2 de octubre de 2026
MOVILIDAD DIGITAL
Choferes de plataformas presionan al gobierno municipal por la letra chica de la ordenanza
A cuatro meses de la histórica aprobación del marco regulatorio en el Concejo Deliberante, la Asociación Civil Conductores Unidos solicitó formalmente una audiencia con el Ejecutivo. El sector exige participar en la confección de la reglamentación definitiva antes de su publicación y advierte sobre eventuales movilizaciones si se avanza sin concertación.
La transición entre el vacío normativo y el régimen definitivo para el transporte privado de pasajeros mediante aplicaciones móviles ingresó en su etapa de mayor tensión política. A casi cuatro meses de la sanción de la ordenanza que le dio marco legal a la actividad en el Partido de General Pueyrredon, la Asociación Civil Conductores Unidos formalizó por segunda vez un pedido de audiencia con el Ejecutivo local para discutir los aspectos técnicos que terminarán de moldear la norma.
El reclamo, encabezado por Facundo Setzes como referente de una entidad que nuclea a más de tres mil trabajadores de plataformas, surge tras ser informados de que el texto de la reglamentación se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica de la Comuna y podría quedar promulgado en el transcurso de los próximos días. Desde el espacio que representa a los choferes advierten que la falta de un canal directo de diálogo genera incertidumbre jurídica tanto para quienes prestan el servicio como para los usuarios, e insistieron en que la entidad debe contar con voz y voto antes de que las reglas de juego queden fijadas de manera unilateral.
El origen de este conflicto se remonta a junio pasado, cuando el oficialismo local aceleró la aprobación legislativa de un esquema regulatorio originado en una propuesta planteada en 2022 por la Coalición Cívica (CC). Aquella votación parlamentaria no estuvo exenta de fricciones institucionales ni de enfrentamientos callejeros entre sindicatos de taxis y conductores independientes, en un escenario atravesado por siete años de prestación informal del servicio en Mar del Plata.
El modelo aprobado en el deliberativo desplazó el eje de fiscalización: en lugar de cargar el registro individualmente sobre los choferes, estableció el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad. Mediante esta figura, la Dirección General de Transporte delega en firmas multinacionales como Uber, Cabify y DiDi la responsabilidad solidaria de verificar que sus prestadores cuenten con licencia profesional categoría D1 expedida en el distrito, certificados de antecedentes penales actualizados, Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, seguro específico para transporte de pasajeros y unidades cuya antigüedad no supere los 15 años.
Pese a que la norma general ya fija las obligaciones de constituir domicilio legal en General Pueyrredon y exhibir identificaciones visibles en los vehículos, los detalles operativos de la fiscalización, la validez del transporte en motocicleta y la adecuación del Código Contravencional para aplicar sanciones quedaron pendientes de definición en el Ejecutivo. Es justamente en esa instancia donde la agrupación de conductores busca intervenir para evitar disposiciones que consideren perjudiciales para la rentabilidad y sustentabilidad del sector. De persistir la falta de convocatoria por parte del Palacio Municipal, la organización no descarta articular una movilización masiva a las puertas de la Comuna.