El inicio de este 2026 encuentra al Palacio Municipal en un estado de tensa calma. Tras la asunción de las nuevas bancas en diciembre, la actividad legislativa que asoma en el horizonte tiene un nombre propio que ha sobrevolado el recinto durante años sin encontrar nunca el puerto de la aprobación: el Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU). Lo que para el Ejecutivo representa el cierre de un ciclo de parches y emergencias, para la nueva conformación del Concejo Deliberante constituye el desafío político más complejo de su mandato inicial. No se discute únicamente cómo viajarán los marplatenses mañana, sino quién y bajo qué condiciones manejará las calles de la ciudad durante los próximos veinte años.
La herencia de este debate es pesada. El sistema llega a este punto tras seis prórrogas consecutivas de la concesión actual, un dato que la oposición ha sabido utilizar como síntoma de una gestión que no logra dar el salto hacia la modernización. Sin embargo, el escenario actual es distinto al de intentos fallidos anteriores. El proyecto que hoy duerme en las comisiones a la espera del reinicio de las sesiones ordinarias llega con el sello de "actualizado por la CNRT" y con el crudo diagnóstico de la pospandemia en sus anexos: un sistema que perdió un 30% de sus pasajeros habituales y que todavía lucha por encontrar un equilibrio financiero en un contexto de subsidios escasos y costos en alza.
El corazón de la pulseada política reside en la duración del contrato y la flexibilidad del esquema. Desde el oficialismo, la defensa es cerrada: aseguran que un horizonte de veinte años es la única garantía para que las empresas realicen las inversiones de capital necesarias en flota y tecnología. Para el Ejecutivo, este pliego es una herramienta de supervivencia que busca recomponer la confianza del usuario mediante innovaciones como la "línea anular" —ese corredor rápido que evitaría el paso obligado por el centro— y una redistribución de los grupos operativos para ganar eficiencia. Argumentan que el transporte "está roto" y que no hay margen para más dilaciones si se pretende recuperar el caudal de pasajeros que la SUBE marca hoy a la baja.
En la vereda opuesta, la mirada es de desconfianza. La oposición, ahora con piezas renovadas en sus bloques, interpreta la extensión del plazo como un "cheque en blanco" para las prestatarias actuales. El temor a quedar atados a un contrato rígido en un mundo donde la movilidad cambia año tras año es el principal argumento para frenar la embestida oficialista. Las dudas sobre quién pagará el costo real del boleto y cómo se garantizará que las mejoras en la frecuencia no queden diluidas en el texto técnico son los puntos donde se prevé que la discusión se vuelva más ríspida. El concepto de "sustentabilidad" que pregona el Ejecutivo es leído por sus detractores como una puerta abierta a ajustes tarifarios automáticos que impacten de lleno en el bolsillo del vecino.
La declaración de emergencia aprobada a fines del año pasado funcionó como un respirador artificial para garantizar que los colectivos sigan circulando, pero el tiempo se agota. La tregua del verano solo posterga un choque de visiones que parece inevitable. El nuevo Concejo Deliberante no tendrá el beneficio de la duda ni la excusa del desconocimiento; el expediente ya no puede ser cajoneado sin pagar un costo político alto. En el recinto, la pregunta de fondo seguirá siendo la misma: si la política local es capaz de diseñar un sistema de transporte pensando en las próximas décadas o si, una vez más, la urgencia de la coyuntura terminará imponiendo un nuevo parche sobre una estructura que ya no resiste más remiendos.
