27 de diciembre de 2025
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Los últimos días en la ciudad dejaron en claro que la rosca política está en su cénit; la incertidumbre respecto a las comisiones del Concejo Deliberante, la transición con recambios y designaciones polémicas, los reclamos y pedidos de quienes se ven afuera, la reasignación de fondos, entre otros temas, marcan el pulso político local. Con expectativa para el ciclo del intendente interino Agustín Neme, General Pueyrredon se prepara para recibir al 2026. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata
Rosca sin fin en el Concejo: las comisiones no se arman y los expedientes se acumulan
La negociación interna por las trece instancias se estira mientras el HCD sigue sin actividad efectiva. La pulseada por las presidencias no logra acuerdos entre los bloques.
Mientras la actividad formal del Concejo Deliberante sigue virtualmente paralizada, la rosca política por el control de las comisiones se prolonga sin definiciones. Con el recambio de bancas ya consumado, el HCD todavía no logra poner primera y la negociación interna se convirtió en el verdadero eje del funcionamiento legislativo.
La discusión por las comisiones —13 en total— se transformó en una pulseada que excede los tiempos institucionales. Legislación, Obras, Hacienda, Movilidad, Educación, Salud, Turismo, Deportes, Ambiente, Derechos Humanos, Industria, Seguridad y Políticas de Género siguen sin conformación definitiva, mientras los expedientes comienzan a acumularse en la Mesa de Entradas sin tratamiento ni debate.
No todas las comisiones tienen el mismo peso. Algunas funcionan semanalmente y reúnen a nueve concejales; otras lo hacen de manera quincenal y con siete integrantes. Esa diferencia convierte cada presidencia y cada lugar en una ficha clave de una negociación que se estira más de lo previsto y mantiene al cuerpo en pausa.
En el oficialismo reconocen, en voz baja, que el nuevo mapa del Concejo obliga a hilar fino. Sin mayorías automáticas, necesita acuerdos puntuales para evitar bloqueos y garantizar el avance de los proyectos del Ejecutivo. Del otro lado, la oposición juega su propio partido y hace valer cada voto en una mesa donde nada se regala.
Mientras tanto, el costo político empieza a sentirse. Los expedientes siguen ingresando, pero no se discuten; las comisiones no funcionan y el Concejo aparece atrapado en una interna que se dilata. La rosca continúa, pero el reloj institucional corre y la parálisis legislativa empieza a dejar expuestas las dificultades del nuevo esquema de poder.
La Reserva: aval ambiental firmado, pero la obra sigue atada a una línea de ribera que nadie actualiza
Santiago Bonifatti, antes de dejar el Emsur, le dio la Declaración de Impacto Ambiental. Pero la demarcación que separa lo público de lo privado sigue siendo el principal foco de conflicto.
El proyecto inmobiliario de La Reserva sumó un respaldo clave en los despachos municipales, pero el conflicto de fondo sigue sin resolverse. El EMSUR firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita el avance del emprendimiento privado sobre uno de los últimos tramos costeros sin urbanizar del sur de Mar del Plata, aunque la discusión central continúa intacta: la línea de ribera que define los límites entre el dominio público y el privado sigue desactualizada.
La resolución 275/2025, rubricada por Santiago Bonifatti en sus últimos días al frente del ente, otorgó el aval ambiental definitivo a un desarrollo que proyecta nueve edificios de hasta cuatro niveles, con cocheras y servicios soterrados, sobre un predio de seis hectáreas próximo al arroyo Corrientes. El visto bueno se apoya en una batería de aptitudes técnicas otorgadas por la Autoridad del Agua (ADA), que incluyen prefactibilidad hidráulica, explotación del recurso hídrico subterráneo y autorización para el tratamiento de efluentes.
Sin embargo, el propio expediente deja expuesta una contradicción central. El proyecto debió ser reformulado para adecuarse al Código de Aguas bonaerense, que establece una franja de restricción de 150 metros desde la línea de ribera para loteos y edificaciones. El problema es que esa línea, utilizada como referencia, fue demarcada en 2012 y nunca volvió a actualizarse, pese a que la normativa exige su revisión cada diez años.
Para organizaciones ambientales y profesionales que siguen el caso, ese dato no es menor. Advierten que una nueva demarcación, ajustada a la dinámica actual del litoral y al avance sostenido del mar, podría dejar gran parte del predio alcanzado por la restricción. “Si la ADA actualiza la línea de ribera, el proyecto cambia por completo. La medición de los 150 metros se hace desde ahí y el margen edificable podría desaparecer”, sostienen.
El aval ambiental, además, está lejos de ser un cheque en blanco. El anexo incorporado a la resolución impone una serie de condiciones que obligan a modificar o directamente anular cualquier módulo que quede emplazado en zonas no habilitadas. También deja en claro que la autorización no exime de responsabilidades legales a la empresa ni a los profesionales intervinientes ante eventuales daños ambientales o irregularidades en la información presentada.
A ese cuadro se suman los cuestionamientos políticos y sociales que acompañan al proyecto desde su desembarco en el Concejo Deliberante. La audiencia pública —de carácter no vinculante— estuvo marcada por un fuerte rechazo vecinal que no tuvo correlato en la decisión final. En paralelo, la Justicia obligó al Ejecutivo a entregar información ambiental que había sido retenida, luego de una demanda impulsada por un vecino.
Con el trasfondo del retroceso costero, la erosión de las playas y una línea de ribera que ya no refleja el escenario real, el caso La Reserva expone una tensión cada vez más frecuente: proyectos que avanzan en los papeles mientras el territorio cambia sin esperar definiciones administrativas. El aval ambiental ya está firmado. La frontera que puede frenarlo, todavía no.
Astillero de luces y sombras: el puerto marplatense entre la claudicación industrial de Contessi y el rigor camporista
Mientras el emblemático Astillero Contessi desvirtúa su función productiva transformando una nave industrial de última generación en un salón de eventos, el Consorcio Portuario profundiza un clima de hostilidad administrativa. Entre la falta de barcos en las gradas y las denuncias de disciplinamiento político encabezadas por la gestión de Julia Gasalla, el corazón productivo de la ciudad se debate entre el oportunismo comercial y la supervivencia bajo presión.
El puerto de Mar del Plata asiste por estos días a un espectáculo tan inmersivo como preocupante, aunque no precisamente por la calidad de las proyecciones digitales que ahora decoran el Astillero Contessi. La decisión de la firma de alquilar su nave industrial más moderna, inaugurada hace apenas un año para la construcción de buques pesqueros, para la realización de una muestra cultural, marca un punto de inflexión en la identidad del sector. La empresa parece haber arriado las banderas de la producción para incursionar en el negocio del entretenimiento, ocupando un rol que no le es propio. Así, la firma abandona su perfil industrial para improvisarse como centro cultural, una intrusión que castiga a espacios como Bendú, cuya estructura e inversión fueron diseñadas específicamente para el profesionalismo del entretenimiento.
Esta mutación funcional no es un hecho aislado, sino el síntoma de una claudicación: mientras los martillos callan y los contratos desaparecen, los empresarios que supieron ser pilares del puerto hoy prefieren las luces de la escena a las chispas de la soldadura, incluso después de haber cerrado la histórica conservera Marechiare hace apenas semanas.
La "vocación industrial" que el propio Vito Contessi intenta rescatar en sus redes sociales, donde confiesa tener sensaciones encontradas al ver su nave vacía, choca de frente con la realidad de un predio que debería estar generando empleo genuino en las gradas y no vendiendo tickets para experiencias tecnológicas. El hecho de que una estructura diseñada para la soberanía naval termine convertida en un anexo de la productora de Pablo Baldini es una señal de alarma para el entramado productivo local. ¿Cuál es el límite de la reconvención empresarial? ¿Es lícito que un espacio concesionado con fines industriales estratégicos se transforme en un centro cultural mientras el sector pesquero atraviesa una de sus crisis más profundas? La respuesta parece diluirse en una zona gris de permisos y conveniencias que cuenta con el aval, por acción u omisión, de las autoridades portuarias.
En este escenario de desvío de fines, la figura de Julia Gasalla, Gerenta de Explotación y Marketing del Consorcio Portuario, emerge como la mano ejecutora de una política de control que tiene en vilo a los permisionarios. Mientras se permiten excepciones recreativas en los astilleros, el resto de los actores del puerto denuncia un clima de asfixia administrativa y maltrato cotidiano. Según trascendidos que recorren los muelles, el accionar de Gasalla respondería a una lógica de disciplinamiento político dictado por la estructura de Fernanda Raverta y Pablo Obeid. La incertidumbre sobre la continuidad de permisos de uso y los cambios arbitrarios en las exigencias de inversión son leídos por los empresarios históricos como una táctica de pinzas: por un lado, la presión económica; por el otro, la intimidación burocrática de una funcionaria que parece manejar información de inteligencia sobre cada movimiento en la banquina.
El puerto se ha convertido en el campo de batalla de una interna peronista feroz, donde La Cámpora busca consolidar su último bastión territorial de cara al 2027. En esa carrera, la previsibilidad económica es la primera víctima. El contraste es brutal: por un lado, el silencio de las máquinas en Contessi y su reconversión al mundo del espectáculo; por el otro, la "voracidad" administrativa de una gestión que, lejos de incentivar la industria, parece más interesada en filtrar quiénes son los amigos y quiénes los enemigos del proyecto político dominante. La pregunta que flota en el aire pesado del puerto es hasta cuándo se podrá sostener este doble discurso donde se celebran 25 años de gestión institucional mientras, puertas adentro, se desmantela el tejido productivo en favor de la caja política y la supervivencia partidaria.
Entre el barro rural y la vidriera turística: el Municipio reasigna fondos para cerrar el 2025
Los últimos movimientos presupuestarios en Vialidad y Turismo exponen las prioridades de una gestión asfixiada por reclamos históricos. Mientras se inyectan recursos para pagar deudas que amenazaban con el paro municipal, la reparación de las vías productivas vuelve a depender de partidas externas en una ciudad que parece dividida entre la costa y el cordón frutihortícola.
El cierre del año administrativo en General Pueyrredon trajo consigo una intensa actividad en el despacho principal de la comuna, traduciéndose en una serie de decretos que buscan poner orden a un ejercicio fiscal marcado por la tensión social y el deterioro de los servicios básicos. Con la publicación del último Boletín Oficial, el Ejecutivo municipal formalizó modificaciones presupuestarias que, en conjunto, movilizan recursos por una suma cercana a los mil millones de pesos. Estos movimientos, lejos de ser meros trámites de oficina, representan la respuesta política a un escenario que en octubre parecía desbordado: con 500 kilómetros de caminos rurales intransitables y un gremio municipal en pie de guerra por deudas previsionales y falta de insumos.
La medida más significativa se plasmó en el decreto 2751/25, que dispuso una ampliación presupuestaria para el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) por más de 634 millones de pesos. Políticamente, el dato central es la creación y dotación de fondos para el "Plan de Mejora de Caminos Rurales", sustentado con recursos de origen provincial. Tras meses de denuncias por parte de los productores frutihortícolas, quienes señalaron el abandono total de la infraestructura y el achicamiento de la flota de maquinaria a pesar de los aumentos en las tasas, la aparición de estos fondos afectados —destinados específicamente a reparaciones como la del camino 045-05 — evidencia que la solución al "barro" de la gestión local terminó dependiendo de la billetera de la Provincia.
Sin embargo, el análisis minucioso de las planillas anexas revela que la inyección de dinero no está orientada únicamente a comprar granza o reparar motoniveladoras. Una porción determinante de la reestructuración financiera en Vialidad se destinó a la "disminución de cuentas y documentos a pagar", un concepto contable que oculta la resolución de un conflicto gremial latente. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) había denunciado recientemente la retención de aportes patronales por parte del presidente del ente, Mariano Bowden, y la suspensión de servicios de salud por deudas con las obras sociales. Al destinar cientos de millones al pago de estos pasivos acumulados, el Ejecutivo busca desactivar la amenaza de paro total que sobrevolaba el área y garantizar que, al menos administrativamente, el EMVIAL inicie el 2026 sin el lastre de deudas que paralizaron su operatividad básica durante el último trimestre.
En paralelo, el sector del turismo y la cultura también recibió su reajuste de fin de ciclo. A través del decreto 2759/25, se ratificaron transferencias internas por más de 316 millones de pesos en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). A diferencia de Vialidad, aquí no se trata de dinero nuevo, sino de una reasignación de partidas que permite mover fondos de áreas subejecutadas hacia el refuerzo de la gestión cultural y la logística veraniega. Esta maniobra subraya la dualidad de una gestión que, mientras lucha por sacar a los camiones de la producción del lodo rural, no descuida el financiamiento de la "vidriera" marplatense. Es la confirmación de una política que prioriza la agilidad financiera para los eventos y la promoción en los meses de mayor exposición mediática, incluso cuando los servicios estructurales en la periferia productiva siguen mostrando signos de fragilidad.
En definitiva, estos decretos son el reflejo de un municipio que intenta cerrar sus frentes de conflicto antes de las campanadas de medianoche. La combinación de auxilio provincial para los caminos rurales y el ordenamiento de deudas para calmar al sindicato muestra a una administración que, presionada por la realidad de un cordón frutihortícola en crisis, debió recurrir a la ingeniería contable para evitar un colapso mayor. General Pueyrredon termina el 2025 firmando recursos para la obra pública y previsibilidad para sus trabajadores, en una carrera contra el tiempo para que el brillo de la temporada turística no termine opacado por las deudas y el abandono del interior del distrito.
Cambios en el EmturyC: renunció Martín y asume Juárez
En un contexto sensible para la actividad turística, el lilito dejó la silla de presidente del ente. Tal como adelantó La Tecla, en su lugar asumirá un ex sciolista, ex compañero de ruta del peronismo local y hoy devenido en libertario, una designación que ya desató críticas y desconfianza entre los sectores vinculados al turismo.
En el interinato municipal se siguen moviendo fichas y el sacudón ahora golpeó de lleno al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC). En plena largada de la temporada de verano 2025/2026, Bernardo Martín presentó su renuncia y dejó vacante un sillón clave para la ciudad. La salida, lejos de ser un trámite administrativo, detonó una decisión política que ya genera ruido y resistencias.
Tal como adelantó La Tecla, el elegido para ocupar la presidencia del ente es Diego Juárez, un nombre que condensa todas las contradicciones de la rosca local. Ex secretario privado de Daniel Scioli, con pasado en el armado de Rodolfo “Manino” Iriart y hoy reciclado en clave libertaria, Juárez encarna un perfil que en Mar del Plata tiene rótulo propio: casta de manual.
Actualmente al frente de la Unidad Turística Chapadmalal, su desembarco en el EmturyC no se explica por pergaminos técnicos ni por trayectoria en la gestión turística. Muy por el contrario, los sectores vinculados a la actividad miran la designación con desconfianza y alertan que Juárez no cuenta con la experiencia ni la capacidad necesarias para conducir uno de los entes más sensibles en plena temporada alta.
En los pasillos del turismo local, la lectura es casi unánime: Juárez sería una figura decorativa. Un nombre puesto para cumplir, mientras la verdadera toma de decisiones quedaría en manos de un esquema de “doble comando” o gestión paralela. Una solución política de compromiso que debilita al ente y abre interrogantes sobre quién manda realmente.
El malestar también empezó a sentirse puertas adentro. Los trabajadores del EmturyC ya comenzaron a expresar su preocupación ante un cambio de conducción que no ofrece certezas ni un rumbo claro, en un momento donde la planificación y la coordinación resultan clave para sostener la temporada.
El único argumento que sostiene la llegada de Juárez no tiene que ver con la gestión, sino con la billetera. La versión que circula con fuerza indica que su designación garantizaría la apertura del grifo presupuestario nacional. La promesa, atribuida a Daniel Scioli —actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación—, sería directa: con su alfil al mando, habría fondos para Mar del Plata.
En un contexto de ajuste y austeridad, ese supuesto financiamiento aparece como el único activo real de una candidatura floja de papeles. Para muchos, el mensaje es claro: el EmturyC no cambia de presidente por capacidad, sino por alineamiento político. Y el precio lo vuelve a pagar la gestión.
¿Van a levantar la mano? La “obscena” designación que el Concejo debe convalidar
A días de una temporada estival que definirá el futuro económico de la ciudad, el intendente interino entrega el control del EMTURyC a Diego Juárez, un "coach ontológico" sin expertise y cuya única credencial es una promesa de fondos nacionales. Con un CV con errores de ortografía y un salario que ofende a los contribuyentes, la política local cierra filas mientras el sector privado y los empleados de planta advierten un peligro inminente. ¿Qué hará el Concejo Deliberante ante esta falta de idoneidad?
La inminente reestructuración del gabinete municipal en General Pueyrredon ha dejado al descubierto algo más preocupante que la simple "rosca" política habitual; un acuerdo que es, como mínimo, una falta de respeto a la ciudadanía. Al abrir el CV de Diego Juárez, la sensación que impera es de estupor visual y técnico. No se trata solo de lo que dice, sino de cómo lo presenta: una improvisación peligrosa donde los méritos profesionales brillan por su ausencia. Su designación no es un error de cálculo; es una provocación que se traduce en cifras escalofriantes: Juárez percibirá un sueldo mensual superior a los 6 millones de pesos. Serán más de 78 millones de pesos en su primer año de gestión para alguien cuyo mayor mérito parece ser "saber esperar" el favor político de Daniel Scioli.
Un análisis rápido de su CV revela que Juárez no tiene la capacidad de venderse a sí mismo, mucho menos de vender un destino internacional. Su currículum es una oda al vacío: cinco carillas estiradas con un interlineado y un tamaño de fuente que rozan lo infantil, diseñadas para ocultar una trayectoria inexistente en la materia.
En la página tres, Juárez exhibe sus credenciales académicas: Técnico en Diagnóstico por Imágenes y Coach Ontológico. Es decir, un hombre formado para sacar radiografías y gestionar emociones individuales será el responsable de planificar la logística, el marketing y la cultura de la ciudad más turística de Argentina. No hay posgrados, no hay especializaciones en economía, no hay experiencia en hotelería ni en gestión de destinos.Hay, en cambio, una segunda página que es un insulto al lector: una hoja prácticamente en blanco dedicada exclusivamente a sus datos personales —como DNI y estado civil—, un recurso burdo para darle volumen a un historial que, en condiciones normales, no pasaría el filtro de una pasantía administrativa.
La trayectoria laboral que Juárez puntea con viñetas básicas en las páginas finales confirma los temores de los empleados de planta y las cámaras empresariales. Salvo un paso efímero por la Unidad Turística de Chapadmalal y un reciente cargo como "asesor profesional" en el INPROTUR, su experiencia se remonta a puestos operativos en Carrefour y la gastronomía local hace más de una década. Esta orfandad técnica es la que alimenta la teoría del "doble comando": Juárez llega como una marioneta, una figura decorativa cuya única función sería “ser la llave para los fondos nacionales prometidos por Scioli”, mientras el control remoto de la gestión quedaría en manos de Gustavo Hani y Valeria Méndez.
Incluso la interna política acusa el impacto. La vicepresidenta del ente Johanna Panebianco ya dejó trascender su malestar: sabe que, ante la inoperancia técnica de Juárez, ella deberá cargar con el peso de una gestión diaria, lo que la obligaría a una presencia física en la ciudad.
La pregunta ahora se traslada al recinto del Concejo Deliberante: ¿Van a levantar la mano los concejales para convalidar esta estafa administrativa? ¿Van a autorizar el pago de 78 millones de pesos anuales a un hombre que no sabe configurar los márgenes de un documento de Word y cuyo currículum es un "collage" de experiencias inconexas? Es difícil imaginar cómo la habilidad para sacar radiografías o gestionar las emociones personales ayudará a planificar la temporada estival o a potenciar la marca Mar del Plata.
Gobernar es fijar prioridades. Al poner a un radiólogo a diagnosticar el turismo en medio de una crisis económica, la política local demuestra que le importa más la rosca y el pago de favores que la eficiencia de la gestión. Si el pliego de Juárez se aprueba, Mar del Plata entrará al verano con los ojos vendados y un "coach" al volante, mientras los verdaderos profesionales del sector observan, entre la bronca y la resignación, cómo se rifa el futuro de la ciudad por un puñado de billetes nacionales y una plantilla de CV mal diseñada.
Reseteo legislativo: el balance de las comisiones antes del recambio de presidencias
El Concejo Deliberante entra en una etapa de redefiniciones tras un 2025 atravesado por elecciones, con presidencias en discusión y un funcionamiento marcado por altibajos.
Tras el recambio legislativo, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon ingresó en una etapa de redefiniciones internas. En ese marco, continúan las negociaciones políticas por las presidencias de las 13 comisiones permanentes, un proceso que se da mientras cada instancia llega al llamado “reseteo” con recorridos dispares y, en varios casos, con vacantes producto de concejales que no renovaron sus bancas.
El reordenamiento no es menor: las comisiones son el corazón del trabajo legislativo, los ámbitos donde se analizan expedientes y notas que luego pueden convertirse en comunicaciones, resoluciones u ordenanzas. Allí se define gran parte de la agenda política que después se traslada al recinto.
Cómo fue el año legislativo
El 2025 estuvo marcado por el calendario electoral, con comicios provinciales y nacionales que condicionaron el funcionamiento del cuerpo. La actividad legislativa comenzó más tarde que en otros períodos: recién el 15 de enero se realizaron las primeras reuniones en General Pueyrredon, con encuentros conjuntos de las comisiones de Hacienda y Ambiente. Desde entonces, la frecuencia de las reuniones varió considerablemente, atravesada por feriados, agendas cruzadas y la falta de convocatorias formales.
Con ese telón de fondo, el balance previo al reseteo muestra contrastes marcados entre las distintas comisiones. Mientras algunas mantuvieron un ritmo sostenido, otras tuvieron una actividad intermitente o directamente quedaron relegadas durante largos tramos del año.
Según el relevamiento, abril, septiembre y octubre fueron los meses con mayor cantidad de reuniones con 23 cada una, concentrando buena parte del trabajo legislativo. En el otro extremo se ubicó febrero, que cerró como el mes con menor actividad, con apenas seis encuentros en total entre todas las comisiones.
Con la nueva conformación del Concejo ya en funciones y las presidencias aún en discusión, el reseteo aparece como una oportunidad para reordenar el esquema interno. En un año atravesado por la transición política, el desafío será recuperar regularidad y volumen de trabajo en las comisiones, la base sobre la que se sostiene el funcionamiento del Legislativo local.
**La cantidad de comisiones está basada en aquellas dónde quedó registro audiovisual.
Semanales:
Lesgilación 30
Salud 26
Obras 25
Educación 22
Hacienda 19
Movilidad Urbana 14
Quincenales
Ambiente 12
Seguridad 11
Induatria
Dechos Humanos 8
Turismo 8
Deportes 7
Género 6
La explosión de Bonifatti, las comisiones en disputa y el presidente decorativo
Visiblemente enojado, el expultista increpó a Agustín Neme y reclamó explicaciones por su eyección del Emsur en pleno acto oficial. Mientras el oficialismo busca quedarse con la mayoría de las comisiones, la oposición intenta sostener espacios clave en un escenario de rosca intensa. En La Libertad Avanza, el recambio dejó un bloque formalmente constituido, pero con un titular que deriva todas las definiciones en ON o en OFF.
Bonifatti estalló de bronca y exigió explicaciones por su salida del Emsur
El cierre de año del Ejecutivo municipal tuvo escenario, fotos y clima político. El intendente interino de General Pueyrredon, Agustín Neme, encabezó el encuentro con los medios en la Casa sobre el Arroyo, rodeado por los secretarios del gabinete, titulares de entes descentralizados y referentes del interbloque oficialista del Concejo Deliberante. Todo estaba dado para un acto prolijo. Pero la política, una vez más, se coló sin pedir permiso.
En ese marco se produjo un tenso y llamativo cruce entre Neme y Santiago Bonifatti, ex titular del Emsur. El expulsista —visiblemente alterado— llegó a la Casa del Arroyo decidido a buscar explicaciones por su salida del ente y no dudó en increpar al intendente interino apenas tuvo oportunidad.
La Tecla presenció de primera mano la escena: Bonifatti, fuera de sí, reclamando respuestas por su eyección del Emsur; Neme, con gesto adusto, respondiendo apenas con la expresión resignada de quien atribuye todo a “cosas de la política”. La tensión fue en aumento ante la mirada atónita de funcionarios, periodistas y dirigentes presentes.
Cuando el tono empezó a subir y el clima amenazó con desbordarse, Neme optó por una salida tan insólita como gráfica: tomó a Bonifatti de la mano —como quien intenta calmar a una criatura enojada— y lo condujo hacia otro sector, lejos del público y de los micrófonos, para evitar que la escena siguiera escalando.
El episodio terminó de confirmar lo que ya se sabía puertas adentro: la salida de Bonifatti del Emsur estaba sellada. La eyección se concretó y, en su lugar, asumirá Daniel Martínez, el ex subsecretario de Seguridad conocido por su perfil confrontativo y su cruzada contra los “trapitos”, en una decisión que marca un cambio de tono y de prioridades en el ente municipal.
Así, lo que debía ser un cierre institucional ordenado terminó dejando una postal incómoda: internas expuestas, bronca sin digerir y un intendente interino obligado a oficiar de árbitro —y niñero— en plena escena pública.
La rosca por las comisiones entra en su recta final y crecen las tensiones políticas
La pulseada por las comisiones del Concejo Deliberante entró en su tramo decisivo y sumó un nuevo factor de urgencia. Las presidencias deberían quedar definidas antes del viernes o el lunes 29, ya que en los próximos días el Ejecutivo enviaría el proyecto del Presupuesto 2026 y el cuerpo legislativo también deberá convalidar los nombramientos de los titulares del Emsur y del EmturyC.
Con el recambio legislativo ya consumado, las negociaciones comenzaron a tensarse y dejaron al descubierto disputas internas tanto en el oficialismo como en la oposición, en una recta final que todavía no muestra definiciones claras.
Dentro del oficialismo, las conversaciones se trabaron principalmente por los reclamos del radicalismo. La UCR busca conservar espacios clave y mantiene la mira puesta en seguir manejando la Comisión de Legislación, una de las más sensibles por su peso político. Pero no solo eso: también intenta recuperar Obras, una instancia estratégica que suele concentrar debates de alto voltaje y proyectos de impacto territorial.
Las tensiones no terminan ahí. Otra de las comisiones en disputa es Hacienda, donde se profundiza el tironeo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ambos sectores pretenden quedarse con la conducción de una comisión central para el manejo presupuestario y financiero del Municipio, lo que agrega ruido a las negociaciones puertas adentro del oficialismo de cara al Presupesto 2026.
En la oposición, el escenario también muestra matices. En Unión por la Patria el objetivo es sostener las comisiones que ya vienen encabezando, aunque con cautela frente al avance del oficialismo en el reparto de poder. El kicillofismo, en tanto, no alberga grandes expectativas: entienden que el oficialismo ya fijó un lineamiento claro en la elección de autoridades y dan por descontado que intentará quedarse con la mayoría de las presidencias.
El massismo, por su parte, juega su propia ficha y apunta a la Comisión de Deportes, un espacio que consideran representativo y desde el cual buscan ganar visibilidad política en el nuevo esquema legislativo.
Con plazos encima y expedientes de peso en la antesala, el reparto de las comisiones aparece como una pieza clave para ordenar el funcionamiento del Concejo. La definición de las presidencias no solo marcará el equilibrio de fuerzas internas, sino que también condicionará el tratamiento del Presupuesto 2026 y de los nombramientos que el Ejecutivo espera ver avalados en el recinto.
Un presidente de bloque sin voz propia y un pase incómodo dentro del Concejo
La renovación del Concejo Deliberante se completó con la asunción de nuevos ediles, algunos regresos y pedidos de licencia que terminaron de ordenar el tablero. Con ese movimiento, quedaron conformados los bloques políticos y definidos —al menos en los papeles— sus respectivos presidentes.
Sin embargo, no todos los esquemas funcionan del mismo modo. Un caso particular comenzó a llamar la atención puertas adentro del HCD: el de La Libertad Avanza, un bloque que cuenta con cuatro integrantes y que atraviesa una dinámica, cuanto menos, singular.
Tras la salida de Cecilia Martínez, que dejó su banca para asumir como senadora provincial, el lugar fue ocupado por Rolando Demaio, debutante legislativo que tuvo su primera irrupción política en 2023 como candidato a intendente por LLA. La llegada de Demaio al recinto formó parte del recambio esperado, pero su desempeño cotidiano encendió algunas alertas.
Según comentan tanto en ON como en OFF, el flamante concejal no tiene voz propia ante consultas políticas o legislativas. Lejos de fijar posición, todo lo deriva al presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, en una suerte de pase permanente que genera ruido incluso fuera de su espacio.
La situación resulta llamativa por varios motivos. Ya sea por falta de rodaje, por incapacidad para delegar o por un margen de maniobra demasiado acotado, el esquema termina dejando expuesto al bloque libertario. Pero, además, traslada una carga política innecesaria a Recalt, que no actúa como referente de un solo espacio, sino como autoridad de todo el cuerpo legislativo.
Así, mientras el HCD intenta ordenar su funcionamiento tras el recambio, el caso de La Libertad Avanza suma una rareza más al inicio del nuevo período: un presidente de bloque decorativo y un Concejo donde las voces, lejos de multiplicarse, parecen concentrarse donde no deberían.
El proyecto del Château Frontenac sumó el aval ambiental tras ser aprobado en 2024
Las excepciones urbanísticas se consolidaron como una práctica habitual dentro del Concejo Deliberante de General Pueyrredon y el caso del Château Frontenac vuelve a poner el tema sobre la mesa. El proyecto que habilita construir dos torres de hasta 30 pisos en el histórico predio dio un nuevo paso clave, luego de que el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) firmara la Declaración de Impacto Ambiental la semana pasada.
La iniciativa había sido aprobada en 2024, durante la Primera Sesión Pública Ordinaria del 14 de marzo, cuando el Concejo dio luz verde a la ordenanza que autorizó la excepción. El expediente salió adelante con los votos del interbloque de Juntos por el Cambio y del entonces bloque Crear Más Libertad (LLA), mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra, cuestionando el alcance del proyecto y el uso reiterado de este tipo de herramientas.
El emprendimiento es impulsado por la firma Châteaux Frontenac SA, que adquirió la propiedad y presentó una propuesta que combina la construcción de las torres con la puesta en valor del edificio patrimonial. La Declaración de Impacto Ambiental fue otorgada en el marco de la Ley Provincial 11.723 y corresponde a la etapa de factibilidad ambiental. El desarrollo se emplazará en la manzana delimitada por Alvear, Bolívar, Viamonte y Moreno, una zona que comenzó a recuperar protagonismo urbano a partir de distintos proyectos inmobiliarios.
Durante el debate legislativo, uno de los puntos más polémicos fue el esquema de cocheras. La redacción original supeditaba su cantidad a estudios de suelo y limitaba su desarrollo bajo cota de parcela para preservar el entorno patrimonial. Finalmente, la ordenanza fijó un piso mínimo del 85% de las cocheras exigidas, equivalente a al menos 35 espacios. Otro foco de discusión fueron las compensaciones urbanísticas: tras idas y vueltas, se resolvió que la Plaza Revolución de Mayo sea la principal destinataria y que, de existir excedentes, se destinen al Distrito Tecnológico.
Gabinete en movimiento: Angélica González salta al Ejecutivo tras ocho años en el Concejo
La exconcejal de la Coalición Cívica asumirá la Subsecretaría Técnica y Administrativa en el marco de la renovación de gestión de General Pueyrredon. Junto a ella, el Ejecutivo formalizó la designación de Araceli Spadano en el área de Asuntos Estratégicos.
El cierre de 2025 trae nuevos movimientos significativos en el tablero político de General Pueyrredon. En una etapa marcada por el reordenamiento de piezas y la búsqueda de perfiles con experiencia legislativa para fortalecer la gestión administrativa, el Ejecutivo municipal oficializó esta semana cambios clave en su estructura de gobierno. A través de una serie de decretos firmados por el intendente interino, Agustín Neme, y el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, se formalizaron los nombres que asumirán responsabilidades estratégicas en el corto plazo.
La novedad más saliente es la incorporación de Angélica Haydee González al gabinete municipal. Tras finalizar su labor como concejal por la Coalición Cívica-ARI, González fue designada mediante el decreto 2795/25 como Subsecretaria Técnica y Administrativa, un área que depende directamente de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda que conduce Martinelli. Esta designación, con vigencia desde el 23 de diciembre, representa un espaldarazo político para uno de los sectores aliados dentro de la coalición gobernante y busca dotar de un perfil con mayor rodaje institucional a la gestión de los expedientes municipales.
De forma simultánea, el Palacio Municipal confirmó la designación de la abogada Araceli Spadano como Directora General de Asuntos Estratégicos, bajo el decreto 2798/25.
Ambas funcionarias pasan a integrar la Planta de Personal Superior, lo que implica que sus funciones están ligadas a la vigencia del mandato del actual Departamento Ejecutivo o a la determinación de su titular, sin gozar de estabilidad permanente en el cargo.
Así, con la incorporación de González y Spadano, el gobierno municipal busca dar señales de renovación y agilidad administrativa, integrando cuadros políticos que ya conocen el funcionamiento de la ciudad desde el ámbito legislativo hacia la primera línea de la ejecución pública.
El Ejecutivo ordena las cuentas de 2025 y prepara el terreno para el postergado debate del Presupuesto
A través de una millonaria adecuación de partidas por decreto, el intendente interino sinceró el estado de las arcas municipales. La medida se interpreta como el paso administrativo previo y necesario para enviar el proyecto de gastos y recursos de 2026 al nuevo Concejo Deliberante.
En un cierre de año marcado por el recambio de gestión y la nueva composición del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon dio un paso decisivo para despejar la incertidumbre financiera. Mediante el decreto 2788, se autorizó una modificación masiva del presupuesto vigente por más de 7.764 millones de pesos. Lejos de ser un trámite meramente burocrático, esta adecuación representa el "sinceramiento" de las cuentas públicas antes de que comience la discusión formal por el Presupuesto 2026, el cual la ciudad espera con creciente expectativa política.
El decreto ajusta las estimaciones realizadas a principios de año basándose en la Rendición de Cuentas real y los saldos bancarios existentes al cierre del ejercicio anterior. Al modificar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, el Ejecutivo está, en los hechos, limpiando el balance: reconoce deudas pendientes —especialmente en salarios y proveedores— e incorpora fondos que ingresaron por convenios con otras jurisdicciones pero que aún no habían sido asignados a partidas específicas. Esta "limpieza" de los libros contables es la condición sine qua non para que el nuevo cuerpo legislativo pueda analizar el presupuesto del próximo año sobre una base de números reales y no sobre meras proyecciones.
La arquitectura del gasto presentada en este documento oficial pone el foco en áreas críticas. Se destaca una fuerte reasignación de recursos para el pago de sueldos a corto plazo, que supera los 10.550 millones de pesos, y un refuerzo en partidas de asistencia alimentaria y servicios básicos. Paralelamente, se dotó de fondos a los entes descentralizados como el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) para garantizar la continuidad de la obra pública y el mantenimiento urbano en la transición hacia el nuevo calendario fiscal.
En los pasillos de la Municipalidad, el decreto se lee como el preámbulo de la presentación del Presupuesto 2026. Con el recambio legislativo ya consumado, la administración central buscó con esta medida cerrar el capítulo financiero de 2025, evitando que las deudas y los desajustes de la gestión saliente contaminen el debate que se viene. Ahora, con las cuentas ordenadas y los saldos de "Caja y Bancos" debidamente actualizados, la pelota queda en el campo del Ejecutivo para elevar el proyecto que definirá las prioridades de General Pueyrredon para el próximo año, en lo que será la primera gran pulseada política de la nueva conformación del Concejo.
General Pueyrredon obtuvo el puntaje ideal en transparencia fiscal
El distrito quedó entre los 63 municipios con puntaje perfecto, según la Asociación Argentina de Presupuesto, en un ranking donde el 36% de la provincia sigue con niveles bajos o nulos de transparencia.
General Pueyrredon se anotó un poroto en el ranking de transparencia fiscal y quedó entre los 63 municipios bonaerenses que lograron el puntaje ideal que entrega la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). En el último monitoreo, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025, el distrito obtuvo 100 puntos por “cumplimiento estricto en la presentación y divulgación de las cuentas públicas”, según los parámetros fijados por la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal.
El informe de la ASAP analizó la visibilidad y disponibilidad de los presupuestos municipales en sus páginas web oficiales, junto con el detalle de la ejecución y el acceso ciudadano a los datos. En resumen: quién muestra todo, quién muestra poco y quién juega a las escondidas con los números.
El dato local forma parte de un cuadro provincial más amplio. 63 municipios, casi el 47% del total, alcanzaron el puntaje ideal. En el otro extremo, 21 distritos se ubicaron directamente en la categoría de “bajo o nulo” cumplimiento, y un 36% de la provincia todavía está en rojo según el estándar de transparencia que mide el organismo. “Aún se requiere un intenso esfuerzo por parte de las jurisdicciones municipales para cumplimentar las disposiciones de la normativa”, advirtió la entidad.
La ASAP también marcó la evolución histórica: “A lo largo del tiempo se ha ido verificando una evolución positiva (…) con 63 jurisdicciones que han cumplimentado estrictamente lo requerido”, señalaron, en contraste con los apenas dos municipios que lo hicieron en 2019, cuando comenzó la medición. Una manera elegante de decir que la vara subió… pero también que todavía falta para que la transparencia sea moneda corriente.
Por lo pronto, en General Pueyrredon se cuelgan la medalla. Ahora resta que los datos sirvan para algo más que figurar en un ranking: que se discutan, se controlen y que, eventualmente, la transparencia deje de ser noticia.
Bonifatti en la encrucijada: ¿director general “en oferta” o sin aportes?
Tras perder el EMSUR y quedar fuera del gabinete del interino Neme, con las acciones a la baja, al exfuncionario le habrían ofrecido una Dirección General. La duda es si aceptará la caída de categoría para seguir viviendo del Estado.
La política marplatense volvió a sorprender con uno de sus clásicos: el enroque eterno de nombres que, aunque cambien de silla, nunca pierden el salario. Esta vez, la trama tiene a Santiago Bonifatti como protagonista, recién eyectado de la primera línea del Ejecutivo interino de Agustín Neme y con un futuro que, paradójicamente, podría seguir atado al Estado.
Después del papelón público que lo dejó expuesto —cuando, enceguecido por la furia, increpó a Neme— el ex funcionario quedó orbitando sin rumbo, flotando entre viejas relaciones políticas y promesas de pasillo. Sin embargo, el viento de cola parece no abandonarlo del todo: trascendió que podría recibir una oferta para ocupar una Dirección General. Sí, un escalón más abajo… pero con el recibo de sueldo asegurado. La pregunta que sobrevuela es simple y brutal: ¿aceptará el “descenso” para no perder los aportes?
Porque, seamos sinceros, en el ecosistema municipal algunos cargos funcionan como chalecos salvavidas. Y Bonifatti sabe de eso: presidió el EMVIAL, volvió al Concejo, intentó ser intendente, fue secretario de Gobierno de Guillermo Montenegro y recaló en el EMSUR. Todo sin haber conquistado, ni de casualidad, el respaldo electoral que justifique esa línea de tiempo.
Ahora, el tablero lo ubica fuera del Ente Municipal de Servicios Urbanos, reemplazado por Daniel Martínez, el funcionario que construyó su perfil a fuerza de operativos contra los “trapitos”. Bonifatti, en cambio, enfrenta una realidad menos lustrosa: una silla más chica, menos exposición y la sensación de que ya no hay margen para otro tropiezo.
Los rumores indican que el sueldo estaría lejos de la categoría que lo acompañó hasta hace pocos días. Una rebaja silenciosa que muchos interpretan como castigo político, y otros como una excusa elegante para correrlo sin escándalo. Pero al final de la jornada, lo que verdaderamente importa es si el ex secretario elegirá sostener la carrera con respirador público o si, por primera vez en años, se animará a salir del circuito estatal.
Mientras tanto, en la ciudad crece una certeza incómoda: en Mar del Plata, hay apellidos que caen de pie. Y el de Bonifatti parece tener, todavía, un par de vidas más.