16 de octubre de 2026
NOTA DE TAPA
Seguridad en disputa: Nación publicó cifras y en PBA abren el paraguas
El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Alejandra Monteoliva, abrió un nuevo frente de discusión en torno a la seguridad bonaerense.
El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Alejandra Monteoliva, abrió un nuevo frente de discusión en torno a la seguridad bonaerense. Los datos correspondientes a 2025 tuvieron repercusión en el gobierno de Axel Kicillof, luego de que el ministro Javier Alonso cuestionara la validez de las estadísticas difundidas y aclarara que la Provincia no las respalda.
El contrapunto quedó expuesto a partir de la difusión de los indicadores del Conurbano, que ubicaron a distintos municipios en posiciones favorables. La Plata, por ejemplo, registró una tasa de 1.827 delitos cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio de 2.378 para los 24 distritos del Gran Buenos Aires. La capital bonaerense quedó segunda entre los municipios con menor tasa delictiva, detrás de Vicente López.
La difusión de esos números también tuvo una derivación política ya que intendentes peronistas recurrieron a las estadísticas para destacar los indicadores de sus distritos, aún cuando la información provino de un organismo del Gobierno nacional y su metodología quedó bajo cuestionamiento de la administración provincial.
Alonso sostuvo que la fuente de referencia para las estadísticas criminales bonaerenses es la Procuración General y que esos registros se organizan por departamento judicial, no por municipio. También cuestionó la comparación entre distintos tipos de delitos y ámbitos de ocurrencia. “La estadística que se publicó no sabemos de dónde salió. No es una estadística que nosotros respaldemos”, afirmó el ministro.
La discusión pone sobre la mesa dos cuestiones distintas: la validez de los criterios utilizados para comparar los distritos y la disputa política por la lectura de los resultados. Mientras la Provincia cuestiona el relevamiento, algunos gobiernos locales encontraron en sus cifras un argumento para mostrar indicadores favorables en materia de seguridad.