata de una problemática que no se limita a la temporada de verano, sino que se extiende a lo largo de todo el año, con múltiples frentes de conflicto vinculados tanto a Unidades Turísticas Fiscales municipales como a sectores costeros en manos privadas.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo de la Nación confirmó que se encuentra en curso una investigación por el impedimento del acceso y la transitabilidad en la ribera del arroyo Corrientes, frente al barrio El Alfar. La actuación fue impulsada por la Asamblea Playas del Sur y apunta a una situación que, según denuncian, vulnera el uso público de un espacio ambiental protegido.

Según consta en el expediente, la presentación refiere a la “presunta falta de acceso y transitabilidad de la ribera del arroyo Corrientes, reserva turística y forestal paseo costanero sur”, en el tramo comprendido “desde la ruta provincial Nº 11 hasta el Mar Argentino”.

En el documento oficial, la Defensoría remarca que el acceso a ríos, arroyos, playas y costas no puede ser entendido como un privilegio ni como una concesión discrecional, sino como parte de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. En ese sentido, sostiene que “el derecho a acceder a cuerpos de agua tales como ríos, lagos, playas y costas para actividades de ocio y recreación es un aspecto fundamental del derecho humano a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”.

El organismo nacional también deja asentada una diferencia clave respecto de las inspecciones realizadas. Mientras la Municipalidad de General Pueyrredon informó haber llevado adelante controles que “confirmaron la libre circulación en el margen norte del arroyo Corrientes”, el propio denunciante aclaró que “el obstáculo al que refiere su reclamo se sitúa sobre el margen sur del curso de agua”.

De este modo, el sector cuestionado no coincide con el área verificada por el Municipio como de libre tránsito, sino con otro tramo distinto, donde —según la denuncia— continúan existiendo obstáculos materiales que impiden el acceso y la circulación pública.

En el texto dirigido a Marcelo Ragonese, titular de la Dirección de Gestión Ambiental, la Defensoría solicita que se detalle “los controles que realiza la Dirección a vuestro cargo a fin de garantizar que los ciudadanos puedan acceder y transitar el margen sur del arroyo Corrientes” en el sector señalado, además de requerir “cualquier otra información que sea de interés”.

La intervención del organismo nacional vuelve a poner el foco sobre una práctica reiterada en el Paseo Costanero Sur: la apropiación de hecho de espacios ribereños mediante cierres, controles informales o usos exclusivos, que terminan restringiendo el acceso de la comunidad a bienes ambientales de uso colectivo.

Bordaisco volvió a la carga por Punta Mogotes y apuntó contra Kicillof

El concejal radical presentó un proyecto para exigir el traspaso del complejo balneario al Municipio y cuestionó la falta de definiciones del Gobierno provincial.

El debate por el futuro del Complejo Balneario Punta Mogotes volvió a escalar en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. El concejal Ariel Bordaisco presentó un proyecto para exigirle al gobernador Axel Kicillof que avance de manera concreta en el traspaso de la administración al ámbito municipal y ponga fin a lo que definió como una estrategia de postergación por parte de la Provincia.

“Punta Mogotes no es de Kicillof, es de los marplatenses”, afirmó el edil radical al fundamentar la iniciativa, que apunta a destrabar un conflicto que se arrastra desde hace décadas y que, según sostuvo, hoy se mantiene sin definiciones por una decisión política del Ejecutivo bonaerense.

Desde el bloque UCR + Nuevos Aires, Bordaisco remarcó que el Municipio ya cumplió con todos los pasos necesarios para avanzar en la restitución del complejo. “El Municipio de General Pueyrredon ya cumplió con todo lo que estaba a su alcance, incluso realizando el depósito judicial para saldar cualquier discusión pendiente. Hoy lo único que persiste es una estrategia de dilación por parte de la Provincia”, señaló.

El proyecto presentado en el HCD repasa los antecedentes normativos e institucionales que reconocen el rol central del Municipio en la gestión del frente costero y recuerda que la Administración Punta Mogotes fue creada como una herramienta transitoria, cuya continuidad debía finalizar una vez superada la crisis financiera que le dio origen.

En ese marco, Bordaisco apuntó también a las resoluciones judiciales que abordaron el conflicto. “La Justicia ya se expresó en reiteradas instancias y fue clara: Punta Mogotes es de Mar del Plata. La Provincia lo sabe y aun así insiste en prolongar la incertidumbre, casi a modo de capricho del gobernador Kicillof en este sentido”, sostuvo.

El concejal subrayó además que el reclamo excede cualquier posicionamiento partidario y responde a una política pública sostenida por distintas composiciones del Concejo Deliberante a lo largo del tiempo. “No es Provincia contra el Municipio, es Provincia contra Mar del Plata y contra el derecho de la ciudad a planificar su desarrollo costero”, remarcó.

Bordaisco advirtió que la judicialización del conflicto no hizo más que profundizar la parálisis. “Lejos de aportar claridad u ordenar la situación, la judicialización del tema ha funcionado como un factor adicional de parálisis, profundizando un estado de indefinición que se arrastra desde hace décadas”, señaló, y reclamó que se restituya el control del complejo a la ciudad.

En ese sentido, afirmó que “un conflicto latente entre jurisdicciones no beneficia ni a la Provincia ni al Municipio, y mucho menos a los marplatenses y turistas, principales destinatarios de las políticas públicas vinculadas al uso y aprovechamiento de Punta Mogotes”.

Por último, el edil destacó el trabajo institucional realizado desde el ámbito local y el acompañamiento del senador nacional Maximiliano Abad en el reclamo. “Hay una posición coherente y sostenida en defensa de Mar del Plata. El Municipio cumplió, el Concejo Deliberante fue claro y el senador Abad lo viene planteando con firmeza: lo que falta es una decisión política de la Provincia para cerrar este conflicto de una vez”, concluyó.

Presupuesto de OSSE: críticas a la “modalidad del siglo XX”, la "espada de Damocles" y pases de factura a Pulti

El primer tratamiento de los números y proyección de Obras Sanitarias en la comisión dejó fuertes críticas a la modalidad de preguntas por escrito para el presidente de la empresa estatal, advertencias sobre el fallo judicial por el aumento tarifario en 2024 y un cruce político en el que el oficialismo apuntó a la gestión vecinalista.

La rueda legislativa empezó a girar en serio en el Concejo Deliberante y el Presupuesto 2026 de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) tuvo su primer tratamiento en la comisión de Ambiente, en una reunión que dejó más cuestionamientos que definiciones. La modalidad elegida para el debate —preguntas por escrito y sin funcionarios presentes— concentró buena parte de las críticas de la oposición, junto con los reclamos por la falta de obras y el estado de proyectos clave. Desde el oficialismo, la respuesta llegó con munición política y apuntó directo a la gestión del vecinalismo en la comuna.

La comisión, que tuvo su primera reunión del año y de la nueva conformación del HCD, fue presidida por Vanesa Benavides (La Libertad Avanza), quien debutó al frente del cuerpo. Durante la exposición, la presidenta de la comisión detalló los principales lineamientos del presupuesto del ente sanitario: OSSE cerró 2025 con superávit, que fue trasladado al ejercicio 2026; se mantiene el coeficiente de adecuación tarifaria utilizado el año anterior, con actualización bimestral del coeficiente C; y se registra una baja en la participación del gasto en personal, que pasa del 72% al 56%.

También se enumeró los objetivos estratégicos del organismo: garantizar servicios sanitarios de calidad, mejorar la eficiencia de la gestión, avanzar con obras prioritarias, administrar los recursos con austeridad y “poner al vecino en el centro de la gestión”, fortaleciendo la atención y la transparencia territorial.

Sin embargo, el foco del debate no estuvo en los números sino en la metodología. Tal como ocurrió con el Presupuesto de la administración central y los entes, las preguntas deberán presentarse por escrito, canalizadas por los presidentes de los bloques y dirigidas al titular de OSSE, Matías Amato, con plazo hasta el 9 de febrero. Recién después se definirá la fecha de tratamiento del expediente.

Desde Unión por la Patria, el concejal Diego García cuestionó duramente el esquema. “Ayer nos enteramos con esta modalidad nueva de que no va a venir ningún funcionario a comentar, a explicar, a debatir con los concejales el Presupuesto 2026”, sostuvo. Y agregó: “Creíamos que había una oportunidad distinta. Además del presupuesto, queríamos conocer al presidente de Obras Sanitarias. Somos los concejales de la comisión, pero también somos los accionistas de la empresa”.

Para García, el sistema elegido “hace perder la oportunidad del debate, del ida y vuelta”. “La verdad que el año pasado vino (Mauro) Martinelli (secretario de Legal, Técnica y Hacienda) y vino el presidente de Obras Sanitarias, se generaron discusiones que son lógicas, desde el lado de la oposición nuestra mirada, desde el lado del oficialismo defendiendo este presupuesto”, destacó.

Luego, el edil peronista apuntó que la modalidad de preguntas en papel “es del siglo veinte”. A continuación, destacó que “la verdad es que estamos en el siglo veintiuno, hay que usar las herramientas, las redes, la tecnología”. “Con dos renglones no alcanza para explicar qué se piensa hacer con la principal empresa del municipio, que es orgullo de todos los marplatenses y batanenses”, cerró.

Las críticas subieron de tono con la intervención del concejal de Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti, quien apuntó tanto a la ausencia de funcionarios como a la falta de obras y si está realizando la limpieza de los desagües. “No podemos ver la cara del presidente, los funcionarios no van a venir. Tenemos que preguntar qué se está haciendo con el mantenimiento del emisario submarino y de la planta de tratamiento de efluentes cloacales”, señaló.

Pulti enumeró obras detenidas o directamente paralizadas, como el acueducto oeste, segunda etapa, que debía beneficiar a más de 46 mil vecinos en su primera fase y a más de 86 mil en etapas posteriores. “La obra está detenida y no hay referencias al financiamiento”, advirtió. También cuestionó la falta de créditos internacionales: “Hoy no hay ni un solo crédito de organismos multilaterales para Mar del Plata, paradójicamente en un momento donde pareciera que que que se está en la gloria de las relaciones con los organismos financieros multilaterales y más que nada, con el Fondo Monetario”.

El exintendente sumó además un frente judicial: recordó el fallo de primera instancia que declaró inválido el aumento del 142% en la tarifa de OSSE aplicado en enero de 2024, por falta de audiencia pública, y ordenó retrotraer los valores. “Ese juicio es una espada de Damocles sobre la sostenibilidad de Obras Sanitarias”, afirmó. Y explicó: “Es un juicio colectivo que alcanza a todos los usuarios. La audiencia pública no se hizo y no va a aparecer después. Si no aparece, la sentencia dice que OSSE tiene que devolver ese 142%”.

Desde el oficialismo, el encargado de responder fue el presidente del bloque PRO, Julián Bussetti, quien defendió la estructura del presupuesto y apuntó directo a la gestión anterior. En relación a los desagües, sostuvo: “Es imposible desconocer que lo que más se necesita para limpiar desagües es mano de obra. El 60% del presupuesto de Obras Sanitarias se destina a personal, y cualquiera que vea cómo se limpian los desagües se da cuenta de eso”.

Bussetti fue más allá y le respondió a Pulti con munición política: “Tuvieron ocho años para hacer las cosas y usaron Obras Sanitarias para financiar a la administración central, para hacer baños de escuelas provinciales. Así se usaba la empresa del Estado”. “La plata de Obras Sanitarias tiene que ser destinada a Obras Sanitarias”, insistió.

Si bien reconoció que salir a buscar financiamiento externo puede ser una opción, marcó diferencias: “Podemos estar de acuerdo en ir a buscar créditos. Pero hay que ser coherentes con los hechos y ver qué se hizo cuando se tuvo la oportunidad”.

El Presupuesto 2026 de OSSE seguirá ahora el mismo camino que el resto de los expedientes: preguntas por escrito, respuestas por escrito y debate diferido, en un contexto donde la modalidad elegida ya quedó en el centro de la polémica.

Estructura salarial de General Pueyrredon: ¿cuánto cobrará la política en 2026?

El Presupuesto 2026 proyecta un sueldo básico de $801.928 para la categoría inicial, cifra que actúa como base de cálculo para determinar los haberes del Intendente, secretarios y directores. Bajo este esquema, el jefe comunal percibirá una remuneración nominal de 12,8 millones de pesos.

El esquema de haberes para el ejercicio fiscal 2026 se fundamenta en el Artículo 1º de la Ordenanza Complementaria, que fija el sueldo básico en $801.928,35 a partir del 1 de enero. Este valor es el "sueldo mínimo" que define toda la escala de funcionarios electivos y políticos de la administración central y los entes descentralizados.

En la cúspide de la pirámide salarial, el cargo de Intendente Municipal tiene asignado un coeficiente de 16 sueldos básicos, lo que representa una remuneración mensual de $12.830.853,60. Le siguen en jerarquía los Secretarios Municipales y los Presidentes de Entes Descentralizados (Vialidad, Servicios Urbanos, Turismo y Deportes), quienes perciben el equivalente a 9 sueldos básicos, totalizando $7.217.355,15 cada uno. El mismo coeficiente de 9 sueldos se aplica al cargo de Contador General del municipio.

Un escalón por debajo se sitúan los Subsecretarios, los Delegados Municipales y los Vicepresidentes de Entes, con un haber fijado en 7 sueldos básicos, alcanzando los $5.613.498,45. En este mismo rango de 7 sueldos se encuentran los Jueces de Faltas y el Procurador Municipal. Por su parte, el Tesorero Municipal y el Director General de Contrataciones perciben 6 sueldos básicos, equivalentes a $4.811.570,10.

Los Directores Generales, el Secretario del Concejo Deliberante y el Defensor del Pueblo tienen asignado un haber de 5 sueldos básicos, lo que arroja una cifra de $4.009.641,75. En cuanto a los Concejales, la ordenanza establece su dieta según el tope de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que para distritos con 24 ediles como General Pueyrredon, se fija en un máximo de 5 sueldos mínimos, igualando así el monto de un Director General con $4.009.641,75. Finalmente, en los estamentos inferiores de la planta política, los Directores Coordinadores perciben 2,5 sueldos básicos ($2.004.820,88) y el Coordinador Administrativo de la Defensoría del Pueblo cobra 1,5 sueldos básicos ($1.202.892,53).

¿Hay futuro digital en la administración de General Pueyrredon?

Con un parque informático que promedia los diez años de antigüedad, conectividad por antena en lugar de fibra óptica y servidores al límite de su capacidad, la administración de General Pueyrredon enfrenta una crisis de infraestructura que amenaza la continuidad operativa. La falta de ejecución presupuestaria en hardware y el fin del soporte de seguridad para la mayoría de sus sistemas operativos en octubre de 2026 sitúan al municipio en una situación de vulnerabilidad técnica crítica frente a las demandas de digitalización.

La modernización del Estado en el municipio de General Pueyrredon presenta una contradicción sistémica: mientras los planes de gestión enfatizan la creación de aplicaciones y plataformas de atención al vecino, el soporte físico que debe sostener esas herramientas se encuentra en un estado de deterioro avanzado. En la actualidad, el promedio de antigüedad de una computadora en las dependencias municipales supera la década, un ciclo de vida que duplica los estándares recomendados para la administración pública eficiente. Esta realidad se traduce en una operatividad plagada por terminales que aún funcionan con Windows 7 o versiones de Windows 10 cuyo soporte técnico por parte de Microsoft finalizará de manera definitiva en octubre de 2026. La falta de actualización de estos sistemas no sólo ralentiza la gestión diaria, sino que expone la base de datos fiscal y administrativa del distrito a riesgos de seguridad informática sin precedentes.

La precariedad de la red interna es otro de los puntos ciegos de la radiografía tecnológica marplatense. A diferencia de otros partidos de similar escala, la interconexión entre el Palacio Municipal, los entes descentralizados y las delegaciones no se realiza a través de una red de fibra óptica propia, sino mediante enlaces inalámbricos por antena. Este sistema de conectividad "por aire" limita drásticamente el ancho de banda y la estabilidad de la red, convirtiéndose en un “cuello de botella” para la implementación de trámites que requieran la carga de datos pesados o procesos en tiempo real. En el plano de la comunicación institucional, el desfasaje es contundente: el sistema de correo electrónico oficial, cuya arquitectura no ha sido renovada desde el año 2010, mantiene una restricción de apenas 2 megabytes para archivos adjuntos, una cifra que hoy resulta insuficiente incluso para el envío de documentos administrativos básicos en formato PDF, lo que obliga a los empleados a utilizar canales no oficiales y menos seguros.

En el corazón de la estructura, los servidores municipales operan en un estado de
saturación permanente. La capacidad de almacenamiento y procesamiento se encuentra rebasada, lo que impide la migración de nuevas áreas hacia la digitalización completa y genera caídas recurrentes —en los sistemas de turnos, pagos online y en aplicaciones como “¿Cuándo llega?”, por ejemplo—, que frustran al contribuyente.

A esta limitación de hardware se suma una irregularidad normativa en el software: la escasez de licencias oficiales ha derivado en la clonación de sistemas operativos en gran parte de las computadoras, una práctica que impide las actualizaciones críticas de seguridad. Pese a que la adquisición de nuevos servidores y equipos informáticos figura sistemáticamente en las partidas presupuestarias de cada ejercicio, la ejecución real de estos gastos es nula o marginal, priorizando el gasto en desarrollo de software externo o aplicaciones móviles por sobre el fortalecimiento del núcleo técnico del municipio.

Esta incongruencia presupuestaria revela que la informática ha sido tratada históricamente como un gasto de mantenimiento recortable y no como una inversión estratégica. Durante los últimos seis años, las licitaciones para la compra de equipamiento pesado han sido prácticamente inexistentes, centrando la inversión en la capa superficial del sistema —las aplicaciones de cara al usuario— mientras los cimientos digitales se degradan.

Con el 90% de las máquinas cuyas especificaciones imposibilitan actualizar a Windows 11, el horizonte de octubre de 2026 marca un límite temporal insoslayable; sin un plan de renovación masiva de hardware y la migración a una red de fibra óptica, el sistema municipal se encamina a un apagón técnico por vetustez, donde la digitalización de los trámites será imposible por la incapacidad física de los cables y procesadores para sostener el peso de la administración moderna.

Presupuesto 2026: cómo crecieron las áreas del Ejecutivo respecto de 2025

La comparación entre lo presupuestado el año pasado y los créditos previstos para este muestra subas generalizadas en las áreas del Ejecutivo, aunque con fuertes diferencias. La Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda fue el área que más creció en términos presupuestarios, al concentrar el mayor volumen de recursos.

La presentación del Presupuesto municipal 2026 confirmó un crecimiento nominal generalizado de las partidas del Ejecutivo local del gobierno interino de Agustín Neme en comparación con 2025, aunque con fuertes asimetrías entre áreas. El reparto de recursos expone prioridades claras: Legal, Técnica y Hacienda concentra el mayor volumen presupuestario, mientras que Educación se ubica entre las áreas con mayor expansión relativa.

Con una asignación de $237.947.655.000, el área de Legal, Técnica y Hacienda se afirma como la dependencia con mayor peso presupuestario dentro del Ejecutivo. En comparación con 2025, los recursos aumentan un 166%, un crecimiento que supera el promedio de las secretarías centrales y se destaca ampliamente frente al resto en términos absolutos.

En Educación, el Presupuesto 2026 asciende a $55.024.414.000, lo que implica una suba cercana al 30 % interanual. Salud también muestra un incremento relevante: llega a $53.508.373.000, con un aumento del 33,9 % respecto del ejercicio anterior. Ambas áreas concentran buena parte del gasto social del municipio.

La Secretaría de Seguridad se ubica apenas por detrás, con $52.097.519.000 y una suba del 45,2 %, una de las más altas en términos porcentuales entre las áreas operativas. Desarrollo Social alcanza $35.342.298.000 (+35,4 %), mientras que Obras llega a $15.588.509.000, con un incremento más moderado del 17,5 %.

Entre las áreas de gestión y articulación territorial, Participación Ciudadana suma $18.149.947.000 (+26,6 %) y Desarrollo Local $11.448.774.000 (+22,6 %). El presupuesto del Intendente asciende a $2.422.317.000, con un incremento del 68 % frente a 2025. En el plano institucional, el Concejo Deliberante contará con $9.281.964.000, lo que representa una suba del 27,7 %.

El Parque Industrial rompe su techo de crecimiento con fondos propios

El Consorcio del Parque Industrial General Savio desembolsará 4 millones de dólares para construir el gasoducto que el sector público postergó por años. La obra, que iniciará en marzo, representa un cambio en la matriz de gestión: empresas radicadas asumen el costo de la expansión energética para duplicar la capacidad de suministro y garantizar el desembarco de inversiones internacionales.

El anuncio del inicio de las obras para el nuevo gasoducto en el Parque Industrial General Savio marca un punto de inflexión en la política de infraestructura de General Pueyrredon. Lo que en otras décadas se gestionaba como una partida presupuestaria de Nación o Provincia, en 2026 se ha consolidado como un modelo de autogestión privada. Ante la parálisis de los fondos tradicionales para grandes obras de energía, el consorcio de empresas locales, liderado por Luis Terry Artusa, selló el acuerdo final para financiar con capitales propios una intervención de 4 millones de dólares que permitirá romper el techo de cristal productivo que afecta a la Ruta 88.

La obra técnica consiste en la extensión de un ducto de cuatro kilómetros que conectará la estación compresora de La Invernada con el corazón del polo industrial. El contrato ya rubricado con la licenciataria Camuzzi estipula que los trabajos comenzarán formalmente en marzo y tendrán un plazo de ejecución de entre seis y nueve meses. El objetivo político y económico es estratégico: duplicar el caudal de gas disponible, elevándolo de los 6.000 metros cúbicos actuales a un techo operativo de 12.000 metros cúbicos. Este salto de capacidad no solo busca resolver el déficit de las firmas ya instaladas, sino habilitar las factibilidades técnicas para proyectos de gran escala que hoy se encuentran en lista de espera.

En los despachos del Palacio Municipal y en el Concejo Deliberante, el caso es seguido como el éxito del "modelo de facilitación". La articulación desde el Municipio ha virado hacia “un rol de articuladores logísticos, eliminando trabas burocráticas” para que el privado ejecute donde el Estado no llega. Esta sinergia pública-privada es la que permitió que firmas multinacionales y de exportación proyecten ampliaciones de líneas de producción que, hasta hace apenas meses, estaban condicionadas por el uso de gas envasado y los sobrecostos logísticos que esto implicaba.

El trasfondo de esta inversión de 4 millones de dólares es una apuesta a la autonomía industrial. Al asumir el costo del gasoducto, las empresas del Parque Savio no solo adquieren un activo de infraestructura, sino que aseguran la previsibilidad operativa para la próxima década, y se blindan ante eventuales crisis de suministro nacional. Con la mira puesta en convertir al predio marplatense en el polo productivo más importante de Argentina, el inicio de las tareas en marzo se percibe menos como un anuncio de obra pública y más como un manifiesto de independencia del sector privado local frente a los ciclos de la economía nacional.

INTERNA PERONISTA

Un posible acercamiento entre Raverta e Iriart mantiene la expectativa en el cierre de listas

En las horas previas a la oficialización de candidaturas, el peronismo local atraviesa una mañana de sábado cargada de especulaciones. Mientras el escenario de tres listas sigue vigente, los trascendidos sobre una eventual negociación entre los sectores de La Cámpora y el peronismo tradicional podrían reconfigurar el tablero político, en un clima de cautela ante la falta de confirmaciones oficiales.

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