La Tecla Mar del Plata
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La disputa por el control de Punta Mogotes vuelve a cobrar protagonismo. A medida que se acercan las elecciones y con el vencimiento de las concesiones de los balnearios previsto para 2026, la incertidumbre sobre el futuro del complejo costero más grande de Mar del Plata se intensifica. A esto se suma una causa judicial en curso por su municipalización, cuyo destino sigue sin definirse.
Con sus 2,5 kilómetros de playa y 930 mil metros cuadrados que albergan 24 balnearios, Punta Mogotes ha sido un punto de conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el municipio desde su inauguración en 1979. La administración del complejo, hoy dividida en un 70% para la Provincia y un 30% para el Municipio, está en el centro de una disputa legal que, lejos de resolverse, sigue sumando capítulos.
El conflicto escaló en octubre pasado, cuando el gobierno de Guillermo Montenegro presentó una demanda judicial en la que consignó el pago de la deuda que el municipio sostiene que debe saldar para obtener el control total del complejo. Sin embargo, la causa sigue empantanada en la discusión sobre qué fuero debe intervenir: mientras la justicia marplatense rechazó el pedido del gobierno provincial para trasladarla a La Plata, la administración de Axel Kicillof insistió con una apelación, llevando el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que ahora deberá resolver el próximo paso.
Desde la Fiscalía de Estado bonaerense argumentan que la causa debería tramitarse en el fuero Civil y Comercial y que la sede judicial competente es La Plata, dado que allí se encuentra el gobierno demandado. Mientras tanto, el debate de fondo sigue sin resolverse: ¿el municipio tiene derecho a saldar la deuda y asumir el control de Punta Mogotes, o la Provincia mantiene su potestad sobre el complejo?
El origen de esta controversia se remonta a 1979, cuando la dictadura inició la construcción del complejo mediante un crédito del Banco Provincia. Para ello, el municipio y la provincia crearon la sociedad estatal “Proyectos Especiales de Mar del Plata”, que más tarde fue reemplazada por un ente interjurisdiccional que mantiene la actual administración compartida.
Según cálculos contables de la Administración de Punta Mogotes cerrados a fines de 2023, la deuda pendiente asciende a $14.069.819,46. Desde el municipio sostienen que, con el pago de este monto, la estructura actual debería disolverse y la gestión del complejo pasar íntegramente a la órbita comunal. Sin embargo, la Provincia rechaza ese planteo, argumentando que el Municipio no mantiene obligaciones pendientes y que la deuda debe ser absorbida por la propia administración de Punta Mogotes, que la viene afrontando con un plan de pagos de largo plazo.
Mientras la puja legal sigue abierta, la incertidumbre sobre el futuro del complejo crece, y el tema promete convertirse en un eje de debate de cara a las elecciones.