19 de octubre de 2026
DUDAS POR UN CONVENIO
San Isidro: contratos poco claros
La Justicia y el Tribunal de Cuentas pusieron la lupa sobre un convenio con la Universidad de San Martín. El intendente Ramón Lanús y el rector Carlos Greco, en la mira por un gasto de 12.000 millones
Malversación de caudales públicos, defraudación, asociación ilícita, soborno, enriquecimiento ilícito... la lista de “posibles delitos” incluidos en una denuncia penal contra el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, no podía causar menos que conmoción.
Es por un convenio firmado entre el municipio y la casa de estudios, por el cual la comuna contrató a unas 550 personas para realizar tareas diversas, y que supuso una erogación de más de 12.000 millones de pesos, pero sobre el que la información brindada por el municipio es sorprendentemente opaca.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal 2 de San Isidro por Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que ya había presentado otras varias denuncias contra personajes de alto perfil, generalmente centradas en presuntos actos de corrupción. El magistrado a cargo del juzgado es Lino Mirabelli.
Tanto desde la comuna como desde la universidad negaron que haya existido irregularidad alguna. Fuentes del municipio, además, puntualizaron que el convenio fue firmado en 2020, durante la gestión de Gustavo Posse. Pero el Tribunal de Cuentas bonaerense, a instancias de un concejal opositor, puso la lupa sobre el acuerdo y le envió al municipio una serie de observaciones sobre movimientos objetables o poco claros producidos durante la gestión de Ramón Lanús.
Uno de los cuestionamientos centrales es que la municipalidad aumentó el monto contractual previsto para el año 2025, de 3.800 a 9.800 millones de pesos, sin aportar documentación que lo justificara. El organismo observó que la comuna invocó que se requería “una mayor cantidad de tareas”, pero no explicó cuáles ni las cuantificó de ninguna manera. Esto viola los principios de previsibilidad y razonabilidad del gasto público, argumentó el Tribunal de Cuentas.
Según la denuncia de Míguez, el municipio habría transferido, en total, más de 12.000 millones de pesos en el marco de este convenio, incluyendo un 10 % pagado a la universidad en concepto de gastos administrativos.
El Tribunal de Cuentas también señaló que las personas contratadas debieron cumplir tareas que “se corresponden con funciones propias y permanentes de la administración municipal”, y que por lo tanto “podrían haberse cubierto mediante los mecanismos previstos” en el estatuto municipal sanisidrense, “evitándose el pago del 10 %” a la UNSAM. Aquí habría “superposición de funciones” y “un dispendio de recursos públicos”, afirmó.
“Tampoco se acreditó la incapacidad técnica del personal de planta existente”, indica el informe. Ocurre que el municipio argumenta que tuvo que recurrir a la UNSAM porque se detectó “una limitación crítica en el personal municipal de planta, donde una gran parte de los agentes poseía un manejo informático básico sumamente limitado o inexistente” y no había planes de capacitación para modernizar la administración.
Es más: al organismo provincial no le quedó claro qué rol podría cumplir la universidad que justificara, en primer lugar, la propia firma del acuerdo.
“La comuna controla la asistencia, el cumplimiento de las tareas realizadas y realiza la dirección técnica del personal, ejerciendo el rol de empleador. Por lo tanto, se desvirtúa el objeto de asistencia técnica del convenio”, explicitó.
Para peor, la UNSAM facturó el 100 % del monto del convenio pero no presentó las facturas de los diversos proveedores que demostraran la “efectiva inversión” del 90 % que no corresponde a los gastos administrativos de la propia universidad, resaltó el Tribunal.
Detrás de este millonario convenio quedan preguntas sin respuesta. ¿Era tan imperioso destinar más de 12.000 millones de pesos a la contratación de personal? ¿No existían alternativas menos costosas? ¿Quién garantiza que cada peso que se pagó tuvo el destino que debía tener? Les corresponde a Lanús y a Greco dar las explicaciones del caso.
Fernando Míguez
Un denunciante muy activo
El hombre detrás de la denuncia penal contra el intendente Lanús y el rector de la UNSAM es Fernando Míguez, líder de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. No es la primera vez que presenta una denuncia resonante. En realidad, casi se diría que se trata de su especialidad. Míguez, que se presenta como periodista independiente, tiene en su haber una gran cantidad de denuncias judiciales en las que acusó a figuras de alto perfil por diferentes delitos.
Entre quienes fueron blanco de las presentaciones de Míguez en la Justicia se encuentran Daniel Scioli, Cristina Fernández de Kirchner, Laura Alonso, Wanda Nara, Ricardo Jaime, Mauricio Macri, Santiago y Luis Caputo. La lista es larga.
Otro de los denunciados por Míguez fue Guillermo Coppola, quien decidió contraatacar luego de que la presentación fuera desestimada. Coppola logró que Míguez fuera condenado por caluminas e injurias.
Walter Pérez
"Es una forma de ocultamiento"
Al enterarse de la denuncia en la Justicia federal por el convenio con la UNSAM, el concejal Walter Pérez decidió avanzar por otra vía. Presentó un pedido de informes, que fue archivado sin enviarse al Ejecutivo, y recurrió también al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que le envió al municipio una serie de observaciones sobre puntos dudosos en el convenio y su ejecución.
“Además de contratar a monotributistas a través de la universidad, también lo hacen bajo la modalidad de locación de servicios, algo que yo también denuncié”, dijo Pérez, que revista en el espacio del exintendente Gustavo Posse, predecesor de Lanús. “Es otra forma de ocultar o dibujar la cantidad de personal que tienen”, afirmó.
El por qué del municipio
El argumento de la urgencia
La Tecla consultó a voceros de la Municipalidad de San Isidro, que afirmaron que “la contratación de una institución técnica especializada no fue una decisión discrecional, sino una medida de carácter urgente e insustituible para suplir vacíos de conocimiento técnicos ausentes en la plantilla municipal”.
Las fuentes del municipio explicaron que cuando Lanús asumió, en 2023, se encontró con un panorama de falta de control, duplicación de tareas e “información de gestión dispersa, incompleta o inexistente”.
Ante el requerimiento del juez, el municipio “brindó respuesta en tiempo y forma, acompañando los elementos solicitados y manteniendo la disposición constante para colaborar en lo que sea requerido”, dijeron.
Qué dice la UNSAM
"Todo lo que se hizo es trazable y se ele entro a la Justicia"
En la universidad que suscribió el convenio con la Municipalidad de San Isidro rechazan que haya existido cualquier tipo de delito o irregularidad, y resaltan que muchos otros organismos también recurren a la institución para realizar contratos, aprovechando el know-how de la institución. Informalmente, se lo llama “administración de fondos de terceros”.
“Todo el proceso se hizo siguiendo las normas y es trazable desde el inicio. Se pagó mediante transferencias bancarias. La Justicia nos solicitó la información correspondiente y se la entregamos”, dijo una fuente de la casa de altos estudios, que prefirió no identificarse.