POLÉMICA
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
El enfrentamiento por Punta Mogotes
Con las concesiones venciendo en agosto, el laberinto judicial enciende el conflicto entre el gobierno bonaerense y General Pueyrredón. Arde la pulseada por administrar el complejo
Enero de 2026. Mientras Mar del Plata bulle en el epicentro de su temporada estival, una sombra de incertidumbre se proyecta sobre los 2,5 kilómetros de carpas y cemento que definen la bahía más famosa del sur. No es una sombra climática, sino política y judicial. El Complejo Punta Mogotes ha ingresado en su cuenta regresiva final: en agosto de este año vencen las concesiones de las 24 unidades balnearias que lo integran, y la disputa por quién tendrá la llave para decidir su futuro ha escalado hasta la máxima instancia judicial de la Nación. El conflicto, que enfrenta frontalmente a la administración municipal con el gobierno provincial de Axel Kicillof, ha dejado de ser una simple diferencia administrativa para convertirse en un caso testigo de autonomía municipal y federalismo. La premisa del Municipio es tan simple como contundente: tras casi 40 años de un esquema interjurisdiccional nacido “transitoriamente”, General Pueyrredon ha decidido pagar para recuperar lo suyo.
Para entender el presente, es obligatorio mirar el origen. El Complejo Punta Mogotes es un hijo arquitectónico de la última dictadura cívico-militar. Su construcción se aceleró entre 1978 y 1980, con la visión de crear una “mini ciudad” frente al mar que pudiera absorber el turismo de masas que ya saturaba el centro. Financiado originalmente por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto dejó una deuda monumental que la sociedad estatal incial no pudo honrar, lo que derivó en la intervención y posterior creación de la actual Administración de Punta Mogotes (APM) mendiante la Ley Provincial 10.233 en 1984.
Desde entonces, el ente se rige por un esquema de mayoría provincial (70% contra un 30% municipal), lo que ha permitido que, durante cuatro décadas, La Plata tomara las decisiones estratégicas sobre un recurso situado íntegramente en suelo marplatense. Para el Ejecutivo local, este modelo es hoy un “anacronismo” administrativo que impide la integración del complejo a la trama urbana de la ciudad, condenando a la zona a ser “un desierto de persianas bajas durante nueve meses al año”.
El detonante de la crisis actual fue un cálculo contable. Según los estados financieros de la APM, la deuda histórica que el ente mantiene con la provincia asciende a $14.069.819,46. Bajo el esquema de cuotas fijas que se venía pagando, ese pasivo no se cancelaría hasta el 2070. En un movimiento que sorprendió al tablero político, el intendente Guillermo Montenegro intentó depositar el total de la deuda en agosto de 2024 para formar la aplicación de la Cláusula Quinta del convenio fundacional, que estipula la disolución de la APM una vez extinguida la deuda.
La negativa de la provincia a recibir el pago inició un periplo judicial que, a inicios de 2026, mantiene los plazos procesales suspendidos. Aunque la Suprema Corte Bonaerense falló en diciembre de 2025 ratificando que el juicio por la “consagración de pago” debe tramitarse en los tribunales marplatenses, la Fiscalía de Estado provincial presentó un Recurso Extraordinario el pasado 26 de diciembre. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si interviene en lo que la Provincia califica como un “perjuicio institucional de gravedad”.
Mientras los jueces deliberan, el tiempo corre. Los 24 concesionarios, que operan un inventario de 7.166 carpas, observan con recelo el vencimiento de sus contratos en agosto. La provincia ha intentado avanzar con un “Masterplan” y un “Concurso de Ideas” para renovar el predio por otros 30 años, pero una medida cautelar ha ordenado preservar el status quo para evitar que se comprometa la explotación futura antes de que se defina la titularidad del predio. El transfondo es un choque de modelos: la Provincia defiente el patrimonio estatal y la planificación centralizada; el Municipio exige el fin de un tutelaje que considera agotado. Con el vencimiento en el horizonte, Punta Mogotes vive su verano más político, esperando el fallo que defina si finalmente podrá integrarse a Mar del Plata o si seguirá siendo un enclave provincial en la costa marplentese.
Para entender el presente, es obligatorio mirar el origen. El Complejo Punta Mogotes es un hijo arquitectónico de la última dictadura cívico-militar. Su construcción se aceleró entre 1978 y 1980, con la visión de crear una “mini ciudad” frente al mar que pudiera absorber el turismo de masas que ya saturaba el centro. Financiado originalmente por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto dejó una deuda monumental que la sociedad estatal incial no pudo honrar, lo que derivó en la intervención y posterior creación de la actual Administración de Punta Mogotes (APM) mendiante la Ley Provincial 10.233 en 1984.
Desde entonces, el ente se rige por un esquema de mayoría provincial (70% contra un 30% municipal), lo que ha permitido que, durante cuatro décadas, La Plata tomara las decisiones estratégicas sobre un recurso situado íntegramente en suelo marplatense. Para el Ejecutivo local, este modelo es hoy un “anacronismo” administrativo que impide la integración del complejo a la trama urbana de la ciudad, condenando a la zona a ser “un desierto de persianas bajas durante nueve meses al año”.
El detonante de la crisis actual fue un cálculo contable. Según los estados financieros de la APM, la deuda histórica que el ente mantiene con la provincia asciende a $14.069.819,46. Bajo el esquema de cuotas fijas que se venía pagando, ese pasivo no se cancelaría hasta el 2070. En un movimiento que sorprendió al tablero político, el intendente Guillermo Montenegro intentó depositar el total de la deuda en agosto de 2024 para formar la aplicación de la Cláusula Quinta del convenio fundacional, que estipula la disolución de la APM una vez extinguida la deuda.
La negativa de la provincia a recibir el pago inició un periplo judicial que, a inicios de 2026, mantiene los plazos procesales suspendidos. Aunque la Suprema Corte Bonaerense falló en diciembre de 2025 ratificando que el juicio por la “consagración de pago” debe tramitarse en los tribunales marplatenses, la Fiscalía de Estado provincial presentó un Recurso Extraordinario el pasado 26 de diciembre. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si interviene en lo que la Provincia califica como un “perjuicio institucional de gravedad”.
Mientras los jueces deliberan, el tiempo corre. Los 24 concesionarios, que operan un inventario de 7.166 carpas, observan con recelo el vencimiento de sus contratos en agosto. La provincia ha intentado avanzar con un “Masterplan” y un “Concurso de Ideas” para renovar el predio por otros 30 años, pero una medida cautelar ha ordenado preservar el status quo para evitar que se comprometa la explotación futura antes de que se defina la titularidad del predio. El transfondo es un choque de modelos: la Provincia defiente el patrimonio estatal y la planificación centralizada; el Municipio exige el fin de un tutelaje que considera agotado. Con el vencimiento en el horizonte, Punta Mogotes vive su verano más político, esperando el fallo que defina si finalmente podrá integrarse a Mar del Plata o si seguirá siendo un enclave provincial en la costa marplentese.