La Tecla Mar del Plata
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Y un día, el debate sobre las aplicaciones de transporte regresó al Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Tras el anuncio del gobierno nacional que habilitó a cualquier vehículo con VTV y seguro a prestar servicio de transporte, en la comuna se desempolvó un viejo proyecto que propone eliminar las sanciones a choferes sin habilitación municipal. La discusión en la Comisión de Movilidad Urbana estuvo marcada por tensos intercambios.
Este lunes, la comisión presidida por el edil del PRO Guillermo Volponi abordó el expediente 1018/2024, presentado por la Coalición Cívica. El proyecto busca modificar el artículo 3 de la Ordenanza N° 23.928 —sancionada durante la intendencia de Carlos Arroyo— para eliminar las multas y sanciones a los conductores de apps de transporte. Tras un extenso debate que incluyó la participación de representantes de taxis y remises, la iniciativa quedó en comisión con múltiples pedidos de informes.
En el inicio de la reunión, Volponi solicitó desalojar parcialmente la sala de comisiones debido a una supuesta superación del aforo permitido. En el lugar se encontraban representantes de diferentes sectores relacionados con el transporte.
Durante el tratamiento, la autora de la iniciativa, Angélica González, presidenta del bloque de la Coalición Cívica, sostuvo: “El objetivo de pedir la modificación del artículo es excluir de las multas a quienes presten servicios a través de plataformas digitales, ofreciendo la posibilidad de que puedan tramitar un registro municipal”. Además, González afirmó: “Tenemos que dejar de mentirnos, sabemos que las plataformas están funcionando”, y solicitó informes a la Dirección de Transporte y a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.
Por su parte, el concejal de Unión por la Patria, Diego García, respondió: “Se multa lo que está prohibido". “La ordenanza que está vigente lo que está planteando es que hay un servicio de transporte público que está habilitado que cumple con la normativa municipal para poder dar un servicio. Por eso funcionan las aplicaciones, porque no hay controles, no se aplican las multas, si el Estado hiciera lo que tiene que hacer, el Estado municipal, las aplicaciones por supuesto que no estarían no solamente trabajando sino este no estarían en función”, apuntó.
García también advirtió sobre los riesgos de accidentes con pasajeros y pidió informes a la Superintendencia de Seguros de la Nación. “Debemos dar una discusión en igualdad de condiciones. Regulamos y exigimos a taxistas y remiseros, mientras que del otro lado no hay nada”, agregó.
En tanto, María Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, calificó como “absurdo” que el municipio regule las tarifas. “No tenemos por qué fijar tarifas. Lo que debemos regular es la seguridad para taxis, remises y apps”, expresó. Además, celebró la medida de desregulación del transporte anunciada por el gobierno nacional y dijo que es "maravillosa”.
“Lo que me parece es que hay que derogar esta ordenanza, derogar todo lo que existe, y poner a todos en pie de igualdad”, subrayó Martínez. “Nos quedamos a mitad de camino, con este proyecto debemos traer el otro”, señaló la edil sobre el registro municipal para las aplicaciones.
Después, Volponi le dio la palabra a Raúl Vicente, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxi, quien apuntó: “¿Las aplicaciones son una realidad y por eso debemos reconocerlas? Antes de esto la venta de droga también era una realidad y no por eso la vamos a aprobar". También indicó que en la temporada va a haber conflictos por la falta de taxis y por la falta de control de precios de las plataformas.
“La ordenanza es clara donde dice que no se puede transportar personas y que se protege a los servicios regulados, pero la ordenanza no se cumple en absoluto. Ahora le quieren facilitar que no sean multados, es una aberración total”, señaló Donato Cirone, de la Federación Nacional de Peones de Taxis.
Finalmente, el proyecto quedó en comisión con pedidos de informes a la Dirección de Transporte, a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, al Ministerio de Transporte de la Provincia y a la Secretaría de Transporte de la Nación.