En enero, la política metió quinta para concretar una vieja idea: la reducción de la Defensoría del Pueblo. El proyecto del oficialismo, que abrevaba de otro presentado por el concejal Alejandro Carrancio, no sólo planteaba pasar de tres a un tribuno sino que también modificaba la metodología de elección. Ya no serían los colegios profesionales, las sociedades de fomento y las ONG las encargadas de rubricar en las urnas a un candidato sino que se abriría un registro de postulación libre. En los hechos, con la mayoría propia de Juntos, se deslizaba que serían la coalición de gobierno la que ponga sobre la mesa el nombre.
No obstante, a 24 horas de vencerse los mandatos prorrogados de Daniel Barragán y Luis Salomón (Rizzi dejó el cargo al asumir en Educación) y sin chances de cumplir los plazos estipulados para la apertura del registro y la elección, el Concejo Deliberante optó por una nueva prórroga de 60 días. El dato político surge de la ausencia de respuesta: el oficialismo no logra dar con un nombre que satisfaga a todas las partes.