La crisis habitacional en General Pueyrredon sigue ocupando un lugar incómodo en la agenda pública: todos la reconocen, pocos la abordan con herramientas concretas. En ese escenario, el Consejo Local de Hábitat y Vivienda vuelve a aparecer como una promesa pendiente. La incógnita ahora es si 2026 será, finalmente, el año en que el proyecto salga del letargo legislativo o si volverá a quedar archivado entre prioridades postergadas.
El déficit de acceso a la vivienda se profundizó al calor del contexto macroeconómico, con alquileres en alza, salarios rezagados y una creciente expulsión de familias hacia la periferia. Frente a ese cuadro, la creación del Consejo fue pensada como una herramienta estratégica para diseñar políticas integrales de suelo, hábitat y vivienda, en línea con la adhesión municipal a la Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449).
La iniciativa comenzó a tomar forma en agosto de 2023, durante una jornada de trabajo en la que distintos actores plantearon la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo y equitativo. Sin embargo, desde entonces el recorrido fue errático. En 2024, los colegios profesionales presentaron un nuevo anteproyecto que logró llegar a la Comisión de Obras en junio, presidida por la Coalición Cívica, pero el debate no logró traducirse en avances concretos.
Pese a que los impulsores del proyecto defendieron la propuesta ante los concejales, el expediente quedó empantanado. No hubo dictamen ni nuevos tratamientos, y el Consejo de Hábitat pasó a engrosar la lista de iniciativas atrapadas en un limbo legislativo. Mientras tanto, la ciudad siguió habilitando nuevos desarrollos inmobiliarios que, en su mayoría, no apuntan a resolver la demanda habitacional más urgente.
Con el inicio de un nuevo año legislativo, las miradas vuelven a posarse sobre el Concejo Deliberante. La pregunta que recorre los pasillos es si 2026 será el punto de inflexión para reactivar el proyecto y avanzar en la conformación del Consejo, o si la discusión volverá a diluirse frente a otras prioridades políticas.
De concretarse, el Consejo Local de Hábitat y Vivienda podría convertirse en una herramienta clave para coordinar políticas públicas, ordenar el uso del suelo y promover una distribución más justa del acceso a la vivienda. Por ahora, la urgencia social avanza más rápido que las definiciones políticas, y la deuda habitacional sigue creciendo sin una respuesta estructural a la vista.
