10 de septiembre de 2024
MANIOBRAS ILEGALES
Multas al 50%: investigan un esquema de corrupción que involucra a funcionarios provinciales, abogados y gestores
Un pedido de documentación puso al ministerio de Transporte bonaerense en la mira. Un fiscal penal solicitó una orden de presentación para que el Juzgado de Faltas de Tránsito le envíe documentación. Se investiga a una organización que negociaba con infractores las multas por un 50% de su valor. El Ministerio responde.
El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, realizó un pedido de envío de documentación del Juzgado de Faltas de la provincia de Buenos Aires para analizar e investigar a una supuesta organización integrada por funcionarios, abogados y gestores que obtenía ganancias indebidas mediante la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
Las órdenes de presentaciones fueron ejecutadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo la orden de Garganta, quien coordina la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata, y además validando el procedimiento por parte del juez Juan Pablo Masi, del Juzgado de Garantías 4 de La Plata.
“La investigación comenzó con la denuncia de un particular en la cual distintos funcionarios, principalmente de la administración provincial, y específicamente del Ministerio de Transporte, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo -que tiene como finalidad la centralización de las infracciones de tránsito-, actuaron en connivencia con gestores y con terceros, ajenos a la dependencia”, reveló Garganta en Radio Mitre.
El supuesto modus operandi de la organización era captar a automovilistas con multas ofreciendo saldarlas a un 50 por ciento. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia del sector se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, agregó el fiscal.
Querellantes en la causa
Ante la consulta de este medio, desde el Ministerio de Transporte señalaron que tienen pleno conocimiento de la investigación y que son querellantes en el proceso judicial.
En la misma línea, agregaron: “Pedimos una orden de requerimiento de información y abrimos los sistemas para que ellos recauden toda la información necesaria”.
Hasta el momento, la fiscalía recopiló algunos expedientes y evidencias que podrían implicar a varios individuos en el manejo irregular de infracciones de tránsito. Las autoridades buscan determinar el número total de implicados y el monto exacto desviado. “Estamos procesando toda la documentación que secuestramos y vamos a comenzar a recibir las testimoniales de las víctimas que se presentaron con los gestores y fueron engañados con descargos apócrifos, porque el trámite debía ser personal y se usaron cuentas de email que no habían sido verificadas de tal manera que vamos a volver a recorrer todo el circuito para llegar a los funcionarios involucrados”, sostuvo Garganta.
El camino de la investigación
Las investigaciones, que se centran en expedientes desde 2022 a la fecha, recaba multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esto levantó sospechas de posibles manipulaciones en los registros con el objetivo de reducir las sanciones por razones técnicas, beneficio que según fuentes judiciales quedaría bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.
La ley provincial 13.927 establece que las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías y semiautopistas dentro del territorio provincial deben ser juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.
Sin embargo, la investigación actual sugiere que esta norma podría haber sido eludida mediante un esquema en el que gestores, abogados y posibles cómplices en la administración pública ofrecen a los infractores reducir sus deudas a un 50% del valor original de las multas.
El esquema presuntamente involucra gestores que, a cambio de una suma, logran que las multas sean anuladas o disminuidas considerablemente por razones técnicas, acción que también incluiría a infracciones de jurisdicción municipal, afectando seriamente la recaudación provincial y municipal.