La flota fresquera atraviesa un momento crítico. La caída de los precios internacionales de la merluza, el aumento del costo operativo y la presión impositiva hicieron mella en un sector del que dependen varias empresas y miles de fuentes de trabajo.
A lo largo de las últimas semanas, la crisis en dicha rama pesquera comenzó a penetrar en la agenda política. Sin ir más lejos, el senador nacional, Maximiliano Abad, recibió a los popes de las cámaras empresarias y el Concejo Deliberante de Mar del Plata -ciudad cabecera del complejo merlucero-, convocó a una jornada de trabajo para el próximo lunes.
A estos hechos se sumó el pedido de declaración de la emergencia para el sector por el plazo de una año. El proyecto fue elevado a la Legislatura bonaerense por el diputado radical, Diego Garciarena.
La iniciativa insta al Ejecutivo provincial a diseñar junto a ARBA un régimen de beneficios impositivos que podrían incluir condonaciones de deudas fiscales, postergación de vencimientos de impuestos y tasas provinciales y otras herramientas especiales. A su vez, propone que el Banco Provincia lance líneas de crédito que permitan la continuidad de la actividad. Además, propone acciones coordinadas con el Estado Nacional a los fines de mantener a flote al sector.
Las medidas de emergencia alcanzarían tanto a las empresas armadoras, es decir, las propietarias de los buques, como a las procesadoras, encargadas del trabajo en tierra.