La Tecla Mar del Plata
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Camino a la audiencia pública por la Reserva, ya se habilitó la inscripción para participar de la convocatoria. Mientras tanto, siguen surgiendo denuncias contra los implicados por la habilitación del polémico proyecto inmobiliario.
Un representante del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal en La Plata contra la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba, y el Director de Gobernanza de Regiones y Usuarios, Juan Ignacio Echave, por incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia sostiene que la presentación de la prefactibilidad hidráulica en el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental de La Reserva estaría viciada.
Según consta en la denuncia, se acusa a los funcionarios de “participación en el falseamiento de información legal en documento público, supresión de información y omisión del cumplimiento de la Ley 12.257, Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, todo ello en cabeza de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, dependiente del ADA, en tanto acciones antijurídicas a cargo de la autoridad de aplicación de la ley conculcada; ejercidas por quienes resulten responsables en el transcurso de la investigación”.
La denuncia también señala que el estudio presentado por los desarrolladores incluye un informe de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, donde el Departamento de Límites y Restricciones de la ADA cita una normativa municipal ya vencida en lugar de aplicar el Código de Aguas Bonaerense. La ordenanza en cuestión, la N° 8434, fue sancionada en 1991 y perdió vigencia el 7 de junio del año 2000.
“La Dirección Provincial de Gestión Hídrica a cargo de Andrea Cumba posee todas las áreas técnicas necesarias para determinar sobre límites y restricciones y sobre gobernanza; sin embargo, se procedió, evitando dar intervención a la Asesoría General de Gobierno, a omitir lo dispuesto en los Art. 142 y 143 de la Ley 12.257 de forma trabajosa, teniendo que falsear información y trayendo a dictamen normas que no estaban vigentes desde hacía 20 años y que tampoco rigen las facultades y misiones de ADA, haciendo una redacción sui generis en la cual se exponen criterios falsos que no se adecuan a la ley que deben aplicar”, señala el escrito presentado en la Justicia.