El acuerdo tripartito de Educación vuelve a quedar en el centro de la escena en General Pueyrredon. Esta vez, el reclamo tiene una cifra concreta: $29.228 millones. Ese es el monto que el gobierno de Guillermo Montenegro estima que Nación y Provincia adeudan al Municipio por el financiamiento del sistema educativo local, según consta en el mensaje de elevación del Presupuesto 2027.
El dato vuelve a poner en evidencia las dificultades de un esquema que, desde su creación, planteó una responsabilidad compartida entre los tres niveles del Estado, pero que hoy funciona con una distribución de cargas muy distinta a la prevista originalmente. Mientras las transferencias nacionales dejaron de llegar en 2022 y las provinciales se interrumpieron en 2023, la administración municipal debió cubrir con fondos propios los gastos de funcionamiento de todo el sistema.
El convenio, rubricado en 2009 bajo el acuerdo 421/2009 y sus modificatorios, estableció las bases para el financiamiento conjunto de la educación municipal. Sin embargo, la falta de cumplimiento de las transferencias terminó por alterar aquel reparto de responsabilidades. En los hechos, el Municipio quedó obligado a sostener prestaciones que, según remarca el propio Ejecutivo, exceden sus competencias y para las cuales no cuenta con recursos tributarios específicos.
En el mensaje enviado al Concejo Deliberante, el gobierno local volvió a plantear el reclamo ante las autoridades nacionales y bonaerenses. Allí sostuvo que realizó “diversos reclamos” por la falta de cumplimiento en los giros previstos y advirtió que la situación obliga a financiar “con fondos propios” la totalidad del sistema educativo.
La estimación de los $29.228 millones corresponde a la deuda acumulada entre ambas jurisdicciones a la fecha de presentación del proyecto presupuestario. El documento, no obstante, no detalla cuánto corresponde a cada una ni establece un horizonte para la regularización de las transferencias. El monto se incorpora así a los condicionantes que el Ejecutivo pone sobre la mesa para explicar la estructura de gastos y las necesidades financieras del próximo ejercicio.
La dimensión del sistema ayuda a comprender el peso del reclamo. General Pueyrredon cuenta con 84 instituciones educativas municipales: 33 jardines de infantes, 17 escuelas primarias, 18 secundarias, 10 establecimientos de formación profesional, cuatro institutos de formación superior y dos bachilleratos para adultos. En conjunto, reúnen aproximadamente 25.000 alumnos y alrededor de 3.000 trabajadores, entre docentes, capacitadores, auxiliares, administrativos y alfabetizadores.
A esa estructura se suma la evolución de las prestaciones. El Ejecutivo informó un incremento de más de 2.500 horas cátedra destinadas a la Secretaría de Educación, un dato que también aparece entre los argumentos para explicar el crecimiento de los compromisos presupuestarios.
El planteo vuelve a dejar al descubierto una contradicción de fondo: el sistema conserva su carácter tripartito en los papeles, pero el financiamiento recae cada vez más sobre una sola de las partes. La falta de transferencias de Nación y Provincia no es una novedad para la gestión local, aunque su incorporación al mensaje del Presupuesto 2027 le devuelve centralidad a un reclamo que atraviesa distintas administraciones y que sigue sin una solución concreta.
Con el proyecto ahora en el Concejo Deliberante, la discusión no se limita a una cifra millonaria. También vuelve a poner sobre la mesa quién debe hacerse cargo de sostener la educación municipal y qué margen tiene General Pueyrredon para continuar absorbiendo obligaciones sin los recursos comprometidos. Por ahora, el acuerdo sigue vigente como marco institucional, pero su funcionamiento financiero dista cada vez más de aquel reparto de responsabilidades que le dio origen.