El gobierno nacional envío al Congreso una nueva versión de la Ley Ómnibus en busca de los votos de la oposición más dialoguista. Uno de los puntos más polémicos del proyecto original era el Capítulo III que introducía fuertes modificaciones a la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca). Finalmente, el Ejecutivo dio marcha atrás en ítems claves y realizó aclaraciones en otros.
En la nueva redacción, se mantiene el Artículo 25° que establece la obligación de desembarque en puertos argentinos así como el Artículo 40° que dispone que al menos el 75% "del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo de los buques pesqueros debe estar constituido por argentinos o extranjeros con más de diez (10) años de residencia permanente efectivamente acreditada en el país".
A su vez, la Ley Ómnibus mantiene el Artículo 246° dónde establece “un sistema de licitaciones" para las cuotas de captura aunque eliminó la palabra "internacionales". El punto había generado gran revuelo, en especial en el mundo empresarial, por la desventaja competitiva que implicaría la apertura hacia otros mercados.
En una nota previa a la nueva redacción, el gobierno nacional aseguró que “la base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita. Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”
El destino final del nuevo régimen pesquero es una incógnita. Durante la mañana del lunes, Guillermo Montenegro, impulsor junto a gobernadores patagónicos de reformas en el escrito, rechazó de cuajo el Capítulo III pidiendo su eliminación, una postura que comparten cámaras y gremios.