6 de octubre de 2025
UTFS AL CONCEJO
Playa Cardiel y Faro Norte: el EMTURyC acelera por su llamado a licitación pública
El Ejecutivo municipal apura la licitación de las dos Unidades Turísticas Fiscales, con cláusula de "preferencia" para los actuales permisionarios. Esta movida forma parte de la política de explotación costera promovida y de la articulación con privados, antes de la reconfiguración del Concejo Deliberante en diciembre.
El Expediente 1635/25 elevado por el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante tiene como finalidad autorizar al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) a llamar a Licitación Pública para otorgar el uso y explotación de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) Playa Cardiel y Faro Norte. Este movimiento se suma a la licitación de tres UTF; Playa Acevedo, Playa Santa Isabel y Playa Redonda, que cuentan con apertura de sobres fijada para el 17 de octubre y la búsqueda de una prórroga de cinco años para la concesión de Playa Rejón/Strobel. De esta manera, el oficialismo busca consolidar un modelo de concesiones antes del cambio de composición del Concejo.
Respecto a este nuevo expediente, la finalidad declarada es la "regularización administrativa" de las UTF, prometiendo modernización, jerarquización e incorporación de criterios de accesibilidad y sustentabilidad. Sin embargo, el corazón político de este proyecto reside en el Artículo 4°, que establece un derecho de preferencia a favor de los actuales permisionarios precarios: Faro María S.A. (Faro Norte) y Pridemax S.A. (Playa Cardiel).
El Ejecutivo justifica esta cláusula como un reconocimiento al "cumplimiento íntegro" de las obligaciones y como una "señal de seguridad jurídica" para incentivar la inversión privada. En la práctica, la medida tiene un efecto de blindaje contractual, buscando asegurar la continuidad de los operadores vigentes. Es un mecanismo ya conocido en General Pueyrredon, para replicar un modelo de concesión estable a largo plazo, al margen de los cambios de gestión.
El proyecto de Cardiel y Faro Norte no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una ofensiva administrativa concentrada en estas últimas semanas pre-electorales. Por eso, la intensidad y la temporalidad de estos movimientos revelan una clara voluntad política de dejar definida y consolidada la explotación costera para el próximo ciclo, garantizando que los acuerdos con los actores privados se realicen bajo la órbita de la actual administración.
El factor determinante para este apuro es el calendario legislativo. Actualmente, el oficialismo posee una mayoría automática en el Concejo Deliberante, lo que garantiza la aprobación del expediente tanto en las comisiones de Turismo, Obras y Legislación, como en el recinto.
No obstante, las elecciones legislativas del 7 de septiembre modificaron el panorama futuro: a partir del 10 de diciembre, el oficialismo perderá esa mayoría. El inminente distanciamiento del radicalismo de la gestión oficial complicará la obtención de consensos necesarios en el nuevo cuerpo legislativo.
Al impulsar el tratamiento del expediente ahora, el Ejecutivo capitaliza los últimos meses de su actual control. Se trata de un movimiento estratégico de cierre de gestión para asegurar que proyectos de largo alcance y que involucran importantes inversiones privadas se sancionen con las actuales fuerzas, evitando el riesgo de un control más estricto, una renegociación o un cambio en la política de las UTFs tras la renovación de diciembre. Así, el objetivo final es otorgar la estabilidad contractual deseada a los operadores antes de la inevitable reconfiguración del poder político en el Concejo Deliberante.