Cosas raras pasan en Punta Mogotes. Algunas de ellas comenzaron a ser develadas por este medio, como los manejos irregulares de los contratos de concesión y el millonario negocio con los carteles de publicidad. Todo ello tiene un común denominador y es la mano negra del administrador general Charly Amud.

Las ansias de tapar el sol con las manos por parte de la mano derecha del diputado provincial Manino Iriart, en los últimos días lo llevó al facilismo en el que recaen muchos de los funcionarios políticos cuando se encuentran sin respuestas: dificultar el desarrollo de investigaciones periodistas ocultando información pública, garantizada por leyes y tratados internacionales, y base esencial de cualquier manejo transparente de la administración estatal y del libre ejercicio de la comunicación.

En esta oportunidad, y con recursos sin sustento, fue denegado un pedido realizado por La Tecla Mar del Plata de acceso a los Pliegos de Bases y Condiciones bajo los que se llevan adelante las licitaciones de la actividad publicitaria, el polo gastronómico y los 24 balnearios de uno de los emblemas playeros de la ciudad.

En su respuesta, Amud apela a falsear la ley 12.475, que garantiza el acceso a los documentos administrativos obrantes en poder de la administración bonaerense, al sostener que la normativa dispone que se otorgue esa información a “toda persona física o jurídica que tenga un interés en la tutela de situaciones jurídicamente protegidas”. No sólo la ley no tiene ese contenido, sino que incluso un Pliego de Bases y Condiciones es de carácter público y no información sensible que deba ser protegida jurídicamente.

En tanto, el administrador general de Punta Mogotes sostiene que no hay “claridad” de “la documentación requerida”, cuando en el pedido se detallaron los pliegos requeridos, el número de licitación y expediente correspondiente. Independientemente de las precisiones, a todas luces Amud no puede desconocer la clara referencia que se hace en la solicitud y apela a estratagemas dilatorias.

La pregunta que surge es por qué Amud esconde bajo siete llaves los pliegos bajo los cuales se llevan adelante las concesiones en Punta Mogotes. ¿Qué tiene miedo que salga a la luz? ¿Acaso quedarán expuestas las actividades publicitarias irregulares que se llevan adelante por fuera de lo normado y que generan suculentos dividendos? ¿O que la Obra Común Obligatoria comprometida por contrato tiene déficits? ¿O tal vez que los foods trucks no funcionan durante el cronograma convenido?

 

El caso de la empleada “inconstitucional”

Los presuntos casos de trabajadores acomodados en Punta Mogotes son denunciados por lo bajo por gran parte de quienes conocen el paño de la administración de Mogotes. Pero su existencia nunca logró una evidencia tan contundente como con el caso de Iara Mesa.

A mediados de 2018 el Honorable Tribunal de Cuentas, al emitir su fallo sobre el Balance 2016 de Mogotes, constató que esa agente ingresada durante ese ejercicio cobraba a su vez un sueldo de la Cámara de Diputados, en base al Registro Único de Afiliados Permanente del IPS. A la imposibilidad de sostener dos trabajados en simultáneo en La Plata y Mar del Plata, se suma que la Constitución Provincial, en su art.53 prohíbe que una persona tenga dos empleos públicos.

Finalmente, tras la realización de un sumario patrimonial y con la intervención de la Contaduría General de la Provincial, Mesa debió reintegrar los $104.067,95 que había percibido de manera irregular y renunció al puesto.

El caso no revestiría más que un comentario de color si no fuera porque Mesa es la pareja de Esteban Romero Llanes, el encargado del área de Medio Ambiente de la Administración de Punta Mogotes. Además, Mesa se presenta a ella misma en su perfil de Facebook como “Management” del Centro de Estudios para el Fortalecimiento a las Iniciativas Locales (CEFIL), fundado por Rodolfo Iriart en 2003.