9 de enero de 2026
PREOCUPACIÓN
Caja, control y burocracia: el nuevo esquema de poder que asfixia al puerto de Mar del Plata
Bajo el barniz de una necesaria modernización normativa, la conducción del Consorcio Portuario aprobó un nuevo reglamento de inscripción para empresas de servicios. Entre aumentos de cánones y un control minucioso sobre operarios y vehículos, la gestión de Marcos Gutiérrez refuerza su poder de policía sobre un sector productivo que ya denuncia un "disciplinamiento" político sistemático.
La publicación de la Resolución N° 424-02/2025 en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires marca el inicio de una nueva etapa en la tensa relación entre el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata y las empresas que le dan vida al principal motor productivo de la ciudad. Aunque el texto oficial se escuda en la "modernización de procesos" y el "relevamiento tecnológico" para justificar el cambio de una norma que databa de 2006, la lectura política entre los muelles es mucho más cruda. Se trata de un rediseño del sistema de control que otorga a la cúpula camporista herramientas administrativas de precisión quirúrgica para decidir quién opera y a qué costo en la jurisdicción portuaria.
El cambio fundamental reside en la naturaleza jurídica del vínculo. La nueva normativa elimina el concepto de "habilitación" para reemplazarlo por el de "inscripción" en un registro de explotación de bienes del dominio público. No es un mero tecnicismo: es la afirmación de que el Consorcio no solo autoriza una actividad, sino que concede un privilegio revocable sobre un espacio que le pertenece al Estado. En este escenario, la figura de la Gerenta de Explotación y Marketing, Julia Gasalla, señalada por diversos sectores como el "brazo ejecutor" de una estrategia de presión extrema, encuentra ahora un marco legal renovado para profundizar el control sobre las empresas de servicios.
La nueva segmentación de las empresas en cuatro grupos, según su "valor económico" y "riesgo operativo", viene acompañada de un esquema de cánones que entrará en vigencia en marzo de 2026. Para las firmas del Grupo 1, que incluyen tareas críticas como remolque, provisión de combustible y astilleros, el costo de inscripción anual superará los dos millones y medio de pesos. Sin embargo, el impacto más asfixiante para las pequeñas y medianas estructuras radica en el cobro individual por cada trabajador registrado y por cada vehículo que ingrese a la jurisdicción, con tarifas que parten de los 25 mil pesos por unidad. Este "peaje" administrativo no solo busca engrosar la caja del Consorcio, sino que obliga a las empresas a entregar un inventario detallado y actualizado de sus recursos humanos y materiales, otorgando a la gestión política un nivel de información sobre el entramado productivo que muchos empresarios califican de intimidante.
Políticamente, la resolución lleva la firma de Marcos Gutiérrez y Eduardo Mayer, consolidando el dominio de un sector que, lejos de buscar la eficiencia operativa de un puerto hoy cuestionado por su funcionamiento, parece priorizar la supervivencia y el posicionamiento territorial. En la interna peronista que se libra en Mar del Plata, el puerto se ha convertido en el último bastión de resistencia para el esquema de Fernanda Raverta. Con este reglamento, la conducción portuaria se asegura un mecanismo de "filtro" burocrático: aquel que no se alinee o que sea considerado un "actor histórico díscolo", podría enfrentar dificultades crecientes para renovar su inscripción, ahora sujeta a una evaluación de deudas fiscales y cumplimiento de normativas cada vez más intrincadas.
De este modo, la realidad administrativa describe un panorama de cada vez mayor precariedad para los privados. El endurecimiento de los requisitos y la discrecionalidad en la aplicación de sanciones, que incluyen desde multas hasta la suspensión definitiva, dejan a los permisionarios y prestadores de servicios en una situación de vulnerabilidad ante una gestión que, según los testimonios que circulan en la banquina, prioriza la "caja" y el disciplinamiento por sobre la previsibilidad económica. El puerto de Mar del Plata, así, queda atrapado una vez más en la lógica de una política que utiliza la norma como garrote y la modernización como coartada.