9 de mayo de 2025
TRES EMPANADAS
Por decreto, el Gobierno subió el Salario Mínimo, Vital y Móvil a $302.600
A través de un decreto, el Gobierno fijó un nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de no haber alcanzado un acuerdo con los representantes del sector gremial y del ámbito empresario. Para agosto se ubicará en $322.000.
El Gobierno fijó este lunes por decreto un nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de no haber alcanzado un acuerdo con los representantes del sector gremial y del ámbito empresario. Para agosto se ubicará en $322.000.
A fines de abril, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad Y el Salario Mínimo, Vital Y Móvil se reunieron los integrantes de las partes involucradas en el mundo del trabajo y el Estado. "Luego de un extenso intercambio de opiniones, durante el cual cada sector realizó sus exposiciones y deliberaciones, no hubo consenso", explicó el Ejecutivo.
Por ese motivo, determinó la suba a través de un decreto que se publicó en el Boletín Oficial en el que se informa que desde el 1 de abril de 2025 pasará a ubicarse en el orden de los $302.600.
Luego, a partir del 1° de mayo de 2025, el valor del SMVM crecerá a $308.200, mientras que desde junio ascenderá a $313.400. Para julio de este año estará en $317.800, mientras que desde el 1 de agosto de 2025 será de $322.000.
Las cifras que determinó el Gobierno se ubicó a la mitad del valor solicitado por las centrales obreras para abril, que era de $644.165, y mayo, que era $657.703, con un aumento en torno al 120%. En tanto que el empresariado ofreció $301.500 para abril, $306.500 para mayo y $311.500 para junio, un 1,3% de incremento, es decir, un incremento similar al que finalmente dispuso el Ejecutivo.
El decreto también fijó en $1.513 por hora desde abril para los trabajadores jornalizados y $1.541 por hora a partir de mayo. Asimismo, desde junio será $1.567 por hora y $1.589 por hora, En tanto que para agosto se ubicará en $1.610 por hora.
La última actualización del SMVM se remonta a diciembre de 2024, cuando, ante la falta de acuerdo entre el sector empresarial y las organizaciones sindicales, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de fijar los nuevos montos mediante un decreto.