A día de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, el paisaje de las calles de Mar del Plata no refleja los cambios que el oficialismo y sus aliados en el Concejo Deliberante proyectaron con énfasis técnico y urgencia política durante el último trimestre del año pasado.
Han transcurrido exactamente 100 días desde aquella jornada del 30 de octubre de 2025, cuando, entre protestas sindicales y un recinto sitiado por el malestar de los trabajadores municipales, el bloque oficialista junto a La Libertad Avanza (LLA) lograba convalidar la adjudicación del Sistema de Estacionamiento Medido. Desde entonces, el cronómetro de la gestión parece haberse detenido en la fase de los papeles, mientras la operatividad del servicio permanece en una nebulosa que inquieta tanto a la oposición como a los usuarios que aún conviven con el esquema anterior.
La parálisis actual resulta llamativa si se tiene en cuenta el vigor administrativo desplegado por el Gobierno municipal para cerrar el ejercicio anterior. El proceso sumó hitos jurídicos que, en teoría, allanaban el camino para una puesta en marcha inmediata. Han pasado ya 86 días desde que el Ejecutivo refrendó la Ordenanza O-20941 mediante el Decreto 2460/25, el 13 de noviembre pasado, oficializando la entrega de la "caja millonaria" del estacionamiento a la empresa de los Tabanelli por un periodo de nueve años.
Aquel paso legal no solo ratificó la actualización automática de la tarifa atada al precio de la nafta premium de YPF, sino que también garantizó a la prestataria un canon mínimo de 450 mil horas por trimestre, una cifra blindada que hoy, ante la falta de implementación, representa una incógnita sobre su ejecución financiera.
El último movimiento de piezas ocurrió hace 52 días, el 17 de diciembre de 2025, cuando el intendente interino, Agustín Neme, firmó el decreto 2727/25. Ese documento fue el "blindaje definitivo" que desestimó las impugnaciones de las empresas competidoras, como Propago Argentina y Electromecánica Tacuar, y dejó fuera de juego a la local Grupo Núcleo. Con ese decreto, el Ejecutivo encomendó a las áreas técnicas la confección final del contrato y la cuantificación de las garantías. Sin embargo, casi dos meses después de ese cierre de año administrativo, el contrato de concesión que debe regular la explotación de las 3.818 plazas del centro no ha sido traducido en cambios visibles en la vía pública ni en la plataforma tecnológica prometida.
En términos económicos, el municipio de General Pueyrredon se encuentra en una posición de espera para percibir el 30% de la recaudación bruta que estipula el nuevo esquema. Mientras tanto, el sistema actual languidece bajo una transición que se percibe eterna.
La falta de noticias a 100 días del hito político inicial plantea un interrogante sobre la capacidad de respuesta de la firma adjudicataria y sobre la previsibilidad financiera que el Ejecutivo local defendió con tanto ahínco en el recinto. Por ahora, el estacionamiento medido en Mar del Plata es una realidad jurídica consolidada, pero una realidad operativa inexistente.