15 de octubre de 2026
EN CRISIS
Universidades y millones sin destino: los números que complican la postura del Gobierno
Un estudio de Zentrix Consultora señala que el Gobierno nacional dispone de $5,93 billones sin asignación específica que podrían destinarse a las universidades. La aplicación de la normativa demandaría hasta $3,65 billones y, según el análisis, no afectaría el equilibrio fiscal previsto.
En medio de la disputa por los recursos destinados a la educación superior, un informe de Zentrix Consultora sostiene que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei contempla fondos suficientes para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sin incrementar el gasto público previsto. Según el estudio, existen $5,93 billones sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro, mientras que el cumplimiento integral de la normativa requeriría entre $2,45 y $3,65 billones.
La Ley 27.795 se encuentra vigente desde octubre de 2025, cuando el Congreso insistió con su aprobación tras el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando que no estaban identificadas las fuentes de financiamiento. El conflicto avanzó en la Justicia, que ordenó cumplir inicialmente con la recomposición salarial y las becas. Posteriormente, el 6 de octubre de 2026, un juzgado federal dispuso la aplicación completa de la ley, aunque el Gobierno apeló la sentencia.
De acuerdo con las estimaciones de la consultora, el proyecto presupuestario asigna $7,35 billones a las universidades nacionales. Cumplir con la actualización de salarios y becas demandaría aproximadamente $2 billones adicionales, mientras que financiar también los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión elevaría el costo a un máximo de $3,65 billones. Esa cifra representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027, según el escenario considerado.
El informe identifica que la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro pasaría de $5,6 a $14,8 billones, con $7,68 billones destinados a otras asistencias financieras sin beneficiarios definidos. Tras descontar las reservas salariales de la Administración Nacional y los recursos ya previstos para universidades, quedarían $5,93 billones disponibles para su eventual reasignación. Zentrix sostiene que financiar la totalidad de la ley absorbería, como máximo, el 62% de ese monto, sin modificar el resultado fiscal proyectado, dado que los recursos ya están contemplados en el presupuesto.
El relevamiento también advierte sobre el deterioro de las condiciones laborales en el sistema universitario. Según los datos recopilados, nueve de cada diez pesos del presupuesto se destinan al pago de salarios, mientras que el ingreso real de docentes y no docentes continúa un 22% por debajo de noviembre de 2023, pese al acuerdo alcanzado en junio. Además, el Consejo Interuniversitario Nacional estima que alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cargos durante ese período y que la ejecución real de los fondos para ciencia y técnica universitaria en 2025 representó apenas el 38% de la registrada en 2023.
Otro punto de conflicto aparece en el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027, que establece un crédito cerrado para las universidades y calcula los incrementos sobre las plantas de personal de noviembre de 2026. Esto podría entrar en tensión con la Ley 27.795, que contempla negociaciones paritarias con intervalos máximos de tres meses y actualizaciones salariales no inferiores a la inflación. Según Zentrix, cada cinco puntos porcentuales de inflación por encima de lo previsto generarían una necesidad adicional de financiamiento cercana a los $320.000 millones.
En este escenario, la definición sobre el financiamiento universitario queda planteada tanto en el Congreso como en la Justicia. Mientras la Cámara de Apelaciones deberá revisar la sentencia que ordenó aplicar la normativa, el Parlamento tendrá la posibilidad de incorporar las partidas correspondientes durante el debate del Presupuesto 2027. Para Zentrix Consultora, el principal obstáculo no sería la inexistencia de recursos, sino la decisión sobre su distribución, ya que una reasignación permitiría cumplir con la ley sin alterar las metas fiscales del Gobierno nacional.