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15 de diciembre de 2025
POR ESCRITO

Escándalo fotomultas: declaró D’Onofrio y negó las presuntas maniobras de corrupción

El exministro de Transporte bonaerense presentó un escrito ante el fiscal Álvaro Garganta y rechazó las acusaciones en torno al servicio de la VTV.

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El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, salió a dar su versión frente a la Justicia y negó de manera categórica las acusaciones que lo vinculan con presuntas maniobras de corrupción en la concesión del servicio de la Verificación Técnica Vehicular y el negocio paralelo de las fotomultas. La presentación fue realizada ante el fiscal Álvaro Garganta, quien tiene a su cargo una de las causas más sensibles que golpean al exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof.

D’Onofrio, que llegó al cargo por un acuerdo político entre el gobernador y Sergio Massa, entregó un escrito de 25 carillas que fue incorporado como parte de su declaración indagatoria. Allí sostuvo que todo el proceso licitatorio para adjudicar los talleres de la VTV “fue legal, público e internacional”, y aseguró que contó con el aval de los organismos de control y las áreas técnicas correspondientes.

Uno de los ejes centrales de la acusación fiscal apunta a que el entonces ministro habría “direccionado” las licitaciones para beneficiar a ocho empresas que se quedaron con las concesiones en 2024. Frente a eso, el exfuncionario, patrocinado por los abogados Ramiro e Isidro Pérez Duhalde, rechazó de plano esa hipótesis y negó cualquier tipo de favoritismo en la selección de las firmas adjudicatarias.

El volumen del negocio bajo la lupa no es menor. Por los talleres verificadores deben pasar más de cuatro millones de vehículos radicados en territorio bonaerense, con un costo mínimo de $79.640 para los autos particulares de menos de 2.500 kilos. Un esquema que, según la fiscalía, habría sido utilizado para montar un sistema de retornos millonarios.

Otro punto clave de la causa es la contratación de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., encargada de la turnera online y del sistema de cobro digital. Garganta sospecha que esa firma funcionó como intermediaria para el cobro de coimas a las concesionarias, a través de un porcentaje de los ingresos mensuales que, con el paso del tiempo, habría pasado del 3% al 8,5% más IVA durante los diez años de concesión.



D’Onofrio también rechazó esa imputación y defendió la contratación al afirmar que se trató de “la opción menos costosa” y necesaria para modernizar el servicio. En su escrito explicó que el sistema implementado es un software complejo, con trazabilidad y control integral, y negó tener un vínculo previo con Sebastián Decio, dueño de la empresa señalada como nexo en la maniobra investigada.

Según estimaciones del fiscal, el presunto desvío de fondos por este mecanismo podría alcanzar los $4.900 millones a lo largo de toda la concesión. Incluso, ya con Martín Marinucci al frente del ministerio, se habría mantenido el esquema de comisiones, algo que es seguido de cerca por los investigadores.

En paralelo, en los próximos días deberán declarar o presentar documentación los presidentes de las siete empresas que obtuvieron las licencias para operar la VTV, además del propio Decio. A eso se suma otra arista del expediente: la supuesta red de abogados y funcionarios que habrían intervenido para reducir multas captadas por cinemómetros en rutas bonaerenses, con la presunta complicidad de jueces Administrativos de Faltas.

El frente judicial de D’Onofrio no termina ahí. En otra causa, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó por presunto lavado de activos y ordenó un embargo por $350 millones. Aunque continúa en libertad, el exministro mantiene la inhibición general de bienes y enfrenta un panorama judicial cada vez más complejo.

 

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