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Perla 5: sorpresiva marcha atrás cuando el camino estaba allanado para otorgar una tardía concesión
El conflicto está judicializado desde que Arroyo frenó la adjudicación en 2018. El actual gobierno reconoció irregularidades y reactivó el trámite. Hasta se llegó a elaborar un decreto pero luego se lo dejó sin efecto.
El extenso conflicto judicializado en torno a la concesión de la Unidad Turística Fiscal Perla 5 frenada en 2018 por el entonces intendente Carlos Arroyo parecía encaminarse hacia una resolución definitiva. Tras analizar las actuaciones administrativas, la Secretaría de Legal y Técnica reconoció irregularidades en la tramitación del expediente, por lo que recomendó retomar la adjudicación en favor de la empresa denunciante. Incluso se llegó a diseñar un proyecto de decreto para anular el decreto de Arroyo, pero sorpresivamente y sin aclaración oficial de los motivos, el Ejecutivo resolvió dar marcha atrás. Mientras, la demanda judicial toma vigor.
El inicio del conflicto se remonta a 2017, cuando el Emtur convocó a una licitación para entregar en concesión por 20 años la explotación del Balneario 5 de La Perla. Luego de presentarse al primer llamado y ser rechazada su oferta, la firma Playa Soleada –del empresario Juan Salvi- insistió en la segunda convocatoria, donde disputó la licitación con Sergio Domínguez. Pese a presentar una oferta mayor, esta última fue descartada por la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas por no por no respetar algunos puntos del pliego. Por ello, sólo la oferta de Playa Soleada fe considerada “válida y admisible”.
En ese marco, el Emtur elevó las actuaciones al intendente para que remitiera lo actuado al Concejo Deliberante para que dispusiera la adjudicación de la concesión. Sin embargo, ya en febrero de 2018, el entonces secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, intervino con un informe donde pidió a Arroyo no acompañar la propuesta del Emtur, con el aparente fin de lograr un canon mayor al ofertado, de $300 mil. Finalmente, el 13 de noviembre de ese año, el jefe comunal emitió el Decreto 2361/18 donde rechazó la propuesta de la empresa y declaró fracasada la licitación. Recién en mayo de 2019, cuando el Ejecutivo amagó con llamar a una nueva licitación, la empresa llevó el conflicto a la Justicia para lograr la anulación del decreto de Arroyo y que se retome el trámite.
Decretazo. En 2018 Arroyo declaró fracasada la licitación, pese a los informes técnicos positivos
Sin mayores novedades durante casi un año y medio, el expediente administrativo se reactivó en julio de 2020, cuando tras una notificación judicial la Subsecretaría de Legal y Técnica elevó al Emtur un duro informe analizando las actuaciones realizadas en el gobierno de Arroyo. “El Decreto 2361/18 adolece de vicios lo suficientemente graves como para que corresponda anular el mismo. Entendiendo que de acontecer ello, se deberá en primer lugar solicitar al oferente seleccionado por la Comisión Evaluadora el ajuste de la misma oferta oportunamente realizada a valores actuales, su análisis por el Emtur y de compartir dicha actualización, su nueva remisión al Departamento Ejecutivo para su elevación a consideración del Honorable Concejo Deliberante”, dictaminó el entonces titular Franklin Llan de Rosos.
El exfuncionario ponderó que la actuación de Mourelle sobre el monto del canon “desconoce la existencia de un Pliego de Bass y Condiciones que regula y pone pautas al procesos licitatorio en curso”, mientras que “la autorización (para el llamado a licitación) fue específica al Ente Descentralizado, persona jurídica independiente de la Administración Central. Consecuentemente el rechazo de las ofertas por parte de la Administración Central implica ya un primer vicio en la competencia”.
Llan de Rosos se sorprende además que esto mismo había sido advertido en ese entonces por el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro. “El Decreto 2361 resulta nulo por un claro vicio de competencia” donde “la irregular intervención del ex Secretario de Economía Mourelle resulta causal implícita del Decreto en definitiva emitido”, concluyó.
La causa suma elementos en contra de la Municipalidad
Nuevos montos, avances y sorpresa
Ante el nuevo escenario, la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Emtur solicitó a Playa Soleada una actualización de la oferta inicial de 2017. En función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor, el canon pasó de $300 mil a $848.898,98 y la inversión en obra de $21.958.306 a $63.865.733, según el Índice Revista Vivienda Modelo Uno. En un informe elevado al presidente del Emtur, Federico Scremin, el responsable del aérea, Marcelo Rovar sostuvo que “Se verifica la correcta actualización realizada por la firma Playa Soleada La Perla SA” y que “coincide con los cálculos realizados por el Emtur conforme con el procedimiento detallado”.
Todo siguió marchando sobe rieles cuando el 20 de agosto Scremin giró las actuaciones a Legal y Técnica para “la prosecución del trámite correspondiente”. En sintonía, Llan de Rosos el 16 de octubre incorpora al expediente un proyecto de decreto por el cual se declara nulo el Decreto 2361/18 de Arroyo y se eleva al Concejo Deliberante la autorización para adjudicar la concesión a Playa Soleada.
Sin embargo, solo tres días después el propio subsecretario de Legal y Técnica emitió una resolución por la cual “se deja sin efecto el proyecto de decreto, remitiendo las mismas para nueva evaluación de las medidas a adoptar para la regularización de la situación de la UTF”. El motivo: a los “efectos de proteger los intereses de la Municipalidad de General Pueyrredon”. ¿Qué pasó en esas 72 hs? Fuentes municipales descartaron de plano algún trasfondo político y lo vincularon fundamentalmente con estrategias en el marco de una compleja causa.
Las viejas edificaciones fueron derrumbadas en 2019
Impacto en la causa
Tras el nuevo periplo del expediente administrativo, el abogado de la empresa incorporó en los últimos días las actuaciones a la causa judicial que lleva adelante el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°2, Marcelo Fernández. Para el letrado, “ha quedado debidamente reconocido en las actuaciones administrativas los vicios que afectan al decreto impugnado”.
Por ello, “las pretensiones procesales de esta acción, han quedado prácticamente reconocidas por la accionada, no importante lo actuado por la actora en la instancia administrativa renuncia o desistimiento del objeto de la acción y los argumentos y fundamental del derecho de la actora según la acción interpuesta”. En otras palabras, apunta a que el propio gobierno de Montenegro reconoció la nulidad de los actos de Arroyo, pese a dar marcha atrás sobre la hora.