22 de octubre de 2025
PANORAMA
El refulado olvidado y la amenaza a las playas públicas en General Pueyrredon
Concesiones en la costa marplatense avanzan sin la obligación de recuperar arena, mientras la playa pública se achica ante la inacción del control estatal y la voracidad del sector privado. Con siete aperturas de sobres realizadas este año y varios expedientes en el Concejo, el EMTURyC avanza con su política costera.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredon está llevando a cabo un ambicioso proceso de licitación de Unidades Turísticas Fiscales (UTF), buscando concesionar una parte importante de la costa de cara al próximo recambio de autoridades del 10 de diciembre. Sin embargo, este avance, con aperturas de sobres para sectores como Playa Dorada, Beltrán Norte, Las Delicias, Playa Constitución, Beltrán Sur, Santa Isabel y Playa Redonda, se ve ensombrecido por una cuestión central y recurrente: la desaparición de la playa pública y la falta de responsabilidad en los trabajos de refulado de arena en los nuevos pliegos.
La problemática se centra en la definición de la playa pública y el compromiso de los concesionarios para mantenerla. La ley establece el límite costero (la línea de ribera) como una línea variable, determinada por el promedio entre la marea baja y la alta. A partir de esa línea, se debe contar una cantidad de metros estipulada en el pliego que debe quedar como espacio público. El problema surge cuando el mar avanza sobre la costa, un fenómeno que se agrava por la falta de trabajos de recuperación de arena, o refulado.
Ante el avance natural del mar, la línea de ribera se desplaza hacia el continente, lo que, según la normativa, debería reducir la superficie de playa disponible y, consecuentemente, el número de unidades de sombra que los balnearios pueden ofrecer. No obstante, en la práctica, se observa una inversión de esta lógica. Los concesionarios mantienen la cantidad de carpas, y es el espacio público el que se achica. En lugar de obligar a los balnearios a realizar el refulado necesario para recuperar la superficie de arena, o bien, a reducir su número de carpas, la tendencia observada es que los privados no pierden sus preciadas unidades de sombra, que en la actualidad alcanzan valores significativos, por no decir, millonarios.
Esta situación se ve agravada por una notoria desidia de control por parte del Municipio. Se da una dinámica de "compensación" donde, ante la necesidad de reubicar o reducir las unidades de sombra por la pérdida de arena, los concesionarios plantean acuerdos menores o la realización de obras de infraestructura a cambio de no tocar su fuente de ingresos. El resultado sistemático es que el área pública es la que pierde. El control sobre el respeto de la línea de ribera y el espacio público parece ser sumamente laxo.
Playa Grande, la excepción que confirma la regla
Históricamente, la responsabilidad del refulado ha sido una zona gris, dependiendo en algunos casos de la jurisdicción —municipal, provincial o nacional— o de obras mayores realizadas por la Provincia, como el gran refulado de 1998-1999. Sin embargo, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de Playa Grande es un punto de referencia clave. Este documento establece claramente que la pérdida de arena es un ciclo constante y que los concesionarios de ese sector, a través del Consorcio Complejo Playa Grande, tienen la obligación anual de ejecutar obras de "Sembrado de Arena Anual Controlado" para recuperar la superficie.
El objetivo, tal como lo indica el PBC, es "recuperar playa pública para el uso de bañistas no clientes de balnearios" y asegurar un ancho promedio equivalente al treinta por ciento (30%) de playa pública. El control de esta obra obligatoria queda a cargo de la dependencia provincial, la Dirección Provincial de Hidráulica, la cual debe emitir una Constancia de Ejecución de Obras Anual. En este sector, al menos en la letra del pliego, la responsabilidad y el control están definidos.
El "vacío legal" de control
Aunque la responsabilidad del refulado en las licitaciones más recientes parece recaer en la omisión y el silencio —al no incluir cláusulas explícitas como la de Playa Grande—, la raíz del problema no es tanto un "vacío legal", sino una desidia de control.
La costa de General Pueyrredon presenta una extraña superposición de jurisdicciones —municipal, provincial, y nacional—, especialmente en los 42 kilómetros que abarca. No obstante, las playas de acceso turístico más conocidas, entre el Faro y Constitución, son mayoritariamente municipales. El problema es que el control es débil. Los concesionarios, agrupados en CEBRA (Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines), actúan de manera coordinada, pidiendo las mismas condiciones y manteniendo una hegemonía que les permite priorizar la renta sobre el área pública. La rentabilidad de las carpas, que valen millones por temporada, se impone sobre la subsistencia de la franja de arena pública.
El riesgo en aumento
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) ha acelerado el proceso de concesión de Unidades Turísticas Fiscales (UTF) con aperturas de sobres para Playa Dorada (7 de marzo), Beltrán Norte, Las Delicias, Playa Constitución y Beltrán Sur (18 de marzo), y recientemente Santa Isabel y Playa Redonda (17 de octubre), además de la prórroga en trámite para Playa Rejón/Strobel y futuros llamados para Playa Cardiel, Faro Norte y Camping Municipal.
La preocupación es que, a diferencia del PBC de Playa Grande, los nuevos pliegos para estas licitaciones no contienen referencias a la obligatoriedad del refulado por parte de los concesionarios. Solo se menciona como una infracción la realización de “movimientos de arena en el lote propio sin contar con la autorización correspondiente”.
La ausencia de esta obligación, sumada a la histórica debilidad del control municipal, genera una grave incertidumbre sobre el futuro de la playa pública. La lógica es clara: si el concesionario no está obligado a invertir en la costosa recuperación de arena y la autoridad de aplicación es negligente, la línea de ribera seguirá avanzando, el espacio público continuará achicándose, y la costa marplatense corre el riesgo de ser, cada vez más, un espacio privatizado y arancelado.
La celeridad de estas concesiones, justo antes del recambio de autoridades, plantea interrogantes sobre la voluntad real de proteger y garantizar el acceso a la playa pública. El gran desafío radica en reafirmar el control y la primacía del interés público sobre el negocio de la arena, exigiendo la inversión necesaria para la recuperación costera y revirtiendo la tendencia que condena a la playa pública a su progresiva desaparición.