En un giro que apunta directamente al corazón de una de las prácticas más cuestionadas de la política argentina, el senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó un proyecto de ley para sancionar con cuatro años de inhabilitación a los candidatos que se presenten a elecciones sin intención de asumir el cargo.

“El sistema democrático no puede seguir tolerando candidaturas engañosas. Es una estafa al votante y una burla a la voluntad popular. El ciudadano vota para ser representado, no para ser engañado por estrategias de marketing o especulación política”, sentenció el legislador radical.

El proyecto, acompañado por los senadores Mariana Juri, Rodolfo Suárez y otros dirigentes de la UCR, busca incorporar al Código Nacional Electoral un artículo que defina la “defraudación a los electores” como causal de inhabilitación:

> “Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.



La iniciativa aparece en un contexto donde, una vez más, se debaten los límites éticos de la representación política. En Mar del Plata, donde la política local suele replicar estas maniobras en todas las fuerzas, el proyecto de Abad resuena fuerte.

“Estamos frente a una conducta claramente defraudatoria. No se puede jugar con el voto de la gente. Las bancas no son premios ni trampolines: son responsabilidades”, afirmó el senador, dejando en claro que no se trata de una crítica abstracta, sino de una posición firme con pretensión de impacto legislativo.

Con esta jugada, Abad no solo busca elevar el estándar institucional, sino también marcar agenda en un año en el que el electorado muestra signos de hartazgo frente a las prácticas de la vieja política.