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Redacción
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Un revoleo de cargos en el Bapro en busca de manos alzadas por el Endeudamiento
El Ejecutivo y la oposición negocian nuevos sillones en la conducción de la entidad, aunque no se incrementaría el número de directores. El oficialismo busca 62 manos que acompañen en Diputados. El Fondo para intendentes y lugares en la Corte y el sistema judicial, en el centro de la escena.
El debate por el endeudamiento que solicitó Axel Kicillof continúa trabado en la Legislatura bonaerense, a diferencia de las buenas nuevas que recibió la semana pasada con el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva 2026.
El proyecto enviado por el Gobernador busca autorización para tomar deuda por 3.685 millones de dólares, que necesita el Ejecutivo como el agua. Tanto que, en voz baja, algunos en calle 6 aseguran que “sin eso no hay aguinaldos”.
A horas de la sesión prevista para este martes, ya en Extraordinarias, de ambas cámaras, el oficialismo busca desesperadamente las manos que necesita para llegar a los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto en Diputados y Senadores.
A contrarreloj, y en medio de disputas con sus propios soldados (el camporismo exhibió con un relevamiento cierto favoritismo en el reparto de fondos y obras en favor de los intendentes kicillofistas), la tarea de los negociadores es convencer y seducir a fuerza de ofrecimientos.
En el menú que se ofrece a opositores de colores varios están, como atractivos salientes, los sillones del Bapro, que aumentarán de número para incluir a la mayor cantidad de invitados posibles.
Matías Ranzini y Diego Garciarena, presidentes de los bloques PRO y UCR-Cambio Federal.
Según pudo saber La Tecla.info, se avanzó en un acuerdo que desestimó la idea de aumentar los miembros del Directorio, un movimiento que la sociedad rechazaría, por lo que se buscó un Plan B.
El mismo consiste en mantener la cantidad de sillas en la conducción, pero crear nuevos cargos como síndicos, auditores o asesores con sueldo de Director, para repartir entre radicales, amarillos, libertarios aliados y, obviamente, las tribus de Unión por la Patria. Por estas horas, aseguran, todos están definiendo los nombres para los pliegos, que deberán ser aprobados en el Senado, que sesionará un día después.
La jugada podría convencer a la oposición (o parte de ella), reacia a incrementar el número de directores porque “nos dejaría pegados políticamente”, explican, por lo que la alternativa ofrecida sería más discreta.
Otro tema central es el Fondo de Fortalecimiento para los intendentes, que podría cerrarse en unos 120.000 millones de pesos pagaderos en cinco cuotas, de las cuales solo tres llegarían a los municipios durante 2026 y las otras dos durante el año siguiente.
Ese monto representa aproximadamente un tercio del planteado por la iniciativa original, que ataba los recursos al nivel de deuda que la Provincia lograra tomar en los mercados. La diferencia clave, según los opositores, es que se trataría de un fondo garantizado y no sujeto al acceso al crédito internacional.
En el oficialismo, en cambio, aseguran que la propuesta alcanza los 240.000 millones de pesos. Confirman también el esquema en cinco cuotas, con un cronograma que se extendería entre abril de 2026 y abril de 2027. Sin embargo, lo que genera mayor tensión no es el importe final sino el mecanismo de distribución entre los municipios.
El Ejecutivo pretende utilizar un sistema automático “por goteo”, basado en criterios objetivos como el Coeficiente Único de Distribución (CUD) o una combinación del CUD con los ingresos municipales. La postura contrasta con la de legisladores de La Cámpora, que plantean que el reparto sea definido por una comisión bicameral. Ese modelo se asemeja al utilizado para la asignación de los fondos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), que permite evaluar proyectos y distribuir recursos de manera caso por caso.
“Para el Ejecutivo, la discrecionalidad de la bicameral parece ilegal”, afirmaron a La Tecla fuentes del entorno de Kicillof, en una indicación de que la discusión interna también complejiza los intentos por destrabar el acuerdo.
A la lista de ítems los radicales suman un elemento central: que el oficialismo garantice un compromiso para que el sector que conduce Maximiliano Abad cuente con uno de los lugares vacantes en la Suprema Corte bonaerense, una discusión que se abriría a mediados del año próximo.
También entran en el tironeo otros cargos como los nuevos Consejeros de Educación o jueces de distintos estamentos, como el Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense, que actualmente tiene cubierto solo uno de sus nueve cargos de vocales: opera como vocal de la Sala I el presidente del Tribunal, Ángel Carballal. Los ocho lugares restantes se convirtieron en parte de la discusión general. Desde Gobernación aseguran que están dispuestos a evaluar las propuestas opositoras para cubrirlos, siempre que se envíen los nombres correspondientes.
El proyecto enviado por el Gobernador busca autorización para tomar deuda por 3.685 millones de dólares, que necesita el Ejecutivo como el agua. Tanto que, en voz baja, algunos en calle 6 aseguran que “sin eso no hay aguinaldos”.
A horas de la sesión prevista para este martes, ya en Extraordinarias, de ambas cámaras, el oficialismo busca desesperadamente las manos que necesita para llegar a los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto en Diputados y Senadores.
A contrarreloj, y en medio de disputas con sus propios soldados (el camporismo exhibió con un relevamiento cierto favoritismo en el reparto de fondos y obras en favor de los intendentes kicillofistas), la tarea de los negociadores es convencer y seducir a fuerza de ofrecimientos.
En el menú que se ofrece a opositores de colores varios están, como atractivos salientes, los sillones del Bapro, que aumentarán de número para incluir a la mayor cantidad de invitados posibles.
Matías Ranzini y Diego Garciarena, presidentes de los bloques PRO y UCR-Cambio Federal.
Según pudo saber La Tecla.info, se avanzó en un acuerdo que desestimó la idea de aumentar los miembros del Directorio, un movimiento que la sociedad rechazaría, por lo que se buscó un Plan B.
El mismo consiste en mantener la cantidad de sillas en la conducción, pero crear nuevos cargos como síndicos, auditores o asesores con sueldo de Director, para repartir entre radicales, amarillos, libertarios aliados y, obviamente, las tribus de Unión por la Patria. Por estas horas, aseguran, todos están definiendo los nombres para los pliegos, que deberán ser aprobados en el Senado, que sesionará un día después.
La jugada podría convencer a la oposición (o parte de ella), reacia a incrementar el número de directores porque “nos dejaría pegados políticamente”, explican, por lo que la alternativa ofrecida sería más discreta.
Otro tema central es el Fondo de Fortalecimiento para los intendentes, que podría cerrarse en unos 120.000 millones de pesos pagaderos en cinco cuotas, de las cuales solo tres llegarían a los municipios durante 2026 y las otras dos durante el año siguiente.
Ese monto representa aproximadamente un tercio del planteado por la iniciativa original, que ataba los recursos al nivel de deuda que la Provincia lograra tomar en los mercados. La diferencia clave, según los opositores, es que se trataría de un fondo garantizado y no sujeto al acceso al crédito internacional.
En el oficialismo, en cambio, aseguran que la propuesta alcanza los 240.000 millones de pesos. Confirman también el esquema en cinco cuotas, con un cronograma que se extendería entre abril de 2026 y abril de 2027. Sin embargo, lo que genera mayor tensión no es el importe final sino el mecanismo de distribución entre los municipios.
El Ejecutivo pretende utilizar un sistema automático “por goteo”, basado en criterios objetivos como el Coeficiente Único de Distribución (CUD) o una combinación del CUD con los ingresos municipales. La postura contrasta con la de legisladores de La Cámpora, que plantean que el reparto sea definido por una comisión bicameral. Ese modelo se asemeja al utilizado para la asignación de los fondos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), que permite evaluar proyectos y distribuir recursos de manera caso por caso.
“Para el Ejecutivo, la discrecionalidad de la bicameral parece ilegal”, afirmaron a La Tecla fuentes del entorno de Kicillof, en una indicación de que la discusión interna también complejiza los intentos por destrabar el acuerdo.
A la lista de ítems los radicales suman un elemento central: que el oficialismo garantice un compromiso para que el sector que conduce Maximiliano Abad cuente con uno de los lugares vacantes en la Suprema Corte bonaerense, una discusión que se abriría a mediados del año próximo.
También entran en el tironeo otros cargos como los nuevos Consejeros de Educación o jueces de distintos estamentos, como el Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense, que actualmente tiene cubierto solo uno de sus nueve cargos de vocales: opera como vocal de la Sala I el presidente del Tribunal, Ángel Carballal. Los ocho lugares restantes se convirtieron en parte de la discusión general. Desde Gobernación aseguran que están dispuestos a evaluar las propuestas opositoras para cubrirlos, siempre que se envíen los nombres correspondientes.