22 de enero de 2026
PANORAMA
Austeridad bajo la lupa: OSSE se suma al recorte de sueldos en medio de críticas por el destino de los fondos
El Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto para que el directorio de la empresa sanitaria realice la deducción voluntaria del 20% de sus haberes. Si bien la medida busca replicar el "gesto" del gabinete municipal, la falta de un destino específico para ese dinero y la brecha entre los salarios políticos y la realidad urbana alimentan los cuestionamientos opositores y de diversos sectores sociales.
El esquema de "austeridad" que el oficialismo marplatense sostiene como eje comunicacional sumará en los próximos días un nuevo capítulo administrativo. El Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. (OSSE) a aplicar una deducción del 20% en los haberes mensuales de sus máximas autoridades: el presidente Tomás Alberto Amato, la vicepresidenta María Cristina Coria y el síndico Mario Ricciuto. La iniciativa busca alinear a la empresa estatal con el decreto municipal que estableció recortes del 30% para el jefe comunal interino y del 20% para el resto de la planta política, una medida que el provisional Agustín Neme ha decidido sostener durante su ejercicio.
Desde lo estrictamente formal, el proyecto se encamina a una aprobación sin sobresaltos. Con una mayoría propia que funciona de manera automática en el recinto, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para convalidar las "donaciones voluntarias" de los funcionarios. Según el texto elevado, estos aportes no tendrán un destino específico y quedarán sujetos a la disponibilidad de la sociedad de estado. Sin embargo, este último punto es precisamente el que activa las alarmas en el arco crítico, donde se cuestiona si estos movimientos contables representan un alivio real para las arcas públicas o si se trata meramente de una puesta en escena para mitigar el impacto social de los abultados sueldos jerárquicos.
La desconfianza no es infundada si se analiza el rastro de estas deducciones desde que se implementaron por primera vez en 2020. Aunque se estima que el ahorro acumulado ha sido millonario, la traslación de esos fondos a mejoras palpables en la ciudad sigue siendo una materia pendiente. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en la "delicada situación económica", el estado de las calles y los servicios públicos en los barrios parece contar otra historia. Las críticas apuntan a que, pese a los recursos destinados a entes como el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) o el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), las soluciones suelen reducirse a parches de cemento o a la instalación de dispositivos de vigilancia en avenidas céntricas, mientras las deficiencias estructurales persisten.
El debate también pone el foco en la naturaleza "voluntaria" y "neta" del recorte. Al aplicarse sobre el salario una vez liquidados los aportes y retenciones, el impacto real en el bolsillo del funcionario es menor que si se tratara de una reducción obligatoria sobre el bruto. El contraste se vuelve aún más agudo al observar las cifras: con haberes que en cargos jerárquicos alcanzan varios millones de pesos, una deducción del 20% sigue dejando a los funcionarios en una posición de privilegio frente a una familia tipo que lucha por no caer bajo la línea de la pobreza. Para muchos, este "gesto" es un truco de distracción contable que no alcanza a compensar designaciones polémicas en áreas clave ni la falta de una planificación urbana eficiente.
En definitiva, la incorporación del directorio de OSSE al plan de austeridad será ordenanza en breve, reforzando la narrativa de un gobierno que "comparte el esfuerzo" con los vecinos. No obstante, la validación de los marplatenses parece depender menos de estos decretos de donación y más de la transparencia en el uso de esos fondos. Mientras el destino de los millones deducidos siga siendo incierto y las obras de fondo no aparezcan, la austeridad de Neme y su equipo corre el riesgo de ser percibida como una herramienta de marketing político antes que como una verdadera reforma del gasto público.